El Estado de México sigue violando los derechos de la infancia también en el 25 aniversario de la Convención
Este
noviembre marca un momento muy importante para la niñez en el mundo,
pues que hoy se conmemora el 25 aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Sin embargo a pesar de los avances normativos y los
esfuerzos de los diferentes gobiernos, hoy dista mucho la plena
satisfacción y respeto de sus derechos, como demuestra el caso de
México.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
asesorará jurídicamente a Elia Tamayo, madre del niño José Luis
Tehuatlie, quien murió tras recibir un impacto de bala de goma lanzada
por la policía estatal cuando reprimía una manifestación en el
municipio de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla.
Juan
Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, informó que la agrupación
estudiará el expediente judicial del caso ocurrido el pasado 9 de
julio. Agregó que buscará reunirse con el nuevo titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, para
plantear el tema y determinar si es necesario algún pronunciamiento
adicional al que hizo el anterior ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva.
En
conferencia –a propósito de los resultados del Sexto Congreso Mundial
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia–, recordó el pasado
18 de noviembre que Elia Tamayo tiene tres demandas para exigir
justicia tras la muerte de su hijo: La reparación del daño, que incluye
castigar a los funcionarios locales responsables; una indemnización
económica y una disculpa pública del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Pérez aseguró que para la madre del menor fallecido la detención de
algunos policías municipales no representa el acceso a la justicia.
“Nosotros
confiamos y tenemos la expectativa de que el gobierno de Puebla pueda
reconsiderar la forma en que ha abordado este asunto”, aseguró. A
propósito del tema, el director ejecutivo de la Redim acusó que durante
el VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia –realizado la semana pasada en Puebla–, el gobierno
estatal mostró una actitud de censura y de acciones de intimidación
hacia Elia Tamayo y los miembros de la Red.
“No estaba previsto
que la señora participara en el congreso, pero cuando se presentó
decidimos darle un foro, ya que además tenía contemplada una reunión
con el Comité Internacional para exponer el caso del asesinato de su
hijo. Sin embargo, se nos prohibió darle voz en el evento argumentando
que no estaba previsto y además de ello se nos dio un trato que
pensamos fue muy desproporcionado e innecesario, pues nos pusieron
vigilancia todo el tiempo”, dijo a Proceso (1).
En un
comunicado, la Redim narró que el pasado jueves 13, Tamayo y sus
defensores llegaron al Centro Expositor en compañía de congresistas de
Alemania y Venezuela, pero no se le permitió la entrada. Al día
siguiente de este hecho, agregó, el gobierno de Puebla instrumentó un
operativo de seguridad que generó inconformidad e indignación.
“La
Redim se manifestó consternada porque el gobierno de Puebla desplegó un
operativo de seguridad desproporcionado e innecesario, tales como
vigilancia personalizada a integrantes de la red y el cierre de los
accesos al Centro Expositor. “Esto llevó a realizar una valoración
junto con los congresistas de Alemania y Venezuela, para no presentarse
el día viernes (14), previendo cualquier tipo de represalias”.
Ese
día, apuntó, los adolescentes participantes en el encuentro,
“indignados por las notas locales que describían lo ocurrido con la
señora Tamayo”, solicitaron una explicación a los funcionarios de
Puebla. En asamblea con adolescentes y funcionarios de la entidad se
hicieron varios acuerdos que fueron presentados en las conclusiones del
VI Congreso Mundial. Frente a los jóvenes que participaron en el
encuentro, la Redim asumió diversos compromisos, como convocar a un
próximo evento donde el tema central sea el seguimiento al caso de José
Luis y la búsqueda de justicia. Además, se estableció el compromiso de
estudiar el caso “paradigmático” en el ámbito jurídico y en lo que
corresponde a la política pública, “así como valorar con la defensa
llevar el asunto a instancias internacionales si se agotan los recursos
nacionales sin lograr el acceso a la justicia”. Según la Red, también
buscará crear una Comisión Internacional de seguimiento teniendo como
base las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos 2VG/2014CNDH emitida el 11 de septiembre, que será integrada
por adolescentes de varios países, defensores de derechos humanos y por
organizaciones internacionales. “Para la Redim, este congreso mundial y
este acontecimiento puede ser una oportunidad para reconsiderar la
estrategia equivocada que han tenido el gobierno de Puebla en el caso
de José Luis, que permita resarcir los daños y sobre todo lograr que se
acceda a la justicia”, puntualizó Juan Martín Pérez.
Movilización internacional
Por
separado, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños y Niñas
(Molacnats (2) denunció ante la opinión pública internacional la
actuación del gobierno de Puebla al expulsar a Elia Tamayo del VI
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. En
un comunicado, la organización internacional se solidarizó con la
demanda de justicia y castigo para los responsables del asesinato de
José Luis Tehuatlie. “Nos unimos a la lucha de su madre, la señora Elia
Tamayo, quien pide justicia y el castigo a los culpables civiles y
policiales”, puntualizó la agrupación que integra a niños y
adolescentes de México, Venezuela y Bolivia. Al hacer un balance de lo
ocurrido durante el Congreso realizado en Puebla del 12 al 14 de
noviembre, el Molacnats denunció que la mujer fue sacada del Centro
Expositor cuando se disponía a reunirse con miembros de la Comisión de
Derechos del Niño de las Naciones Unidas para exponer la situación del
asesinato de su hijo. En ese sentido, el movimiento pidió a los
miembros del comité organizador hacer una “profunda evaluación” del
contenido, invitados, metodologías y la participación de los gobiernos
en los lugares donde se realiza el encuentro.
Misraim Hernández,
dirigente de Contingente Puebla, relató que el encuentro de los
activistas con Tamayo ni siquiera se llevó a cabo en el marco de las
actividades del Congreso, sino que era una reunión privada en un salón
contiguo, pero aun así los representantes del gobierno poblano llegaron
para decirles que la mujer tenía que abandonar el edificio. Incluso
dijo que cuando iban saliendo del lugar, en la puerta principal del
corredor estaba Martha Erika Alonso de Moreno Valle, esposa del
gobernador y directora del DIF estatal, quien ni siquiera hizo el menor
intento de acercarse a la humilde mujer que sufrió la pérdida de su
hijo por un proyectil que lanzaron policías estatales.
De su
lado, Manfred Liebel, coordinador de la Red Europea de Maestrías sobre
Derechos de la Infancia, denunció que aparte de que el gobierno poblano
trató de prohibirles la reunión con la madre del niño asesinado,
pretendía que la mujer saliera por la puerta trasera del edificio para
que nadie la viera. “El gobierno de Puebla expresamente nos prohibió
reunirnos con la señora (Elia Tamayo) dentro de ese edificio, y quería
obligarnos a salir del edificio por detrás para que nadie pueda
vernos”, detalló. Añadió: “Yo no acepto esta obligación de salir
clandestinamente por atrás, tenemos el derecho por lo menos de salir
como entramos. Estoy en contra de esa decisión del gobierno del Puebla
de que no podemos usar este edificio público para hablar de un asunto
público”.
Manfred Liebel, director del Instituto de Estudios
Internacionales en Niñez y Juventud de la Universidad Libre de Berlín,
salió del estado de Puebla ante el acoso de autoridades estatales, todo
por apoyar a Elia Tamayo.
Manfred Liebel ha comentado al
Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS: “Desde Europa estamos
consternados sobre el tratamiento de la señora Elia Tamayo de parte del
gobierno del Estado de Puebla (México) en el VI Congreso Mundial sobre
los Derechos de la Infancia y Adolescencia realizado del 12 al 14 de
noviembre en la ciudad de Puebla. El hijo de la señora Tamayo, José
Luís Tehuatlie, 13 años, fue matado atrozmente por la policía del
Estado de Puebla el 9 de julio, y la madre tenía todo el derecho de
presentar el caso en este Congreso donde la violencia contra niños era
un tema principal Protestamos energicamente contra el hecho de que la
señora Tamayo fue obligado de parte de la presidenta del DIF Puebla,
esposa de gobernador, a salir del Congreso antes de reclamar sus
derechos como ciudadana y madre del niño asesinado. Reclamamos que el
gobernador de Puebla asuma su responsabilidad de pedir públicamente
disculpa a la señora Tamayo, recompensa los daños efectuados por
órganos del Estado y garantice la seguridad de la familia del niño
matado y de las personas que apoyan a la madre en el reclamo de sus
derechos. Como participante, ponente y miembro del Comité Científico
del Congreso, fue testigo del tratamiento inaceptable de la señora
Tamayo. Al apoyar a la señora Tamayo, me sentí personalmente hostigado
por la presidenta del DIF Puebla e integrantes de su cuerpo de
“seguridad” y finalmente obligado a irme del Estado de Puebla temiendo
por mi propia seguridad”.
Piden proteger a jóvenes
Sobre
la situación que vive el país por el caso Ayotzinapa, Juan Martín
Pérez, director ejecutivo de la Redim, llamó al gobierno federal a
realizar verdaderas acciones preventivas contra la violencia y
garantizar los derechos de la población, en particular la de los niños,
niñas y adolescentes. “Vemos con preocupación los acontecimientos y
casos que se están dando y por ello estaremos presentando un llamado y
solicitud al gobierno, desde la garantía de los derechos de los niños y
adolescentes, para que se lleven acabo acciones preventivas”, dijo. Al
dar a conocer los resultados del Sexto Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el representante de la
organización pro derechos de la infancia recalcó que “la violencia no
se resuelve con la violencia”. Sería un error fatal por parte del
Estado, agregó y manifestó su preocupación “de que ya se está dejando
ver esta posibilidad de uso de la fuerza si se ven agotados los
diálogos”. Pérez comentó que el caso de Ayotzinapa estuvo muy presente
en el congreso, y fue mencionado tanto en las conferencias magistrales
como por los ponentes nacionales e internacionales. “El tema coloca hoy
a México en la mirada internacional y por ello tiene que ser un desafío
para lograr nuevas y mejores políticas públicas, pero sobre todo a
reconocer que están trastocando a los derechos humanos”, dijo. Según su
opinión, el gobierno federal no puede responsabilizar al crimen
organizado de esto, ya que “es una responsabilidad de Estado, y la
mejor forma de corregirlo es primero aceptándolo”.
Observatorio Selvas cuestiona Estado de México junto a CIDH y Parlamento Europeo
Es
importante mencionar que, gracias al trabajo de lobby, el Observatorio
SELVAS en noviembre de 2012 ha logrado la intervención de la Relatora
CIDH Rosa Maria Ortiz, con relación a los casos de limpieza social
hacia la infancia trabajadora del Chiapas.
Rosa María Ortiz,
relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre
los Derechos de la Niñez, señaló que la presencia de familias enteras
–incluso de dos generaciones– en situación de calle en México da cuenta
del fracaso de las políticas sociales y de que esta población encuentra
ahí las respuestas que las políticas no le han brindado.
En el
marco del 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre la
Audiencia sobre la “Violencia, discriminación y limpieza social en
contra de poblaciones callejeras en México” en la cual representantes
de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alianza
Mexicana Poblaciones Callejeras y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) informaron a este organismo internacional
sobre las diversas formas de discriminación, violencia y “limpieza
social ”contra esta población. “Usualmente no se sabe qué hacer con
ellos y se les culpa por estar en la calle, lo que hace que los
responsables de los servicios de salud y educación se desentiendan,
como si fuera un sector que no amerita ser tratado”, comentó la
funcionaria Rosa María Ortiz (3).
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) denunció el día lunes 20 de octubre de 2014 el
"crecimiento alarmante" del número de niños desaparecidos en México,
así como de aquellos que son reclutados por criminales, mutilados o
asesinados, en momentos en que el gobierno se encuentra en entredicho
por la desaparición de 43 estudiantes.
En una visita a México
entre el 6 y 14 de octubre de 2014, la relatora sobre los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la CIDH, Rosa María Ortiz, "recibió
información que indica que existiría un crecimiento alarmante en el
número de niños no localizados (...) y que pese a lo anterior, el
Estado no ha proporcionado cifras" al respecto, indica un comunicado de
la institución. La funcionaria se reunió con varias familias de
víctimas, que "en su mayor parte responsabilizan a fuerzas estatales de
dichas desapariciones forzadas" y que denuncian fallas en las
investigaciones, añade el parte. La CIDH reiteró su "llamado urgente al
Estado mexicano para localizar con la mayor urgencia a los 43
estudiantes (...) e investigar estos delitos de manera pronta,
diligente e imparcial". Por otro lado, la relatoría constató un
"aumento de los niveles de violencia" contra los niños, con información
de varias organizaciones civiles que dan cuenta de 2 mil niños
asesinados o mutilados a veces "con extrema violencia" entre 2006 y
2014, así como "un alto número" de menores que habrían sido reclutados
con violencia por la delincuencia organizada en comunidades pobres. De
los más de 118 millones de habitantes de México, siete millones viven
en situación de extrema pobreza, muchos de ellos en Guerrero y los
vecinos Oaxaca y Chiapas. Estos estados, como muchos otros del norte
del país, son escenario de disputas entre cárteles por el
territorio y las rutas del narcotráfico. En 2006, el gobierno mexicano
lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado, y desde
entonces se han registrado 80 mil muertos y 22 mil desaparecidos, por
choques entre narcotraficantes y operativos para detenerlos, según
cifras oficiales (4).
Este trabajo de lobby política que
articula el Observatorio SELVAS es relacionado al trabajo en defensa de
los derechos humanos que animan los bloques Greens-efa (Verdes) y
Gue-Ngl en el Parlamento Europeo.
El grupo de los verdes del
Parlamento Europeo (PVE) solicitó el pasado 21 de octubre de 2014 a la
Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) que analice los hechos de
violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto
si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad (5). “(El grupo
del PVE) llama a la oficina del fiscal de la CPI a poner una particular
atención a las masacres y desapariciones forzadas cometidas en México
y, en caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, solicita
a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes”,
señala su propuesta de resolución sobre violaciones a los derechos
humanos, la democracia y el Estado de derecho en México que será
discutida mañana miércoles 22 junto con cinco más presentadas por otros
grupos políticos del Parlamento Europeo. La resolución resultante de
esas negociaciones entre grupos políticos, que no es vinculante, será
votada por todos los eurodiputados el jueves 23, tras el debate sobre
la situación en México que con carácter de “urgente” se llevará a cabo
en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, convocado
la semana pasada a raíz de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de
Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre. La resolución de los verdes
europeos también exige a los Estados miembros de la Unión Europea (UE)
“suspender o detener cualquier negociación de acuerdos en materia de
seguridad” con México, y abstenerse de efectuar cualquier transferencia
de armamento, “hasta que no sea restablecido el Estado de derecho en
todo el territorio y que el crimen organizado no esté bajo control y
desmantelado”.
El mismo documento señala que el proceso de
modernización del Acuerdo Global México-UE –actualmente en negociación
entre las partes– “debe ser postergado”, además de que “deben ser
revisados sus capítulos y objetivos” y sellar “todas las fisuras” que
pueda aprovechar el crimen organizado en materia de servicios
financieros o en reglas comerciales.
Por su parte, la
propuesta de resolución que presentó el grupo de Izquierda Unitaria
Europea/Verdes Nórdicos también apoya la intervención de la CPI y la
apertura de una investigación sobre los hechos de violencia en México.
Asimismo, exige a la Comisión Europea que abra “un verdadero diálogo
sobre derechos humanos” con el país y que rinda cuentas al Parlamento
Europeo de sus avances una vez al año. Otras cuatro propuestas de
resolución fueron emitidas por los dos grupos mayoritarios: el del
Partido Popular Europeo (PPE) y el de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas (AS&D), que juntos reúnen 55% de los
eurodiputados, y los grupos de la Alianza de los Demócratas y Liberales
por Europa (ALDE) y el de los Conservadores y Reformistas Europeos
(ECR). Todos ellas coinciden en su apoyo al gobierno de Enrique Peña
Nieto y en celebrar acciones para esclarecer los hechos de Ayotzinapa,
además de no contemplar ninguna sanción o condición al mantenimiento
actual de las relaciones.
El grupo socialista expresa en su
propuesta de resolución que “la violencia ligada al crimen organizado
permanece como una tema de preocupación”, aunque luego sostiene que “el
gobierno mexicano ha realizado importantes avances en democracia y
derechos humanos y ha demostrado su firme compromiso con el
mejoramiento de la seguridad en el país”, por lo que solicita a la UE
que continúe con sus programas de cooperación en derechos humanos y que
aumente sus recursos financieros y técnicos para ello. En otras partes
de su documento, el grupo socialista del Parlamento Europeo aplaude “el
fuerte compromiso del presidente Peña Nieto y de las autoridades
federales para asumir la absoluta responsabilidad de las
investigaciones” (punto 2), “apoya al gobierno mexicano en su
determinación para combatir el tráfico de drogas” (punto 5) y le pide
que investigue la “supuesta” infiltración del crimen organizado en los
gobiernos locales (punto 6).
Notas:
Cristiano
Morsolin, investigador italiano y operador de redes internacionales
para la defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes. Trabaja
en Latinoamérica desde 2001. Co-fundador del Observatorio sobre
Latinoamérica SELVAS (Milán) y autor de varios libros sobre políticas
emancipatorias, movimientos sociales y gobiernos progresistas.
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