Además, decidieron instalar un plantón indefinido afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Al abandonar la reunión, que se prolongó hora y media aproximadamente, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, denunció que el gobierno mexicano dio marcha atrás en varios puntos ya acordados en la CIDH sobre el futuro mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Asimismo informó que la canciller Claudia Ruiz Massieu negó que el mecanismo diera seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno mexicano de las 20 recomendaciones puntuales de los expertos que tuvieron que salir del país el pasado 30 de abril ante la negativa del gobierno de extender su mandato de coadyuvancia en la investigación del caso Ayotzinapa.
En su lugar, la titular de la SRE aseveró que el mecanismo sólo se encargaría de verificar la aplicación de las medidas cautelares.
El pasado 21 de junio, la CIDH envió un oficio al gobierno mexicano en el que le estableció puntos mínimos con los que debería contar el mecanismo: que esté conformado por dos comisionados, que sus visitas duren por lo menos cinco días y que tengan pleno acceso a toda la información, entre otros puntos.
Rosales denunció la “reticencia” del gobierno mexicano sobre la permanencia en el país del equipo técnico durante el tiempo necesario. Además, deploró: “Quieren que sólo tengan acceso a los expedientes”, y añadió que este equipo debería tener facultades para entrevistar testigos y autoridades.
Según Rosales, la canciller, que acompañada por Roberto Campa Cifrán, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, justificaron sus negativas con argumentos de carácter técnico. Entre otros, aseveraron que la Procuraduría General de la República (PGR) es la única facultada para investigar.
Entre sus 20 recomendaciones, el GIEI urgió el gobierno mexicano a seguir la pista del quinto autobús y del tráfico de estupefacientes en la zona, así como a interrogar militares y otros testigos pendientes.
Asimismo, pidió a las autoridades unificar las causas penales o abandonar la “verdad histórica” según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Desde el pasado mes de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acordó con la CIDH y los padres la implementación del mecanismo, cuyos integrantes realizarán visitas periódicas a México para verificar que las autoridades cumplan con las recomendaciones del GIEI y de las medidas cautelares.
Sin embargo, Rosales deploró que hasta la fecha la cancillería “ha entorpecido” la creación del mecanismo, y denunció “la falta de interés para avanzar en las investigaciones”.
Durante más de dos horas, los padres estuvieron en la Cancillería, mientras un grupo de apoyo los esperaba afuera del recinto con mantas y bordados. Sus integrantes realizaron un pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos, que concluyeron gritando “¡Vivos los queremos!”.
El grupo se unió a los padres afuera del recinto federal, donde realizaron actos de protesta y montaron carpas.
Los padres se reunirán mañana con Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Segob. “Esperamos que con él podremos abordar lo que no se pudo resolver aquí”.
Por lo pronto, anunciaron que pernoctarían frente a las instalaciones de la Secretaría que se ubican en avenida Juárez en el Centro Histórico.