Las juezas y los jueces que integraron el jurado
fueron el magistrado Philippe Texier, de Francia, que actuó como
presidente; el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien también formó parte
del grupo de garantes; el economista y profesor alemán Elmar Alvater,
de la Universidad Libre de Berlín; la política, periodista y escritora
italiana Luciana Castellina; la profesora de la Universidad de Buenos
Aires y sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura
militar argentina Graciela Daleo; la jurista y escritora costarricense
Alda Facio; el director del Centro de Estudios sobre el Genocidio en
Argentina, Daniel Feierstein; el doctor en derecho y docente titular de
la Universidad del País Vasco Juan Hernández Zubizarreta; el médico y
doctor en sicología social, consultor de la Corte Penal Internacional,
Carlos Martín Beristáin, del Estado español; el catedrático de la
Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona, Cataluña, Antonio Pigrau
Solé; la profesora emérita de la Escuela de Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional de Costa Rica Silvia Rodríguez y el procurador
adjunto de Roma, Italia, Nello Rossi.
La sentencia del tribunal,
de 97 cuartillas, constituye un documento de profundidad estratégica
para buscar una salida democrática a la situación mexicana actual.
Parte del análisis de la evolución de la dependencia de México con
Estados Unidos a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. De aquí se desprenden los enormes daños
causados a la economía del país: la desindustrialización de su área
manufacturera en favor de industrias maquiladoras e industrias
estratégicas trasnacionales; el paso a un extractivismo energético,
minero, eólico, hídrico devastador y en manos de extranjeros; la
pérdida de la agricultura tradicional y la soberanía alimentaria y, por
ende, el desmantelamiento e intento de destrucción de la economía
indígena-campesina; la reorganización del territorio en favor de nuevos
corredores industriales estratégicos construidos entre el este
estadunidense y la cuenca del Pacífico; el traspaso del comercio
nacional a corporaciones trasnacionales altamente monopolizadas; los
salarios más bajos y el flujo migratorio más importante en el ámbito
planetario, y una economía mafiosa que se estima constituye 40 por
ciento de PIB nacional. “En México, en los hechos, coexisten
entrecruzadas una ‘economía criminal’ de proporciones gigantescas y una
‘criminalidad económica’ difusa y profunda, que en conjunto contribuyen
a hacer más graves e incontrolables todos los efectos negativos de las
políticas neoliberales…” La globalización neoliberal genera fuertes
desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos, mientras el
Estado se convierte en un promotor y un certificador de las operaciones
corporativas. A partir del desvío de poder,
la función prioritaria del Estado se ha reformulado para convertirlo en organizador y/o ejecutor de los despojos y expropiaciones, de la trasformación y destrucción de la estructura productiva y de la implementación de las masacres, represiones y numerosas violaciones de derechos necesarios para el quiebre de los lazos sociales en México.
Tras el
análisis de los testimonios y demás pruebas aportadas, el tribunal
concluye que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro
actores: el Estado mexicano, las empresas trasnacionales, terceros
estados e instituciones internacionales. En especial, el Estado
mexicano, y en consecuencia, los sucesivos gobiernos, son encontrados
responsables de violar el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de sus
ciudadanos; por la comisión de crímenes de lesa humanidad en actos de
asesinato, exterminio, tortura, violación, esclavitud, persecución de
un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos,
desapariciones forzadas y privaciones de libertad; por delitos contra
el medio ambiente y el derecho a la alimentación y por la existencia de
un cuadro generalizado de impunidad. Las empresas trasnacionales
enumeradas en la sentencia, igualmente, son encontradas culpables por
su participación como autores, cómplices, inductores, encubridores o
instigadores en la comisión de esos crímenes de lesa humanidad, así
como responsables de violaciones graves y masivas a derechos laborales,
de la devastación del medio ambiente, de fraude a sus accionistas y
consumidores y de vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a
los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de
participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios de
México. El tribunal afirma también la responsabilidad internacional en
estos crímenes de terceros estados, especialmente de Estados Unidos y
Canadá, por el accionar de las empresas operantes en México, con sede
de origen en dichos estados, lo que permite fundar su responsabilidad
extraterritorial. Por último, el tribunal identifica la responsabilidad
jurídica de instituciones internacionales como la Organización Mundial
de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
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