Para Peña Nieto, más preguntas que respuestas

Salvador González Briceño

*México, ¿un país de leyes?, entonces respetemos las leyes todos

*¿No vale más un proyecto de país que un candidato presidencial?

¿De qué “orden y tranquilidad social” habla el presidente Enrique Peña Nieto, para justificar “que el Estado tenga que recurrir al uso de la fuerza”, en referencia a los acontecimientos de Nochixtlán, en Oaxaca el domingo 19 de junio?

¿Qué no el gobierno debe respetar los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Acaso México es un país moderno y por ello suscribe todo tipo de acuerdos y tratados con otros países, respetándolos? Se supone que por el control de convencionalidad, los compromisos son deudas y se cumplen, porque así lo determinan las leyes internacionales además.

Es por eso que, por ejemplo, el país vecino del norte, los Estados Unidos de América (EUA o EE.UU.), exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el TLCAN con todas sus adversidades y México obedece. Los acuerdos pactados no se quedan en el papel. En este sentido el cumplimiento es de los sucesivos gobiernos, desde su entrada en vigor en 1994, pese a la oposición de muchos sectores que se ven afectados en términos de la economía real.

¿Por qué entonces cargarle siempre la mano al desprotegido, como si careciera de derechos? ¿Para qué es el Estado de derecho si no es para reconocer los derechos de la población? ¿Los tiene, o sólo obligaciones? ¿Qué no con la misma lógica de pagar impuestos se gana el derecho de recibir servicios por parte de los gobernantes a cambio?

¿Entiende este gobierno cuál es su responsabilidad en materia de derechos humanos —así como otros derechos— con la sociedad? ¿Acaso el pueblo no puede opinar, expresarse, manifestarse sobre aquellos asuntos que, convertidos en política pública le afectan, sólo porque se han convertido en leyes?

¿Qué no —hablando en positivo— las leyes son y tienen por origen el servir a las mayorías en términos de bienestar y no para su retroceso? ¿No se entiende —hablando en negativo— que en este país las leyes se elaboran sin el aval de la representación legislativa de las mayorías? ¿Acaso las imposiciones legales no existen? ¿Por qué entonces las críticas a los mayoriteos, a la aplanadora, al cochupo, para obtener mayorías calificadas y ganar en votos?

¿Qué el actual gobierno no entiende, o ha comprendido el sentido la existencia de las minorías opositoras? Ciertamente las minorías legislativas terminan siendo orgánicas para el funcionamiento de los partidos mayoritarios, pero muchas veces y con dignidad son la expresión de los sectores no atendidos dentro de la propia producción de las leyes.

¿De cuándo acá la sociedad, o una parte de ella, no puede expresar su inconformidad por una —o incluso la totalidad— de las leyes cuando no se tiene en cuenta el interés general, como el de la educación, la salud, las pensiones, los salarios, por citar algunos?

¿Desde cuándo un Estado que se declara constitucionalmente democrático abandona la negociación, el diálogo, la interlocución, la concertación, el respeto a la opinión del otro y recurre “al uso de la fuerza”; con qué legitimidad utiliza la imposición, la cerrazón, cuando un sector importante se resiste a las reformas en materia educativa si los fines no están claros tanto para los involucrados (profesores) como para los afectados (alumnos)?

¿Cuál es la parte que el gobierno no entiende, cuando el sector magisterial organizado en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sólo pide revisar el fondo de dicha reforma que son los propios fines de la educación de los niveles de primaria y secundaria?

¿Sólo porque se trata de los críticos dentro del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)? ¿Es que en el fondo no les asiste la razón y contra ellos se puede y debe aplicar el Estado de derecho, entendiendo por esto el uso de la fuerza pública?

Es verdad que México es un país “abierto al escrutinio de organismos internacionales que velan por los derechos humanos y que se han creado instituciones, así como andamiaje legal mucho más robusto para fortalecer la defensa de las garantías individuales”, señor Presidente según sus declaraciones desde Quebec, en Canadá al asistir con motivo de la Cumbre de líderes de América del Norte a efectuarse en ese país.

Pero a su gobierno ni siquiera los escrutadores le han dado la razón en materia de derechos humanos, todo lo contrario. Y con esa misma tónica se intenta imponer que ¡ni la reforma educativa ni ninguna otra ley están sujetas a negociación! ¡De verdad no se entiende el fondo del asunto! Puras preguntas, ¿y las respuestas cuándo?

¿Por qué se minimiza el tema educativo, y se desdeña a la CNTE, cuando ya devino en violencia? ¿Para tapar otros asuntos mal tratados como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Para cubrir al presidenciable titular del área, Aurelio Nuño Mayer, que parece ser el favorito de Carlos Salinas? ¿No vale más un proyecto de país que un candidato presidencial? ¿Por qué el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, le da tantas vueltas al tema?

28 junio 2016

- Salvador González Briceño – Reporte Global