León Bendesky
Según la regla en que
se basan los epidemiólogos para referirse a la infección que provoca el
nuevo coronavirus en la población, 80 por ciento de las personas no van
a enfermar gravemente o tendrán un cuadro asintomático; 15 por ciento
tendrán un cuadro más intenso, parecido a la influenza, y tampoco
enfermarán gravemente, y 5 por ciento sí necesitará tratamiento
intensivo en los hospitales.
El nuevo coronavirus puede ser una enfermedad grave. Eso no debe
perderse de vista. Las magnitudes que representa esta epidemia ponen en
un estado de fuerte tensión a los servicios de salud, los públicos y los
privados. De ahí se desprenden las medidas de gestión de las distintas
fases por las que transita el efecto del virus.
Un asunto que debe tenerse en cuenta es el alto grado de contagio de
este nuevo virus. Representa una progresión de tipo geométrico derivado
del contacto entre los individuos (ver video en https://bit.ly/2WbCnJH).
El límite del proceso de infección sería, teóricamente, cuando todos
estuviesen infectados. Por ello es necesario prevenir el contagio para
detener la epidemia antes de ese límite. Por qué, entonces, fija el
gobierno hasta dentro de una semana el inicio de la fase dos de la
epidemia, lo que implica imponer prácticas severas de distanciamiento
social.
El gobierno británico ha optado por el control del contagio como
forma de contenerlo, pero hay muchas dudas sobre el resultado de esa
medida. Eso es riesgoso y con la vida de la gente no se juega.
Del escenario general se desprenden las acciones que han tomado los
gobiernos desde la irrupción del nuevo virus en Wuhan a finales de 2019 y
su rápida evolución, misma que se advierte en que ya en marzo se ha
declarado un estado de pandemia.
Todos los gobiernos han sido puestos a prueba, unos han actuado de
manera decisiva. Los que no lo han hecho tuvieron que implementar
medidas extremas de aislamiento, como ocurre ahora en Italia y España.
En Italia la situación es tan mala que en algunos casos se aplica la
medicina de catástrofepara determinar qué pacientes graves reciben o no atención en función de los recursos disponibles.
En México el gobierno ha tenido la ventaja de observar el desarrollo
del proceso infeccioso y sus repercusiones sanitarias, sociales y
económicas. Se sabe lo que va a ocurrir en tiempo y forma. La impresión
es, sin embargo, que persiste la confusión sobre la oportunidad de las
medidas que deben adoptarse, la falta de coordinación de distintos
sectores es notoria y, también, en la comunicación con la gente. El
Presidente mismo contribuye con sus afirmaciones y actos a que no se
consiga una mayor congruencia.
A Donald Trump lo han alcanzado rápidamente sus palabras y
falsedades. Si hace un par de semanas minimizaba el asunto del nuevo
virus, ahora declara emergencia nacional. Hay muchas dudas de que su
país esté en condiciones adecuadas para enfrentar la crisis de salud y
la embestida económica que ya está en curso.
El escenario esperable en materia de salud pública es muy
problemático. A pesar de la regla 80-15-5, que sugiere que la situación
podría no ser catastrófica, su significado práctico es oneroso en
materia de la capacidad de atención de los servicios de salud y los
efectos que de ahí se derivan.
Sobre todo, es muy grande la repercusión negativa en materia de
actividad económica. Las medidas de aislamiento que se impondrán a la
población tienen efecto directo en las condiciones de los trabajadores y
las empresas. Eso no se puede evitar, pero sí se puede actuar para
contenerlo. Es ahí donde el gobierno tiene que aparecer seriamente, con
medidas bien concebidas y mejor implementadas, obviamente de modo
oportuno.
Me temo que a estas alturas nadie tiene claro qué se va a hacer. En
Hacienda se habla de programas de crédito y en el Banco de México de
apoyos a la liquidez. Es imprescindible proteger los ingresos de la
población y sostener una capacidad mínima de consumo, y al mismo tiempo
tener un plan para subsanar la interrupción de la actividad productiva
de las empresas, sobre todo las más pequeñas. El costo de la epidemia
será muy grande y se agravará con una mala gestión económica.
El gobierno alemán ha ofrecido efectivo suficiente para los negocios, lo que el ministro de Finanzas denominó una
gran bazucapara prevenir el colapso del crédito y, con ello, una recesión.
El riesgo político para el gobierno es muy grande. La fragilidad de
la sociedad y de la economía pueden ser mucho más grandes de lo que se
imagina. Esta será la prueba más relevante del sexenio. En particular de
la idea que se ha propuesto de cómo funciona una economía compleja y
desigual, lo que exigirá hacer ajustes en los planes de gestión tal como
se han concebido hasta ahora.
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