Imanol Ordorika
La Jornada
El conflicto magisterial que se desarrolla
en México a raíz de la imposición de la reforma educativa alcanza ya
una dimensión nacional con expresiones de oposición en el norte, el
centro y el sur del país. Los niveles de confrontación se han vuelto
alarmantes por la cerrazón gubernamental ante la exigencia de diálogo y
las demandas de maestros y maestras, y a consecuencia del uso continuo y
la violencia desmedida de la fuerza pública, contra el movimiento. La
masacre de Nochixtlán, perpetrada por la PF, obligó finalmente al
Ejecutivo federal a acceder a un diálogo, largamente demandado por el
magisterio y amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, las reuniones
que se han desarrollado en los últimos días no presentan avances ni
puntos de acuerdo que hayan trascendido a la opinión pública.
Al considerar la posibilidad de una eventual y no deseable ruptura
del diálogo, parece oportuno proponer algunos elementos que puedan
facilitar la ruta hacia la toma de acuerdos efectivos. Desde luego, lo
que aquí se sugiere no intenta remplazar ni orientar las demandas y
expresiones del magisterio, sino, en todo caso, poner sobre la mesa
elementos que enriquezcan la discusión.
En el ámbito del Ejecutivo federal es necesario, ante todo, dar
continuidad al mecanismo de diálogo entre la autoridad y el magisterio.
En este contexto es imprescindible atender demandas básicas del
movimiento mediante:
– La liberación inmediata de dirigentes magisteriales detenidos,
– la reinstalación de maestros despedidos por no participar en la
evaluación y por faltas consecutivas, resultado de su participaciones en
acciones contra la reforma educativa,
– el cese a la represión y al uso de la fuerza pública contra el magisterio, y
– el respeto a la libertad de expresión y manifestación en toda la República.
Para contribuir a la solución del conflicto el Legislativo, en el
marco de sus competencias, tendría que iniciar un proceso de revisión a
profundidad de la normatividad aprobada en el contexto de la reforma
educativa. A corto plazo es posible realizar enmiendas a las leyes
General de Educación y la nueva del Servicio Profesional Docente, con la
finalidad de:
– Desvincular la evaluación de cualquier consecuencia que atente
contra la permanencia de maestros y maestras en tareas docentes y contra
la estabilidad laboral del magisterio en general.
– Establecer la centralidad de la evaluación formativa y con fines
diagnósticos, en lugar de evaluaciones coercitivas asociadas a
incentivos o penalizaciones individuales.
– Abrir el marco jurídico para permitir y promover evaluaciones
contextualizadas, diseñadas y puestas en práctica por autoridades
educativas de nivel estatal y regional, y
– Establecer el carácter voluntario y no punitivo de evaluaciones para la promoción y acceso a programas de estímulos.
La solución al conflicto magisterial es una premisa básica para
iniciar un proceso de cambio democrático del sistema de educación en
México. Esta es una tarea urgente que debe partir de una discusión
amplia y profunda sobre el sentido mismo de la educación en nuestro
país. En este debate, el colectivo magisterial debe ser actor principal.
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