Protesta rinde frutos: negocian aumento salarial y fin de acoso
Tras
un paro de labores que lleva más de 80 horas, miles de jornaleras de
San Quintín, en el estado de Baja California (BC), consiguieron que el
gobierno local obligue a las empresas de la región a garantizarles
licencia por maternidad y paternidad, pago de horas extras, y otras
prestaciones de ley que durante años les fueron negadas.
Además, las trabajadoras del campo confiaban en que hoy mismo las
autoridades estatales aceptaran implementar medidas para castigar el
acoso sexual en su contra, además de otorgar un eventual aumento
salarial y un mayor pago por las cajas de fresa y frambuesa que ahí se
cosechan.
La madrugada de este martes 17 de marzo, más de 60 mil personas
jornaleras –encabezadas por la Alianza de Organizaciones Nacional,
Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín– realizaron
un paro laboral en demanda de mejores condiciones de trabajo, en esa
región costera perteneciente al municipio de Ensenada.
Su pliego petitorio de más de 10 puntos contempla la necesidad de que
se revoquen los contratos colectivos establecidos hasta ahora, el
derecho de las mujeres a gozar de una licencia por maternidad, y el del
padre de contar con cinco días para disfrutar el nacimiento de sus
hijas e hijos y contribuir a las tareas de cuidado.
Además, el personal del campo exige el pago del séptimo día y días
festivos, pago doble por trabajar horas extras después de una jornada
de ocho horas, la abolición del trabajo infantil y cero tolerancia al
acoso sexual.
Desde el primer día del paro, el movimiento jornalero enfrentó
represalias violentas por parte de la policía, narró a Cimacnoticias
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza.
La primera de las agresiones fue contra tres de los líderes, quienes la
tarde del pasado martes fueron recibidos a balazos en la casa de
gobierno de San Quintín; la segunda fue este miércoles 18 de marzo
cuando decenas de policías municipales reprimieron a las y los
jornaleros mientras protestaban sobre la carretera Transpeninsular, lo
que derivó en la detención de 200 personas.
De acuerdo con Sánchez Gabriel, las y los jornaleros se manifestaron de
forma pacífica contra las múltiples violaciones a los derechos
laborales que padecen a diario por parte de empresas estadounidenses
como “Berry Next” y “Ladriscal”, que venden el agua y el territorio
mexicano a pequeños agricultores, a quienes obligan a poner sus marcas
en todos los productos, además de que permiten que los más de 80 mil
personas que trabajan para ellas sean explotadas.
Martha Cruz, presidenta de la Casa de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi,
dijo en entrevista vía telefónica que pudo observar el momento en que
varias mujeres, algunas de ellas que sólo se acercaron a preguntar qué
pasaba, fueron subidas a los vehículos de los uniformados sin que se
les permitiera identificarse o se les comprobara que estaban iniciando
“disturbios”.
La activista –que alberga en su organización a mujeres mixtecas,
mazahuas, triquis, otomíes, purépechas y nahuas migrantes de diferentes
estados del país– declaró que estas indígenas llevan mucho tiempo
informándose sobre sus derechos laborales, por lo que ya no están
dispuestas a que ellas y sus familias sigan padeciendo los abusos a los
que son sometidas en los campos agrícolas.
Tras la represión, representantes de la Secretaría de Gobierno de BC,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la
Procuraduría de Derechos Humanos de Ensenada, y diversos sindicatos
acordaron ayer una mesa de negociación con los líderes del movimiento.
Como resultado, 40 por ciento de las demandas de las y los jornaleros
fueron resueltas, entre ellas que la STyPS se comprometiera a proponer
un mecanismo –como la inspección laboral– que permita a los empleados
conocer los términos del contrato colectivo de trabajo, se garantice la
licencia de maternidad para todas las mujeres embarazadas y el permiso
de cinco días para los padres, el pago del séptimo día y días festivos,
y el pago de horas extras.
También se acordó que cuando se contraten a nuevas empleadas y
empleados se les dé a conocer el Reglamento Interior de Trabajo; y que
el gobierno municipal gestione una reunión en fechas próximas con
diputados federales del municipio de Ensenada, para que conozcan la
postura de las y los jornaleros sobre la Ley Federal de Trabajo y la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Asimismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos se comprometió a
atender a las personas detenidas durante el enfrentamiento con policías
municipales el pasado 18 de marzo, a fin de vigilar que se respeten sus
derechos fundamentales; la CDI también se comprometió a brindar los
apoyos y gestiones necesarias para estas personas.
Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del estado se
comprometió a fortalecer los operativos de seguridad, para proteger a
las personas que residen en el Valle de San Quintín.
La tarde de hoy se prevé que continúe la mesa de negociaciones para
definir mecanismos contra el acoso sexual hacia las trabajadoras, y que
se incremente el salario diario que las y los jornaleros perciben, que
actualmente oscila entre 100 y 120 pesos.
De acuerdo con la investigación “Por una vida libre de violencia para
las mujeres de San Quintín”, que elaboró la académica de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Gisela Espinoza Galeano, a diferencia de la
media nacional, el porcentaje de trabajadoras mujeres en la zona de San
Quintín rebasa al de los hombres.
Todas ellas son mujeres indígenas que al emigrar perdieron sus
estructuras de apoyo, como las redes familiares y comunitarias de sus
lugares de origen, observó la experta.
En la región de San Quintín las jornaleras viven en un asentamiento
humano que circunda 80 kilómetros de carretera. En los campos
agrícolas, las trabajadoras enfrentan pésimos salarios y malas
condiciones laborales –por ejemplo, que las embarazadas sean obligadas
a trabajar a pesar de estar expuestas a agroquímicos–, sin que por ello
rija una autoridad que sancione y sin que las autoridades estatales
intervengan.
Imagen retomada del sitio rosaritoenlanoticia2.blogspot.com
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.
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