Luis Hernández Navarro
La Jornada
Las comunidades indígenas oaxaqueñas están
en alerta. Respaldan a Nochixtlán. Viven como propia la masacre del 19
de junio. Se saben agredidas por el Estado. Sus topiles están sobre
aviso. La matanza fue un agravio para todas, pero especialmente para el
pueblo mixteco.
Lejos de las grandes ciudades, triquis, zapotecos, mixes, mazatecos y
chatinos han marchado por caminos serranos para expresar su dolor y
solidaridad con sus hermanos de Nochixtlán. También, para exigir como
demanda propia la abrogación de la reforma educativa. Los cerros pelones
son testigos mudos de su rabia. No se trata de ser vistos por nadie
salvo por sí mismos.
La protesta india ha dibujado un nuevo mapa de la insumisión. Las
periferias oaxaqueñas cercan ahora al centro. El 23 de junio se
movilizaron de Tamazulapam a Ayutla Mixe, en San Francisco Cajonos, y de
Guelatao a Ixtlán. En otras fechas lo hicieron en Teojomulco,
Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan, Huautla y varias regiones más.
En todo el territorio oaxaqueño autoridades municipales, comunitarias
y agrarias celebran asambleas informativas. El ultimátum de la
Secretaría de Gobernación disparó esta fiebre asociativa. En multitud de
ellas condenan la agresión y apoyan a sus maestros. Disponen cerrar las
pocas escuelas que siguen abiertas y reconvenir a los profesores que no
se han sumado al movimiento. Estampan sus firmas y sus sellos en las
actas para dejar constancia de sus acuerdos.
Las muchas inconformidades de la sociedad oaxaqueña han encontrado en
el paro magisterial un punto de confluencia y encuentro. Oaxaca es un
hervidero de problemas sin solución. También de resistencias. El
gobierno de la alternancia de Gabino Cué resultó un fiasco. Las
comunidades no se dejan de los embates de proyectos mineros depredadores
y negocios energéticos en los que los beneficios no son para ellos.
La curva de deterioro de la calidad de vida se ha acentuado
dramáticamente en los últimos años. Mucho antes de los bloqueos
escaseaba el circulante. Unas 480 mujeres han sido asesinadas con lujo
de violencia. En tres años murieron 4 mil 500 enfermos que padecían
insuficiencia renal por carencia de equipos de diálisis.
La profunda imbricación entre maestros y comunidades no está mediada
por el archipiélago de organizaciones sociales asentadas en el
territorio oaxaqueño. Esas asociaciones, frentes, coaliciones, uniones y
grupos no son la correa de transmisión entre la sociedad y los
maestros. Desempeñan un papel importante en la construcción de un bloque
magisterial-popular, pero la bisagra central que la articula es otra:
la relación directa de los maestros con los padres de familia y con las
autoridades comunitarias.
Por eso, ceremoniosos, los más de 40 alcaldes y autoridades agrarias
mixtecas reunidos en Nochixtlán el pasado 2 de julio advirtieron:
este movimiento ya no es magisterial, es popular. Y es que, como sucede en Chiapas, es el torrente comunitario y popular el que, cada vez con más frecuencia, arrastra a los maestros. No en balde esas autoridades firmaron la demanda de destitución de Aurelio Nuño como secretario de Educación sobre un cartel con la imagen de una mano izquierda empuñando un lápiz y la leyenda:
Por la defensa de la educación.
Sí, esas comunidades defienden la educación pública. La
demanda no es una imposición de los profesores. A lo mejor es difícil
entenderlo desde una oficina inteligente de la metrópoli, pero
esa es una de las muy pocas vías de ascenso social que les quedan. Y la
saben amenazada por una reforma educativa que persigue y castiga a sus
profesores.
Las comunidades aprecian a sus maestros cuando les hablan en su
lengua, les enseñan a sus hijos a rendir honores a la bandera, les
ayudan con la redacción de engorrosos oficios, organizan las ligas de
basquetbol y siembran en sus niños la semilla de que hay un futuro mejor
para quienes se instruyen. Quieren a sus profesores cuando cooperan con
las fiestas del pueblo.
No todo el movimiento magisterial a escala nacional ha tomado la
forma que ha adoptado en Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán. En otras
entidades ha adquirido formas de ser distintas. Sin embargo, todas
coinciden en la exigencia de abrogar la reforma educativa. Los sectores
más consolidados rechazan la parte sustantiva de ésta: la evaluación
punitiva, con
consecuencias, como gustan decir los empresarios, que elimina la estabilidad en el empleo y sume a los maestros en la precariedad laboral y la desprofesionalización.
Otros rechazan aspectos particulares de la reforma, que no son su
núcleo duro, pero que los afectan, como el fin de la carrera
magisterial, la condena a muerte del normalismo, o la cancelación de
mecanismos mixtos (autoridad y sindicato) para asignar los cambios de
escuela.
La nueva norma enterró el programa de carrera magisterial, el más
importante mecanismo de promoción laboral para los maestros de educación
básica durante los últimos 20 años. Por esa vía podían incrementar su
salario muy por arriba de su ingreso base. Sin embargo, esto se acabó.
Con la nueva legislación, el monto que corresponde a carrera magisterial
se desagregó del salario base de los profesores, afectando muy
probablemente su jubilación, prima vacacional y aguinaldo. Peor aún, en
casos como el de los maestros estatales de Nuevo León, el reciente
aumento salarial de 3.5 por ciento se le otorgó solamente al salario
tabular.
Irónicamente, el descontento con la reforma educativa llega incluso a
los profesores que se evaluaron y obtuvieron buenos resultados. Muchos
se sienten timados por las autoridades educativas, porque les
condicionaron la entrega de nombramientos de las horas adicionales a la
que se hicieron merecedores en la evaluación, a la renuncia a sus plazas
anteriores y a derechos previos.
Pero, más allá de la genuina defensa de sus intereses laborales, los
maestros mexicanos se están movilizando también para protestar por la
masacre de Nochixtlán. Para ellos, la agresión policiaca contra esa
comunidad oaxaqueña es hoy el símbolo de una reforma que se quiere
imponer a sangre y fuego. Y que han decidido no dejar pasar.
Twitter: @lhan55
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