o en sus más importantes extremos, por supuesto, sin buscar ser exhaustivo. Deseo comunicar a mis lectores lo que dije en la ocasión, en parte, porque el evento sólo fue reseñado por La Jornada y, en parte también, porque el reportero Emir Olivares o no estuvo presente en el acto o, lo que es más probable, no consideró necesario ni siquiera mencionarme en su nota.El Estado de derecho es muy fácil de definir: es el que está previamente establecido en el derecho en sus instituciones y en su funcionamiento. Diego Valadés afirmó que es previsible
, cosa que me parece dudosa. En todo caso, el Estado definido y establecido en la Constitución y en sus leyes es de derecho. Me doy cuenta de que es una radiografía todavía oscura y es preciso fijar sus características y sus funciones, por lo menos en lo general. Eso fue lo que me propuse hacer en mi intervención. Dije, por ejemplo, que el Estado de derecho es un entramado de consensos populares y políticos y, eso solo, requiere de una explicación.
Decir que cualquier Estado que nazca o se funde en la ley es un Estado de derecho es un disparate. No sé por qué mi viejo amigo Rodolfo Stavenhagen llegó a decir: ¡Ojo! El Estado nazi también fue un Estado de derecho
. Desde ningún punto de vista podría decirse que ese Estado, asesino y genocida, fue de derecho. El Estado de derecho es enemigo total del abuso del poder, pues su ejercicio está previamente fijado en la ley; en él el gobernante hace lo que la ley le dicta, no lo que se le antoja ni, mucho menos, todo aquello que va en contra de los que gobierna y a los que, en un verdadero Estado de derecho, debe su puesto y poder, porque para ello lo eligieron.
El Estado de derecho es un Estado de consensos porque el derecho mismo es el resultado del acuerdo de voluntades. Ya lo he dicho de reciente aquí mismo: toda ley es fruto del acuerdo de las fuerzas parlamentarias que la producen y no puede ser de otra manera. La ley, plena de majestad y de autoridad, obra de juristas geniales que trabajan en el gabinete, como se tiende a verla en las escuelas de derecho, no es más que una calentura enfermiza que a veces enceguece a los abogados o es sólo tema de su retórica en los tribunales. En la realidad, no hay ley y no hay derecho, claro, en un Estado democrático, que no sea resultado del consenso, del acuerdo de voluntades.
Y ése es otro aspecto vital del problema: el Estado de derecho es siempre democrático o no es de derecho de ninguna manera. ¿Cómo podría decirse que el grupo de notables nazis que prepararon las leyes de exclusión racial y luego la estrategia de la solución final
produjeron un acto que se dio en los marcos de un Estado de derecho? Es verdad que los nazis respetaron la Constitución y la ley en su asalto al poder; pero, el día que se votó por los plenos poderes a Hitler y para obtener mayoría absoluta, la fórmula que se siguió fue aprehender a las puertas del Reichstag (el parlamento alemán) a todos los diputados socialdemócratas y comunistas que fueron directamente a los campos de concentración.
Si el derecho no puede ser más que democrático, en consecuencia, el Estado de derecho tiene que ser también sólo democrático. Todo otro régimen estatal que dé lugar a la arbitrariedad y al abuso del poder no es ni puede ser, por muy fundado que se presente en la ley, un Estado de derecho. La dictadura porfiriana, entre nosotros, fue un régimen que supo guardar muy bien las formas legales y constitucionales. A nadie se le ha ocurrido llamarle un Estado de derecho. Por eso éste es, también y muy señaladamente, un Estado garantista de la libertad individual y social, lo que, a su vez, quiere decir, garante de que sus actos, apegados siempre a derecho, jamás permitirán la impunidad y el abuso del poder.
El Estado de derecho tiene otra virtud que es inigualable: es el que mejor preserva su institucionalidad, vale decir, su permanencia. En ciencias sociales, lo que es institucional es lo que cuaja en condensados permanentes y duraderos en el tiempo. No podía ser de otra manera en su caso, pues nada hay que haga permanentes las instituciones de gobierno de la sociedad que el acuerdo y el consenso de la sociedad. Desde luego que la fuerza de ningún modo. A la fuerza siempre habrá otra fuerza mayor que la someta, como muy bien lo señaló Rousseau. En la misma ruta y debido a la permanente presencia del consenso popular, el Estado de derecho es el que menos se ve expuesto al anquilosamiento y al pudrimiento de sus órganos y de sus funciones.
El Estado de derecho, por supuesto y se señaló por parte de casi todos los que intervinieron en mi mesa, no puede ser tal si no produce y realiza plenamente una pronta y expedita impartición de justicia. De hecho, el mejor termómetro para medir la eficacia de ese Estado es su capacidad de ser justo y equitativo. Cuando eso falla y resulta un Estado injusto e inequitativo no hay modo de justificarlo como un verdadero Estado de derecho. Mi querido Miguelito Concha señaló con atingencia que, en este renglón, la misma Constitución falla al seguir anquilosada en su capítulo de garantías individuales y derechos humanos y debe ser urgentemente reformada. Un Estado de derecho es, por naturaleza, un Estado justiciero e igualitario.
Claro está que el Estado de derecho no es la medicina para todos los males de la sociedad. Para esos males no hay otro remedio que el buen juicio de los gobernantes y el buen manejo y el óptimo funcionamiento de las instituciones estatales. La propia democracia no es una barrera para el autoritarismo y el abuso del poder. Ella misma, como lo señaló en 1932, con insuperable atingencia, el gran jurista y teórico de la democracia Hans Kelsen, en el seno de la democracia van los gérmenes que pueden provocar su propia destrucción. Así ocurrió en Alemania un año después, cuando los nazis destruyeron la República democrática de Weimar. Todas las fuerzas políticas, representativas de la voluntad ciudadana, son proclives a militar contra la democracia y a no respetar sus reglas.
Derecho, consenso popular y democracia son componentes ineliminables de una misma unidad y de un mismo concepto: Estado de derecho. Como puede verse fácilmente, no se trata de cuestiones puramente formales. No se trata sólo de tener leyes ni, tampoco, de observar esas leyes. Se trata de cuestiones materiales: quiénes deciden y producen esas leyes, quiénes deciden la integración del Estado y sus instituciones, qué garantías hay de que los elegidos para gobernar cumplan efectivamente lo que está decidido por todos en las leyes. La impunidad, la arbitrariedad y el mal gobierno sólo se pueden evitar en un Estado que sea de derecho, vale decir, en un Estado decidido por todos.
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