Supremacía constitucional
regaloa Taddei
Siete ministros que en términos generales se opusieron a una normatividad constitucional específica, pero ahora la asumen para no perder su onerosa placidez de pensionados de excepción; que renuncian el 30 de octubre de 2024 (porque así lo establece un artículo transitorio, para no perder derechos
), pero con efectividad hasta el 31 de agosto de 2025; que siguen negando reconocimiento a una letra constitucional que sí reconocen para efectos jubilatorios, pero que tratarán de desacreditar o disminuir en una sesión de eventual revancha el próximo 5 de noviembre. El octavo ministro de salida, Luis María Aguilar Morales, lo es porque el último día de noviembre termina el lapso para el que fue electo.
La que debería ser ejemplar generala a la hora de la retirada, Norma Piña, fue escueta en un posicionamiento pálido: Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige
. Pues sí, reconoce la vigencia y legitimidad del texto constitucional que hoy nos rige
y queda disponible para que la beneficien los jubilosos términos de su jubilación.
Viene, en dado caso, la posibilidad de un desquite sin riesgo de perder la calidad de pensionados de lujo, pues el martes 5 de noviembre sesionará la Corte para resolver las objeciones acumuladas contra la enmienda judicial. Podrían, ahí, acelerar una crisis constitucional si sentencian que sólo serán elegibles los cargos que ocho de 11 ministros ya están dejando, más las magistraturas del tribunal electoral y los miembros del tribunal disciplinario, pero no el grueso del aparato judicial federal, los restantes jueces y magistrados. ¿Acatarían los poderes Ejecutivo y Legislativo tal determinación del Judicial? En caso de desacato, ¿el Poder Judicial ordenaría detenciones y destitución de cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo?
Por lo pronto, ayer hubo otro golpe seco al multicitado Poder Judicial, pues el Legislativo cerró en lo general el proceso federal para impedir que los jueces puedan impugnar reformas constitucionales. Prestos están los congresos locales de mayoría morenista para cumplir su parte y luego será publicado tal blindaje en el Diario Oficial de la Federación. Anoche se debatía sobre la pretensión guinda de establecer que la nueva disposición tendría retroactividad o aplicación en procesos de impugnaciones en curso; de aprobarse, tendría dedicatoria a la sesión de la Corte del próximo día 5, con ánimo invalidatorio.
En el Instituto Nacional Electoral, mientras tanto, por seis votos contra cinco se decidió entablar ante la Corte una controversia constitucional para deshacer la tramposa inserción a última hora, en el marco general de la reforma judicial, de una disposición para que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pueda tomar decisiones (nombramientos de direcciones generales; la supremacía
de la Junta General Ejecutiva) por sí misma y sin respetar el histórico sentido colegiado del Consejo General de dicho instituto. Hubo reproches de Taddei y exabruptos de Sergio Gutiérrez Luna. Al final, deberá presentarse tal recurso de controversia constitucional ante la Corte. ¡Hasta mañana!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
Indignados, pero con dinero
renuncias anticipadas(efectivas a partir del 31 de agosto de 2025) se les cancelarán pingües negocios asociados al puesto, pero con la gruesa pensión vitalicia de que gozarán (100 por ciento de su salario) serán capaces de sobrevivir y no precisamente en medianía juarista. Eso sí, la pandilla se presenta como
mártirde
la legalidad.
Fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el primero de los ocho ministros en presentar su renuncia, pero a partir de él en cascada lo hizo el resto, incluido Luis María Aguilar Morales (el ángel protector de los evasores fiscales), con todo y que su gestión concluye en alrededor de un mes, es decir, se subió al show político-musical de los togados sin necesidad alguna, porque en breve y sin mayor trámite le entregarán su costal de dinero, su pensión vitalicia y, tal vez, una compensación de Ricardo Salinas Pliego.
En su texto de renuncia, Norma Piña subraya que su dimisión no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030
, sino, dice, un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige
, es decir, el mismo que ella y siete ministros no han dejado de violentar ilegalmente por medio de sus acciones totalmente contrarias… a la Constitución. Por cierto, nada ni nadie la obligó a dimitir. Sólo su terror a enfrentar una elección popular de la que saldría totalmente derrotada.
Una más: en su texto de dimisión, Margarita Ríos Farjat repite el numerito (renuncia sin que implique una convalidación tácita a un conjunto normativo que se encuentra controvertido
; aquí le faltó la palabra ilegalmente… controvertido). De cualquier suerte, anuncia que opto por no aceptar el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional
(la Suprema Corte de Justicia de la Nación), y puntualiza que retomaré tranquilamente y sin apego al dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
. Desde luego, rechaza pasar por el tamiz del voto popular.
En este caso, recuérdese que Ernesto Zedillo renunció
a la pensión presidencial (no a las prebendas implícitas), sin mencionar que bajo la manga ya tenía otra, muy generosa, del Banco de México. Otro caso fue el de José Ángel Gurría, quien también renunció
a su pensión de Nacional Financiera para donársela
a su mamá. En el caso de Ríos Farjat, ¿de qué niños y niñas
se tratará?
En términos generales, las demás renuncias anticipadas
son, palabras más o menos, del mismo tono, con el mismo pretexto (no implica mi aceptación
de la reforma judicial, aunque ésta forma parte de la Constitución) y con el mismo terror manifiesto (no queremos el voto popular
). Eso sí, muy ofendidos e indignados
, pero venga la maleta de dinero. Falta por conocer si el Legislativo se las acepta.
La presidenta Sheinbaum ilustra a los renunciantes: “En ningún lugar la Constitución dice ‘la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales’; a ver si estos ocho ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 constitucional, porque éste dice: ‘Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas’. ¿Dónde dice ‘y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas’? Entonces, ¿quiénes son los autoritarios?”
Las rebanadas del pastel
Por trigésima segunda ocasión consecutiva, la Asamblea General de la ONU condena y exige el fin del ilegal bloqueo estadunidense a Cuba; 187 países a favor, dos en contra (Estados Unido e Israel) y una abstención (Moldavia). Argentina votó a favor y le costó el puesto a la ahora ex canciller Diana Mondino. Javier Milei la fulminó.
supremacía constitucional, mediante la cual se establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad. La aprobación de las modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna desató una reacción desproporcionada entre los legisladores de oposición, quienes calificaron la enmienda de
muerte de la República, una
regresión histórica, la pérdida de
la última línea de defensa de los ciudadanos, el asesinato de la Constitución a manos de Morena,
el fin de toda aspiración democrática para el país y el ingreso de México en una vergonzosa lista de regímenes totalitarios, entre otras expresiones estridentes.
El encontronazo de ayer en San Lázaro se inscribe en el pulso que el partido gobernante mantiene con el bloque de derechas que se ha atrincherado en el Poder Judicial tras sus estrepitosas derrotas en las urnas. Al llevar a la Constitución el artículo 61 de la Ley de Amparo, Morena y sus aliados buscan poner fin al golpeteo del Poder Judicial para echar abajo la reforma que le obliga a democratizarse y que tiene como objetivo lograr que finalmente los togados actúen con apego a la legalidad, la democracia, la sensibilidad social y la ética que les exigen sus cargos.
Desde que se presentó la reforma al Poder Judicial, los integrantes de esta rama del Estado emprendieron una hipócrita campaña de desinformación y chantajes en la que se presentaron como defensores de la ciudadanía ante las arbitrariedades de los poderosos. Esta campaña fracasó y sigue fracasando porque casi cualquier persona que no pertenezca a las elites y se haya visto en la necesidad de dirimir un asunto en tribunales ha sufrido la corrupción, la indolencia, el tráfico de influencias, el desprecio a la ley, la soberbia y la prevaricación que imperan en la Judicatura.
Lo que los ciudadanos ya sabían, por su propia experiencia o por haberse informado, se ha convertido en un lamentable espectáculo en meses recientes, en que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han emitido un sinfín de resoluciones para echar atrás la reforma a sabiendas de que carecen las facultades para ello y de que las suspensiones que emiten al por mayor son nulas de origen, así como violatorias de la separación de poderes y rayanas en la sedición.
La ruptura con la sensatez se ha profundizado desde que ocho
de 11 miembros del máximo tribunal votaron a favor de revisar la validez
de la Constitución, un acto contrario a la legalidad que nunca antes se
había llevado a cabo. El proyecto del ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá para que la SCJN modifique a su antojo la Carta
Magna, el cual será votado el próximo martes, representa la prueba
definitiva de que el mismo González, Norma Piña, Javier Laynez, Alfredo
Gutiérrez, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y
Luis María Aguilar pretenden instaurar un supremo poder conservador a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador de la Constitución
.
Cuando González Alcántara dijo que, en caso de desacatar la invalidez de reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dejaría a México sin Suprema Corte, reveló que la supuesta discusión del martes 5 será una mera simulación ante decisiones tomadas de antemano, en conciliábulos clandestinos como los que organizó en su casa con políticos afines de cara a las pasadas elecciones de junio.
Asimismo, olvidó completar que los responsables de dejar al país sin su tribunal de constitucionalidad son él y sus colegas, quienes se aprestan a dar a la titular del Ejecutivo órdenes que no puede acatar por ser flagrantemente ilegales.
Poco o nada cabe esperar de un grupo de funcionarios que se ha mostrado tan reacio a respetar la democracia, pero se harían un gran favor a sí mismos si en los meses que les quedan al frente del Poder Judicial encuentran el decoro para dejar de reducir esa institución a una inoperancia e irrelevancia que no sólo daña a la propia Judicatura, sino al conjunto de la sociedad.
estado de sitioen Cuba
Columnas del periódico La Jornada jueves 31 de octubre 2024
https://www.jornada.com.mx/2024/10/31/opinion
La AGT nace con el propósito de ser un instrumento al servicio de los trabajadores, un lugar donde cada voz sea escuchada, cada idea sea considerada, y cada esfuerzo sea valorado, todo esto con el fin de enfrentar los desafíos de un entorno laboral en constante cambio, donde fenómenos como la globalización y la automatización han modificado profundamente la relación entre el trabajador y su entorno laboral. En este contexto, la unidad no es sólo un ideal, sino una estrategia crucial para el fortalecimiento de los derechos laborales y para reivindicar y dignificar el trabajo humano. Esta central obrera de reciente creación surge para unificar a los diferentes sectores de la clase trabajadora en un frente sólido, decidido y en sintonía con las demandas de dignidad, justicia, respeto y equidad que el país necesita.
Esta unidad no es una concesión; es una necesidad histórica que nos fortalece y nos guía para seguir adelante.
La misión de la AGT no es únicamente preservar los derechos laborales ganados, sino también establecer un modelo sindical y laboral que impulse un progreso tangible en el nivel de vida de cada trabajador y de sus familias. Esto implica luchar por salarios justos, condiciones laborales adecuadas y una legislación que responda a las realidades de la clase obrera. En este sentido, nos hemos comprometido a promover cambios estructurales en el ámbito laboral, defendiendo el derecho al trabajo digno y enfrentando las desigualdades persistentes que aún afectan a millones de familias mexicanas.
Una de las propuestas centrales de la AGT es consolidar un sindicalismo que, además de combativo, sea capaz de establecer puentes directos con el gobierno y las instituciones, porque sabemos que sólo unidos lograremos cambios duraderos y favorables para todos. No podemos olvidar que nuestra lucha no es un conflicto aislado, debemos impulsar con diálogo y respeto algunas reformas que siguen pendientes, como la reducción de la jornada laboral, la ley silla, los 30 días de aguinaldo, deducción de impuestos en horas extras, viviendas dignas y fondo de pensiones.
Este es un modelo de colaboración que entiende al gobierno como un aliado potencial, no como un adversario. Sin duda, nos encontramos frente a una oportunidad histórica: construir una agenda compartida. Nada sin los trabajadores, todo debe ser basado en los derechos humanos, la justicia social y la prosperidad colectiva de quienes producen la riqueza de nuestra nación.
El resurgimiento del movimiento obrero a través de la AGT es un compromiso inquebrantable con cada trabajador mexicano. Con esperanza y determinación, la AGT mira hacia el futuro, buscando consolidar un modelo de sindicalismo que combine la tradición de lucha con una visión moderna de cambio estructural y equidad. La historia de nuestro país ha demostrado que los grandes avances en justicia social surgen de la fuerza y la unidad de sus trabajadores; hoy, esta promesa sigue viva.
Es, además, un recordatorio de que los derechos de los trabajadores no sólo deben ser defendidos, sino ampliados y renovados. La Asociación General de las y los Trabajadores marca el inicio de una nueva etapa histórica en la que los trabajadores, unidos y organizados, pueden mirar con esperanza hacia un futuro en el que el trabajo se valore, se respete y sea fuente de dignidad y orgullo para todos.
Este es nuestro tiempo, el momento adecuado para escribir un capítulo de renovación y fuerza, en el cual, el futuro del movimiento obrero está en nuestras manos. La lucha apenas comienza, pero hoy somos más fuertes, estamos más unidos y más decididos que nunca a defender la justicia laboral y a construir un México mejor para todos.
lucha contra las drogas. Un ejemplo para que las solidaridades en todas las esquinas de América Latina puedan conocer y prepararse para lo que enfrentamos en este tránsito multipolar, que en nuestra región adquiere matices propios y exige la acción.
En los 80 en Colombia surgió el gran relato del cártel
o Pablo Escobar
.
Mientras éste se va construyendo, la DEA va expandiendo su influencia
en las oficinas del gobierno colombiano, principalmente la policía y la
procuraduría. El mito también esconde que ocurre la primera operación
antinarcóticos en el país, la Campaña de la Guajira, cuando aumentan las
victimizaciones entre 1979 y 1981 en la región. Esta gran parafernalia
narrativa esconde la operación contrainsurgente del Estatuto de
Seguridad, la configuración del MAS como grupo paramilitar culpable del
genocidio de la Unión Patriótica. Como apuntalamiento legal, se redacta
el Estatuto Nacional de Estupefacientes, la Ley 30 de 1986.
En los 90 surge una etapa de la narrativa antinarcóticos, la “ narco Farc”, o las narcoguerrillas
,
un apuntalamiento clave entretejido en los entrenamientos de la Escuela
de las Américas a comandantes, como mostraron en sus relatos a la
Comisión de la Verdad. Así, pasamos de la doctrina militar de la guerra
contra el comunista a la guerra contra el narcotraficante. A medida que
se extiende este relato, el gobierno de César Gaviria hace una de las
reformas estructurales económicas más nocivas para el campo, la
industria y el trabajador en el país y se expanden los grupos
paramilitares, envalentonados tras haber apoyado con EU y el gobierno
colombiano la persecución a Pablo Escobar. La contradicción se
acrecienta y la movilización campesina cocalera se abre paso masivamente
contra la represión y las aspersiones con glifosato.
En la primera década del siglo XXI, el aparato militar de EU y el
entrenamiento a las fuerzas armadas colombianas se concretan en el Plan
Colombia y los múltiples planes (Patriota, Espada de Honor) que se van a
desplegar por todo el territorio nacional. La narrativa esconde un
ejercicio contrainsurgente, contra el pueblo y los territorios, y las
víctimas que deja la seguridad democrática demuestran una tragedia
humanitaria sin precedente en la historia de América Latina. Niegan que
haya un conflicto armado y lo que dice Álvaro Uribe Vélez es que hay una
guerra entre bandas. El despojo es atroz, en 2005, hay récord de
ganancias en los bancos y récord de violaciones a los derechos humanos.
El despojo se apuntala de la mano del cambio legal en el código minero
–que facilita la apropiación de las grandes corporaciones y persigue la
minería artesanal, inaugurando la etapa de la minería ilegal
–,
firman las zonas de interés de desarrollo rural y económico para
acaparar las tierras en regiones neurálgicas del país, y de la mano de
Juan Manuel Santos se da vía libre a la locomotora minero-energética
.
El cuarto periodo es el actual, el del posacuerdo de paz (2016). Se construyen varias narrativas, de la lucha contra las drogas a la lucha contra la deforestación, la Amazonia como el lugar del crimen, se instala la política de delitos ambientales y se expanden los oscuros contratos de bonos de carbono por toda la selva. Frente a la reincorporación a la vida civil de las FARC-EP, y el actuar de los grupos disidentes, la fractura del movimiento social, estamos viviendo momentos de caos, muy a tono con los latentes intereses de intervención en la Amazonia de las grandes potencias. La incautación de drogas se vende como política nueva y eficiente por un gobierno de izquierda, que además sigue la receta de siempre, la de la sustitución; no pudo salir de la trampa.
El manual del despojo del prohibicionismo celebra el todo se vale
para lucha contra las drogas
,
inicia al liberar o escoger unos objetivos estratégicos por las élites
locales y el gobierno de EU, para después desplegar tropas, ubicarlas.
Esto lejos de nuestros ojos. De ahí se crea la ficción del enemigo
(comunista, narco , deforestador)
y después se inician los procesos de militarización y
sobrepenalización, que nos inunda la vida cotidiana. La sociedad
temerosa y sin claridades políticas exige ser salvada
de los
nuevos males, y se avanza entonces en cambios legislativos que juegan
muy bien con las campañas políticas. Crean las narrativas, mueven las
tropas, hacen los acuerdos, apuntalan legalmente el despojo. Mientras,
las izquierdas gubernamentales alimentan estas narrativas contra las
izquierdas populares; y estas últimas tenemos todo el reto de construir
unas contranarrativas, nuestras lecturas, las narrativas populares.
Todo mi apoyo para Ecuador que tiene la fuerza en sus calles, en sus
mujeres, en sus intelectuales, su voz política para ser ejemplo en
América Latina y no permitir el despojo, el prohibicionismo
.
* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
#NoesBiden, publicado en Este País, a diferencia de la mayoría de los analistas, pronostiqué que Joe Biden no sería el candidato del Partido Demócrata a la presidencia estadunidense, un año antes de su declinación. El 2 de julio en entrevista en MVS Radio con Juan Manuel Jiménez, advertí que hay más armas de fuego que ciudadanos dentro de los férvidos hogares estadunidenses, que podrían ser usadas con fines ideológicos en este proceso electoral. Once días después vino el primero de dos atentados contra Donald Trump en el estado de Pensilvania. Y el 3 de agosto a las 12:54 am publiqué en mi página de Facebook que Tim Walz sería el compañero de fórmula de Kamala, tres días antes de que fuese anunciado.
Ninguno de estos pronósticos resulta más arriesgado que vaticinar que el 5 de noviembre de 2024 pasará a la historia como el principio del fin de una era. Posiblemente nunca desde mediados del siglo XIX la sociedad ha estado no sólo tan polarizada sino incendiada.
La mitad de la población considera que Trump es un peligro para la democracia, para la Constitución y para las comunidades que no son de origen europeo. La otra mitad considera que Harris es una ficha de un establishment que pone en riesgo la integridad misma de los estadunidenses. Este segmento está persuadido de que la pandemia no fue originada por causas naturales; considera que el Estado utilizó todos sus recursos para coartar libertades fundamentales y que EU se involucra en guerras internacionales con intereses distintos a la defensa de principios o a la ayuda humanitaria.
Dado lo cerrado de los resultados electorales venideros, se puede asumir que la elección del próximo presidente de EU será determinada por su Poder Judicial. Paradójicamente, en el país supuestamente emblemático de la democracia, el voto de cada ciudadano cuenta distinto, dependiendo del estado de donde provenga. EU no tiene un sistema de votación directa, sino indirecta, a través de un colegio electoral. Históricamente ha habido tesis académicas que afirman que EU tiene un sistema electoral injusto.
Es previsible que habrá una batalla legal. Tanto demócratas como republicanos han afirmado que se está gestando un fraude. Funcionarios demócratas aseguran que hay intervención extranjera en este proceso electoral; partidarios republicanos dicen que se usa a migrantes ilegales y el voto en el extranjero para hacer trampa.
Esta no sería la única ocasión en que el resultado electoral se va a
tribunales. Un ejemplo lo vivimos en 2000. El demócrata Al Gore ganó el
voto popular por más de medio millón de sufragios, pero perdió, por un
sólo voto en el colegio electoral. Los demócratas impugnaron la
elección, lo cual inició un recuento de votos en Florida, gobernado por
Jeb Bush, hermano del candidato republicano. Sin embargo, por el voto de
un ministro de la Corte Suprema se frenaron los recursos de revisión.
En la historia y en la academia ha quedado la duda con respecto de la
legitimidad de dicha elección. Finalmente, en un acto de etiqueta
política, Gore afirmó estar en desacuerdo con las decisiones judiciales,
las cuales estuvieron politizadas, pero en aras de la unidad como pueblo, y fortaleza de nuestra democracia
concedió el triunfo a su adversario.
Un cuarto de siglo después dicha etiqueta política ya no existe. Hoy no es previsible ni que Harris ni que Trump, que mutuamente se han llamado un peligro inminente para su nación, en ningún momento detuviesen el pleito. Esta disputa jurídica se vería acompañada por movimientos de desobediencia cívica. Al ver que su candidato pierda, un porcentaje significativo de seguidores, estarían persuadidos de que hubo fraude electoral y que la integridad personal y libertades de los ciudadanos estarían en riesgo.
En la última década, en EU ha habido disturbios por parte de ambos extremos del espectro ideológico. El asesinato del afroestadunidense George Floyd por un policía blanco desató un movimiento civil, donde se calcula que 20 millones de personas participaron, y paralelamente estalló un movimiento armado, en donde 19 personas perdieron la vida. Hubo toques de queda en 200 ciudades y un operativo militar sin precedente. De igual forma el 6 de enero 2021, se presenció la toma violenta del Capitolio, con saldo de cinco muertos. Estas explosiones sociales no han sido analizadas desde una perspectiva histórica, como una antesala de lo que podría ocurrir si se confrontan estas dos Américas, donde hay mayor número de armas de fuego que ciudadanos dentro de sus hogares. Esta conflictiva interna es bien conocida por los adversarios de EU y sería ingenuo pensar que no la utilizarán para debilitar al país norteamericano aún más de lo que ya está, poniendo así fin a una era.
* Escritor
Los jóvenes de entonces desplegaban su ocio en deportes, desfiles
carnavalescos, tardeadas y huateques (fiestas cuyo roce erótico se
agotaba en el baile al cual el director de nuestra Escuela de
Jurisprudencia identificaba en los términos de Clemenceau durante la
presencia de las tropas estadunidenses en Francia: Lo que ellos hacen bailando nosotros lo hacemos en la cama
).
Así que un día, como rayo en cielo sereno, se registró un mitin en la Plaza de Armas. Rodeado de policías, se disolvió, pues los convocantes a la reunión, entre ellos un tal Abraham Nuncio, nunca aparecieron para hacer saber de qué se trataba. Su hermano Óscar se presentó a los asistentes para decir que estaba desaparecido. Lo buscaron en la comandancia de policía; no estaba allí. Era lunes 22 de septiembre de 1968.
El jueves 18 de la semana anterior, el Ejército Mexicano había asaltado la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el 19, unos estudiantes de Saltillo, que estudiaban en el Tecnológico de Monterrey, y alguno en la propia UNAM (Francisco Javier Cepeda, hoy director del Centro de Investigaciones en Matemáticas de la UAC) convocaron a una mesa redonda para discutir lo que estaba pasando en la Ciudad de México. La prensa local no daba información sobre los acontecimientos que prefiguraron el desenlace brutal del movimiento estudiantil: la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. El Sol del Norte, el de mayor circulación, ni otros de menor cobertura, como El Heraldo de Saltillo , diario en el que yo escribía una columna diaria ( Punto de Vis ta) mantenían silencio o deformaban la realidad; lo mismo ocurría con la radio y la televisión monopolizada.
A la mesa fuimos invitados el estudiante Jesús Oranday, el cura Antonio Usabiaga, el periodista Armando Fuentes Aguirre ( Catón), como moderador, y yo igual, como periodista. Asistieron unas 2 mil personas. Y su tono y las respuestas del público la hicieron punto de retemblor. Mi crítica a Gustavo Díaz Ordaz fue acre, por decir lo menos.
Al final, una adolescente preguntó al moderador qué seguía, y éste contestó: pintas, pegas, marchas
. De pronto se escuchó un grito al que hice eco: Un mitin
. Entre el público y los de la mesa (creo, quizá fui sólo yo) precisamos: un mitin informativo para el lunes. Era viernes.
Algunos nos citamos para el siguiente día. No teníamos un pelo de experiencia política. Juan Antonio Recio, estudiante de economía en la UNAM, sugirió una medida mínima: tirar unos volantes. Enorme tarea fue conseguir un mimeógrafo. El reparto de esos pocos volantes fue todo lo que pudimos hacer como preparativo para el famoso mitin.
El lunes, a pesar del aviso del diputado Salvador González Lobo a mi padre, de que había orden de aprehensión en mi contra, entre temor y precaución no pude reprimirme de entregar una carta al municipio advirtiendo que haríamos uso de la Plaza de Armas para la reunión.
Era arriesgado salir, cierto. Un día antes había aparecido un
desplegado a plana entera firmado por el cura Usabiaga y por Armando
Fuentes Aguirre. Mitin, borrachera de ideas
, lo titularon.
Señalaban que el responsable de llamar al mitin había sido yo. A los
ojos represivos de aquellos días debió sonar claro. Yo era un disolvente
social.
A mi regreso a casa, un hombre me detuvo por el cinturón y otro se paró frente a mí. Tenemos orden de tratarlo como caballero.
Aquella caballerosidad me indicó el interior de un Chevrolet verde sin
placas. No nos dirigimos hacia la comandancia de policía, sino a la
parte alta de Saltillo. Me estremecí pensando que las caleras
,
donde se decía que torturaban a los detenidos, sería nuestro destino. Me
equivocaba. En la sexta Zona Militar me esperaban para internarme en
una sala donde años atrás había presenciado, junto a mis compañeros de
derecho, el juicio marcial a un soldado que había matado a otro. Se lo
sentenció a muerte.
Fueron días que se prolongaron en exceso; en realidad sólo tres. Sin
cobija y sin colchón la primera noche, pero con la luz prendida y con un
guardia celoso que abría cada 10 minutos la puerta para ver si no había
yo escapado, dormir era difícil. A la noche siguiente fue arrojado un
bulto como saco de camotes. Nos prohibieron hablar uno al otro. Era un
joven comunista, según me comunicó en un pedazo de papel estraza. Se lo
llevaron pocas horas después. Al cabo de las 72 reglamentarias
, llegó mi padre por mí. Vámonos
, me dijo escuetamente.
Después supe que también ocho estudiantes habían sido puestos en la
cárcel, pero liberados por cientos de estudiantes. Y que en el mitin, en
declaraciones de Cepeda para Vanguardia (2/3/16), la primera que habló y que tuvo más pantalones que todos los que estábamos ahí fue una mujer; luego otros la secundaron
.
Hubo otros actos en los que tocó hablar a Francisco Javier. Uno de
ellos en la calle de acceso a la muy conservadora Escuela de
Jurisprudencia, pues les cerraron las puertas. Pero eso fue todo.
Aparentemente, el 68 nada significó para la sociedad ni, particularmente, para la juventud saltillense. El hecho es que una generación posterior –brillante, sin duda– entendió, muy a lo Gramsci, que la cultura era una vía de cambio. A esa generación pertenecía Lilia Cárdenas, joven estudiante de derecho. Cinco años después, los universitarios generaron un potente movimiento de autonomía. En 1973 la conquistaron y a su rectoría llegó un joven de 23 años egresado del Tecnológico de Monterrey: Melchor de los Santos.
En 1974, los obreros del complejo industrial Cinsa-Cifunsa protagonizaron una huelga ejemplar. La propia universidad pública, desde su Consejo Universitario apoyó su movimiento y logró que un gran sector de la sociedad saltillense fortaleciera solidariamente su lucha.
Este año, para conmemorar los 50 años de esa lucha, la editora de El Coahuilense publicó cuatro tomos sobre aspectos claves de la huelga. En uno consigna el testimonio de Arturo Alcalde, entonces asesor jurídico de los obreros y la crónica que Lilia Cárdenas, ahora presidenta de la Casa Coahuila, escribió cada día dejando un significativo registro histórico de ese movimiento.
Hay quienes piensan que no mirar atrás los precave de los proteicos alcances de la historia. Se equivocan.
Particularmente, en el último sexenio, la CNDH entró en una espiral de debilitamiento que deslegitimó su actuación en detrimento de los equilibrios democráticos necesarios para nuestra institucionalidad, vulnerando los derechos de las víctimas, quienes tendrían que ser las principales destinatarias de los servicios de este organismo autónomo. Desde la cuestionada designación de Rosario Piedra se puso en duda la autonomía de esta Comisión dada su afiliación partidista, a lo cual han seguido pautas de acción seriamente cuestionables que han sido motivo de señalamiento dentro y fuera de nuestro país. Pautas que, ahora, encuentran una oportunidad de ser revertidas en la coyuntura de elección del nuevo titular de la CNDH.
Recientemente un importante grupo de organizaciones y asociaciones reunidas bajo el lema #LaCNDHQueQueremos han hecho un recuento de los principales retrocesos de esta comisión en el último sexenio. Entre ellos, destaca que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad promovidas estuvieron focalizadas en el ámbito local, evitando tocar el ámbito federal. Respecto de las recomendaciones emitidas, si bien el número de ellas se triplicó en la actual gestión, la mayoría atendieron hechos que ocurrieron en sexenios anteriores al de López Obrador. En ese sentido se pronuncia el balance presentado recientemente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual documenta que 115 de las 132 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos corresponden a hechos ocurridos antes del 1º de diciembre de 2018.
Tampoco parece casualidad que la mayoría de las recomendaciones emitidas sobre hechos de sexenios anteriores estuvieran vinculadas a temas de seguridad y justicia, mientras las recomendaciones sobre hechos ocurridos en el sexenio de López Obrador tuvieran como principal tema el derecho a la salud. La adecuación del discurso y la acción política de la CNDH para proteger al gobierno en turno quedó evidenciada en este y otros rasgos, como sus omisiones frente a decisiones del gobierno que claramente vulneraban derechos humanos, tales como el resguardo de información de obras de infraestructura por considerarse de seguridad nacional, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, o el ataque a organismos autónomos, a periodistas y defensores de derechos.
En sentido contrario y a contrapelo de lo esperado de un organismo autónomo de derechos humanos, la CNDH incluso extralimitó sus facultades y se posicionó en materia electoral recomendando la reforma al Instituto Nacional Electoral. El mismo exceso cometió en sus informes sobre violencia política realizados en torno a las últimas campañas electorales federales, donde vertió críticas tendenciosas contra las candidaturas opositoras y elogios para la candidata oficialista. Por si fuera poco, a ello hay que sumar los posicionamientos que en reiteradas ocasiones hizo públicos esta comisión contra organizaciones defensoras de derechos humanos, o la ruptura de su gobernanza interna, evidenciada principalmente con la renuncia de todos los integrantes del consejo consultivo, quienes explicaron su salida como una respuesta a la inoperancia del diálogo interno y a la sistemática obstaculización a sus funciones.
Por todo, una vez más la figura de ombudsperson en México se ha convertido en alfil político más que en actor de contrapeso. Los retrocesos del órgano público de derechos humanos en un país de víctimas constituyen un factor de debilitamiento de nuestro sistema democrático y vulnera a la ciudadanía frente al poder del Estado. Hoy las víctimas no cuentan con mecanismos de acompañamiento institucional robustos, como amerita la crisis de derechos humanos que vive México.
Necesitamos instituciones y organismos fuertes que permitan poner a las víctimas en el centro a través de políticas y programas de gobierno encaminadas a concretar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Urgen andamiajes que ayuden a procesar y elaborar la realidad en clave de fortalecimiento democrático y construcción de autonomías institucionales que verdaderamente pongan en el centro a las víctimas.
Por eso no podemos permitirnos tener una CNDH debilitada. Afortunadamente, hoy tenemos la oportunidad de enmendar el rumbo. Para ello, la elección de una nueva presidencia de la comisión debe estar encaminada a garantizar la autonomía del organismo, la restauración de los canales de diálogo con la sociedad civil, el apego a su vocación propia como contrapeso político en derechos humanos; a la restitución del consejo consultivo, y a un profundo reordenamiento institucional que la coloque, como la sociedad espera, en el centro de la acción estratégica en beneficio de las víctimas. Nunca es tarde para enmendar el camino, no dejemos pasar la oportunidad.
A partir de enero del presente año se unieron al grupo Egipto,
Etiopía, Irán, Arabia Saudita (todavía como país invitado) y Emiratos
Árabes Unidos. Al término de la decimosexta cumbre del BRICS+ ( Kazán
,Rusia, 21-24 de octubre), el mayor acontecimiento de política exterior
jamás organizado en el país, según el Kremlin, Occidente se encuentra frente a una alianza que reunió a mas de la mitad de la población del planeta
(Stefano Leszczynski y Marco Guerra , www.vaticannews.va).
Como lo informó el enviado de La Jornada, Roberto González Amador, El
grupo de países BRICS+ expresó una profunda preocupación por el efecto
que tendrán en la economía mundial las sanciones ilegales impuestas por
las naciones del Norte
, dando por sentado en la Declaración de Kazán que las naciones del Sur global representan un nuevo centro de poder
. ( La Jornada, 24/10/24).
La cumbre de Kazán ha sido considerada tan histórica como la de Bretton Woods en 1944, con la presencia de 36 países, más de 22 jefes de Estado, la representación de casi 50 por ciento de la población mundial, como lo expresó el Secretario General de la ONU, António Guterres.
Esta cumbre fue plataforma para el encuentro de países muy diversos,
abundantes reuniones bilaterales, foro para la búsqueda de solución a
conflictos limítrofes, destacándose el encuentro entre India y China ,
entre otros casos interesantes, como también el de Turquía, que tomó una
dirección de divergencia con la OTAN, de la cual es miembro, o de
bisagra para intentar una desescalada que evite que se incendie toda
Europa
. Así lo advirtió el notable analista Juan Antonio Aguilar en El canal del Coronel (24
de octubre).En ese mismo foro de análisis organizado por el coronel
Pedro Baños, Roberto Refoyo destacó un hecho simbólico de gran
importancia geopolítica: si San Petersburgo fue una ventana hacia
Occidente, también tenemos en Kazán una ventana al mundo islámico ,una
mirada ortodoxa eslava hacia Serbia, hacia otros países de los Balcanes,
etc.
La nota discordante y sorpresiva la dio el jefe de Estado de Brasil, Lula Da Silva, primero al no asistir argumentando un accidente casero
,
pero lo inexplicable y grave fue el inusitado veto al ingreso de
Venezuela, el país más favorecido con la principal reserva petrolera del
planeta y otros abundantes metales y minerales y una larga historia de
búsqueda de una nueva arquitectura de integración latinoamericana, sin
olvidar la solidaridad con el presidente Lula durante su injusto
cautiverio. ¿Qué pasó con Lula y cuales son las consecuencias de su
lamentable acción? ¿Mantener a América Latina en el papel de patio
trasero de Estados Unidos?
La periodista Karen Méndez, de V enezuela News (27/10/24)
acierta al señalar las graves repercusiones para Venezuela de un veto
que el gobierno de Brasil no logró explicar con argumentos sólidos :
esta acción impide el desarrollo del país al obstaculizar su ingreso a
un importante bloque geopolítico y de inversiones, con lo que Venezuela
podría superar el bloqueo de Estados Unidos y acceder al financiamiento,
entre otros sectores, para la industria eléctrica, muy afectada por el
bloqueo por el que desde 2017 no se le han podido hacer las grandes
inversiones que necesita, por el robo de activos a la nación y por el
bloqueo estadunidense que ha impedido al país acceder al financiamiento
multilateral”; este veto también le impide acceder a un nuevo mecanismo de cobro de sus exportaciones y para la compra de materias primas y bienes
. Por eso Venezuela calificó esta acción de Lula como una agresión y un gesto hostil
.
En opinión de Juan Antonio Aguilar, (con Ariel Umpiérrez: ¿Lula, traidor a los BRICS?
Geopolítica TV, 28/10/24), con ese veto Lula no
ha tenido en cuenta el espíritu del BRICS+: una de las patas en las que
se basa es la no injerencia en los asuntos internos de cada país. Eso
es cosa de las poblaciones soberanas de esos estados. Los 10 están para
lograr una interrelación entre estados ; el hecho de que Lula no
reconozca a Maduro como el presidente es una injerencia directa en sus
asuntos internos ; lo que no puedes hacer es tomar una decisión que
afecta al resto de la coalición; suena a traición.
Aún hay mucho qué
reflexionar Por ahora la irreversibilidad de la agenda BRICS+ se
asienta en tendencias histórico-estructurales actuales, entre ellas la
multipolarización.
Facebook: John Saxe Fernández
Si la Corte invalida la reforma judicial, revivirá
los
artículos anteriores. Si los otros Poderes de la Unión desobedecen tal
sentencia, entonces su reforma judicial se mantendrá viva: habrá dos
normas vigentes, pero contradictorias, en esencia; al menos de hecho, no
de derecho.
Conforme a la vieja constitución revivida
habrá que publicar
la convocatoria para designar un consejero de la Judicatura Federal (uno
concluye su periodo), pero según la nueva
norma de la reforma
judicial, ese consejero debe continuar hasta instaurar el nuevo órgano
de Administración y del Tribunal de Disciplina. El mismo conflicto se
dará con la conclusión del cargo de un ministro de la Corte. La vieja
constitución obliga a la presidenta a mandar una terna al Senado para la designación de un nuevo ministro. La nueva
norma llevará al proceso electoral para designar a todos los ministros.
La solución posible del deber ser
–la correcta- es mantener y
fortalecer el Estado de Derecho con la obediencia a lo resuelto por la
SCJN; su sentencia genera el deber de obediencia del Legislativo y del
Ejecutivo, porque la legitimación de la Corte para resolver esos asuntos
proviene de la propia Constitución. No necesitan votos. La legitimación
democrática del Legislativo y del Ejecutivo no puede estar por encima
de la legitimación constitucional de garantía que tiene la SCJN. Toda
autoridad y persona debe cumplir lo que la Corte resuelva. Pero, en la
realidad, el deber ser
no existe. La intención de no acatar lo
que pueda resolver la Corte es un desdén al Estado Constitucional de
Derecho, bajo el argumento de que el mandato del pueblo fue la elección
mediante voto popular de sus juzgadores federales. El Legislativo y el
Ejecutivo cuentan con la fuerza del Estado para hacer prevalecer su
norma constitucional, lo que permite tratos intimidatorios y hasta el
uso de la fuerza pública, útil para imponer su texto constitucional.
Un conflicto rebasado en la realidad jurídica y social por las
posturas encontradas. Habrán de vigilarse las inversiones en el país.
Falta la postura del poder económico, nacional y extranjero, sobre la
autoridad de la SCJN. Todo inversionista busca garantías judiciales.
Además, la SCJN tiene cauces legales internos para el cumplimiento de su
resolución. La mirada internacional de esta crisis habrá de llegar a
los socios comerciales, quienes tienen herramientas económicas de
presión para pronunciarse sobre tal conflicto y lograr la prevalencia
del tribunal facultado constitucionalmente. Un Estado Constitucional es
un campo fértil para la legalidad y la economía del país. Nadie quiere
un poder reformador
ilimitado.
* Magistrado Federal
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