Las
manifestaciones, marchas y protestas tienen acorralado y a la defensiva
a Peña Nieto, ponen al desnudo su ilegitimidad y acentúan su descrédito
internacional.
The Guardian, del Reino Unido, y el New York Times lo critican, al igual que The Economist
y hasta la conservadorísima “gran prensa” latinoamericana así como
televisiones oficiales, como el canal 7 argentino denuncian los
crímenes y la corrupción en México. En las clases dominantes mexicanas
y en el gobierno de Washington –sus amos y mandantes- hay también
tendencias evidentes a tomar distancia de un servidor que les está
resultando peligroso.
La protesta social en México parte ya
de exigencia de “¡Fuera Peña Nieto!” que es más que el reclamo de su
renuncia voluntaria y poco menos del “¡echémoslo a como dé lugar!”.
Cuando los hogares populares pasan estrecheces y soportan terribles
carencias, la soberbia, la inconsciencia social y la impunidad con que
se exhiben la corrupción –como en el caso de la Casa Blanca- añaden
nueva leña al fuego. La venta de la mansión del escándalo confirma por
otra parte las acusaciones ya que, si la operación hubiera sido
cristalina y legal, ¿por qué anularla?
Existe por
consiguiente el peligro de que Peña Nieto, que está contra la pared,
recuerde su feroz actuación en Atenco y responda a los fascistas que en
su partido le piden hacer lo que Díaz Ordaz: matanzas masivas para
imponer el terror estatal y ganar años en el poder. Pero la situación
política y social en los años 1968-69 era muy diferente, en México y en
el mundo.
El Estado mexicano era aún vigoroso y el aparato
estatal estaba unido detrás del presidente. La situación económica era
próspera y las exigencias sociales eran incipientes y, casi
exclusivamente, de los estudiantes y pocos sectores urbanos en un país
aún mayoritariamente campesino. Por otra parte, el levantamiento en
armas de los obreros húngaros y polacos, en los cincuenta, y el triunfo
de la revolución cubana, así como las ocupaciones de la fábricas y las
gigantescas manifestaciones estudiantiles y obreras en París, las
ciudades italianas, argentinas, en Checoeslovaquia y las luchas
estudiantiles en México en 1968-69 hacían que las clases dominantes
temiesen perder el poder y, por lo tanto, recurriesen al ejército, que
aún estaba intacto y no corroído y destrozado por la infiltración del
ala más agresiva e ilegal del capital, el narcotráfico.
La
represión aparecía entonces como una salida posible, con más ventajas
que costos políticos. Hoy, después del desmantelamiento de las bases de
la soberanía nacional y del propio Estado, cuando México de facto está
integrado a Estados Unidos y constituye un problema interno para
Washington, con un mundo en crisis prolongada, un aparato estatal en
desintegración y sin consenso ni base y el gobierno de Obama en crisis,
una respuesta asesina a la Díaz Ordaz aparece como una aventura aunque
está lejos de estar excluida. Recordemos cuando Washington, para evitar
el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, querían que renunciase
Somoza, cosa que éste se negó a hacer en defensa de sus propios
intereses de dictador pero poniendo en riesgo los intereses de sus
patrones. El mundo político no se rige por la lógica ya que los
intereses del gran capital chocan a menudo con los de los capitalistas
individuales y sus agentes.
Existe pues una posibilidad de
que las clases dominantes tiren lastre por la borda y busquen un
reemplazante transitorio para Peña Nieto con el apoyo de Washington.
Las movilizaciones de los indígenas y los trabajadores ecuatorianos
derribaron tres presidentes, los trabajadores en Brasil impusieron la
renuncia de Collor de Melo, el Caracazo abrió el camino a la
liquidación del poder de la oligarquía venezolana y el pueblo boliviano
echó al presidente Sánchez de Losada y abrió el camino a elecciones
limpias y a una Asamblea Constituyente. Los capitalistas perdieron en
buena medida el poder político pero no la vida o sus bienes. ¿Por qué
en México no podría haber una alternativa de transición con un gobierno
no de los partidos del régimen sino de representantes de la que
convoque elecciones general limpias y una Asamblea Constituyente que
anule todas la leyes antinacionales, antilaborales, liberticidas y
retrógradas impuestas por la alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y los
partidos paleros para responder a las exigencias de las
transnacionales?
Hay que impedir una “solución podrida” con
el PRI y el Congreso al desprestigio de Peña Nieto e imponer una
solución democrática y de masas. Que no quede todo en la condena a unos
cabeza de turco –Abarca, un grupo de delincuentes, Aguirre, Peña Nieto-
que permita reconstituir el bloque en el poder y preparar nuevos
crímenes de Estado. No basta con la fraterna solidaridad del EZLN
porque lo que se requiere urgentemente son propuestas, ideas, análisis
de perspectivas. No basta con la exigencia de la renuncia de Peña Nieto
si el gobierno queda en manos de los mismos. La unión entre todas las
resistencias, la confluencia como el 20 de noviembre de las protestas
de masas podría en cambio dar base a un Comité Unitario de Organización
de la protesta democrática, que se apoye también en las policías
comunitarias, los gremios en lucha, las autodefensas guerrerenses, las
organizaciones de base de todo tipo y en asambleas de cada comunidad,
colonia o centro de trabajo.
¿Estados Unidos podría
intervenir? Ya lo está haciendo y lo hará cada día más si no
debilitamos su poder en el país. ¿Qué los candidatos a tener Casas
Blancas despojando a los ciudadanos para enriquecerse y los que usan
los bienes del Estado como propios van a reaccionar? Lo hicieron en
defensa de Maximiliano y de Porfirio Díaz pero fue posible derrotarlos.
La alternativa no es pasividad y resignación para preservar la paz sino
imponer un cambio social o más asesinatos, más degradación, más
pobreza, más sumisión a Estados Unidos, más represión. No hay tercera
opción.
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