12/20/2025

Bajo régimen talibán, joven afgana trabaja disfrazada para alimentar a su familia

 

La autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por razones de seguridad.

Bajo las restricciones de los talibanes, la circulación y el trabajo de las mujeres se han visto cada vez más restringidos en todo Afganistán. Imagen: Learning Together
Periodista de IPS

KABUL – Shabnam, una joven de 26 años y con casi la carrera de derecho terminada,  se las arregla para vivir y trabajar disfrazándose como varón en Afganistán. En un mercado abarrotado, con el bullicio de los vendedores ambulantes y el olor de los restaurantes cercanos, una pequeña tienda anónima se mezcla con el caos.

En su interior, estanterías oxidadas cubren las paredes, latas de refresco vacías colgadas en la pared añaden un toque de color y una vieja mesa cubierta con un paño gastado se encuentra en una esquina. Para los transeúntes, el tendero es un joven.

Nadie percibe que que, detrás de este disfraz, una joven respira entre el miedo y la esperanza.

«Nunca tuve una infancia», dice Shabnam, «mientras otros niños jugaban en las calles, yo abría la tienda».

Y continúa: «Desde los 10 años trabajé a tiempo parcial junto a mi padre y seguí trabajando a tiempo parcial mientras continuaba mis estudios universitarios bajo su tutela».

Sin embargo, su padre ahora es un anciano y está parcialmente paralizado, y ella es la única fuente de ingresos de la familia. Su mayor deseo, dice, es que su hermano menor crezca y tenga éxito.

Un secreto que conocen muy pocos

Los residentes de los barrios circundantes solo la conocen como un joven educado.

Cada día, los funcionarios municipales recaudan impuestos de los comerciantes, exigiendo el pago independientemente de si han vendido algo o no. Esta jornada, incluso le entregaron una advertencia formal después de la visita.

«¡Eh, chico, paga tus impuestos!», le gritó el recaudador. «Haz crecer tu negocio. Consigue un carrito pequeño y vende en la calle», le demandó.

«Por cierto, ¿de quién es esta tienda?», le preguntó a continuación. Aterrorizado, el asustado joven respondió tímidamente: «Es de mi padre. Está paralítico y se queda en casa».

«Alquila tu tienda y paga tus impuestos con el alquiler», le gritó el recaudador de impuestos una vez más. «Todas las tiendas pagan impuestos. ¿Cuánto has vendido hasta ahora?», le insistió.

«He ganado 75 afganis (1,10 dólares)», le dijo Shabnam.

«Vamos, eso no es suficiente. ¡Ve a comprar un carrito pequeño y trabaja más duro, vende verduras y frutas! ¿Lo entiendes?», le dijo el recaudador.

Dos comerciantes vecinos, amigos íntimos del padre de la joven, están muy impresionados por la resistencia y la determinación de la joven.

«Si esta chica no existiera, su familia pasaría hambre», dice uno. «Pero si los talibanes descubren que es una mujer disfrazada de hombre, la pondrían en peligro. Por desgracia, su hermano pequeño es demasiado pequeño para llevar una tienda», comenta.

Este secreto forma parte de la vida cotidiana de esta joven. Como viste ropa de un varón adolescente, afortunadamente nadie en el barrio, donde la mayoría son inquilinos, la reconoce por la calle. Ni siquiera sus parientes vienen a proponerle pretendientes para casarse, lo que harían si conocieran la verdad, según la costumbre afgana.

Los vecinos cotillean y aseguran: «Que Dios nunca haga que nuestra familia sea como la suya, ¿una joven que regenta una tienda? Nadie en nuestra tribu ha sido nunca tan desvergonzado».

Una tienda dentro de una zona comercial en Kabul. En otra de ellas, una tendera disfrazada como un joven es quien atiende a los clientes, en una de las pocas formas en que puede ganarse la vida y alimentar a su familia. Imagen: Learning Together

Una nube constante de miedo

Cada mañana, cuando abre la puerta de la tienda, un miedo intenso se apodera de ella.

«Nunca he empezado un día sin temor. Cuando los talibanes pasan por delante de la tienda, mi corazón se acelera. Me pregunto si este será mi último día en la tienda», dice.

Aun así, no tiene otra opción. Si no trabaja, su familia no come. Cada noche esperan en casa a que cierre la tienda para cenar.

«Cuando mi madre me ve, se le llenan los ojos de lágrimas. Me besa y me dice: «¡Eres una chica valiente y fuerte, y además abogada!», cuenta Shabnam.

Y añade: «Mi madre quería trabajar; quería lavar ropa para otros, pero yo no se lo permití. Hace poco, cuando llegué a casa, la vi cosiendo colchas y colchones para otras personas. Me di cuenta de que era mi turno de proclamarla una mujer valiente y fuerte».

Los escasos ingresos que gana su madre ayudan a cubrir los gastos de la medicación para la hipertensión de su padre. La familia, compuesta por cinco miembros, incluye dos hermanas y un hermano.

«A menudo nos acostamos con hambre si ganamos menos de 100 afganis (1,60 dólares) al día. Mi hermano llora hasta quedarse dormido, pero yo intento poner buena cara aunque por dentro lloro», cuenta Shabnam.

Sus palabras reflejan la realidad de miles de mujeres afganas en todo Afganistán.

Un pequeño sueño que parece inalcanzable

A pesar de los riesgos, Shabnam se aferra a un modesto sueño. «Algún día, quiero tener suficiente capital para montar un negocio para mujeres en esta tienda», dice con una leve sonrisa. En lugar de patatas fritas quemadas y refrescos que revuelven el estómago de todos los tenderos, ella vendería bolani fresco, un pan plano tradicional afgano, normalmente relleno de patatas, espinacas, calabaza o puerros.

Pero no tiene ni el capital ni la seguridad necesarios para solicitar un préstamo para comprar el equipo.

Los vecinos siguen de cerca la vida de Shabnam. La han visto llorar detrás de las estanterías de la tienda y comprenden el cansancio que la agota y saben que no hay otra opción. «Esta chica es como mi propia hija», dice uno de los vecinos, «siempre admiro su valentía. Ni siquiera aceptaría ninguna oferta gratuita por mi parte».

La vida cotidiana en Kabul, donde el comercio y la rutina persisten a pesar de la creciente presión sobre la población del gobierno talibán. Imagen: Learning Together

Una sociedad de mujeres silenciadas

Según las Naciones Unidas, más de 80 % de las mujeres afganas han perdido su trabajo desde que los talibanes volvieron al poder, en agosto de 2021.

El regimen del movimiento político y militar islamista fundamentalista ya habían gobernado el país entre 1996 y 2001, e imponen un acatamiento estricto de la ley islámica, la Sharia, que fuerza a las mujeres a restringirse al ámbito doméstico, sin posibilidad de estudiar o trabajar.

Las mujeres que antes mantenían a sus familias ahora están confinadas en sus hogares. En este contexto, una joven que aún se atreve a mantener abierta su tienda es un símbolo de resistencia silenciosa. Sin embargo, esta resistencia podría terminar en cualquier momento con una sola amenaza.

Su mayor temor es la llegada de los recaudadores de impuestos. Ella paga en silencio lo que puede. No hay salida.

Los expertos económicos advierten de que la exclusión de las mujeres del mercado laboral ha empujado a innumerables familias a la pobreza extrema. La historia de Shabnam es un pequeño ejemplo de una crisis social mucho mayor.

La tienda es un refugio de esperanza

Para Shabnam, la tienda es más que un lugar de trabajo. Es un refugio donde se siente viva. Cada lata de refresco que cuelga como decoración es un signo de esperanza. Intenta dar color a la tienda incluso en medio de la pobreza y las amenazas.

«El secreto de mi éxito es el pequeño disfraz que hace que todo el mundo piense que soy un chico de 16 años años», dice.

Pero, añade, «últimamente me despierto casi siempre con miedo por los impuestos. ¿Podré abrir la tienda hoy? ¿Y si vienen los funcionarios municipales, me lo quitan todo en un momento y lo tiran a la calle? ¿Y si no puedo comprar una pequeña bandeja o tengo que dejar de alquilar mi tienda? ¿Qué me harán?».

«Mi historia podría ser la de miles de otras mujeres que siguen luchando por el pan, por la vida y por su dignidad», reflexiona.

A pesar de los enormes retos, Shabnam sigue albergando la ambición de terminar sus estudios de Derecho y poder convertirse en la abogada que una vez se propuso ser.

Mujeres rurales chilenas soportan el retroceso ambiental en los agronegocios

 

Lideresas campesinas de Chile leen una proclama, al inicio de las sesiones de análisis de la situación de las temporeras debido al uso masivo de plaguicidas altamente peligrosos en las grandes explotaciones agrícolas. Imagen: Orlando Milesi / IPS   Orlando Milesi

SANTIAGO – Mujeres campesinas chilenas denuncian un fuerte incremento en el uso de plaguicidas peligrosos y el deterioro de sus condiciones laborales y ambientales en grandes empresas agroexportadoras.

Así lo testimoniaron durante un Tribunal Ético instaurado en una reunión de dirigentes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), provenientes de todo este alargado país sudamericano.

Más de noventa dirigentes analizaron el incremento del uso de plaguicidas en las faenas agrícolas, como uno de los crecientes problemas ambientales en la actividad. Y se declaró culpables a las grandes empresas agro exportadoras por utilizar plaguicidas altamente peligrosos en sus miles de hectáreas con monocultivos.

En 1990 se importaron en Chile 17 942 toneladas de plaguicidas, una cifra que aumentó a medida que se incrementaron los monocultivos, hasta alcanzar las 53 140 toneladas en 2024.

Muchos no son necesarios y solo apuntan a aumentar la productividad.

“El sistema de agronegocios tiene nefastas prácticas y la vulneración de derechos contra los trabajadores y trabajadoras y provoca un severo daño y contaminación de la biodiversidad”: Alicia Muñoz.

Berta Saavedra, de 66 años, de padres campesinos, trabajó como temporera durante 35 años en la hacienda El Sauce, en las cercanías de la ciudad de Los Andes, en la región de Valparaíso, 80 kilómetros al noreste de Santiago, donde se producen uvas, paltas (aguacates) y duraznos.

Cuenta que estaba raleando (podando) vides justo en un lugar por donde pasó un tractor fumigador cuyos gases la intoxicaron.

“Me dieron vómitos y mareo. Se me puso la cara roja y se manchó mi cuerpo con unas ronchas. Me sentía mal y me subió la presión”, recuerda en dialogo con IPS.

Y lamenta la deficiente atención en el servicio de salud al cual la llevaron.

“La doctora me echaba y me dijo ‘anda y lávate bien, hasta el pelo con jabón’. Y eso fue todo. No me dieron nada y no se pudo comprobar la intoxicación porque el fundo (hacienda) escondió todo. Ni me acuerdo del nombre del veneno”, afirma.

Pero las consecuencias, dice, permanecen. “Una queda sensible, cualquier cosa te afecta. Por ejemplo, si voy a San Esteban (municipio vecino) adonde fumigan mucho, al tiro siento el olor, me duele la cabeza y siento malestares”, relata.

“Trabajábamos muchas mujeres en el corte.  Otras también tuvieron ganas de vomitar, pero no fueron tan afectadas”, dijo.

Los temporeros son trabajadores transitorios, mayoritariamente mujeres, contratados por períodos cortos y sucesivos.

Hace una década Saavedra demandó a la empresa por daños y logró obtener una pequeña indemnización. Actualmente labora como guardia de seguridad.

Campesinas provenientes de diversas regiones chilenas 
participan de una Asamblea donde se analizaron, 
entre otros temas, los efectos adversos de plaguicidas
y las deficientes condiciones laborales que enfrentan 
las mujeres temporeras. Imagen: Orlando Milesi / IPS

Riqueza y pobreza

Durante el Tribunal Ético impulsado por Anamuri el 3 de diciembre, Día Mundial de No Uso de Plaguicidas, la doctora en sociología María José Azócar, de la Fundación SOL, sostuvo que los agronegocios significan “riqueza a costa de pobreza”.

El agronegocio define en Chile a la producción y comercialización de productos agrarios a gran escala y mayormente destinados a la exportación y con una propensión creciente al monocultivo.

Azócar detalló que todo el sector agrícola genera unos 600 000 empleos directos, con tendencia a la baja. Muchos de estos puestos de trabajo son ocupados por migrantes quienes vienen a Chile en busca de mejores salarios.

“Pero la mitad de los empleados tiene un ingreso menor a 500 000 pesos líquidos (543 dólares), lo que es un ingreso de subsistencia.  Son empleos precarizados y  40,6 % de ellos informales”, aseveró.

Definió a la agricultura como un área peligrosa por los riesgos para la salud y por su alta tasa de mortalidad.

“Es muy difícil demostrar legalmente estos casos de intoxicaciones agudas y por ello los responsables quedan impunes de estas violaciones de los derechos humanos a la salud”: María Elena Rozas.

En contraste, las empresas obtienen importantes ganancias generadas por sus exportaciones.

Puso como ejemplo a una productora y exportadora de diferentes bayas, Hortifrut, cuyos ingresos entre el 2018 y el 2024 alcanzaron a 1165 millones de dólares con ganancias por 193 millones de dólares.

Según la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) entre enero y julio del 2025 las exportaciones totales chilenas alcanzaron a 60 961 millones de dólares, compuestas por la minería, seguida de la agricultura.

Las ventas externas agrícolas sumaron 14 180 millones, un alza de 8,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo la fruta fresca aportó 6041 millones de dólares, un incremento de 3,3 %.

La chilena Berta Saavedra, quien resultó gravemente intoxicada 
en la hacienda El Sauce, en el municipio de Los Andes, 
al noreste de Santiago, cuando trabajaba en sus viñedos
 mientras un tractor efectuaba la fumigación de las vides. 
Imagen: Orlando Milesi / IPS

Efectos ocultos del desarrollo exportador

Alicia Muñoz, directora nacional de Anamuri y su presidenta hasta septiembre pasado, denunció a IPS las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la agroexportación.

“El sistema de agronegocios tiene nefastas prácticas y la vulneración de derechos contra los trabajadores y trabajadoras y provoca un severo daño y contaminación de la biodiversidad. Estas vulneraciones continúan y más graves pese a muchos años que las venimos denunciando”, afirmó.

Destacó que “la vulneración de derechos laborales se manifiesta a través de salarios incompletos o retrasados, falta de afiliación a la seguridad social, jornadas excesivas sin paga, despidos injustificados y negación de vacaciones y contratos escritos”.

Según Muñoz, “estos abusos se agravan en las mujeres las cuales se ven expuestas a acoso sexual y en los migrantes que muchas veces son engañados por contratistas traficantes de personas”.

Los plaguicidas altamente peligrosos tienen efectos genotóxicos, neurotóxicos, reproductivos y provocan malformaciones en la descendencia.  Su impacto alcanza a quienes habitan en la periferia de grandes predios fumigados incluso desde aviones.

La situación se agrava porque en Chile se usan plaguicidas prohibidos en la Unión Europea (UE) como el dormex que se importa desde Europa hacia este país debido a una legislación más laxa.

María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rap-Al) explicó que en Chile se usan plaguicidas con 400 principios activos, cien de ellos de alta peligrosidad.

Rap-Al es una red de organizaciones, instituciones, asociaciones y particulares que confronta el uso masivo e indiscriminado de plaguicidas y propone fórmulas para reducir su uso.

El 2024 hubo en Chile 651 casos notificados y confirmados de intoxicación aguda por plaguicidas con un total de 20 personas muertas, dos de ellas por causas de origen laboral, indicó.

“En la región del Maule, en 2024 hubo 125 casos de origen laboral de intoxicaciones agudas por plaguicidas”, puntualizó, apuntando a una de las regiones agrícolas más productivas, situada en el centro del país.

Recordó que la carga tóxica corporal en estos casos es de por vida y lamentó, además, que “es muy difícil demostrar legalmente  estos casos y por ello los responsables quedan impunes de estas violaciones de los derechos humanos a la salud”.

Integrantes del Tribunal Ético dan a conocer sus conclusiones 
sobre la situación ambiental y laboral que viven en Chile 
las mujeres temporeras que trabajan en los grandes 
monocultivos agroexportadores que se extienden por todo el país. 
Imagen: Orlando Milesi / IPS

Liliana Zúñiga, bióloga de la Universidad Católica del Maule, dijo a IPS que se ha estudiado mayormente los efectos de estos plaguicidas en mujeres, pero son las familias completas las que están expuestas.

“Algunas son trabajadoras agrícolas y otras esposas de trabajadores que cuando ellos se van a sus casas, son las esposas quienes les ayuda a lavar la ropa y las máquinas y quedan también expuestas a los riesgos”, aseveró.

Según Zúñiga, “la potencialidad del daño puede ser muy profunda porque son familias que quedan para toda la vida con el drama con malformaciones que muchas veces no son tratables”.

La bióloga explicó que los efectos de los plaguicidas dependen de su toxicidad, la duración de la exposición y la dosis.

Indicó, asimismo, que también se han relacionado sus efectos en la salud mental, por ejemplo los síntomas depresivos.

Zúñiga extendió el riesgo a toda la población pues los alimentos son la principal fuente de exposición a plaguicidas.

Advirtió, asimismo, que hay una subnotificación de casos de intoxicación aguda.

Para ella la gran pregunta es cómo disminuir la cantidad de plaguicidas que se lanzan al ambiente.

Una forma es la convencional y otra la agroecológica, sostuvo.

“Son dos mundos muy diferentes. La agroexportación industrial con todo lo que conocemos de este modelo de 30 o 40 años donde se usan plaguicidas a todo efecto, antes que aparezca la plaga. Y la agroecología con una lógica donde el plaguicida es la última instancia”, explicó Zúñiga.

Subrayó que la agroecología apunta a no tener monocultivos que sean océanos de un solo tipo sino a impulsar cultivos mixtos donde las mismas plantas ayudan a controlar plagas.

“He visto huertas agroecológicas donde junto a tomates plantan berenjenas porque es una planta trampa para la mosquita del tomate. Las plantas ayudan a controlar las plagas”, explicó.

Existen plaguicidas orgánicos que tienen mayores costos y que no son un sector usado masivamente.

“Sabemos que la agricultura tradicional utiliza plaguicidas más tóxicos porque los considera más efectivos”, advirtió Zuñiga.

A su juicio, la agricultura familiar campesina, de la cual se alimenta la mayoría de los chilenos, es también parte del problema “porque es la que menos control tiene sobre la aplicación de plaguicidas”.

La red Rap-Al pidió la prohibición inmediata de plaguicidas altamente peligrosos e indicó que las decisiones al respecto tienen raíces políticas y no tecnológicas.

Según Rap-Al se requiere “una voluntad política no solo para reconocer el efecto de estos tóxicos sino para generar políticas tecnológicas, alimentarias, crediticias y de tierras que posibiliten a productores y productoras una transición hacia agroecosistemas sustentables, resilientes y viables”.

Nueva Escocia es la capital de la trata de personas en Canadá

 ici.radio-canada.ca

Zone Société - ICI.Radio-Canada.ca

En 2024, esa provincia en la región del Atlántico canadiense tuvo una tasa de incidencia de 4,5 por cada 100.000 personas, superando la tasa nacional de 1,5 incidencias por cada 100.000 personas.

Otras cuatro provincias también registraron tasas superiores al promedio canadiense: Isla del Príncipe Eduardo (2,8), Ontario (2,3), Nuevo Brunswick (2,0) y Saskatchewan (1,9).

En la ciudad de Halifax, la capital de Nueva Escocia, la policía registró 7,5 casos por cada 100.000 personas, lo que la coloca en segundo lugar entre las ciudades más afectadas por la trata de personas en el país, detrás de Guelph, Ontario, donde la policía informó de 11 incidentes por cada 100.000 personas.

Estas cifras superan con creces la tasa general registrada en las áreas metropolitanas canadienses, que fue de 1,6 incidentes por cada 100.000 personas en 2024.

Una mujer en un corredor.

Según Danielle Sutton-Preddie, incluso en los casos denunciados a la policía podría haber un registro inexacto debido a las diferentes maneras en que las fuerzas policiales reportan esos datos.

Foto: iStock

Los informes han ido disminuyendo desde 2020

Sin embargo, el informe del Departamento de Estadísticas de Canadá señala que los casos de trata de personas denunciados a la policía han disminuido en un 44% en Nueva Escocia, después de alcanzar su punto máximo en 2020.

Danielle Sutton-Preddie , analista del Centro canadiense de estadísticas jurídicas y seguridad comunitaria, señaló que los datos fueron compilados por las fuerzas policiales, lo que, según ella, no refleja el número real de casos en el país.

La trata de personas a menudo está oculta y las víctimas pueden ser reacias a manifestarse.

Ella añadió que incluso en los casos denunciados a la policía, podría haber un registro inexacto debido a las diferentes maneras en que las fuerzas policiales reportan estos datos.

Según Danielle Sutton-Preddie, los datos estadísticos de 2024 podrían cambiar debido a que muchas investigaciones policiales aún están en curso.

El informe de la agencia federal de datos, que cita un estudio del Centro canadiense para poner fin a la trata de personas, atribuye la alta tasa de Nueva Escocia a su ubicación costera y al hecho de que la provincia sirve como un nodo clave en un corredor de trata de personas que facilita el movimiento de las víctimas.

Una mayor sensibilización

El sargento Jeffrey MacFarlane, administrador de la unidad de lucha contra la trata de personas de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) en Nueva Escocia, señaló que la alta tasa de denuncias en la provincia también podría ser atribuida a una mayor sensibilización en el tema.

Hemos logrado una mayor sensibilización en comparación a otras provincias. Realmente hemos dedicado mucho tiempo a informar al público sobre la realidad de la trata de personas.

Las mujeres y las niñas tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la trata de personas. Ellas representaron más del 90% de los casos en la última década.

La organización YWCA de Halifax trabaja directamente con estas víctimas. Una responsable de esta organización, Danielle Hodges, señaló que, en muchos casos, las mujeres no se dan cuenta inmediatamente de que están siendo explotadas, lo que significa que no buscan ayuda hasta que se les hace más difícil escapar de una situación de trata de personas.

Es la vulnerabilidad de las personas la que a menudo es explotada. Puede que sean necesarios varios intentos para encontrar el apoyo que necesitan las víctimas.

Hodges enfatizó la importancia del acceso a la vivienda, al empleo y la concientización en situaciones de trata de personas.

Fuente: RC / CBC / F. P. Dufault / G. Grillo de Lambarri

Adaptación: RCI / R. Valencia

Denuncias a las que denuncian

 Por Esmeralda R. Vaquero 

Fuentes: Pikara magazine [Imagen: Carol Caicedo]

Las mujeres que comparten públicamente testimonios de violencias sexuales se enfrentan a represalias que pueden derivar hasta en un proceso judicial por cometer un delito contra el honor.

Este reportaje pertenece al número 13 de Pikara en papel, publicado en septiembre de 2025 y que puedes comprar en nuestra tienda online.

La situación ocurre de forma más o menos similar. Un espacio de internet donde cientos de mujeres escriben para contar las violencias sufridas en un pasado distante o cercano. Un #MeToo expandido en todas las direcciones y vivencias posibles. A veces, esos testimonios son canalizados a través de las cuentas de periodistas o activistas conocidas. En otras ocasiones, se crean perfiles anónimos que muestran historias de acoso, abusos o violencias sexuales, como sucedió con las cuentas de víctimas de Instagram de diferentes sectores (editorial, audiovisual, artes escénicas). Y en medio de ese maremágnum de violencias puede ocurrir que el hilo se extienda a los comentarios, otras mujeres se vean reflejadas y salga a flote un nombre con apellidos; también puede ocurrir que aparezcan algunos datos que llevan a la identificación, como una ciudad o una determinada profesión. A partir de ahí, existen posibilidades de que la historia se complejice y las consecuencias para quienes promueven estos canales puedan llegar hasta cualquier límite: acoso, presiones, amenazas, denuncias y demandas judiciales.

En algunos casos, basta con una sola frase: la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, tuvo que pagar 18.000 euros más intereses a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, la que fuera presidenta de Infancia Libre, por decir que “las madres protectoras” solo hacen “defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores”. Aunque nunca dijo ningún nombre, la justicia consideró que atentaba “contra la reputación personal” del demandante. Poco después, Ángela Rodríguez ‘Pam’, exsecretaria de estado de Igualdad, fue condenada por lo mismo a pagar 10.500 euros. Si las palabras las pronuncia la propia mujer violentada, puede ser incluso peor, como le sucedió a la actriz Amber Laura Heard, quien fue demandada por describirse a sí misma en una columna en The Whashington Post como “una figura pública que representa el abuso doméstico” en referencia, aunque sin nombrarle, a su relación con el actor Johnny Depp. Tuvo que indemnizarle con unos 14 millones de euros; ambos acabaron condenados por difamación, aunque ella en mayor grado.

“Cuando las mujeres difunden la verdad, ellos despliegan muchos medios que tienen que ver con repercusiones de carácter social»

No se trata de casos puntuales, sino que la práctica de denunciar a quien denuncia se ha vuelto habitual. Cristina Fallarás conoce de primera mano lo que supone exponer públicamente las violencias vividas por cientos de mujeres. Ya desde el proyecto #Cuéntalo, iniciado en 2018 en la entonces red social Twitter, y a través del que se instaba a relatar las violencias sufridas, comenzó para la periodista una odisea que continúa hasta la actualidad. “Empezaron agrediéndome por redes, después pasaron a amenazarme de muerte durante varios años, también amenazaron a mi hijo y a mi hija cuando eran pequeños, les mandaban fotos de su madre descuartizada, violada. Me empujaban por la calle, me rompieron un menisco, me escupían, me acosaban… Modifican tu vida y la de tu familia”, relata. Este tipo de acciones también pueden desembocar en una cita en los tribunales. “Los agresores tantean la idea de si les sale a cuenta o no iniciar un proceso judicial, porque calibran si el poder que tienen va a ser mayor que el contrapoder que puedan ejercer las mujeres difundiendo la verdad”, explica la abogada Carla Vall. “Cuando las mujeres eligen hacerlo, ellos despliegan muchos medios que tienen que ver con repercusiones de carácter social, como mermar su entorno, hacerles tener miedo de la difamación pública e intentar silenciarlas a través de personas que hablen mal públicamente sobre ellas; poder empequeñecerlas desde este aislamiento y hacerles sentir que lo que vendrá será mucho peor”, añade.

Desde que el muro de Instagram de Fallarás se ha convertido en canalizador de historias de agresiones y maltratos machistas, la comunicadora ha recibido algunas denuncias, como la del rapero Ayax Pedrosa Hidalgo, que la acusa de recoger en su cuenta testimonios falsos sobre él —pese a que ella nunca incluye nombres en sus publicaciones—. La cifra de hombres aludidos que la han amenazado con llevarla a los tribunales crece a medida que los testimonios continúan difundiéndose. La motivación más frecuente es la vulneración del honor. El honor. El artículo 18.1 de la Constitución apunta: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Derivado de este derecho fundamental, en el título XI del Código Penal se recogen dos tipologías de delitos: el de calumnias y el de injurias.

El primero se define como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Es decir, se acusa a alguien de haber cometido un delito sin la absoluta certeza de que los hechos delictivos se han producido. Como recoge la normativa, “el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”. Es lo que se llama exceptio veritatis, o poder probar la certeza de lo que se afirma. Esto sería lo más relevante judicialmente: el conocimiento de la verdad.

Solo se tienen por delito las injurias consideradas graves, aunque la normativa no especifica en qué consiste esa gravedad

El delito de injurias, por su parte, consiste en “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. Lo importante en esta tipología es que solo se tienen por delito las injurias consideradas graves, aunque la normativa no especifica en qué consiste esa gravedad. No obstante, en ningún caso se valoran como graves las injurias que consistan en la imputación de hechos, a no ser que se realicen con conocimiento de falsedad. “Si tú puedes demostrarlo, porque hay mensajes, lo saben varias amigas o hay alguna otra información, esto puede servir para lo que se llama prueba periférica, que significa que de algún modo queda acreditado que hubo algo y por la excepción in dubio pro reo, un principio penal que sirve para absolver en caso de duda, si hay una duda razonable tendríamos una absolución”, señala Vall.

Una de las cuestiones más controvertidas en los delitos contra el honor pasa por sus roces con los derechos a la libertad de expresión e información, reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional establece que cuando la información es veraz y de interés público puede prevalecer sobre el derecho al honor. La información se evalúa a través del denominado triple test. El primer parámetro sería el de interés social de la información: debe tener relevancia pública. Además, debe tener veracidad (estar debidamente contrastada) y atender a unas formas que no sean ofensivas, vejatorias o insultantes. Solo cuando se sobrepasan los límites constitucionalmente protegidos, como puede ser mediante insultos personales o acusaciones infundadas, puede hablarse de infracción penal. Si existe una sentencia judicial que confirma los delitos de los agresores, resulta más sencillo salir absuelta de acusaciones de calumnias o injurias. Pero si no la hay, y las mujeres ni siquiera han denunciado —por miedo, porque pueda haber prescrito, porque no se ven con fuerzas, por trabas burocráticas diversas, por estar en situación irregular u otras razones— el anclaje jurídico no resulta tan consistente y es ahí cuando surgen los riesgos.

Raquel Gutiérrez (nombre ficticio) y otra compañera del sindicato en el que militan también fueron demandadas. Ocurrió cuando decidieron en asamblea que se expulsara del colectivo a un hombre que había ejercido violencias machistas contra su expareja, también del sindicato. “Él denunció judicialmente al sindicato por haberle expulsado, el juez pidió las actas de las asambleas donde se decía que él era un agresor y así se enteró de quiénes éramos y nos demandó por injurias y calumnias”, comparte. Aunque finalmente la denuncia no tuvo consecuencias, tanto ellas como la víctima han vivido tres años con incertidumbre. Algo similar ocurrió a una periodista. Según contó en redes, el agresor expulsado del trabajo por un protocolo interno, denunció judicialmente a la empresa y entonces tuvo acceso al nombre de las mujeres que acompañaron a la víctima.

“Más allá del recorrido judicial de estas denuncias, hay un impacto en las mujeres sobre la libertad de expresión y la posibilidad de que transmitan lo que les ha sucedido a otras”

“Más allá del recorrido judicial de estas denuncias, hay un impacto en las mujeres sobre la libertad de expresión y la posibilidad de que transmitan lo que les ha sucedido a otras. Con lo cual también hay una estrategia de señalamiento y de distorsión, de tratar de disuadir que se cuenten las violencias sexuales que pueden haber sufrido algunas mujeres”, señala Violeta Assiego, abogada y experta en derechos de las infancias y de las mujeres. “No lo están utilizando tanto para defender su inocencia, sino para contrarrestar una dinámica de sacar a la luz y de visibilizar una serie de violencias que se están dando a conocer”, añade.

Algunas acciones de defensa

Ante las dificultades que conlleva la exposición pública, e incluso en colectivos, de violencias machistas, quizá sea necesario buscar algunas otras estrategias. En México hace algunas décadas optaron por los tendederos de denuncias que han ido apareciendo en instituciones educativas de todo el país. En su búsqueda de otras formas de justicia y reparación, la artista Mónica Mayer promovió en 1978 este proyecto, donde invitó a 800 mujeres a que completaran la frase: “Como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es…”. Después, estos artefactos continuaron y fueron transformándose hasta convertirse en soportes en los que las mujeres exponían y exponen sus historias de violencia, a veces también junto a las fotografías y nombre de sus agresores. Están ubicados en lugares como universidades o escuelas, donde conviven tanto las personas acusadoras como las acusadas. Casi medio siglo después, los colectivos feministas siguen instalando estas piezas. También se emplean para exponer, por ejemplo, a los padres que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos e hijas. Como consecuencia de todas estas acciones, han aumentado las denuncias formales contra los agresores. En 2018, el tendedero instalado por la asociación feminista Colectiva Violetas FES Aragón fue noticia a escala nacional, aunque a ellas se las consideró mentirosas y a ellos, víctimas. Sin embargo, al concebirse como una acción performativa de protesta, los tendederos no se consideran ilegales. Están protegidos por la libertad de expresión, aunque no son válidos como pruebas ante un juicio.

Algunas otras estrategias para evitar trances judiciales pasan por no especificar en exceso, aunque exista una certeza absoluta del delito. Raquel Gutiérrez y su compañera tenían claro que no iban a decir el nombre de la víctima. También valora la opción de acarrear con las consecuencias sin más: “Otra opción es que nos demanden y buscar formas de conseguir el dinero, igual hay que empezar a financiar demandas por injurias”. Existen casos en los que se ha circulado la fotografía o el nombre por WhatsApp de agresores a modo de alerta.

“Al final se trata de buscar las fórmulas de reparación en los espacios feministas, creo que la gente identifica al espacio de Fallarás con un espacio donde pueden encontrar escucha y reparación, y lo que tenemos que pensar los colectivos feministas es qué espacios de escucha tenemos habilitados para estas mujeres que no tengan que ser explícitamente en las redes sociales”, concluye Assiego.

Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2025/12/denuncias-a-las-que-denuncian/

España arranca el último mes del año con un asesinato machista cada dos días

Fuentes: El Diario

Desde el 30 de noviembre seis hombres han matado a sus parejas o exparejas, el último en Catarroja (Valencia), donde una mujer ha fallecido tras tres días en la UCI en un inicio de diciembre que suele ser una de las épocas del año con más casos.

Mari Ángeles, Oriana, Rosmery, Jennifer, Sayuri y Nati. Son los nombres de las últimas mujeres asesinadas por violencia machista: seis en solo once días. Es el balance con el que España entra en diciembre, el último mes del año, uno de los periodos en los que habitualmente suelen registrarse más casos mortales. Desde el pasado 30 de noviembre, cuando Mari Ángeles fue asesinada por su pareja en Torrejón de Ardoz (Madrid), se ha producido un asesinato cada menos de dos días: el día 2 de diciembre en Alicante, el 3 en Toledo, el 6 en Sevilla, el 9 en L’hospitalet de Llobregat y este miércoles en Catarroja.

En el municipio valenciano fallecía una mujer de 50 años que estaba ingresada en la UCI del Hospital La Fe tres días después de que su pareja le diera una brutal paliza en su domicilio. El hombre fue detenido y quedó en libertad tras imponerle el juez una orden de alejamiento de la víctima y horas después de la muerte de Nati ha vuelto a ser arrestado. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado todos los casos salvo este último, que aún se encuentra bajo investigación. En lo que va de año, 46 mujeres han sido asesinadas por hombres con los que tenían o habían tenido una relación de pareja, según la estadística oficial.

Gráfico: Diciembre, de los meses donde repunte la violencia machista

Las cadenas de casos acumulados en cortos periodos de tiempo como el actual ocurren periódicamente y no en pocas ocasiones se dan en verano o en torno a las fiestas navideñas. Es un hecho que las expertas asocian a cambios de rutina o sensación de pérdida de control del agresor que pueden actuar como “factores de riesgo” e influir en que acabe matando, explica el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, que como “primer elemento” que “permanece en todos los casos y es nuclear” identifica “el machismo”.

Sin embargo, a este se le añaden otros que “junto con la individualidad” de cada caso, puede aportar explicaciones a lo ocurrido: de hecho, detrás de junio, julio y agosto, diciembre y enero son los meses con más asesinatos de toda la serie histórica. Los seis últimos han ocurrido a inicios del mes y con el puente de la Constitución de por medio: uno el último día de noviembre y cinco ya en diciembre en un registro que solo en diez días ya iguala e incluso supera a muchos de los diciembres de otros años.

Gráfico: Las víctimas de violencia machista en diciembre de cada año

Que en estas épocas se concentren más casos es, en parte, debido al “factor estacional”, lo denomina Lorente, que lo relaciona con la “modificación de dinámicas familiares” que pueden facilitar “el paso a la acción”: en estas fechas, los tiempos de estar juntos se prolongan y suele haber más salidas y planes de ocio que puede hacer sentir a los agresores un menor control.

“No es lo mismo estar dentro de la rutina y en funcionamiento durante todo el año que en estas fechas en las que eso se rompe de alguna manera”, reseña la abogada experta en violencia machista Marisa Fernández, que, en general, alude a la “falta de recursos suficientes” en prevención y en apoyo a la identificación de las violencias por parte de las víctimas. El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha anunciado un “plan de refuerzo” de cara a Navidad de servicios como el 016 o las pulseras de vigilancia de maltratadores, que en los últimos meses han acumulado fallos tras el cambio de empresa.

El “paso a la acción”

Lorente cree, además, que el cúmulo de asesinatos en este poco margen de tiempo debería provocar que “cualquier denuncia” por violencia machista que se interponga estos días en juzgados y comisarías “tenga un riesgo añadido por el hecho de que haya habido casos previos”. Algo que, a su juicio, “puede hacer que otros agresores se vean reforzados”. Es otro de los factores al que apunta el médico forense, el del “efecto imitación” que puede darse cuando hay varios casos. “Hay hombres que están pensando que matar es una posibilidad y en ese proceso suele haber elementos de refuerzo, de crítica y de duda… Los casos previos pueden facilitar el paso a la acción”, explica.

De los últimos seis crímenes registrados, en dos de los casos los hombres eran persistentes, es decir, ya habían maltratado a otras parejas con anterioridad y, al menos en los tres primeros, las mujeres asesinadas acababan de decidir dejar la relación o estaban en trámites de separación. “El momento en el que ellas les dicen que no quieren estar con ellos y que se van de sus vidas, que se quieren separar, es el momento más difícil y el de mayor riesgo”, apunta Fernández. Esto es debido a que el objetivo de la violencia machista es el control de la mujer y en estos casos, los agresores sienten que lo pierden.

“El crimen machista es un crimen moral. Siempre hablamos en medicina legal de dos grandes categorías, los instrumentales, que se llevan a cabo para conseguir algo material a cambio, y los morales, que se llevan a cabo para defender una imagen, ideas o creencias. Los agresores que matan a sus parejas lo hacen para defender su posición como hombre, como hombre que no va a verse cuestionado por la conducta o las decisiones de la mujer”, explica Lorente.

Detrás de la infradenuncia

No son casos aislados: según la reciente Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista por parte de su pareja o expareja, ya sea física, sexual, psicológica o económica. La inmensa mayoría de ellas se lo han contado a alguien de su entorno o han recurrido a algún servicio de atención, pero muy pocas han denunciado. Solo el 16%. Solo en uno de los seis últimos casos de asesinatos había denuncias previas, el de Torrejón, cuya víctima constaba en VioGén tras la denuncia de un testigo, aunque ella posteriormente no declaró.

Tras las cifras hay miedo, vergüenza, normalización y la falta de confianza en el sistema, resume Elena Ocejo, abogada de un centro de atención a víctimas en Asturias. “Yo con lo que convivo a diario es con mucha violencia económica y situaciones de mucha precariedad con hijos que hacen muy difícil que las mujeres puedan salir de la violencia. Además, tampoco ayudan muchas de las resoluciones judiciales en las que hay un cuestionamiento de las víctimas, por lo que muchas acaban evitando pasar por este proceso que no es sencillo y que sienten que no les va a solucionar sus problemas”, apunta la abogada.

Todas las mujeres asesinadas desde el pasado 30 de noviembre tenían hijos. Los de Nati, la mujer que ha muerto tras varios días en la UCI, son mayores de edad, pero los del resto no han cumplido 18 años. En lo que va de año, 31 niños, niñas y adolescentes se han quedado huérfanos porque sus madres fueron asesinadas por sus padres o sus parejas.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/espana-arranca-ultimo-mes-ano-asesinato-machista-dias_1_12834715.html

Estado mexicano, responsable de "violación sexual, tortura y muerte" de Ernestina Ascencio: Coidh

Marta Inés y Carmen Ascencio, hijas de Ernestina Ascencio Rosario.
Marta Inés y Carmen Ascencio, hijas de Ernestina Ascencio Rosario. 
Foto Cuartoscuro / archivo

Ciudad de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en 2007 por parte de un grupo de soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz.

En su sentencia, notificada hoy, el tribunal internacional resolvió que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna, por lo que concluyó que la violación sexual y “graves lesiones” causaron la muerte de la mujer indígena náhuatl que tenía 73 años de edad.

Asimismo, determinó que México incumplió el deber de investigar con “debida diligencia reforzada” estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario. Puntualizó que la indagatoria fue cerrada “prematuramente” sin haber agotado las línas, no fue conducida con un un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor, ni incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria.

La CoIDH “constató” que la señora Ernestina –una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz– “fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, durante el sexenio Felipe Calderón y en el marco de la llamada lucha contra el narcotráfico, indicó. 

“La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, determinó. 

En la notificación de la Corte, participaron representantes del Estado mexicano, entre ellos Víctor Sánchez Colín, embajador en Costa Rica, y Rosalinda Salinas, directora de casos en litigio internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como los representantes legales de las víctimas.

Rodrigo Mudrovich, juez vicepresidente de la CoIDH, señaló que como medidas de reparación por este caso se ordenó al Estado conducir una “investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”.

También indicó que debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como brindar el tratamiento médico, sicológico, siquiátrico o sicosocial, cultural y lingüísticamente adecuada y efectiva a través de instituciones de salud especializadas a Francisco, Marta y Carmen Inés Asensio, hijos de la finada. 

Asimismo, el Estado deberá otorgar una beca en una institución pública americana de educación básica y/o técnica a favor de los hijos y hijas de Julio, Francisco, Marta y Carmen Inés Ascencio, consertadas entre estos y el Estado para realizar estudios básicos, superiores técnicos o universitarios, ya sean de pregrado o prosgrado o bien para capacitarse en un oficio.

En su resolución, la CoIDH resolvió que el Estado mexicano violentó los derechos –establecidos en tratados internacionales– a la vida, la integridad y la salud; a la no discriminación, y de acceso a la justicia, a la verdad y protección judicial, en perjuicio de Ernestina Ascencio. 

Además, la Corte decidió aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, así como desestimar las excepciones preliminares relativas a la falta de agotamiento de recursos internos y la ausencia de litis. 

También indicó que el Estado deberá garantizar que el Hospital Regional de Río Blanco y la Fiscalía General de Veracruz cuenten con un servicio de intérpretes y traductores que faciliten la adecuada atención y acompañamiento a las personas indígenas monolingües.

Además, México deberá pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos a los familiares de Ernestina Ascencio, y los reintegrará los recursos al Fondo de Asistencia Legal de las víctimas de la Corte Interamericana. 

De acuerdo con la sentencia, el Estado tendrá un año contado a partir de este martes, para rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 

“La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso, una vez que el Estado haya dado tabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”, concluyó. 

Algo no va bien

Engracia Martín Valdunciel

Por eso el feminismo, como teoría crítica y como movimiento que lucha por sociedades igualitarias, sigue siendo necesario. Así, por ejemplo, el feminismo ha conseguido politizar el asesinato de mujeres a mano de sus parejas, de forma que la sociedad lo comprende como un problema propio en el que es preciso intervenir. Hay que recordar que hace apenas unas décadas esos delitos eran considerados “crímenes pasionales”, cuestiones privadas que no tenían dimensión política, por tanto no se contabilizaban, eran invisibles como parte de un problema estructural en sociedades profundamente desiguales y sexistas.  No es infrecuente, para desvelar la apatía del Estado frente a este asunto, cotejar el terrorismo de ETA y las víctimas que produjo a lo largo de medio siglo con los asesinatos de mujeres (en apenas dos décadas) que ha ocasionado, y sigue provocando, el terrorismo patriarcal…Por no citar el monto de mujeres que necesitan protección policial… Sólo esos datos —aún teniendo en cuenta que suponen apenas la punta del iceberg— deberían hacer saltar todas las alarmas en nuestros gobernantes y ponerse a trabajar en serio para conseguir acuerdos y desterrar ese terrorismo. Y sin embargo encontramos escasa conciencia de las raíces del problema y por tanto falta de respuestas políticas de peso, transversales y eficaces. Algo no va bien. 

Lo vemos también en la violencia de la prostitución (incluyendo la filmada): un poderoso y arcaico sistema de opresión entre hombres y mujeres —que legitima el abuso y la violación mandando un mensaje de impunidad a los hombres— queda demasiado a menudo reducido a una cuestión privada y mercantil, actualmente la famosa “libre elección”. Podemos asistir a tertulias, debates o charlas en las que se disecciona la violencia que supone el sistema prostitucional, se explica cómo condiciona la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, cómo la pobreza, la falta de recursos, la violencia sufrida en la infancia, etc., impiden hablar de “consentimiento” por parte de las víctimas; se describe ampliamente cómo la socialización sexista, la ubicuidad y la funcionalidad de la cultura patriarcal, la agresividad de la pornografía, el mandato del agrado, etc., inciden negativamente sobre la mitad de la sociedad… la cuestión que sale a relucir es el popular estribillo: “ellas quieren”, “ellas eligen”… 

Es obvio que sobre posiciones de ese tipo sobrevuela la influencia del poderoso lobby proxeneta; una mafia que  —para que la sociedad digiera y asuma la barbarie— presenta y vende desde hace tiempo la explotación sexual de mujeres y menores como “trabajo”, como “ocio”, como “libre elección” o, en el colmo del cinismo, como “empoderamiento” de las víctimas. El discurso proxeneta usa con bastante éxito un lenguaje insidioso (se definen “pro derechos”) y terminología del mercado para legitimar la falta de derechos, la inhumanidad que supone la esclavitud del siglo XXI.  

En el mantenimiento de esa vergonzante impostura tienen responsabilidad, además de proxenetas y puteros, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, como la universidad, la mercadotecnia publicitaria, etc., que se hacen eco o justifican tales dislates: a saber, un pacto y un negocio entre hombres cuya mercancía objeto de abuso son las mujeres. Una barbarie, hay que recordarlo, que tiene lugar bajo el paraguas de Estados que han abandonado horizontes de ética y bienestar social, que bien de forma abierta—“regularizando” la violencia sexual— o bien no haciendo, dejando en la sombra de la alegalidad el ejercicio del poder de las mafias proxenetas, propician la desigualdad social y sexual. Como ocurre en nuestro país. Es evidente que algo no va bien. 

Por todo ello, a día de hoy es preciso seguir desmontando esas y otras falacias —como los “vientres de alquiler”—, tan útiles al capital y al patriarcado, que atentan contra modelos justos de convivencia entre los seres humanos. Tal y como ocurre con la violencia en la pareja, la violencia sexual en la prostitución lejos de ser un asunto individual es una problema de calado social, político. Porque nos interpela a todas y todos al situarnos ante una realidad bárbara y cruel que nos afecta. De facto, hablamos de caras de una misma violencia, de manifestaciones de la misma dominación masculina. Porque las fronteras son difusas. Puteros y proxenetas pueden ser, y son de hecho, maridos, novios, amantes, padres, hermanos…En ellos subyace el desprecio por el sexo femenino al que no consideran su igual, al que usan como objeto. En realidad, el sistema masculino de dominación no conoce fronteras y viene de lejos, como ocurría en la sociedad romana en la que el pater familias podía prostituir a su mujer o vender a sus hijos e hijas. Por tanto, hay que llamar la atención sobre un continuum de violencia que se puede producir tanto en el marco de la familia como fuera de ella. 

Conocemos prácticas de hombres que difunden entre ellos imágenes de su vida íntima, sus novias, sus parejas, sus hermanas, sus hijas e hijos…Puteros que comparten con colegas, en grupo, la violencia sexual sea o no en el marco prostitucional … ¿Qué diferencias sustanciales hay entre un marido que ofrece a su esposa y pacta con otros hombres su violación y un proxeneta que trafica con mujeres? Recordemos que el juicio Pelicot sacó a la luz declaraciones de violadores que, a modo de atenuante, apuntaban que el marido “les dio permiso” para violar a su esposa… El imaginario de poder patriarcal y la realidad social y política que está detrás y alimenta la violencia y la agresión de los hombres en la pareja son los mismos que posibilitan y legitiman el privilegio que el sistema prostitucional ofrece a los puteros (Estados proxenetas)…Algo va muy mal… 

Parece evidente que la mitad masculina es responsable de las diferentes caras de la violencia que reciben las mujeres (bien porque la ejerce de forma directa bien porque la acepta, se calla, no la denuncia) y, sin embargo, apenas recibe reproche social, no afecta a su estatus ciudadano, perjudica escasamente su profesión de profesor, carpintero, juez, artista, político… Y eso debería acabar, porque es difícil pensar que un sujeto que cree que el sexo femenino está a su servicio o que asume como natural la violencia contra las mujeres pueda ser una pareja o un padre respetuoso, desarrollar de forma no machista una profesión, llegar a asumir de forma no sexista la ciudadanía y los derechos de sus iguales, las mujeres… Es obvio que el terrorismo patriarcal afecta a la salud de la democracia. 

Por consiguiente, de la misma forma que la sociedad en general —aunque sabemos que hay excepciones— comienza a ser consciente de la violencia sexual y machista que subyace a los feminicidios, es preciso que tome conciencia de que la prostitución forma parte de esa violencia y de la misma lógica de terrorismo patriarcal. No tiene sentido ni es justo que el acoso y la violencia sexual contra las mujeres sea considerada delito en unos espacios y en otros no. La mejora de la salud democrática implica acabar con los espacios —reales o virtuales— donde se viola impunemente, donde los derechos más básicos no llegan, donde pervive la ley del más fuerte. Y hemos de seguir exigiendo desde la sociedad a quienes nos representan que asuman ese reto. 

En este sentido, hay que explicar cuantas veces sea preciso que sólo el abolicionismo del sistema prostitucional puede hablar de forma legítima de derechos, porque es coherente con el respeto a los Derechos Humanos y permite ampliar los estrechos límites de nuestras democracias. Esa posición histórica que ha defendido y defiende el feminismo implica, necesariamente y en primer lugar, que una ley que así se llame pueda disponer de medios para restituir todos sus derechos a las mujeres que deseen salir del sistema prostitucional, penalizar el proxenetismo en cualquiera de sus formas, desactivar la demanda de los puteros, educar a chicos y chicas en el respeto y la igualdad, de forma que se destierre el androcentrismo en el currículo, la idea de que las mujeres están para servir a los demás, el sexismo en los procesos de socialización … Y todo ello porque ambicionamos sociedades justas y pacíficas en las que hombres y mujeres sean sujetos de derechos, puedan desarrollarse como seres humanos y construir convivencias en igualdad. Por consiguiente, nuestro referente ético y político deberían ser países que ya han iniciado el camino abolicionista, como Suecia, Noruega, Francia…y tener en cuenta propuestas como la que se ha articulada en el seno de organizaciones feministas, la Ley Orgánica Abolicionista del sistema prostitucional, LOASP.

«El belicismo es hoy la punta de lanza de la reacción antifeminista»

 Akal publica Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio, de Isabel Serra e Irene Zugasti

Fuentes: Rebelión

El Gobierno de España (PSOE y Sumar) aprobó en el Consejo de Ministros del 25 de noviembre un contrato por valor de 4.516.363.636 euros, hasta noviembre de 2034, para el suministro del Sistema de Artillería Autopropulsada de Cadenas; el mismo día dio el visto bueno a la Orden de Ejecución para modernizar las fragatas F-100 (3.200.000.000 euros); además, entre otras autorizaciones en el sector de Defensa, a un contrato para el suministro de un Sistema de Artillería de Ruedas (2.219.834.710 euros).

En un contexto de rearme global y en el estado español, Ediciones Akal ha publicado en noviembre el libro de 184 páginas Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio, de Isabel Serra e Irene Zugasti; el texto cuenta con un prólogo de la periodista Olga Rodríguez y el epílogo de la comunicadora Laura Arroyo.

“En Europa vale más la guerra que la vida”, introducen las autoras, lo que niega uno de los grandes principios del feminismo: “Poner la vida en el centro”; una muestra de la escalada belicista de la UE se produjo en marzo, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, del Partido Popular Europeo (PPE), anunció la movilización de cerca de 800.000 millones de euros para el rearme; el discurso oficial subrayaba una “amenaza real” para la seguridad de la UE.

Pero la historia da ejemplos de resistencia frente a la guerra; el 23 de febrero de 1917 en Rusia, entre las colas, el desabastecimiento y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se desencadenaron movilizaciones populares con el protagonismo de las mujeres; las obreras de las fábricas, presentes en las protestas, percibían salarios muy escasos en medio de la hambruna.

El texto de Akal recuerda las palabras que expresó la comunista feminista rusa Aleksandra Kolontái (1872-1952), ante amenazas como las planteadas, en 2025, por Von der Leyen: “Instrumentalizan el fantasma de la guerra para ponerlo entre ellos y el fantasma rojo. Llaman a la guerra para liberarse del fantasma de la revolución social”.

Isabel Serra ha ejercido como diputada en la Asamblea de Madrid, como eurodiputada y ha desempeñado diversas responsabilidades en la dirección de Podemos; asimismo ha participado en diferentes movimientos sociales; en cuanto a Irene Zugasti, trabaja como redactora y analista en Canal Red; es autora del libro #Se acabó. La doble victoria de las campeonas del mundo de fútbol (2023) y editora de Enemigos íntimos. Cómo entender la derechización de España a través de sus personajes clave (2025).

En abril de 2024, el Estado de Ucrania aprobó un Proyecto de Ley que reducía de 27 años a 25 la edad mínima de reclutamiento (el conflicto entre Rusia y Ucrania se había iniciado en febrero de 2022); a ello se agregaron los incentivos para que personas entre 18 y 24 años realizaran el servicio militar (27.000 dólares anuales o educación gratuita); en este contexto, decenas de miles de personas han desertado del ejército ucraniano desde el inicio de la guerra.

“¿Cómo atraer la carne de cañón masculina a la batalla? Pues activando todas las narrativas de género: ‘Ser un hombre’, ser un patriota, que era no ser un traidor, ni un cobarde”, escriben Irene Zugasti e Isabel Serra.

La imagen de la mujer se utiliza para el fomento de la guerra; por ejemplo, la propaganda del Estado de Israel hace uso de las mujeres militares para blanquear el genocidio de Gaza (366 gazatíes asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre).

Así, sobre una determinada unidad de combate israelí, el periódico colombiano El País tituló en octubre de 2023: “Unas verdaderas ‘Leonas’: las 13 de mujeres que integran el ejército de Israel en la lucha contra Hamás”; y por las mismas fechas, en el diario español La Vanguardia: “El ejército israelí más feminista”.

Los medios informativos se hicieron eco del caso de la modelo  e influencer israelí -en la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans-, Natalia Fadeev, que decidió enrolarse en el ejército sionista al comienzo de la masacre contra la Franja.

El libro de Akal dedica un apartado al Feminismo de misil de crucero; fue el modo en que -en 2024, en una entrevista en El Salto- la entonces eurodiputada irlandesa de izquierdas, Clare Daly, definió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la política conservadora alemana ha calificado al Estado de Israel como una “democracia vibrante”, que ha hecho “florecer el desierto”; es también partidaria de la escalada armamentista y el reforzamiento de la OTAN.

Irene Zugasti e Isabel Serra mencionan además a Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos entre 2009 y 2013, durante la presidencia de Obama; es “la eterna esperanza demócrata, comenzó militando como republicana, y fue pionera en la instrumentalización de un feminismo hegemónico, pop, para hacer política internacional”.

Abanderada de la guerra de Afganistán, se ha denunciado el respaldo de Hillary Clinton al golpe de Estado en Honduras de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya; entre 2009 y 2013, Estados Unidos fue el principal exportador de grandes armas del mundo (29% del total mundial).

Otro ejemplo de manipulación se produjo en mayo de 2011, cuando Estados Unidos liquidó al dirigente de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en Pakistán; la abogada y periodista pakistaní, Rafia Zakaria, explica en su libro Contra el feminismo blanco (2021) cómo se otorgó al asesinato de Bin Laden un matiz feminista; entre otras razones, por la participación de una agente de la CIA, llamada Maya, en la captura del jeque saudí; los hechos dieron lugar, incluso, a un filme norteamericano de 2012: La noche más oscura.

¿Existen alternativas? Isabel Serra e Irene Zugasti apuntan antecedentes en el estado español como la Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA), constituida en 1933 por el PCE, que tuvo -durante la guerra española- un papel destacado como red de solidaridad y apoyo mutuo entre  mujeres.

En la guerra de independencia de Argelia frente al imperialismo francés, iniciada en 1954, las mujeres no sólo tomaron parte en la lucha armada, sino que fortalecieron la vida comunitaria en la resistencia contra los ocupantes.

Las autoras señalan la oposición a la guerra de las mujeres negras en Estados Unidos, de las que da cuenta la académica y activista, Angela Davis, en Mujeres, raza y clase (1981); encarnó este combate la feminista negra Assata Shakur, exmiembro del Partido Pantera Negra y del Ejército Negro de Liberación, perseguida y encarcelada en Estados Unidos; la activista falleció el pasado 26 de septiembre, exiliada en La Habana.

Otro ejemplo significativo es el de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina; y el de las mujeres del campamento pacifista de Greenham Common, en Reino Unido, iniciado en 1981 y cerrado en 2000, para protestar contra el armamento nuclear en la base militar emplazada en Berkshire (Inglaterra).

“El belicismo es hoy la punta de lanza de la reacción antifeminista”; además, “nos sentimos interpeladas por el feminismo para llamar a las mayorías a la insumisión frente a la ‘sociedad de la guerra’. Nos encontramos ante una encrucijada histórica, ante una época en disputa, ante una crisis profunda que sólo se da en algunos momentos de la historia”, concluyen Irene Zugasti e Isabel Serra.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Callados como putas

 

Socióloga especializada en Violencia de Género. Guionista.

La expresión viene del silencio que han mantenido las mujeres prostituidas en favor de los hombres que las usan como mercancía. Alguna vez oí en boca de hombres que las amantes son vengativas y que las putas, por lo menos, nunca hablan.

Callados para hablar de ustedes, pero para opinar sobre nuestros derechos están presentes en todos los foros. Es curioso tener una opinión sobre algo que no se conoce o se conoce desde el lado del privilegio que da abusar de una mujer en cualquiera de sus formas. No han tenido la capacidad intelectual de conformar un corpus teórico acerca del patriarcado ni del machismo, ni de buscar referentes masculinos, que los hay, pocos, pero los hay. Intelectuales que manifestaron públicamente la opresión de la mujer y defendieron conceptos como ‘igualdad’ o ‘discriminación’ por sexo. Porque si algo necesitan los hombres es que, para creer algo, se lo diga otro hombre. Lean a John Stuart Mill o a Poullain de la Barre.

De nosotras, las mujeres, ya nos ocupamos nosotras mismas y el feminismo, con una agenda política puesta en el abolicionismo: de la trata y la prostitución, de los vientres de alquiler y del género. Nosotras llevamos siglos organizadas para que la igualdad sea un hecho a pesar de todos los peajes pagados por el camino. No nos sale gratis; la responsabilidad es valiente y la valentía tiene un precio: “Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena”.

Lo que tiene que pasar no es que sean aliados, es que hablen de ustedes. Del rol de macho que se han adjudicado y que cada vez tiene menos recorrido. El feminismo es imparable, y el desencuentro con el machismo, ineludible. Las mujeres necesitamos que los hombres se organicen globalmente como movimiento de cambio cultural violento contra las mujeres. Si ‘feminismo’ termina en -o- el de ustedes puede terminar en -a-, no sé, se me ocurre ‘movimiento tapatista’, por eso de empezar por bajar la tapa del váter.

Expresen el papel que tienen en las violencias de género, de cómo lo sustentan con sus discursos machistas. Hablen de su rol como depredadores sexuales, no de los que se esconden tras un árbol por la noche esperando asaltar a alguna presa, que también, sino de los opinadores del físico femenino y de los coleccionistas de mujeres. Opinen acerca de las decisiones laborales de contratar o despedir a mujeres en función de sus tetas, de su edad o de su grado de sumisión. Debatan sobre el número de hombres mediocres con cargos directivos, cargos medios y posibilidades de ascensos. Mírense entre ustedes y hablen de lo propio. Rompan un techo que no es de cristal, es de escrotos.

Déjennos en paz. Hágannos la vida más fácil y agradable sin necesidad de demandar ego y poder con cada cosa que dicen. Lo que se está oyendo en todos los medios de comunicación por parte de opinólogos reputados y no tanto es, cuanto menos, bochornoso. Eso también es violencia. “Pero es que ahora todo es violencia”. No, siempre ha sido violencia, ahora lo estamos llamando por su nombre.

Somos el sexo del cambio y de la igualdad. No nombres la igualdad en vano para parecer aliado. Habla, pero habla de ti, de los hombres. Que ya las putas están hablando y ustedes, callados.