MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.
Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.
A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.
Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.
Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.
Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.
Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.
Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.
Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.
Pero el sistema de justicia no se reduce a las decisiones de los jueces, sino a lo que el Poder Ejecutivo –federal y estatal– hace y deja de hacer a través de sus “policías investigadoras” y de sus agentes del ministerio público.
Aunque el caso que presenta la película ocurrió en el Distrito Federal, es sabido y padecidas por todos la manipulación, negligencia e ilegalidades que existen en los procesos judiciales en todo el país. De ahí su justificado éxito.
No está duda. Pero Presunto culpable es más que un mero testimonio elaborado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia penal mexicano. Roberto Hernández y Layda Negrete Sansores –hija de la exdiputada Layda Sansores y nieta del exgobernador de Campeche Carlos Sansores– forman parte del proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos para que en México se instauren los juicios orales.
Ambos forman parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que junto con organizaciones empresariales mexicanas y fondos del gobierno estadounidense ha sido punta de lanza de la reforma penal aprobada en 2008. De ahí la gran promoción del documental.
La reforma, que además de hacer constitucional la figura del arraigo –esa sí, una medida propia de regímenes totalitarios– estableció que a más tardar en el 2016 en todo el país deben funcionar los juicios orales, para lo cual se han destinado parte recursos de la Iniciativa Mérida.
Calderón hizo suyo el proyecto estadounidense y tuvo el aval en el Congreso a partir del hecho, innegable, de la inoperancia del actual sistema de justicia.
Pero nada garantiza que los juicios orales vayan a ser la solución, sobre todo si las procuradurías siguen operando en función de los intereses políticos de sus jefes –el presidente o los gobernadores– o las policías están tan desacreditadas no sólo por la corrupción, sino por los cuestionamientos de que son objeto sus jefes, como el caso del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
A partir del principio de presunción de inocencia, –el cual, desde luego, no operó en el caso de Florence Cassez, a pesar de las ilegalidades en la investigación de García Luna–, el CIDE patrocinó también la reapertura del proceso por la masacre de Acteal y logró la liberación de los acusados.
Si los liberados no fueron culpables, fue una gran reparación. Ese es el objetivo de los juicios orales. Pero lo que no supimos fue quiénes son los responsables. Ni lo sabremos, como tampoco en Presunto culpable. La impunidad tampoco será abatida por la justicia transparente que ahora todos dicen defender.
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