La región agrícola de San Quintín era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 peones de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.
Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida
miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral
era moneda corriente.
“Todos veíamos normal que suspendieran a gente por tres o
cuatro días o que la despidieron sin indemnización por exigir que se
respetaran nuestros derechos, por tratar de obligar a los patrones a
pagar horas extras o los días que nos tocaba descanso”,
comentó José Ignacio García, de 19 años y quien trabaja desde los 12 en
los campos del valle de San Quintín, 180 kilómetros al sur de Tijuana y
no muy lejos de la frontera con Estados Unidos. “Nos acostumbramos a
ganar 100 pesos (poco más de seis dólares) por una jornada diaria de
más diez horas, pero ahora ya no nos alcanza para lo indispensable,
para vivir, para mantener a una familia”.
Esa región agrícola era una caldera que finalmente estalló
el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 peones de San
Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, todos
distritos del municipio de Ensenada, comenzaron una huelga para
demandar mejores salarios y condiciones laborales.
“Nos hartamos de tanta injusticia”, afirmó Celina Sierra, de 27
años, 13 de ellos como jornalera y quien es el principal sustento de
sus dos hijos y de su madre.
La huelga derivó en un enfrentamiento el pasado martes,
cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera
Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y
las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército
mexicano) intervinieron para desalojarlos. Los manifestantes
quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios,
bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y
militares, según las autoridades.
El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López,
dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, muchas
de las cuales fueron luego liberadas, según la Procuraduría General de
Justicia del Estado.
Como consecuencia de la agitación, se cerraron todos los
negocios, escuelas y ranchos de la región, donde viven 140.000
personas, la mayoría de ellas migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa,
de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50.000 jornaleros
que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena
de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y
tiendas de Estados Unidos.
El subsecretario del Gobierno de Baja California Pablo Alejo López
dijo que se había establecido una mesa de diálogo con los
manifestantes, quienes de entrada “pusieron como condicionante que
hubiera un representante de las empresas y de los sindicatos y hasta
ahora no había sido posible”.
“Sabemos que hay rezagos que hay que atender, hay empresas muy
responsables, pero también empresas que se aprovechan de la laxitud de
las leyes, de las normas y de las políticas que puedan implementarse y
eso hace que se estanque el avance. Hay muchas cosas sobre las que hay
que trabajar”, dijo López a la AP.
Los rancheros no han querido hablar en público de las
protestas, pero el propio gobierno “reconoce que lo que perciben (los
jornaleros) no les alcanza” para vivir, según dijo a la AP
Moisés Dávalos, delegado de la Secretaría General de Gobierno de San
Quintín. Añadió, no obstante, que los manifestantes “están
generalizando los maltratos de mayordomos. Hasta ahora no tenemos
nombres específicos de maltratos o acoso sexual”.
Aludía a denuncias de que los mayordomos de los ranchos imponen un régimen de trabajo abusivo.
“Nos levantamos a las cuatro de la mañana para esperar el camión que
nos lleva a los campos”, relató la jornalera Sierra. “Ahí llegamos a
las 6:30 y los mayordomos nos dicen que ya debemos entrar a los surcos
pese a que nuestra entrada es a las siete; nunca nos pagan horas
extras, nos dicen que debemos cerrar cortes y tienes que trabajar hasta
las cuatro o cinco de la tarde, todo el día agachados y a veces sin
agua”.
Para algunos especialistas, la manifestación social de esta
semana es un alerta roja, una expresión de duras problemáticas
históricas que no se han resuelto.
“En los años 90 (del siglo pasado) hubo estallidos de violencia –
aunque no con la magnitud de ahora – por las situaciones laborales de
ciertos ranchos que cometían diversos abuso. Algunos ranchos no les
pagaban a sus trabajadores. Hay que reconocer que se ha mejorado en
materia social y laboral, pero falta mucho por hacer”, dijo Vicente
Guerrero, de 61 años, pionero de la siembra de ostiones en San Quintín
e impulsor de la municipalización del valle. “Tenemos un fallo fuerte
en seguridad social y en los contratos colectivos. Además de que la
ciudad tiene severos focos de delincuencia, colonias que son asoladas
por vándalos y que muchos de ellos estuvieron involucrados en los actos
vandálicos que se hicieron durante las protestas”.
Por su parte el economista y catedrático del Colegio de la Frontera
Norte Alejandro Díaz Bautista señaló que “hay un rezago económico y
social de décadas en San Quintín. Padecen pobreza extrema, hay carencia
de infraestructura, servicios básicos, agua y sobre todo carencia de
fuente de empleo”.
“Los problemas económicos y sociales que aquejan a los habitantes de
la región de San Quintín son la desigualdad social y falta de
oportunidades económicas para los indígenas, atención insuficiente de
servicios de salud, escasa cobertura económica y deportiva, carencia de
áreas de desarrollo cultural, al igual que falta de agua”, apuntó Díaz
Bautista.
Cifras oficiales indican que el 46.8% de la población del
valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría
de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.
Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional,
Estatal y Municipal por la Justicia Social, a agrupa a las
organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo a la
AP que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el
gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos
CTM – CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las
múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de
los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos.
Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.
En un comunicado, la Alianza Justicia Social denunció que los
ranchos agrícolas incurren en discriminación, acoso y violencia, que
impiden la libertad de asociación e imponen un régimen de trabajo
forzado, dando determinado tiempo para completar una cantidad
específica de surcos.
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