Editorial La Jornada
La Fiscalía General de la
República (FGR) dio a conocer ayer que existe una orden de aprehensión
vigente en contra de Tomás Zerón de Lucio, quien fue director de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto. Entre las acusaciones, que ya motivaron también la emisión
de una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda internacional,
se encuentran las de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de
crimen y pérdida y ocultamiento de pruebas, todas ellas relacionadas
con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de
septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
Zerón de Lucio es, hasta donde se sabe, operador y uno de los
responsables del empantanamiento de las investigaciones para dar con el
paradero de los jóvenes. Su papel en lo que se ha denunciado como una
conspiración para obstruir la acción de la justicia quedó patente el 28
de octubre de 2014, cuando efectuó una diligencia ilegal en el río San
Juan Cocula y manipuló grabaciones para aparentar que la inspección en
el basurero de ese municipio guerrerense se llevó a cabo junto con
personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Ese día, Zerón trasladó a uno de los presuntos implicados sin
hacerlo constar en el registro oficial, y sembró una bolsa de basura con
presuntos restos de los jóvenes, la evidencia central en la que se basó
la
verdad históricade la extinta Procuraduría General de la República (PGR), una versión absurda cuya falta de sustento ha sido probada por las investigaciones independientes.
A la posibilidad de llevar a Zerón de Lucio ante los tribunales se
suman las capturas, ejecutadas ayer, de dos miembros de la disuelta
Policía Federal acusados de torturar a varios imputados en el caso
Iguala: Isidro Junco Barajas y Ezequiel Peña Cerda, quienes en la
actualidad se desempeñaban como subdirector de Control Operativo de
Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados y director de área en
la AIC, respectivamente. Asimismo, se sabe que hay otras órdenes de
captura en curso contra ex funcionarios implicados en el desaseo que
marcó a la actuación de la PGR en torno al caso.
En conjunto, estas acciones judiciales suponen un avance innegable en
la tarea de esclarecer el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa y
de fincar responsabilidades a quienes encubrieron este crimen,
particularmente atroz por mantener a los familiares y el entorno social
de los jóvenes en una prolongada incertidumbre acerca de sus seres
queridos. Con esto, resulta ineludible que las capturas concretadas y
las faltantes se traduzcan en el conocimiento de lo verdaderamente
ocurrido en Iguala y el castigo a los responsables, condición ineludible
para cerrar de manera definitiva este capítulo tan doloroso de la
historia reciente.
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