Simón Vargas Aguilar *
La Jornada
Exactamente 634 mil 143 mexicanos firmaron la primera iniciativa ciudadana que se ha presentado ante el Congreso mexicano; el objetivo principal era obligar a todos los servidores públicos a presentar tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Con 59 votos en contra, la iniciativa original fue rechazada; en su lugar, el Senado aprobó una Ley General de Responsabilidades Administrativa con una salvaguarda: no están obligados a hacer pública información que pueda afectar su vida privada.
Aunque se presentaron avances importantes en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la realidad es que la llamada ley 3 de 3 quedó trunca; nuevamente nuestros representantes privilegiaron sus intereses por encima del bien común. A todos ellos es necesario recordarles que todas las decisiones tienen una consecuencia, sobre todo aquellos que en el discurso defendieron la causa ciudadana, pero se ausentaron al momento de la votación. A eso se le llama desdeñar a la ciudadanía.
Pedro Kumamoto, el primer candidato independiente en ganar una diputación local en Jalisco, después de conocer los resultados anteriores comenzó un movimiento para llamar al voto de castigo a los senadores que no votaron en favor de la iniciativa ciudadana, afortunadamente no es el único.
En las pasadas elecciones del 5 de junio, en un hecho sin precedentes el PAN ganó siete de las 12 gubernaturas que se disputaron, pero no se trata simplemente de una victoria azul. Analicemos con más detalle los resultados: en ocho estados se dio lugar a una alternancia del partido en el poder, el PRI perdió seis estados –Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz–, mientras el PAN cedió sus gubernaturas en Sinaloa y Oaxaca, ambas producto de una coalición con el PRD.
De las entidades anteriores, al menos cinco de sus gobernadores en turno enfrentan acusaciones de corrupción –algunas más graves que otras–, pero en todos los casos sus adversarios utilizaron como eje cardinal de campaña “el combate a la corrupción… porque la gente está harta de abusos y excesos”; la anterior es una frase del priísta Quirino Ordaz Coppel, actualmente gobernador electo de Sinaloa, pero formó parte de los discursos de los aquí mencionados.
Igualmente los panistas como Javier Corral (Chihuanua), Carlos Joaquín (Quintana Roo), Miguel Ángel Yunes (Veracruz) y José Rosas Aispuro (Durango) prometieron combatir la corrupción con algunas de las siguientes acciones: la creación de fiscalías especializadas en el tema de corrupción, investigaciones exhaustivas y cárcel para los gobernadores salientes y sus colaboradores más cercanos, y acabar con la impunidad.
No nos está permitido fallar, advierte el victorioso Javier Corral en una entrevista recién publicada en la revista Newsweek; vaya que el panista tiene varias promesas que cumplir, la más significativa tiene que ver con el futuro de su antecesor, pues aseguró que de ganar la gubernatura,
César Duarte irá a la cárcel, no por un asunto de venganza, sino de exigencia de justicia por parte de los ciudadanos. Y es verdad, los 12 gobernadores electos deben tener claro que su mayor reto es: básicamente cumplir sus promesas.
Jaime Rodríguez, El Bronco, lo debe tener muy presente, el primer gobernador independiente de México. A largo de su campaña insistió en que si ganaba acabaría con la corrupción y castigaría a los responsables; se comprometió a investigar al gobernador saliente, el priísta Rodrigo Medina de la Cruz, señalado junto con su padre, Humberto Medina Ainslie, por presunto enriquecimiento ilícito. El viernes anterior a las elecciones, y cuando faltaban cuatro días para el aniversario de los comicios que le otorgaron el triunfo, la fiscalía anticorrupción de Nuevo León anunció que actuaría contra el ex mandatario por presunta corrupción en contratos otorgados en su administración.
La corrupción en México cuesta entre 2 y 10 por ciento del PIB, y representa alrededor de 5 por ciento de las ventas anuales de las empresas, de acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2015 del Imco. Evidentemente, este costo lo pagamos todos los mexicanos, pero para algunos el precio es más oneroso. Según cálculos del organismo, los ciudadanos pobres destinan hasta 25 por ciento de sus ingresos en sobornos para tener acceso a trámites básicos y gratuitos, como inscribir a los hijos a la escuela. http://bit.ly/1Np4DJy
Todo acto de corrupción tiene un precio, cuesta. Tarde o temprano los daños de este mal repercuten en todos los ciudadanos. Los más de 634 mil mexicanos que firmaron la iniciativa ley 3 de 3 han comprendido que la corrupción prevaleciente en México cada vez será más cara y difícil de soportar. Es importante reconocer que este número de firmas, que quizás para algunos senadores es
pequeño, representa el sentir y el deseo de un importante sector de la sociedad mexicana. Eso es traicionar la democracia.
Actualmente está en curso un movimiento internacional anticorrupción impulsado por la ONU, el Banco Mundial, el FMI, el BID, la OCDE y el gobierno de Estados Unidos. La recién llegada a nuestro país Roberta Jacobson, embajadora estadunidense, ha advertido que su gobierno debe apuntalar las discusiones sobre corrupción que ocurren en América Latina, pues de ellas depende la consolidación de las democracias.
En su visita a México, el papa Francisco dio un discurso en Palacio Nacional ante la elite política, social y empresarial, donde advirtió que la experiencia demuestra que cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, narcotráfico, exclusión, violencia, tráfico de personas, secuestro y muerte. El pontífice advirtió que a los dirigentes les corresponde de manera especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino.
Ha llegado el momento de México para demostrar un compromiso con la rendición de cuentas. Si esto no ocurre, seguramente en las elecciones de 2018 los mexicanos se harán escuchar por la vía del voto de castigo.
*Analista en temas de seguridad, educación y justicia
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