Ciudad de México. Trabajadoras de Intendencia
Organizadas que hace 4 años fueron despedidas del Instituto de Educación
Media Superior (IEMS) exigieron al Congreso federal que durante las
discusiones legislativas y revisión de dictámenes que actualmente se
llevan a cabo con respecto al outsourcing elimine la posibilidad de usar
esta forma de contratación para quienes realizan actividades de
limpieza.
“La limpieza no puede ser subrogada dado que es elemental para el
trabajo de cualquier área, sobre todo la educativa, donde se requiere la
limpieza. La intendencia debe ser parte de la comunidad de un área de
trabajo, sobre todo las instancias de gobierno (…) es necesario para
tener un ambiente sano para las y los trabajadores. (la limpieza) Es un
trabajo que nunca se agota, es permanente, continuo”, explicó en
entrevista a Cimacnoticias Guadalupe Carrasco, una de las trabajadoras
organizadas del IEMS y, ahora, una defensora de los derechos humanos
laborales contra la subcontratación u outsourcing.
Trabajadoras del IEMS: emblema de abusos y de lucha
Las Trabajadoras de Intendencia se agruparon y organizaron desde
diciembre de 2015, luego de que se despidió sin ningún reconocimiento
laboral a 59 empleadas de limpieza de distintos planteles del IEMS.
El suyo es un caso emblemático de cómo la subcontratación en México
funciona como una práctica para que los dueños de las empresas evadan
responsabilidades patronales y las trabajadoras no consigan hacer
exigibles sus derechos laborales.
Como documentó Cimacnoticias, luego del despido, las trabajadoras
iniciaron un proceso organizativo para la defensa de sus derechos. En el
camino identificaron que el IEMS no las reconocía como empleadas, sino
que delegó a dos empresas subcontratistas (Roc-Man, el nombre de una de
ellas) cualquier responsabilidad que hubiera por violación a sus
derechos laborales.
Estas empresas, por su parte, resultaron ser “fantasmas”, pues no
respondieron las llamadas telefónicas de las trabajadoras, tenían el
mismo representante legal aunque diferente razón social, no tenían
oficinas y el domicilio fiscal que declararon era falso.
Al detectar todas estas irregularidades y ante la inexistencia de las
empresas subcontratistas, las trabajadoras iniciaron una demanda ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que fuera directamente
el IEMS quien las reconociera como empleadas y les restituyera sus
derechos laborales, lo que cuatro años después aún no ha sucedido.
Las trabajadoras también iniciaron una queja ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), la cual se cerró en
2018 porque “no hubo violaciones a los derechos laborales”; levantaron
un plantón en el que realizan jornadas informativas; y, desde entonces,
realizan campañas y diversas acciones públicas para exigir que se
reforme la Ley Federal del Trabajo (LFT) para evitar nuevos abusos
laborales por parte de empresas subcontratistas.
La discusión legislativa
Desde la reforma de 2012, la LFT reconoce la subcontratación y dice
que ésta no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o
similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo;
deberá justificarse por su carácter especializado; y no podrá comprender
tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los
trabajadores al servicio del contratante.
Desde la discusión de la reforma laboral en 2019, diversas
legisladoras y legisladores –acompañados por organizaciones a favor de
las mujeres trabajadoras, como las integrantes de la Campaña Trabajo
Digno– empujaron iniciativas por eliminar la subcontratación como una
práctica legal.
Sin embargo, esta discusión quedó fuera de la reforma final. Después,
en noviembre de 2019, el senador Napoleón Gómez Urrutia presentó una
nueva iniciativa al respecto, la cual avanzó en Comisiones pero quedó
atorada ante el rechazo de las diferentes cámaras empresariales del
país.
Como parte de este proceso, el Senado de la República realizó el
pasado 12 de febrero un Parlamento Abierto cuya discusión se centró en
materia de subcontratación laboral como la certificación y supervisión
efectiva; la especialización y temporalidad como factores de la
subcontratación; el derecho de participación de los trabajadores bajo
las utilidades y el derecho a la libre sindicalización; y régimen de
responsabilidad y sanciones en materia de subcontratación.
Las Trabajadoras de Intendencia Organizadas acudieron al recinto
legislativo, pero no se les permitió participar, así que, de acuerdo con
Carrasco, se limitaron a escuchar la posición de los empresarios y los
representantes de las y los trabajadores.
Al final se elaboró un dictamen que no ha sido discutido y que no
elimina la subcontratación. Sin legislar a favor de las trabajadoras ni
garantizar justicia a las del IEMS, se decidió basificar al personal de
intendencia pero sólo de la Cámara baja que trabaja en San Lázaro.
De acuerdo con la información que han acumulado las Trabajadoras de
Intendencia Organizadas, 80 por ciento de quienes se ocupan en
actividades de intendencia de manera subcontratada son mujeres y 20 por
ciento hombres.
“La subcontratación es una forma de esclavitud, ya que toma a la
gente más vulnerable que por necesidad toma ese tipo de trabajos. Quedó
demostrado que en el Congreso sólo hablan los empresarios. Nosotras
entramos pero sólo vimos las pantalla, jamás se tomó en cuenta nuestra
opinión de trabajadores. No creemos que eso sea justo para los
trabajadores. Nosotras hemos planteado desde el inicio que se necesitan
derechos plenos para los trabajadores, no simulación”, explicó Carrasco.
La defensora de derechos laborales precisó que, según lo que han
investigado, las empresas subcontratistas del IEMS reciben contratos de
22 millones y medio de pesos para 10 meses por 360 trabajadores (o
menos, porque hay plazas de aviadores). “Con lo que pagan a cada uno se
cubre la mitad de esos 22 millones, ¿y el resto dónde queda volando?”,
cuestionó.
Las trabajadoras asistieron este 18 de marzo a la Junta Local de
Conciliación para exigir, junto al sindicato, que todo el personal de
intendencia sea basificado y se le reconozcan todos sus derechos
laborales; el laudo que obligaría al IEMS a reconocerlas como empleadas
sigue rezagado porque no han notificado; y las empleadas siguen siendo
despedidas de los planteles educativos sin que se les reconozcan sus
derechos laborales.
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