7/08/2016

“El gobierno se tambaleó” con protestas de los maestros: ‘The Economist’


"Cuando las autoridades intentan reprimir, las cosas pueden salir mal, como lo ocurrido en el evento de Nochixtlán...".

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Foto: María José Martínez/Cuartoscuro

La edición semanal de la revista inglesa The Economist dedicó un artículo sobre las protestas relacionadas con la Reforma Educativa en México. Bajo el título “Una batalla para alimentar a la mentes jóvenes”, la publicación intenta responder a la pregunta: “¿Por qué los maestros son tan desobedientes?”. 
A continuación, el artículo impreso traducido al español:
Gente de uno de los estados más pobres en México respiró aliviada cuando, a principios de julio, más de 170 toneladas de alimentos fueron trasladados para abastecer las tiendas locales. Las carencias en Oaxaca no fueron causadas por un desastre natural o por el sitiado de una potencia extranjera, sino por el bloqueo de profesores indignados por las reformas educativas, y que una vez más han demostrado su eficacia en la parálisis del comercio. Entre los estallidos de torpeza letal, las autoridades han dejado, a la mayoría de los pedagogos, mantener y protestar libremente desde sus barricadas.
Todo esto provoca una frustración que va más allá de los consumidores de Oaxaca. En todo el país, muchos mexicanos ven a la enmienda educativa como la más importante de las 11 reformas estructurales puestas en marcha por el presidente, Enrique Peña Nieto. La necesidad de sacudir al sistema es ampliamente aceptada. En muchas escuelas, los sindicatos están a cargo de reclutamiento, las plazas docentes son más o menos hereditarias y es casi imposible despedir a los malos profesores. No es de extrañar que alrededor del 55 por ciento de los mexicanos del mexicanos carecen de las habilidades básicas en matemáticas, de acuerdo con los resultados de las pruebas del Programa Internacional de la Evaluación de los Alumnos realizada en 2012. La media de la OCDE, un club de países ricos en su mayoría, es del 23 por ciento.
Pero el sindicato militante mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), objeta en particular la aplicación de una prueba unitaria para todos los maestros. Su base de poder está en cuatro de los estados más pobres, incluyendo Oaxaca; por lo que, dicen, un examen en todo el país es injusto para los que enseñan en lugares demandantes. Su influencia está en juego. Bajo los términos de la reforma, muchos de sus activistas (no todos ellos son maestros) perderían su estatus profesional, por lo que se han manifestado contra el cambio desde 2013 y el sellado de las carreteras es ya una táctica bien practicada.
Esta vez todo resultó más feo de lo habitual. A principios de junio dos líderes de la CNTE fueron detenidos bajo los cargos de lavado de dinero y robo agravado, respectivamente. Los miembros del sindicato vociferaron y las protestas se intensificaron. El 19 de junio, la policía desafió una barricada a las afueras del pueblo de Nochixtlán, en el noroeste de Oaxaca; en el enfrentamiento resultaron ocho manifestantes muertos.
El gobierno se tambaleó. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los miembros del sindicato, pero Aurelio Nuño, el secretario de Educación, fue menos entusiasta en el diálogo. Mientras tanto, los bloqueos de carreteras permanecieron; al 1 de julio había 26 de ellos, con tres mil 500 personas involucradas.
Por razones históricas, los gobiernos mexicanos se esfuerzan para manejar este tipo de situaciones de un forma mesurada. En la memoria persisten los manifestantes estudiantiles masacrados en 1968 y 1971; el “trauma nacional” hace que el Estado vacile sobre el uso de la fuerza, dice el analista político, Francisco Berlín Valenzuela.
Y cuando las autoridades intentan reprimir, las cosas pueden salir mal, como lo ocurrido en el evento de Nochixtlán. Una investigación está en curso, pero este pueblo se ha unido a la lista de lugares donde las atrocidades son sido atribuidas a actores estatales, junto con Ayotzinapa; en Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron en 2014. Como Alejandro Hope, un analista de seguridad, lo describe : “El gobierno no tiene confianza en que la policía estatal y federal llevará a cabo una operación limpia.”
El 1 de julio, Osorio Chong dio una clase de ultimátum al decir que “en poco tiempo” se adoptarán decisiones para desbloquear carreteras estratégicas. Cuatro días después, el número de bloqueos había caído por debajo de los diez (según el gobierno) y el secretario se reunió de nuevo con líderes de la Coordinadora, a quienes ofreció diálogo con la Secretaría de Educación. 
Las personas que simpatizan con los maestros temen acciones más draconianas. José Gastón García, de la Universidad del Mar en Oaxaca, dice que el gobierno podría aprobar una ley en la que compare las acciones de los profesores con el terrorismo. Pero ambas partes parecen interesadas en evitar más violencia, y el desmantelamiento negociado de los bloqueos parece lo más probable. Será entonces cuando los argumentos reales sobre el futuro de la educación en México puedan comenzar.

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