El
anuncio del gobierno de los monopolios en boca de su hacedor de
historias en turno, el “Procurador” Jesús Murillo Karam, es sólo un
nuevo intento, antes la trataron de hacer el 7 de noviembre, de dar por
cerrada, oficialmente, la investigación por la muerte, asesinato y
desaparición de los 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y
es un nuevo intento porque desde noviembre del año pasado lo
intentaron, aportando los mismos “argumentos” que aportó el martes 27
de enero el supuesto procurador de justicia. Y pongo entrecomillado lo
de argumentos porque lo que ha aportado el gobierno de Peña Nieto hasta
el momento son suposiciones y verdades a medias, basadas en dichos muy
cuestionables de personas supuestamente involucradas en los hechos que
el gobierno se afana en colocar como su “verdad histórica”.
Los
“hechos”, que no pruebas científicas, que ha presentado el gobierno
reiteradamente tienen que ver con un asunto de peleas entre bandas
rivales del crimen organizado. Exime al exalcalde, quita presión al
oportunismo de izquierda y coloca al proceso electoral en marcha como
punta de lanza de la nueva embestida contra el movimiento social.
Porque en el fondo de todo el entramado mediático que ha armado la
burguesía monopólica y su gobierno, está el tema de las elecciones y la
“legitimidad” que da el hecho de que los ciudadanos voten, es decir la
simulación democrática y la imagen del gobierno ante el mundo es lo que
priva en la actitud del gobierno.
¿Cuáles son los “hechos” que
presenta el gobierno? Que los compañeros desaparecidos fueron
confundidos como parte de un grupo enemigo al que pertenecía el
exalcalde perredista de Iguala y que por esa razón se decidió
ejecutarlos y desaparecerlos. ¿En que basa esta afirmación?, en los
dichos de cuatro personas, presentados en videos muy bien producidos y
editados en donde se observa a los cuatro en una actitud relajada,
amena, cooperativa, diciendo sin ningún recato, como los mataron,
incineraron y tiraron sus restos a un río. De la participación de los
policías, de las omisiones, documentadas, de las fuerzas federales
(ejército y policía federal), de la utilización de los instrumentos del
estado para asesinar, secuestrar y desaparecer personas, no se dice
nada.
Las inconsistencias y las mentiras son evidentes en todo
el desarrollo de la presentación de los hechos. Infinidad de
testimonios dan evidencia de que los mandos militares del 27 batallón
de infantería, instalado en Iguala a unos metros de donde se sucedieron
las agresiones y la desaparición de los compañeros, sacaron a las
tropas a las calles el 26 de septiembre por la noche. Testimonios de
médicos, enfermeras y familiares de los normalistas dan prueba de que
el ejército interfirió, impidió, no permitió que los heridos fueran
atendidos en los hospitales cercanos, de eso no se dice nada. Y no se
hace simplemente porque eso corroboraría un hecho insoslayable,
repetido en las movilizaciones, en las marchas, en los plantones: fue
un crimen de Estado.
De esta “verdad histórica” del gobierno de
la burguesía monopólica resaltan varios elementos que no se
corresponden con ella. De acuerdo con el último testimonio de una de
las personas detenidas (el “cepillo” o el “terco”), ellos recibieron de
los policías municipales de Iguala a 35 muchachos, algunos ya iban
muertos y a otros los liquidaron en el famoso basurero de Cocula.
Primer hecho, los contaron, porque da un número preciso. Segundo, que
pasó con los otros ocho compañeros, porque los desaparecidos son 43 y
si no estoy mal en ecuaciones avanzadas, 43 menos 35 restan ocho, ¿en
dónde están? Segundo, especialistas, científicos e, incluso,
trabajadores de crematorios, han dicho en infinidad de ocasiones que es
imposible la cremación en un tiempo tan corto (no se precisa cuando se
inició la incineración, pero los cuatro afirman que a las cinco de la
tarde del 27 ya sólo había cenizas), además del tiempo, las
condiciones, el lugar, etc., no son propicios para una cremación como
la que se quiere hacer creer.
Otro tema no resuelto: imaginemos
la “pira humana” que se construye con 35 cuerpos humanos, digo,
apilarlos de tal forma que pudieran ser quemados en el tiempo que se
dice, es decir no sólo tirarlos en el piso y prenderles fuego, así es
imposible que en tan corto tiempo se hubiesen convertido en ceniza
tanto cuerpos, sino acomodarlos, con conocimiento y experiencia que
ellos mismos dicen no poseer, para que la supuesta incineración fuera
efectiva. Por otro lado, imaginemos el olor y el humo que se desprende
de esta dantesca escena. Un simple incendio de basura genera una
humareda que es apreciable a kilómetros de distancia. Cómo es posible
que esto sucediera sin que nadie lo notara.
Las personas
aparecidas en los videos presentados por la Procuraduría, han señalado
que se utilizaron llantas y otros elementos flamables, y una cantidad
desconocida de gasolina. Surgen varias preguntas: ¿cuántas llantas?,
¿de dónde las sacaron?, ¿cómo las transportaron? Además de esto todos
los elementos que utilizaron para efectuar su labor generaron,
seguramente, una movilización inusual de personas, vehículos, etc., que
ninguna autoridad notó, ¿extraño, no? Por otra parte se insiste en
señalar que en el basurero del municipio de Cocula se han encontrado
evidencias que corroboran los dichos de los supuestos sicarios, ¿qué
evidencias?, llantas quemadas, restos de ropa quemada, restos óseos,
etc. ¡Pues claro, se trata de un basurero al aire libre, carajo!, en
donde se tiran y queman desperdicios, o llegan quemados y ahí se
esparcen, restos óseos de animales, lo que echa por tierra esta “verdad
histórica”.
Pero sumemos más contradicciones a las mentiras del
dizque procurador de justicia. El 7 de noviembre del 2014, Murillo
Karam presentó los mismos hechos y testimonios que el 27 de enero de
este año, con una salvedad, de que los restos y las evidencias
encontradas serían analizados por un laboratorio especializado en ello
instalado en la ciudad de Innsbruck, Austria, cuyos resultados darían
la certeza científica a sus dichos. El laboratorio, al que se apostó
todo el peso de las pruebas del gobierno, ha señalado que es imposible
verificar con certeza científica que los restos y las evidencias
recibidas pudieron establecer la base del principal “argumento” del
gobierno.
Así, la “certeza científica” a la que apostó el
gobierno no existe. Sin embargo, ahora con los mismos argumentos (se
dirá que hay un nuevo sicario detenido, pero que sólo ha “corroborado”
los dichos de los primeros, es decir ha sostenido la tesis del
gobierno) que hace tres meses, se trata de dar por cerrada la
investigación. Y para ello se han puesto en marcha todos los
instrumentos de dominación que tiene a su disposición la burguesía y
sus monopolios, fundamentalmente los medios de comunicación. Pero
después se utilizarán otros mecanismos, sobre todo la represión contra
el movimiento popular que se ha manifestado masivamente y que amenaza
perturbar la “paz social” que se ha presumido hasta el hartazgo a nivel
internacional.
La “verdad histórica” del gobierno esconde la
intención de dar “carpetazo” a la investigación. Los reiterados
llamados de Peña Nieto a “superar” Ayotzinapa, pone en evidencia las
verdaderas intenciones de los monopolios. Prominente líderes de la
burguesía monopólica han expresado públicamente que el gobierno tiene
que “aplicar la ley” para “preservar el Estado de Derecho”, eufemismos
para presionar hacia la represión, ya que las acciones del movimiento
popular amenazan con perjudicar sus enormes ganancias.
Con el
argumento de que la investigación está concluida, el gobierno de los
monopolios está anunciando que ya no existen motivos para las
movilizaciones y las protestas del pueblo insumiso. La estrategia es
clara, no permitir que la plataforma de impacto internacional que
suponen las elecciones, sea utilizada por el movimiento popular para
demostrar al mundo que la simulación democrática no resolverá los
verdaderos problemas del país. Ya la propia corriente del oportunismo
socialdemócrata se ha sumado a las presiones para que se reprima a los
insumisos, porque lo único que buscan es mantener los privilegios que
les permite estar al servicio de la burguesía monopólica, tendencia
histórica de esta corriente.
Para el
movimiento popular no está resuelta la investigación de la desaparición
de los compañeros de Ayotzinapa. Por el contrario, las mentiras, esas
sí “históricas”, del gobierno de la burguesía monopólica, busca detener
la insumisión, como sólo lo saben hace: con la represión. La maquinaria
estatal se ha puesto en marcha para presentarnos como “vándalos”, como
trasgresores de la ley. Ya los medios de comunicación masivos del país
comienzan a generar la visión de que el “problema de Ayotzinapa” está
resuelto, por lo que no existen motivos para las protestas y las
movilizaciones. Ante esto, el movimiento popular debe incrementar sus
acciones, colocar el grito de ¡vivos se los llevaron, vivos los
queremos! debe ser la consigna que estructure nuevas movilizaciones,
nuevas acciones de lucha.
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