Enrique Calderón Alzati
Ha pasado ya una
semana de que pudimos escuchar a Andrés Manuel López Obrador, luego de
tomar posesión de su cargo como Presidente de México, siendo esto un
motivo de profunda emoción para la inmensa mayoría de la población que
pudo observar la ceremonia desde sus hogares o en las pantallas que se
colocaron en las plazas públicas de los pueblos y ciudades de todo el
país. Tal fue mi caso y el de mi familia, quienes decidimos acudir a la
Plaza de Coatepec, población cercana a Xalapa, a la que nos encaminamos
para conocer y formar parte de una población visiblemente diversa en
cuanto a edades, tipos de ocupación y vestimenta, coincidentes todos en
una clara simpatía por nuestro nuevo Presidente. Sentimiento que pronto
se hizo patente por los aplausos y las exclamaciones a las afirmaciones y
propuestas enumeradas de López Obrador como parte de lo que el mismo ha
llamado:
La Cuarta Transformación.
En este escenario de emoción colectiva, luego de las décadas de
gobiernos neoliberales, que tanto daño le hicieron a la inmensa mayoría
de la población y a la nación en su conjunto, la mención de Andrés
Manuel de que su lucha contra la corrupción no incluiría a los
integrantes del gobierno que recién terminó, ni a los de las
administraciones anteriores, encabezadas por Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, constituyó un balde de
agua fría para quien piensa que de algún modo estos personajes fueron
responsables de la situación de miseria y violencia en la que vive
actualmente la mayor parte de la población. Ante tal anunció los
asistentes bajaron sus cabezas y reinó por un tiempo el más absoluto
silencio.
La posición de López Obrador es explicable; más que las miles de
celdas que serían necesarias para encerrar a personajes de esos
gobiernos, el problema más serio lo representa por ahora, el riesgo de
desestabilización que ellos pudiesen lograr mediante sus relaciones en
el entorno actual; sin embargo también el desencanto de un pueblo que ha
sido víctima de la violencia, empobrecido y engañado por esos
gobernantes, demanda justicia y castigo para quienes han gobernado sin
tomar en cuenta sus carencias; por ello dedico este artículo a
contribuir a un debate, que permita a la sociedad mexicana y a su
Presidente, plantearse lo que puede y debe hacerse con estos
funcionarios que han venido actuando por encima de las leyes y con total
desprecio por la nación, sin que ello desate nuevas tormentas y
tragedias en el país.
En lo personal, considero que los ex presidentes de la República
mencionados, igual que algunos de sus colaboradores, deben ser juzgados
por los presuntos delitos cometidos, estableciendo con certeza que
quienes de ellos cometieron este tipo de acciones delictivas y
antisociales, sean debidamente procesados por los tribunales de
justicia, con el propósito de imponerles castigos acordes con los
delitos confirmados, siendo entonces cuando López Obrador, como
Presidente de la República podría ejercer su facultad para indultarlos,
(a condición de que estos devuelvan los recursos robados u obtenidos
mediante alguna de las variantes de las operaciones conocidas como moches,
realizadas por ellos o por algún subalterno), pues ello tendría
seguramente un impacto importante en la conducta ética de quienes
ejercen algún cargo público o lo hagan en el futuro. No se trataría pues
de actos de venganza en contra de quienes aprovechan sus cargos para
enriquecerse, sino de evitar que los malos ejemplos se sigan repitiendo.
Es posible que esto no sea un castigo suficiente, desde el punto de
vista de quienes han sido afectados con la pérdida de un familiar y de
manera especial cuando se trata de personas que siendo ajenas a la
delincuencia fueron asesinadas o desaparecidas por las autoridades, como
fue el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
en 2014.
¿Qué se deberá hacer con quienes, desde puestos superiores ocultaron
información importante para dificultar la identificación y detención de
los verdaderos responsables de estos crímenes? Todas estas preguntas nos
llevan a pensar que la solución que finalmente se dé al problema habrá
de incidir de manera central en la imagen del nuevo gobierno, por lo que
quizá la mejor opción para el Presidente sea esperar un tiempo,
mientras se instrumentan los programas sociales ya consultados y se
fortalece la capacidad de mando de su gobierno.
Algo que no se hizo en las dos primeras consultas fue solicitar a los
participantes su compromiso de apoyo y de respeto a los resultados de
la consulta, aun habiendo sostenido tesis contrarias a la opinión de la
mayoría, como un principio fundamental de la democracia, que asegura que
una vez tomada e instrumentada una decisión, ésta sea aceptada por la
sociedad entera, haciendo innecesarias nuevas discusiones sobre el tema:
punto final.
Por la complejidad de los temas vinculados con la corrupción y la
amnistía, convendrá que previa a la consulta que se haga sobre estos
temas, se lleven a efecto conferencias y mesas de discusión con la
participación de académicos, sobre lo que significa una amnistía y sus
alcances, así como las consecuencias tanto positivas como negativas de
cada una de sus posibles respuestas, buscando asegurar la participación
significativa de l@s ciudadan@s.
Twitter: @ecalderon_a
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