Crece la condena internacional a las 43 desapariciones

Legisladores de 33 países de AL exigen castigo a culpables

Piden castigar con rigor a responsables de ataques a estudiantes

Legisladores de 33 países de AL demandan poner fin a la impunidad

Andrea Becerril

 Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2014, p. 3

Desde Ginebra, Suiza, legisladores de 33 países latinoamericanos y caribeños condenaron la desaparición y asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto que no permita la impunidad y se castigue a los responsables de esos hechos.

La desaparición y presunción de homicidio de los normalistas es una acción que debe ser condenada y sancionada con todo rigor por un país en el que prevalezca el estado de derecho, se advierte en ese resolutivo del Grupo Latinoamericano y del Caribe que participa en la 131 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas.

Ese pronunciamiento se dio a petición de las senadoras perredista Dolores Padierna, las panistas Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas, y la priísta Graciela Ortiz –quienes integran la delegación mexicana– previo al inicio de los trabajos de esa asamblea en la que participan 744 parlamentarios de 141 países.

La perredista Padierna fue la que propuso que hubiera un pronunciamiento de los legisladores del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, dada la gravedad de la violación a los derechos humanos contra estudiantes de Ayotzinapa. Explicó que la policía de Iguala, Guerrero, asesinó a tres de ellos y secuestró a otros 43, mientras han ido apareciendo cadáveres en fosas clandestinas.

Agregó que es evidente que en México algunos organismos de seguridad están infiltrados por el narcotráfico, lo que requiere un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado, pero también un llamado internacional para que se frene la violencia de Estado.

La senadora panista Laura Angélica Rojas leyó la propuesta, que fue aprobada por los legisladores latinoamericanos y caribeños. En el documento piden al gobierno mexicano que, tal como estableció la administración de Peña Nieto, de que no habrá resquicio para la impunidad, se intensifiquen los esfuerzos institucionales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en México.

Asimismo, que se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades de acción y de omisión, y se castigue con rigor a los culpables de este crimen. Piden, además, ”establecer mecanismos de reparación inmediata del daño a las víctimas y construir las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir”