Vuelve
a correr la sangre de estudiantes normalistas rurales en el estado de
Guerrero, derramada por policías municipales y cuerpos francos de
sicarios. De esta suerte, el gobierno mexicano comprueba, por enésima
vez, su incapacidad de mantener la seguridad pública y de respetar el
libre tránsito de los habitantes de nuestro país, así como queda en
claro que a las demandas de las masas se responde con balas y
terrorismo, quizás con la intención de amedrentar a sectores
movilizados y en vías de movilización. Con estos pasos, difícilmente
podrá el mexiquense comprador de la presidencia promoverse en la ONU y
otras instancias internacionales en las que presume tratar muy bien a
los indígenas, tener un gobierno transparente y respetar los derechos
humanos.
Los hechos de Iguala
Cerca de las 21:00
horas del 26 de septiembre del año en curso, 80 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, municipio de
Tixtla, Guerrero, tras efectuar una recolección de dinero para
coadyuvar en los gastos de su plantel, se encaminaban hacia
Chilpancingo desde Iguala de la Independencia, pero varias patrullas
buscaron impedir el paso a los camiones que salían de la central de
autobuses. Los estudiantes fueron rodeados, al colocarse los vehículos
policíacos atrás de la columna de camiones. Los normalistas bajaron de
los autobuses y se enfilaron hacia la patrulla estacionada frente a los
autobuses. Los policías municipales, sin advertencia alguna, empezaron
a lanzar ráfagas de tiros, hiriendo a Aldo Gutiérrez Solano, nativo de
El Refugio, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, a quien días
después sus padres decidieron que le desconectaran el respirador
artificial, debido a su estado de muerte cerebral. Los normalistas
fueron bajados del camión y colocados en el suelo. Los demás
estudiantes se dispersaron tomando distintos rumbos. Los policías
municipales abandonaron el lugar y se llevaron detenidos a alrededor de
20 alumnos de Ayotzinapa en cinco patrullas.
Cuando los
normalistas, a las 24:00 horas, informaban acerca de los
acontecimientos a los medios de información, arribaron elementos
paramilitares en una camioneta RAM color rojo desde la cual dieron
inicio a una balacera, siendo asesinados Daniel Solís Gallardo y una
persona aún no identificada por sus familiares, y heridos graves cinco
alumnos de Ayotzinapa. Dos de los profesores que se hallaban en el
lugar, también fueron lesionados.
El 27 de septiembre, los
estudiantes visitaron los separos de la policía preventiva para
comprobar la integridad física de los compañeros detenidos, pero no
encontraron a ningún estudiante ingresado. Hasta la fecha, existen 57
normalistas desaparecidos, incluidos los aprehendidos por policías
municipales. Por la tarde, fue localizado el cadáver de Julio César
Fuentes Mondragón con evidentes huellas de tortura, sin ojos y
desollado del rostro.
Tales son los hechos ocurridos el 26 y
27 de septiembre en Iguala de la Independencia, conforme a la
descripción que hacen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan y los diarios guerrerenses.
Los paramilitares
atacaron, asimismo, un camión que llevaba de Iguala a Chilpancingo a
jugadores de Avispones, equipo de futbol de la tercera división, en el
cual fueron acribillados el joven deportista David Josué García
Evangelista; el conductor del vehículo, Víctor Manuel Lugo Ortiz, y la
señora Blanca Montiel Sánchez, que viajaba en un taxi. Resultaron
lesionados, igualmente, el secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Alfredo Ramírez García, y el
secretario de Finanzas, Fernando Zúñiga.
La matanza de
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, refleja con
claridad el grado de descomposición a que ha llegado el régimen
antinacional y entreguista de Enrique Peña Nieto y su contlapache en la
entidad suriana, el gobernador “perredista” Ángel Heladio Aguirre
Rivero. De todas las promesas hechas por los gobiernos neoliberales de
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox
Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y el actual tlatoani comprador de la
Presidencia de la República, no se ha cumplido una sola. Al contrario,
México tiene un crecimiento económico mediocre, las riquezas naturales
del país son entregadas a los monopolios extranjeros, el desempleo
continúa creciendo, la dependencia alimentaria aumenta, la soberanía
nacional es vendida a Estados Unidos, y, como corolario de la
kakistocracia priista y panista, el represor de Atenco ofrece la sangre
de los mexicanos para ofrendarla en guerras imperialistas de los
gringos, supuestamente para realizar acciones “humanitarias” bajo la
bandera de la Organización de las Naciones Unidas. El país camina, sin
duda, hacia atrás, y esto seguirá ocurriendo mientras no se alcance la
movilización política general de la clase obrera y el pueblo.
En ese ascenso del retroceso económico y social, se complica la
situación política en el estado de Guerrero y en todo el país. De las
promesas de Enrique Peña Nieto acerca de superar los hechos de sangre
del criminal de guerra Felipe Calderón Hinojosa; la creación de empleos
formales, bien remunerados y masivos, y el crecimiento económico
sostenido, a los campesinos e indígenas, trabajadores asalariados,
estudiantes y pobladores de la patria chica de Ignacio Manuel
Altamirano y de todo el país, sólo se les ofrece como “logros” notables
y visibles el asesinato de líderes, activistas y elementos populares;
el encarcelamiento de dirigentes indígenas, campesinos, sindicales y de
la izquierda opositora; la desaparición de participantes en el
movimiento social; la represión de algunas acciones de masas; la
desnacionalización de la economía mexicana; la reprimarización
de la formación social mexicana; la polarización social; la pérdida de
la soberanía nacional ante el vecino septentrional, y la corrupción.
Un reguero de sangre en los caminos del Sur
El arribo por segunda ocasión de Ángel Heladio Aguirre Rivero a la
gubernatura del estado de Guerrero, ha significado y significa una
espiral de violencia reaccionaria y antipopular. Sin la intención de
hacer un examen exhaustivo de los asesinatos políticos en la entidad
sureña, cabe hacer mención de los siguientes: Javier Torres Cruz, de la
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y
Coyuca de Catalán, el 18 de abril de 2011; Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas de Ayotzinapa, el 12 de
diciembre de 2011; Andrés Rosales Aguirre, organizador del Movimiento
Regeneración Nacional, en Cutzamala de Pinzón, el 12 de enero de 2013;
Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román,
de la Unidad Popular de Iguala, el 3 de junio de 2013; Raymundo
Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur
Emiliano Zapata y secretario general en Guerrero del Partido Comunista
de México, y dos de sus camaradas, a principios de agosto de 2013;
Rocío Mesino Mesino, lideresa de la Organización Campesina de la Sierra
del Sur, el 19 de octubre de 2013; Luis Olivares Enríquez, militante
del PCM, y su esposa, de la Organización Popular de Productores de la
Costa Grande, el 10 de noviembre de 2013, y Juan Lucena Ríos y José
Luis Sotelo Martínez, dirigentes campesinos de El Paraíso, municipio de
Atoyac de Álvarez, el 16 de noviembre de 2013. La lista anterior sólo
es ilustrativa, y de ninguna manera incluye a todos los caídos.
Los asesinatos en el estado de Guerrero, tienen sus correspondientes en
otras entidades federativas. Así, en Oaxaca han sido liquidados
físicamente Bernardo Vásquez Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos
Unidos del Valle de Ocotlán, en 2012; Nicolás Estrada Merino, del
Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en 2013;
Arturo Pimentel Salas, del Frente Nacional Indígena y Campesino, en
2013, e Ignacio García Maldonado, de Comuna Oaxaca, el 29 de marzo de
2014. En Puebla han caído en 2014, Antonio Esteban Cruz, líder nahua de
la Sierra Norte, el 4 de junio; Óscar Samuel Malpica Uribe, ex rector
de la Universidad Autónoma de Puebla, militante de izquierda y
distinguido intelectual, el 2 de julio, y José Luis Alberto Tehuatlie
Tamayo, niño de San Bernardino Chalchihuapan, el 19 de julio, días
después de recibir una bala de goma en la cabeza. En otras entidades
fueron acribillados Ygnacio López Mendoza, alcalde del Partido del
Trabajo en Santa Ana Anaya, Michoacán, el 6 de noviembre de 2013; Juan
Carlos Gómez Silvano, zapatista, en San Sebastián Bachajón, Chiapas, el
21 de marzo de 2014; José Luis Solís López (Galeano), profesor
zapatista, en La Realidad, Chiapas, y Ramón Corrales Vega, líder
campesino sinaloense, en mayo de este año. El 25 de enero de 2014 murió
el activista Juan Francisco Kuykendall Leal, a consecuencia de las heridas recibidas el 1 de diciembre de 2012, día de la toma de posesión de la Presidencia de la República por Enrique Peña Nieto.
Otras formas de represión
Paralelamente a las muertes producto de la violencia gubernamental,
patronal y del crimen organizado, han crecido con fuerza los presos
políticos. Para ilustrar este fenómeno, se mencionan sólo algunos
dirigentes, activistas y militantes del movimiento social y la
izquierda que han sido recluidos en prisión: Gonzalo Molina y Nestora
Salgado, líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria, de la Montaña y la Costa Chica de
Guerrero; Mario González García, militante anarquista, detenido en la
represión del 2 de octubre de 2013; Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos
Flores, Jazmín Velázquez Ramírez, Victorina Ramírez y otros miembros
del Frente Popular en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y
Tlaxcala, en la entidad poblana, desde abril de 2014; Marco Antonio
Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a
la Presa La Parota, y Mario Luna Romero, vocero de la tribu yaqui.
También estuvieron encarcelados, siendo liberados poco después, Felipe
Rodríguez Aguirre, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata,
del Estado de México, y David Venegas, de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca y de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y
Libertad.
Además de los asesinatos y encarcelamientos,
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han producido acciones
represivas contra manifestantes opositores del fraude electoral,
normalistas de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, trabajadores de la
educación, policías comunitarios, universitarios, campesinos e
indígenas. Permanecen, asimismo, como desaparecidos muchos militantes
de izquierda y del movimiento social de las gestiones gubernamentales
anteriores, en tanto que se han agregado otros en el actual periodo
presidencial.
Significado de los asesinatos del 26 y 27 de septiembre
Los asesinatos de los miembros de la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México, Daniel Solís Gallardo, nativo de
Zihuatanejo, de la Costa Grande de Guerrero; Julio César Fuentes
Mondragón, nacido en la capital federal, y Aldo Gutiérrez Solano, por
la forma en que ocurrieron, por los métodos utilizados y por la
respuesta de los órganos gubernamentales, es útil hacer algunas
consideraciones.
En la persecución y matanza de los
estudiantes campesinos de Ayotzinapa, participaron, según afirman
muchos testigos presenciales, elementos de la policía municipal y un
“comando” de civiles armados con “cuernos de chivo” que no sólo
dispararon contra los normalistas y maestros, sino que lanzaron ráfagas
de balas sobre camiones y otros vehículos en circulación. De acuerdo
con varios analistas políticos e integrantes de organizaciones sociales
de Guerrero, la Ciudad de México y otros lugares, tales pistoleros
están al servicio de bandas delincuenciales, de empresarios mineros y
madereros, de organismos de derecha y del gobierno neoliberal, generando con ello el renacimiento de grupos al estilo de los “halcones” que concretaron la matanza del 10 de junio de 1971. En otras ocasiones, como el 12 de diciembre de 2011, se ha hecho referencia a estos grupos irregulares de creación oficial, de paramilitares y de guardias blancas.
Si esto es así, no queda sino arribar a una conclusión: los gobiernos
del centro y de Guerrero están embarcados, ante el fracaso total de su
programa económico, en una política que combina las acciones judiciales
de carácter represivo, con el Ejército en funciones policiales y con
formaciones irregulares creadas por el gobierno, las grandes empresas y
las bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Dicho en otras
palabras, la colombianización del Estado mexicano.
Los
estudiantes normalistas han señalado que en los hechos intervinieron
también policías estatales y federales. No debe dejarse caer en saco
roto tal señalamiento.
La responsabilidad de la izquierda perredista
Los militantes del ala izquierda del PRD deberían hacerse eco de los
estudiantes normalistas y las organizaciones populares guerrerenses que
demandan procesar y sancionar a los policías municipales responsables
de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades
municipales que consintieron las violaciones a los derechos humanos;
procesar judicialmente a las autoridades estatales y federales que
permitieron estas acciones anticonstitucionales; presentar con vida a
los 57 estudiantes desaparecidos y garantizarles su integridad física;
garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los
estudiantes lesionados; reparar los daños a las víctimas y sus
familiares; garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que
han denunciado los hechos y de los defensores de derechos humanos, y,
en especial, exigir revocación de mandato y juicio político al
gobernador de la entidad y al presidente municipal de Iguala.
Situación jurídica
Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, dio a conocer, el 29 de septiembre retropróximo, que se
busca en tres sitios a los 57 compañeros de Ayotzinapa desparecidos.
Dado el asesinato de siete personas y la existencia de alrededor de 25
heridos, la PGJE acusó de homicidio calificado a 22 policías
municipales de Iguala de la Independencia, de los cuales 16 resultaron
positivos en la prueba de radizonato de sodio, que demuestran la
utilización de sus armas. Además, el funcionario guerrerense reconoció
el uso excesivo de la fuerza pública e incumplimiento de los protocolos
de seguridad para disuadir manifestaciones.
Para variar, acusó a los normalistas de apedrear a los tecolotes
uniformados, sosteniendo que tiene pruebas de ello. Sencillamente
ridículo: si la emprenden contra uno a balazos, para asumir una
posición correcta, según el procurador del estado de Guerrero, debe
ofrecerse la otra mejilla. Vaya lógica de provocador.
Eso, sí, debe reconocerse, ratificó la presencia en los hechos, de
individuos vestidos de negro y encapuchados, es decir, los sicarios del
crimen organizado, paramilitares o guardias blancas.
El apoyo del pueblo
La solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa ha sido y es estupenda
en Guerrero, Oaxaca y otras entidades federativas, con la participación
destacada de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México. En la Ciudad de Oaxaca se celebró una manifestación solidaria,
encabezada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. En Chilpancingo, se efectuó el 29 de septiembre una
marcha por la mañana, congregando a más de 3 mil normalistas, maestros
y padres de familia, que al recorrer las calles recibieron grandes
muestras de apoyo. En el Congreso local, manifestantes solicitaron una
reunión con diputados para plantear la demanda de revocación de mandato
y juicio político del gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre
Rivero, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, mas no
encontraron a ningún representante “popular”. Sobresalieron por su
participación en la marcha, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero, el Frente Único de Normales Públicas del
Estado de Guerrero, el Frente Estatal de Maestros de Educación Superior
y cientos de afiliados a la FECSM de Chihuahua, Michoacán,
Aguascalientes y Morelos.
Por la noche del mismo día,
cerca de mil ciudadanos y adolescentes desfilaron por la capital
estatal, con velas, para demandar a las autoridades federales y
estatales hacer justicia a los estudiantes victimados y al futbolista
David Josué García Evangelista. En esa fecha, las nueve normales
públicas del estado suriano llevaron a cabo un paro de labores de 24
horas. En Acapulco e Iguala se efectuaron, también, actos públicos de
protesta por la masacre y en solidaridad con los normalistas agredidos.
Para finalizar, en la República Mexicana existe una
organización estudiantil representativa, con una historia de luchas
victoriosas y forjadora de dirigentes, cuadros y activistas combativos
y capaces: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México. Con seguridad, los golpes que le han propinado los gobernantes
represivos no desmoralizarán al estudiantado normalista del campo y su
organización de vanguardia. De seguir los pasos que exige la situación,
cabe esperar, la FECSM obtendrá la conquista de sus demandas centrales
y no permitirá ser destruida por los personeros de la antipatria: el
régimen neoliberal del Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Acción Nacional, la derecha del PRD y los partidos bonsái paleros de la
administración incapaz e ineficiente de Enrique Peña Nieto.
*Este artículo está apoyado en documentos del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México, el Taller de Desarrollo Comunitario,
el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados en Guerrero, y artículos, notas y editoriales de La Jornada
y El Sur (Acapulco).
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