La
inmensa mayoría de los que discuten sobre cuál debe ser la actitud de
los ciudadanos ante las elecciones del 7 de junio dan la impresión de
estar ponderando las opciones en un Estado de Derecho y en una
situación normal.
México, sin embargo, no es Suiza o Suecia:
es un país donde el gobierno está en guerra contra su propio pueblo y
ocupa permanentemente con los militares casi todo el territorio
nacional. Es un semiEstado en descomposición moral y política donde la
camarilla que gobierna es ilegal e ilegítima, llegó a sus cargos
mediante el fraude y debe enfrentar diversos poderes armados que van
desde el EZLN, las policías comunitarias y las autodefensas, por un
lado, hasta los diversos cárteles delincuenciales, por el otro.
México
es un país donde los capitalistas que gobiernan están llevando a cabo
una feroz ofensiva contra el nivel de vida - que siempre fue miserable
pero que empeora rápidamente- de la inmensa mayoría de la población, en
alianza con la parte muy cuantiosa del capital invertida en el
narcotráfico, la trata de personas y de órganos y el contrabando de
armas.Todo esto constituye desde el punto de vista electoral un inmenso
fraude generalizado y sexenal, con una endeble máscara de legalidad
constitucional, y anula la posibilidad de libre expresión y de libre
elección por parte de los ciudadanos comunes.
Las llamadas
“elecciones” son simplemente una maniobra para tratar de dar una
apariencia de legalidad a la pequeña camarilla que decide todo, está
desmantelando las conquistas democráticas obtenidas por la Revolución
mexicana, entregando los recursos del país (el petróleo, el agua misma)
a las transnacionales y destruyendo las bases de un Estado
independiente porque ya no hay mucha diferencia entre la situación
político-económica de una colonia como Puerto Rico y la de México.
En
México no es creíble simular hacer elecciones “normales” cuando hay
decenas de miles de muertos, otras tantas de desaparecidos y una parte
importante del aparato estatal–que incluye altos jefes militares y
policiales y autoridades municipales y estatales- es socia de los
delincuentes o está comprada por éstos.
Por eso estas elecciones
no son más que una redistribución formal de los puestos entre los
servidores del poder de una camarilla oligárquica, una farsa comicial
fraudulenta y nula. De esta maniobra para la opinión pública
internacional saldrá un PRI-PAN “triunfante” y muy mayoritario y habrán
migajas para los paleros con camiseta doble. Es ridículo creer que esa
maniobra se puede torcer presentando una opción que acepte el régimen y
sus reglas amañadas.
Allí donde sea posible, gracias a las
movilizaciones y al nivel de conciencia en la región, la farsa debe ser
impedida, reduciendo al mínimo la cantidad de participantes en la misma
y demostrando así, a los ojos de México y del mundo, que los
“ganadores”, si los votos válidos no superan el treinta por ciento
entre todos los grupos participantes, no representan en realidad sino
un 10 o 15 por ciento de los votantes (y eso incluso con el
clientelismo y la compra de votos).
Aunque los gobiernos
extranjeros felicitarán en ese caso a la camarilla ilegítima de Los
Pinos, en sus embajadas el personal podrá ser siniestro pero no es
pendejo, sabe contar e informará sobre cómo leer las elecciones. Como
plantean los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y los
maestros democráticos, entre otros, en Guerrero, Michoacán o Oaxaca es
posible y necesario hacer propaganda mediante manifestaciones y
bloqueos a favor del boicot a estas elecciones fraudulentas que se
realizan con las víctimas de esta dictadura disfrazada apenas
enterradas o todavía desaparecidas y con los asesinos libres.
En
otros estados de la República, en cambio, quizás no exista una relación
de fuerzas tal que permita el boicot. En tal caso, la regla debería ser
escoger una táctica que permita al mayor número posible de trabajadores
y demócratas avanzar en su organización y en su conciencia sea
eligiendo entre los candidatos alguno con una trayectoria digna, sea
organizando la anulación masiva de los sufragios o mediante la
abstención, para que salga a luz la soledad de los supuestos
“triunfantes”.
Es cierto que, en principio, la abstención o la
anulación del voto, favorecen a los servidores de la oligarquía. Éstos
mantendrán sus puestos en las gobernaciones, los municipios y las
Cámaras. Pero lo verdaderamente importante no es la agitación de estas
marionetas en los tinglados de las instituciones totalmente
desprestigiadas del semi-Estado. Es la organización en la lucha contra
el fraude de las víctimas del sistema y de esta maniobra electoral de
la oligarquía gobernante. Es la reducción al máximo de los votos
válidos que demostrará la orfandad absoluta de los ocupantes del
aparato del Estado que quieren con estos comicios aparecer ante el
mundo como si fuesen democráticos y respetuosos de una Constitución que
pisotean todos los días.
Lo que decide no son las urnas sino
reforzar el triunfo de los jornaleros de San Quintín obligando a los
patrones y al gobierno a pagarles los 200 pesos por día de trabajo de
ocho horas o apoyar la lucha de la tribu yaqui y del conjunto de
organizaciones que la respaldan hasta asegurar el fin de la represión y
garantizar que el agua, bien común y derecho humano por excelencia, no
será entregada a los capitalistas para que lucren con ella a costa de
las necesidades de indígenas y campesinos.
Las elecciones no son
el objetivo sino para los oportunistas. Son en cambio un terreno de
lucha para aumentar la organización y la seguridad en sí mismos de los
que ya han elegido en su fuero interno imponer la justicia y la
democracia echando a los espurios y corruptos que ocupan los puestos de
este semiEstado y sirven a Estados Unidos.
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