José Antonio Rojas Nieto
La
compleja experiencia de creación de un mercado eléctrico de generación
y otro de suministro en México exige reflexionar con detenimiento lo
que estos dos procesos podrán ser en un futuro próximo. Exageradamente
próximo, a decir de algunos críticos. En el debate económico
tradicional se discuten la viabilidad y la eficiencia del mercado. En
los años cincuenta Kenneth Arrow y Gerard Debreu intentaron demostrar
que un sistema de mercado puede ser comprendido en términos de tres de
las premisas metodológicas neoclásicas:
1) racionalidad individual;
2)
equilibrio del mercado, y
3) expectativas racionales.
Y que utilizando
dos técnicas matemáticas (convexidad y teoría de punto fijo) se podía
demostrar que es posible lograr el equilibrio entre productores y
consumidores. En este marco se habla de mercados perfectos cuando hay
bienes homogéneos, gran número de vendedores y compradores, libertad de
entrada y de salida, información perfecta sobre el bien y la situación
de vendedores y compradores.
Se exige, además, que no se registren influencias extrañas en la
determinación del precio ni prácticas depredadoras o monopólicas ni
colusión o acuerdos que perjudican a compradores o vendedores. Y que
compradores y vendedores logren maximizar su utilidad. Y, finalmente,
garantía en la facilidad de movimiento y transferencia de los bienes
que se comercializan. No más. Pero tampoco menos. Es la idea detrás del
mercado eléctrico de México. Para eso se analizan y discuten las bases
del mercado. Del mercado mayorista de la electricidad generada. Pero
también de productos asociados, vinculados a la operación y desarrollo
de la industria eléctrica, y necesarios para la eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema. A
decir de la Ley de la Industria Eléctrica (Ley), potencia certificados
de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios de
transmisión y distribución y control operativo del sistema eléctrico
nacional y los llamados servicios conexos. Estos últimos vinculados a
la operación del sistema y necesarios para garantizar su calidad,
confiabilidad, continuidad y seguridad, por ejemplo, reservas operativa
y rodante, regulación de frecuencia, regulación de voltaje y arranque
de emergencia, entre otros. Pero también deberá haber competencia
perfecta en suministro.
Todos los demás componentes del proceso –transmisión, distribución y
control– seguirán bajo un régimen regulado, sin competencia. Y con un
supervisión estricta –Ley dixit– de su operación, pues sólo
se reconocerán los llamados costos eficientes y una rentabilidad
razonable. Y esto a través de las tarifas reguladas de transmisión,
distribución, servicios conexos no incluidos en el mercado mayorista,
suministro de servicios básicos, suministro de último recurso (en este
caso tarifa máxima). Asimismo la tarifa regulada de operación del
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo encargado del
control operativo del sistema eléctrico nacional, la operación del
mercado eléctrico mayorista y el acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales
de distribución (el artículo 108 de la ley le otorgan 33 facultades).
Así,
si uno quisiera saber cuál es el precio final del suministro eléctrico,
será necesario agregar a los cargos de energía (resultado de la
competencia), los cargos regulados de transmisión, distribución y
servicios conexos no incluidos en el mercado mayorista y los cargos de
operación del Cenace.
Para el precio final hay que agregar el cargo por suministro, sólo
competitivo en el caso de los usuarios calificados. ¿Por qué no en
todos los casos? Porque todo usuario que no sea calificado recibirá el
suministro básico. Y este suministro tiene –como la transmisión, la
distribución, los servicios conexos no incluidos en el mercado y la
operación del Cenace– tarifa regulada, calculada por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE). La CRE es responsable de reconocer
solamente los costos llamados eficientes y la rentabilidad identificada
como razonable. Aquí se incluyen, por cierto, los usuarios básicos que
recibirán la tarifa fijada por el Ejecutivo federal, quien (¡faltaba
más!) podrá determinar –según indica el artículo 139 de la Ley– un
mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las otras tarifas
finales. Y esto para determinados grupos de usuarios del suministro
básico.
Datos oficiales de hoy (www.sie.sener.gob. mx)
señalan que en 2014 hubo 38.4 millones de usuarios. Del sector
residencial 34.0 millones. Cerca de 300 mil industriales (incluyen los
pocos del sector transporte). Y el resto (4.1 millones) de los sectores
comercial, bombeo de aguas para riego agrícola, de servicios de
alumbrado, de bombeo de aguas potables y negras y de servicio temporal.
En ese mismo 2014 se compraron 208 millones de megavatios hora
(TWh). Los cerca de 300 mil industriales 121 TWh, que sumados a un
autoabastecimiento de 37 TWh, consumieron 158 TWh. Representan 64 por
ciento del consumo final registrado, suma de ventas y autoabasto. Es
difícil pensar que todo usuario industrial se convierta en calificado.
Menos aún al inicio del mercado. Una estimación
librepermitiría pensar en que sólo algunos de los mil usuarios de alta tensión y de los
más grandesde los 300 mil de media tensión, se convertirán inicialmente en calificados. ¿Por qué? No cumplirían requisitos. O porque aun cumpliéndolos, buscarían coberturas. El resto de usuarios y energía formaría el suministro básico. Al menos inicialmente, mayoritario. Con suministradores básicos que podrán contratar coberturas desde el inicio, según señalan los transitorios de la Ley. Y sólo una parte pequeña de la energía vendría de compras en el mercado spot. Los términos de las bases del mercado van a influir en ello. Pero si sólo una parte menor viene de esas compras de mercado spot, el mercado sería de pocos participantes y baja capacidad de hacer transacciones que influyeran en los precios. Y con ello, que no se cumplirán los requisitos del mito de la competencia perfecta. Y esa parte mínima sería incapaz de determinar con solvencia los precios de la energía. Y nacería un mercado eléctrico débil. Y todo lo que de él se deriva. Incluida la instalación de capacidad necesaria. Las experiencias internacionales lo muestran. Sin duda.
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