OAXACA, Oax. (apro).- El ombudsman Arturo Peimbert Calvo, denunció
que las autoridades estatales y federales se niegan a colaborar con la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para
esclarecer los hechos de violencia del pasado 19 de junio en Nochixtlán,
San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera.
En la sesión pública de su Consejo Ciudadano, el defensor reconoció
que el nivel de colaboración con el gobierno de Gabino Cué y otras
instancias federales es “nulo”, pese a que en la investigación que
realiza la Defensoría pudieron ser violados al menos 10 tipos de
derechos humanos.
De
igual forma, cuestionó las posturas gubernamentales pues “no ayudan en
nada las declaraciones” del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, del gobernador Gabino Cué y del presidente municipal de
Nochixtlán, Daniel Cuevas Chávez, que pueden llevar a un escenario
devastador.
El ombudsman detalló que la Defensoría solicitó el pasado 21 de junio
un informe y la adopción de una medida cautelar al comisionado nacional
de Seguridad, al fiscal general del estado y al secretario de Seguridad
Pública, a efecto de que informaran el número de operativos
implementados o en que han participado elementos de la Policía Federal,
de la Gendarmería, de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la
Policía Estatal, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y
Comercial, con motivo de las manifestaciones de trabajadores para la
educación y de habitantes de algunos puntos del Estado. A la fecha, no
se ha recibido la información en los términos solicitados, puntualizó.
Agregó que a esas autoridades también les solicitó, sin recibir
respuesta, informar de los lugares en que se han implementado tales
operativos, el estado de fuerza o número de elementos de cada
corporación policiaca en cada uno de los operativos, el equipo con el
que han acudido a los mismos, la orden de operaciones bajo la cual
participaron en los operativos, si durante el desahogo de tales
operativos han efectuado detenciones, y en su caso, proporcionen el
nombre de las personas y a disposición de qué autoridad fueron puestas, y
remitan los certificados médicos expedidos a favor de los detenidos, y
remitir los partes informativos levantados con motivo de tales hechos.
La investigación que lleva a cabo la Defensoría, dijo el ombudsman,
busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos en la
planeación, organización y ejecución del operativo del 19 de junio de
2016 en Asunción Nochixtlán y en Hacienda Blanca, San Pablo Etla,
respetó el derecho a la vida, de manera específica el derecho de las
personas a no ser privadas de la vida arbitraria, ilegal y sumariamente.
Asimismo, añadió, esta investigación busca determinar si la actuación
de los cuerpos policiacos (en la planeación, organización y ejecución
de dicho operativo en las poblaciones citadas) respetó el derecho a la
integridad personal, relacionado con el respeto a la integridad física,
psíquica y moral de los manifestantes, y si respetó el derecho de las
personas a no ser sometidas a ningún tipo de tortura, así como el
derecho a no ser sometidas a penas crueles, inhumanas o degradantes.
De igual manera, dijo, el procedimiento de investigación busca
determinar si los cuerpos policiacos cumplieron los estándares
internacionales en materia de uso legítimo de la fuerza pública, que son
propios o característicos de un Estado democrático de derecho.
El titular de la institución defensora manifestó que su acción
también busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos en la
planeación, organización y ejecución del operativo policial del 19 de
junio de 2016, respetó el derecho a la libertad, de manera particular,
si estas corporaciones cumplieron con los elementos y los estándares en
la materia para no caer en una privación ilegal de la libertad.
Además –declaró–, las pesquisas buscan determinar si la actuación de
los cuerpos policiacos respetó el derecho a la seguridad jurídica en la
planeación, organización y ejecución del citado operativo policial del
19 de junio. En otras palabras, si las detenciones efectuadas por los
cuerpos de seguridad cumplieron con los estándares existentes en la
materia.
Investigan privación de atención médica
Por otra parte, la Defensoría, mediante sus indagaciones, busca
determinar si las autoridades encargadas de prestar los servicios de
salud en la zona garantizaron la atención médica integral de los heridos
durante dicho operativo el día de los hechos, dijo su titular. Reveló
que el día del operativo personal que dijo pertenecer a Inteligencia de
la Policía Federal solicitó al Hospital General Zona 1 que “por razón de
seguridad” no se les otorgara atención a maestros o población civil.
Añadió que el proceso que lleva a cabo el organismo autónomo,
igualmente busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos
respetó el derecho a la manifestación pública en la planeación,
organización y ejecución del operativo policial del 19 de junio.
Con respecto al caso de la colonia 20 de Noviembre, en la que 31
niños sufrieron intoxicación por gases lacrimógenos y fueron desplazados
provisionalmente de sus hogares, Peimbert Calvo manifestó que la
Defensoría busca determinar si la actuación de los cuerpos policiacos
–en la planeación, organización y ejecución del multicitado operativo
policial del 19 de junio– respetó el derecho al desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes de la colonia ubicada en Asunción Nochixtlán
y, en general, si se tomaron en cuenta protocolos de actuación que
afectaran lo menos posible a este grupo poblacional.
Destacó que la Defensoría también ha dado importancia a la función
mediadora y de interlocución con distintos sectores de la sociedad, por
lo cual el 19 de junio medió en la liberación de 23 personas detenidas
por los distintos cuerpos policiacos, y de dos policías federales
retenidos en Asunción Nochixtlán; así como tres elementos del Ejército
Mexicano retenidos por manifestantes en San Pablo Huitzo y dos policías
retenidos durante el bloqueo al acceso al aeropuerto “Benito Juárez” el
27 de junio último.
Finalmente, el defensor del Pueblo de Oaxaca denunció que un grupo de
personas no identificadas en Asunción Nochixtlán intimidan con
actitudes violentas en domicilios y otros lugares a personas que
resultaron heridas el día del operativo o que desean dar testimonio de
lo que presenciaron durante el enfrentamiento del 19 de junio.
Peimbert Calvo relató que, ante la desconfianza y temor de las
personas que resultaron heridas hacia las instituciones de salud
federales y estatales, la Defensoría solicitó la presencia de la
organización internacional Médicos sin Fronteras, que envió una misión
en la que brindó atención médica y psicológica en Nochixtlán del 30 de
junio al 2 de julio recientes.
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