¿Qué hay detrás del fertilizante en Guerrero?

Arturo García Jiménez*

Movilizar 143.5 mil toneladas de fertilizante a 141 bodegas, que a su vez distribuirán a más de mil 500 localidades, donde 278 mil 547 productores las trasladarán a sus parcelas (un total de 476 mil 688 hectáreas), requiere de una logística impresionante que debe ser operada, antes de que inicien las lluvias, por personal eficiente y experimentado.

Esto fue lo que no se consideró en el ciclo pasado y por ello el Programa de Fertilizante que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un desastre.

Estamos en vísperas de iniciar el ciclo de siembra primavera/verano y se prevé que las cosas serán igual o peor desde el lado de la Sader. A estas alturas, aún no se publican las reglas de operación, no se cuenta con un padrón de beneficiarios confiable, no se sabe nada sobre las licitaciones o contratación de transporte y no se aprecia la coordinación institucional y mucho menos el involucramiento de los beneficiarios, a quienes sólo se ve como solicitantes.

Se trata de un programa que operará con al menos un millón 500 mil pesos. Aparentemente no es mucho dinero, entonces no se entiende por qué sigue siendo un problema la operación. Por ejemplo, el padrón debe estar listo y las reglas de operación debieron haber salido en enero...

Desde sus orígenes este programa ha involucrado muchos intereses. Hace 26 años, el gobierno de Rubén Figueroa instauró el programa de fertilizante subsidiado como negocio redondo: aseguraba ventas para su empresa, creaba clientela política y salpicaba ingresos a líderes afines mediante mecanismos de corrupción; además, buena parte del producto se desviaba a otros cultivos legales e ilícitos con la complacencia gubernamental. Esto generaba una intoxicación irreversible de los suelos. El programa sólo ha fertilizado el manejo político del voto verde, la creación de liderazgos clientelares, así como el paternalismo que pervirtió a muchos campesinos. Estas son las razones que mueven a ciertos actores políticos e institucionales a complicar la operación eficiente del citado programa.

El año pasado, se distribuyeron cuatro bultos de sulfato de amonio y dos de fosfato diamónico por hectárea. Verificando los precios reales de mercado en el periodo en que se compró, cada paquete tiene un costo de mil 342.47 pesos, puesto ya en Guerrero; si lo multiplicamos por las 476 mil 688 hectáreas nos da un total de 639 millones 939 mil 339 pesos. Pero en el reporte de la Sader, recientemente difundido, se establece que el precio de adquisición fue de mil 48 millones 951 mil 425 pesos. Es decir, existe por ahí un margen de utilidad de poco más de 409 millones de pesos que debió haber quedado entre quien vende y quien compra. Pero eso no es todo, predominan en el campo diversos líderes que construyeron su clientela mediante la operación de diversos programas. Eran ellos quienes subían al sistema de registro institucional (Suri) a su clientela y a productores que ni siquiera eran consultados. Negociaba con funcionarios de la vieja Sagarpa mediante moches. Recibían cuotas de insumos baratos y los entregaban a un precio inflado al productor. Éste recibía lo que le dieran y les firmaba en razón de que era un regalo. Esto explica el por qué algunos líderes se oponen a cambiar las reglas del juego y pelean que se sigan usando los viejos padrones.

Por otra parte, algunos presidentes municipales, en su aspiración por asceder a un cargo superior, encuentran en el control del programa a sus futuros votantes.

Todo ello redunda en el control del voto verde, partidos políticos y aspirantes a cargos de elección buscan en el sector rural su tabla de salvación. No es para menos, en el campo habita 42 por ciento de la población y en sus mil 879 secciones electorales existe un listado nominal de un millón 182 mil 599 electores. Desde luego sólo vota poco más de la mitad, pero son ellos quienes determinan una elección. Para muestra, un dato, el actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ganó los comicios pasados con 558 mil 662 votos.

Y es debido a esta situación que todo mundo quiere meter mano al Programa de Fertilizante. Si no hubiera estos intereses económicos, clientelares, electorales, etcétera, las cosas caminarían bien. Por ello, en esta visita del Presidente de la República a la Costa Chica de Guerrero se deben poner en claro las cosas.

Afortunadamente, a raíz de la crisis del programa el año pasado, ha emergido al escenario un nuevo actor, se trata de los comisariados ejidales y comunales. En Guerrero existen mil 252 núcleos agrarios que ocupan casi 80 por ciento del territorio estatal. Sus representantes son electos cada tres años de manera legal y democrática. Su labor la hacen como servidores del pueblo, sin tener un salario. Son ellos los que conocen los problemas de su comunidad y gestionan soluciones. Es por ello que decidieron echarse a cuestas la responsabilidad de coadyuvar a que el programa se ejecute de acuerdo conlo que el Presidente ha instruido: entrega directa sin intermediarios y cero corrupción.

Un papel fundamental que están jugando es la elaboración del padrón de beneficiarios. Para ello, realizan asambleas donde se define públicamente quién siembra y qué superficie, pero además los comuneros con derechos avalan al productor que no tiene los documentos parcelarios en regla. El acta de asamblea se inscribe en el Registro Agrario Nacional, como lo mandata la Ley Agraria.

Estas asambleas comunitarias no sólo dan celeridad y transparencia al padrón de fertilizantes, además está poniendo el ejemplo de cómo debe ejercerse la democracia, pues ésta no sólo se debe expresar en las elecciones, sino en todos los ámbitos de la vida social haciendo que los derechos ciudadanos se ejerzan libremente.

Este ejercicio de construcción ciudadana que hoy se hace en Guerrero debe convertirse en un modelo a seguir en todo el campo mexicano.

*Asesor de la Coordinadora de Comisariados de Guerrero