Arturo Alcalde Justiniani
Yahir
Velasco, destacado abogado laboralista, nos hizo llegar una reciente
publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la
cual reproduce una controversia en el seno de la Comisión Nacional de
Ética Judicial sobre la condición de los trabajadores de limpieza que
laboran en las distintas dependencias del Poder Judicial Federal.
Todo se inicia con una consulta firmada por el consejero de la
Judicatura Federal César Jáuregui Robles, mediante la cual solicita un
análisis para dilucidar si el servicio subcontratado ( outsourcing)
de trabajadores de limpieza es o no coincidente con los principios
éticos que deben prevalecer en dicho poder público. Por la riqueza del
texto, sus referentes jurídicos –tanto de legislación nacional como de
convenios internacionales aplicables al caso– y, sobre todo, por los
argumentos técnicos y humanos formulados por los comisionados
nacionales Antonio Cuéllar Salas y José Luis Zamora Salicrup, este
texto identificado como recomendación 02/2011 debería darse a conocer
en la academia laboral, los tribunales de trabajo y en el seno de las
organizaciones laborales que se toman en serio la defensa de los
derechos de los trabajadores.
La propuesta de dictamen analiza las condiciones de semiesclavitud
que se imponen a los trabajadores de limpieza y las incongruencias de
quienes lo justifican. El caso es relevante porque demuestra que, como
muchos otros asalariados sujetos a la figura del outsourcing
que habitan este submundo laboral, son sujetos a condiciones
indignantes a partir de la premisa de considerar su trabajo como una
mercancía barata, objeto de un contrato mercantil. Violaciones a la ley
que han sido asumidas por las autoridades con plena complicidad; prueba
de ello son los recientes criterios sustentados por el pleno de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, buscando darle vuelta a la
legislación vigente, particularmente a lo dispuesto en el artículo 15-A
de la Ley Federal del Trabajo.
Una veintena de argumentos planteados por los comisionados Cuéllar y
Zamora en favor de su propuesta de dictamen exhiben el verdadero rostro
de la subcontratación como una vía moderna para lesionar la dignidad
humana de los trabajadores. No se andan con vueltas ni con eufemismos,
como suele suceder cuando se habla de este tema: señalan las verdaderas
causas y efectos de esta nefasta práctica. El primer argumento
importante es que se trata de abaratar a toda costa el valor del
trabajo: “el outsourcing tiende a reducir costos en la
gestión de los factores de producción del contratante, quien acude a
esta figura buscando pagar menos en el capítulo de servicios
personales”. Destacan el efecto negativo con respecto de los
trabajadores reconocidos como propios por la empresa contratante o
beneficiaria, “lo cual genera situaciones diferenciadas
injustificadamente –por ello injustas– en circunstancias laborales
equivalentes, impactando la convivencia y la calidad de vida de ambos”.
Los comisionados señalan con plena objetividad otros efectos:
destrucción de la estabilidad en el trabajo de los contratados por outsourcing,
pérdida de empleo interno y afectación al clima organizacional y a la
integridad humana de los subcontratados. Con plena lucidez, advierten
también sobre los efectos negativos para la propia empresa contratante,
entre ellos incentivos a la inseguridad y costos mayores a los
esperados, ya que la mayor parte del pago del servicio beneficia tan
sólo a la empresa intermediaria entre el patrón que se beneficia con el
trabajo y el trabajador que presta el servicio. Los datos son
escalofriantes: en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, del total del pago por este servicio, dos tercios se
quedan con la empresa intermediaria y un tercio tan sólo se paga en
salarios directos; ello explica en parte por qué son tan miserables.
Esta
subcontratación, subrayan Cuéllar y Zamora, provoca también conflicto
de intereses, reducción de la responsabilidad y del aprendizaje
organizacional. Finalmente, agregan, afecta la posibilidad de
asociación gremial. Sus conclusiones podrían ser enriquecidas con otros
efectos negativos que impactan políticas públicas, como el disponer de
menos recursos para el sistema de seguridad social, lesiones al fisco y
en fin, desintegración y falta de cohesión social, lo cual no puede
desvincularse del clima de inseguridad pública generalizada en el país.
La propuesta de dictamen de los consejeros de la Judicatura Federal
constituye un llamado a la conciencia colectiva. La subcontratación , afirman,
favorece y explota la inseguridad, lo que genera injusticia (...) afecta la virtud del patriotismo al propiciar una práctica nociva al bienestar social del Estado mexicano (...) en menoscabo a la lealtad, el respeto y el decoro dentro de la institución, al ser propiciador y testigo de violaciones a derechos humanos.
El tema del outsourcing debería ubicarse en el centro del
debate ético y social del mundo del trabajo, ya que de su práctica y
desenlace jurídico dependerá en buena medida la calidad de vida de una
parte importante de la población. Influye de manera determinante en
este proceso la política a seguir tanto por el gobierno federal como
por los gobiernos locales, incluyendo el del Distrito Federal, ya que
como garantes del orden jurídico generan un efecto imitación sobre la
ruta a seguir en el ámbito privado. Por ello, son importantes las
iniciativas dirigidas a revertir esta tendencia depredadora. Un ejemplo
de éstas es la Fundación en Pro de la Educación Sindical AC, que ha
celebrado convenios con distintas dependencias, entre ellas la
delegación Tlalpan del Distrito Federal, para dar seguimiento y
vigilancia al servicio de limpieza subcontratada; su esfuerzo se ha
enfrentado a intereses en otras dependencias que evitan la
transparencia en el tema y que muchas veces ocultan intereses
particulares derivados de los contratos que celebran funcionarios de
los distintos niveles.
El Gobierno del Distrito Federal tiene frente a sí la oportunidad de
integrar dentro de su política social la necesidad de considerar un
protocolo en la contratación de estos servicios, que debe reflejar en
sus licitaciones y exigir un salario digno, marcando una distancia
clara respecto de la visión deshumanizante que crece en otros sectores.
En la Cámara de Diputados, el tema ha sido también planteado; un
grupo de diputados y diputadas ha propuesto la revisión de las
condiciones de trabajo de estos hombres y mujeres que como fantasmas se
desplazan por los corredores de la institución, cargando en sus hombros
constantes abusos y el agobio de su propia servidumbre.
Al culminar esta Semana Santa, es oportuno reflexionar sobre el
retroceso constante que se sufre en materia de derechos humanos
laborales en el país, el cual cuestiona el paradigma ético que
cualquier sociedad que se precie de civilizada debería respetar en su
práctica cotidiana.
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