Ocupación y servidumbre nacional

John M. Ackerman

Son aún más graves las implicaciones políticas de la contrarreforma energética que las económicas. Emparentada con las reformas en materia electoral y de telecomunicaciones, nos encontramos frente a un viraje histórico que desanima al más utópico creyente en la posible transformación democrática del país. Las invasiones de la franja de Gaza y de Ucrania oriental por los aliados de Washington constituyen la contracara de la próxima ocupación temporal de todo México por Exxon-Mobil, Halliburton y Royal Dutch Shell. Y la servidumbre legal a la cual serán sometidas las tierras de los campesinos y los indígenas regresará el país a la esclavitud colonial.

Quienes celebran la supuesta introducción del libre mercado en la industria energética ignoran por completo los principios más elementales de la economía moderna. En el mundo entero la extracción de los recursos naturales y la provisión de la electricidad se consideran monopolios naturales. Constituyen áreas de la economía que requieren de inversiones de capital fijo tan importantes y economías de escala tan grandes que la libre competencia es simplemente imposible o, en su caso, genera resultados ineficientes, con menos producción y precios más altos.

Solamente las empresas más poderosas pueden competir en materia energética y únicamente cuando el Estado les otorga control exclusivo sobre un yacimiento o una fuente específica de energía. Así que es una vil mentira que con la contrarreforma energética veremos el fin de los monopolios o una reducción de precios. Únicamente habrá un descarado reparto del actual monopolio estatal entre varios diferentes monopolios privados controlados por amigos y socios del PRIANRD. Las rentas monopólicas que hoy corresponden a la nación mañana llenarán los bolsillos de la oligarquía nacional y los especuladores internacionales.

Las petroleras trasnacionales protegerán a toda costa sus nuevas inversiones monopólicas. La represión a la protesta social y la cancelación de la libertad social que han caracterizados el primer año y medio del actual sexenio son apenas el inicio de un proceso secular de consolidación autoritaria. Tanto el gobierno mexicano como los gobiernos de los países sedes de las petroleras cada día intervendrán con mayor ahínco para detener la inevitable efervescencia social que acompañará el despojo del pueblo y sus tierras.

Mientras, la contrarreforma electoral garantizará la administración centralizada de la impunidad electoral desde Los Pinos. Retornaremos a la época de las concertacesiones, en que la oposición política deberá sus victorias no a la conquista de la voluntad popular en las urnas, sino a su buen comportamiento hacia el Ejecutivo federal. Y con la infame relección de diputados, senadores y presidentes municipales se reducirá aún más la incertidumbre que tendría que caracterizar los procesos electorales en los sistemas democráticos. Antes, el obligado flujo y reflujo de la clase política permitía la posibilidad de que algún dirigente social auténtico pudiera acceder al poder. Ahora, el sistema se calcificará como nunca antes bajo el mando de los mismos de siempre.

Y a los delincuentes de cuello blanco que roben a manos llenas la riqueza de la nación se les aplicará la misma receta de impunidad pactada que a Mamá Rosa y a Pedro Joaquín Coldwell. Quien cuente con patrocinadores influyentes podrá caminar libremente por las calles e incluso comprar su propio cargo de elección popular, mientras los luchadores sociales serán acosados, encarcelados y asesinados, como José Manuel Mireles, los policías comunitarios de Guerrero, y los valientes periodistas, activistas de derechos humanos y defensores de tierras comunales en todo el país.

Enrique Peña Nieto celebró ayer su cumpleaños en privado, lejos de las cámaras televisivas que tan insistentemente buscan convertir sus pronunciamientos vacíos en discursos comprensibles y su semblante demacrado en la imagen de un jefe de Estado. Los poderes fácticos no quieren que lo que quede de la mermada legitimidad del actual Presidente de la República se hunda por completo al vincularse personalmente con las leyes secundarias actualmente siendo discutidas y votadas en el Congreso de la Unión. De acuerdo con la Constitución, el actual ocupante de Los Pinos debe mantenerse en su cargo hasta al 1º de diciembre de 2014 para evitar la celebración de elecciones extraordinarias. Una vez que Peña Nieto cumpla tres años en el cargo los poderes fácticos podrán tomar control aún más directamente sobre Los Pinos.

Quienes apuestan a revertir esta situación en las urnas demuestran un idealismo utópico digno de reconocimiento. Hagamos votos para que todavía haya un camino por la vía institucional o, en su caso, que se abran nuevos caminos pacíficos antes de que sea demasiado tarde.

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