Cada que llega la segunda semana de diciembre se me viene a la mente
la frase: "Vientos tejocoteros" con la que Raúl Béjar Navarro —quien
fuera el primer director de la ahora FES Acatlán— se refería a esta
flojera que nos invade a todos en estas fechas. Es como si el cuerpo lo
supiera, como si la cabeza, las manos, laspiernas
entendieran que ya vienen las vacaciones, y uno afloja el paso. Nosotros
no hibernamos, no entramos en un periodo de vida latente, pero sí nos
dan ganas de desertar de las obligaciones laborales o de las prisas por
las citas perentorias e instalarnos en la inmanencia de la vida
familiar; nos dan ganas de reconcentrarnos en nosotros mismos y mirar
adentro.
Yo, lo confieso, me siento atravesado por esos vientos y, por eso,
los invito a que cada quien mire dentro de sí mismo, y para asistirlos
en este acceso les mostraré unas estampas de mi propio interior, cuya
única virtud es que poseo un interior como el de cualquiera: me asomo
dentro de mí y lo primero que descubro es que ando memorioso. La prueba
está en el recuerdo con el que he iniciado esta columna: "vientos
tejocoteros". No es una frase deslumbrante, a lo más es una imagen que,
aunque precisa, resulta un tanto pueril, pues alude al hecho obvio de
que las piñatas que andan reventando a fuerza de palos están retacadas
de tejocotes cuyo perfume arrastra el viento. La recuerdo, no obstante,
pues la escuché por primera vez hace casi cincuenta años, cuando yo era
muy joven y me pareció deslumbrante. Cuantas cosas me lo parecieron
entonces…
Cursaba el último año de la licenciatura en Filosofía en CU y, sin
embargo, ya daba clases en Acatlán. Recién había leído las Meditaciones
metafísicas de Descartes y tenía a mi cargo el curso de Ontología.
Estaba obligado a parafrasear unos filosofemas que acababa de medio
entender, y eso no era lo peor: lo más difícil era pararme frente al
grupo de estudiantes, algunos mayores que yo, pues padecía de una
timidez que me llevó muchos años superar. Así, que recuerdo, como si
estuviera ahí, como tartamudee mi primer cogito ergo sum. Qué nuevo era
todo entonces y qué arduo.
Y qué lejos quedaba Acatlán, cuatro camiones separaban mi casa de mi
clase, cuatro camiones o, tal vez, cuatrocientos los que me separaban
prácticamente de cualquier cosa… (aquí lo invito, lector, a que
introduzca sus propios recuerdos: de seguro conserva los incidentes de
cuando comenzó a trabajar).
Dirijo otra mirada a mi interior y encuentro que ahí algo está
desacoplado, que faltan personas y sobran sentimientos, que tengo amores
vivos por quienes ya no existen o simplemente se quitaron, se fueron.
Hay un desajuste que me impide parear mis sentimientos: hay amores, pero
también odios que ya no se dirigen a nadie que ande a mi alcance en
este mundo.
En mi interior, sin embargo, no solo hay nostalgia y algunos
sentimientos que carecen de referente, hay también un gusto por
celebrar, por acercarme a los que siguen a mi lado, o están a la
distancia de una llamada telefónica, o de un breve recorrido que me
permita verlos, estucharles la mano, darles un abrazo, desearles lo
mejor para el año que viene. Y junto a este gusto, en mi interior
experimento una suerte de regocijo, de bienestar, porque el aguinaldo
obra milagros, y uno muy importante es sentir que mis bolsillos están
más abultados que de costumbre.
No está mal, me digo, no está mal permitirme desertar de mis
obligaciones, hojear un libro inútil, irme al cine, visitar un amigo,
charlar con él toda la tarde aunque esta columna me quede corta. Sé que
en SinEmbargo me lo tolerarán, sé que quienes me siguen
regularmente estarán de acuerdo conmigo en que le pare aquí. Y no
porque "otras tierras del mundo reclamen el concurso de mis modestos
esfuerzos", sino, sencillamente, porque entenderán que los vientos
tejocoteros me quieren llevar a otra parte.
La
autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la
toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por
razones de seguridad.
Bajo
las restricciones de los talibanes, la circulación y el trabajo de las
mujeres se han visto cada vez más restringidos en todo Afganistán.
Imagen: Learning TogetherPeriodista de IPS
KABUL – Shabnam, una joven de 26 años y con casi la carrera de
derecho terminada, se las arregla para vivir y trabajar disfrazándose
como varón en Afganistán. En un mercado abarrotado, con el bullicio de
los vendedores ambulantes y el olor de los restaurantes cercanos, una
pequeña tienda anónima se mezcla con el caos.
En su interior, estanterías oxidadas cubren las paredes, latas de
refresco vacías colgadas en la pared añaden un toque de color y una
vieja mesa cubierta con un paño gastado se encuentra en una esquina.
Para los transeúntes, el tendero es un joven.
Nadie percibe que que, detrás de este disfraz, una joven respira entre el miedo y la esperanza.
«Nunca tuve una infancia», dice Shabnam, «mientras otros niños jugaban en las calles, yo abría la tienda».
Y continúa: «Desde los 10 años trabajé a tiempo parcial junto a mi
padre y seguí trabajando a tiempo parcial mientras continuaba mis
estudios universitarios bajo su tutela».
Sin embargo, su padre ahora es un anciano y está parcialmente
paralizado, y ella es la única fuente de ingresos de la familia. Su
mayor deseo, dice, es que su hermano menor crezca y tenga éxito.
Un secreto que conocen muy pocos
Los residentes de los barrios circundantes solo la conocen como un joven educado.
Cada día, los funcionarios municipales recaudan impuestos de los
comerciantes, exigiendo el pago independientemente de si han vendido
algo o no. Esta jornada, incluso le entregaron una advertencia formal
después de la visita.
«¡Eh, chico, paga tus impuestos!», le gritó el recaudador. «Haz
crecer tu negocio. Consigue un carrito pequeño y vende en la calle», le
demandó.
«Por cierto, ¿de quién es esta tienda?», le preguntó a continuación.
Aterrorizado, el asustado joven respondió tímidamente: «Es de mi padre.
Está paralítico y se queda en casa».
«Alquila tu tienda y paga tus impuestos con el alquiler», le gritó el
recaudador de impuestos una vez más. «Todas las tiendas pagan
impuestos. ¿Cuánto has vendido hasta ahora?», le insistió.
«He ganado 75 afganis (1,10 dólares)», le dijo Shabnam.
«Vamos, eso no es suficiente. ¡Ve a comprar un carrito pequeño y
trabaja más duro, vende verduras y frutas! ¿Lo entiendes?», le dijo el
recaudador.
Dos comerciantes vecinos, amigos íntimos del padre de la joven, están
muy impresionados por la resistencia y la determinación de la joven.
«Si esta chica no existiera, su familia pasaría hambre», dice uno.
«Pero si los talibanes descubren que es una mujer disfrazada de hombre,
la pondrían en peligro. Por desgracia, su hermano pequeño es demasiado
pequeño para llevar una tienda», comenta.
Este secreto forma parte de la vida cotidiana de esta joven. Como
viste ropa de un varón adolescente, afortunadamente nadie en el barrio,
donde la mayoría son inquilinos, la reconoce por la calle. Ni siquiera
sus parientes vienen a proponerle pretendientes para casarse, lo que
harían si conocieran la verdad, según la costumbre afgana.
Los vecinos cotillean y aseguran: «Que Dios nunca haga que nuestra
familia sea como la suya, ¿una joven que regenta una tienda? Nadie en
nuestra tribu ha sido nunca tan desvergonzado».
Una
tienda dentro de una zona comercial en Kabul. En otra de ellas, una
tendera disfrazada como un joven es quien atiende a los clientes, en una
de las pocas formas en que puede ganarse la vida y alimentar a su
familia. Imagen: Learning Together
Una nube constante de miedo
Cada mañana, cuando abre la puerta de la tienda, un miedo intenso se apodera de ella.
«Nunca he empezado un día sin temor. Cuando los talibanes pasan por
delante de la tienda, mi corazón se acelera. Me pregunto si este será mi
último día en la tienda», dice.
Aun así, no tiene otra opción. Si no trabaja, su familia no come. Cada noche esperan en casa a que cierre la tienda para cenar.
«Cuando mi madre me ve, se le llenan los ojos de lágrimas. Me besa y
me dice: «¡Eres una chica valiente y fuerte, y además abogada!», cuenta
Shabnam.
Y añade: «Mi madre quería trabajar; quería lavar ropa para otros,
pero yo no se lo permití. Hace poco, cuando llegué a casa, la vi
cosiendo colchas y colchones para otras personas. Me di cuenta de que
era mi turno de proclamarla una mujer valiente y fuerte».
Los escasos ingresos que gana su madre ayudan a cubrir los gastos de
la medicación para la hipertensión de su padre. La familia, compuesta
por cinco miembros, incluye dos hermanas y un hermano.
«A menudo nos acostamos con hambre si ganamos menos de 100 afganis
(1,60 dólares) al día. Mi hermano llora hasta quedarse dormido, pero yo
intento poner buena cara aunque por dentro lloro», cuenta Shabnam.
Sus palabras reflejan la realidad de miles de mujeres afganas en todo Afganistán.
Un pequeño sueño que parece inalcanzable
A pesar de los riesgos, Shabnam se aferra a un modesto sueño. «Algún
día, quiero tener suficiente capital para montar un negocio para mujeres
en esta tienda», dice con una leve sonrisa. En lugar de patatas fritas
quemadas y refrescos que revuelven el estómago de todos los tenderos,
ella vendería bolani fresco, un pan plano tradicional afgano,
normalmente relleno de patatas, espinacas, calabaza o puerros.
Pero no tiene ni el capital ni la seguridad necesarios para solicitar un préstamo para comprar el equipo.
Los vecinos siguen de cerca la vida de Shabnam. La han visto llorar
detrás de las estanterías de la tienda y comprenden el cansancio que la
agota y saben que no hay otra opción. «Esta chica es como mi propia
hija», dice uno de los vecinos, «siempre admiro su valentía. Ni siquiera
aceptaría ninguna oferta gratuita por mi parte».
La
vida cotidiana en Kabul, donde el comercio y la rutina persisten a
pesar de la creciente presión sobre la población del gobierno talibán.
Imagen: Learning Together
Una sociedad de mujeres silenciadas
Según las Naciones Unidas, más de 80 % de las mujeres afganas han
perdido su trabajo desde que los talibanes volvieron al poder, en agosto
de 2021.
El regimen del movimiento político y militar islamista
fundamentalista ya habían gobernado el país entre 1996 y 2001, e imponen
un acatamiento estricto de la ley islámica, la Sharia, que fuerza a las
mujeres a restringirse al ámbito doméstico, sin posibilidad de estudiar
o trabajar.
Las mujeres que antes mantenían a sus familias ahora están confinadas
en sus hogares. En este contexto, una joven que aún se atreve a
mantener abierta su tienda es un símbolo de resistencia silenciosa. Sin
embargo, esta resistencia podría terminar en cualquier momento con una
sola amenaza.
Su mayor temor es la llegada de los recaudadores de impuestos. Ella paga en silencio lo que puede. No hay salida.
Los expertos económicos advierten de que la exclusión de las mujeres
del mercado laboral ha empujado a innumerables familias a la pobreza
extrema. La historia de Shabnam es un pequeño ejemplo de una crisis
social mucho mayor.
La tienda es un refugio de esperanza
Para Shabnam, la tienda es más que un lugar de trabajo. Es un refugio
donde se siente viva. Cada lata de refresco que cuelga como decoración
es un signo de esperanza. Intenta dar color a la tienda incluso en medio
de la pobreza y las amenazas.
«El secreto de mi éxito es el pequeño disfraz que hace que todo el mundo piense que soy un chico de 16 años años», dice.
Pero, añade, «últimamente me despierto casi siempre con miedo por los
impuestos. ¿Podré abrir la tienda hoy? ¿Y si vienen los funcionarios
municipales, me lo quitan todo en un momento y lo tiran a la calle? ¿Y
si no puedo comprar una pequeña bandeja o tengo que dejar de alquilar mi
tienda? ¿Qué me harán?».
«Mi historia podría ser la de miles de otras mujeres que siguen luchando por el pan, por la vida y por su dignidad», reflexiona.
A pesar de los enormes retos, Shabnam sigue albergando la ambición de
terminar sus estudios de Derecho y poder convertirse en la abogada que
una vez se propuso ser.
Lideresas
campesinas de Chile leen una proclama, al inicio de las sesiones de
análisis de la situación de las temporeras debido al uso masivo de
plaguicidas altamente peligrosos en las grandes explotaciones agrícolas.
Imagen: Orlando Milesi / IPS Orlando Milesi
SANTIAGO – Mujeres campesinas chilenas denuncian un fuerte
incremento en el uso de plaguicidas peligrosos y el deterioro de sus
condiciones laborales y ambientales en grandes empresas
agroexportadoras.
Así lo testimoniaron durante un Tribunal Ético instaurado en una reunión de dirigentes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), provenientes de todo este alargado país sudamericano.
Más de noventa dirigentes analizaron el incremento del uso de
plaguicidas en las faenas agrícolas, como uno de los crecientes
problemas ambientales en la actividad. Y se declaró culpables a las
grandes empresas agro exportadoras por utilizar plaguicidas altamente
peligrosos en sus miles de hectáreas con monocultivos.
En 1990 se importaron en Chile 17 942 toneladas de plaguicidas, una
cifra que aumentó a medida que se incrementaron los monocultivos, hasta
alcanzar las 53 140 toneladas en 2024.
Muchos no son necesarios y solo apuntan a aumentar la productividad.
“El sistema de agronegocios tiene
nefastas prácticas y la vulneración de derechos contra los trabajadores y
trabajadoras y provoca un severo daño y contaminación de la
biodiversidad”: Alicia Muñoz.
Berta Saavedra, de 66 años, de padres campesinos, trabajó como
temporera durante 35 años en la hacienda El Sauce, en las cercanías de
la ciudad de Los Andes, en la región de Valparaíso, 80 kilómetros al
noreste de Santiago, donde se producen uvas, paltas (aguacates) y
duraznos.
Cuenta que estaba raleando (podando) vides justo en un lugar por donde pasó un tractor fumigador cuyos gases la intoxicaron.
“Me dieron vómitos y mareo. Se me puso la cara roja y se manchó mi
cuerpo con unas ronchas. Me sentía mal y me subió la presión”, recuerda
en dialogo con IPS.
Y lamenta la deficiente atención en el servicio de salud al cual la llevaron.
“La doctora me echaba y me dijo ‘anda y lávate bien, hasta el pelo
con jabón’. Y eso fue todo. No me dieron nada y no se pudo comprobar la
intoxicación porque el fundo (hacienda) escondió todo. Ni me acuerdo del
nombre del veneno”, afirma.
Pero las consecuencias, dice, permanecen. “Una queda sensible,
cualquier cosa te afecta. Por ejemplo, si voy a San Esteban (municipio
vecino) adonde fumigan mucho, al tiro siento el olor, me duele la cabeza
y siento malestares”, relata.
“Trabajábamos muchas mujeres en el corte. Otras también tuvieron ganas de vomitar, pero no fueron tan afectadas”, dijo.
Los temporeros son trabajadores transitorios, mayoritariamente mujeres, contratados por períodos cortos y sucesivos.
Hace una década Saavedra demandó a la empresa por daños y logró
obtener una pequeña indemnización. Actualmente labora como guardia de
seguridad.
Campesinas
provenientes de diversas regiones chilenas participan de una Asamblea
donde se analizaron, entre otros temas, los efectos adversos de
plaguicidasy las deficientes condiciones laborales que enfrentan las
mujeres temporeras. Imagen: Orlando Milesi / IPS
Riqueza y pobreza
Durante el Tribunal Ético impulsado por Anamuri el 3 de diciembre,
Día Mundial de No Uso de Plaguicidas, la doctora en sociología María
José Azócar, de la Fundación SOL, sostuvo que los agronegocios significan “riqueza a costa de pobreza”.
El agronegocio define en Chile a la producción y comercialización de
productos agrarios a gran escala y mayormente destinados a la
exportación y con una propensión creciente al monocultivo.
Azócar detalló que todo el sector agrícola genera unos 600 000
empleos directos, con tendencia a la baja. Muchos de estos puestos de
trabajo son ocupados por migrantes quienes vienen a Chile en busca de
mejores salarios.
“Pero la mitad de los empleados tiene un ingreso menor a 500 000
pesos líquidos (543 dólares), lo que es un ingreso de subsistencia. Son
empleos precarizados y 40,6 % de ellos informales”, aseveró.
Definió a la agricultura como un área peligrosa por los riesgos para la salud y por su alta tasa de mortalidad.
“Es muy difícil demostrar legalmente
estos casos de intoxicaciones agudas y por ello los responsables quedan
impunes de estas violaciones de los derechos humanos a la salud”: María
Elena Rozas.
En contraste, las empresas obtienen importantes ganancias generadas por sus exportaciones.
Puso como ejemplo a una productora y exportadora de diferentes bayas,
Hortifrut, cuyos ingresos entre el 2018 y el 2024 alcanzaron a 1165
millones de dólares con ganancias por 193 millones de dólares.
Según la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
(Subrei) entre enero y julio del 2025 las exportaciones totales
chilenas alcanzaron a 60 961 millones de dólares, compuestas por la
minería, seguida de la agricultura.
Las ventas externas agrícolas sumaron 14 180 millones, un alza de 8,7
% respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo la fruta fresca
aportó 6041 millones de dólares, un incremento de 3,3 %.
La
chilena Berta Saavedra, quien resultó gravemente intoxicada en la
hacienda El Sauce, en el municipio de Los Andes, al noreste de Santiago,
cuando trabajaba en sus viñedos mientras un tractor efectuaba la
fumigación de las vides. Imagen: Orlando Milesi / IPS
Efectos ocultos del desarrollo exportador
Alicia Muñoz, directora nacional de Anamuri y su presidenta hasta
septiembre pasado, denunció a IPS las precarias condiciones laborales de
los trabajadores de la agroexportación.
“El sistema de agronegocios tiene nefastas prácticas y la vulneración
de derechos contra los trabajadores y trabajadoras y provoca un severo
daño y contaminación de la biodiversidad. Estas vulneraciones continúan y
más graves pese a muchos años que las venimos denunciando”, afirmó.
Destacó que “la vulneración de derechos laborales se manifiesta a
través de salarios incompletos o retrasados, falta de afiliación a la
seguridad social, jornadas excesivas sin paga, despidos injustificados y
negación de vacaciones y contratos escritos”.
Según Muñoz, “estos abusos se agravan en las mujeres las cuales se
ven expuestas a acoso sexual y en los migrantes que muchas veces son
engañados por contratistas traficantes de personas”.
Los plaguicidas altamente peligrosos tienen efectos genotóxicos,
neurotóxicos, reproductivos y provocan malformaciones en la
descendencia. Su impacto alcanza a quienes habitan en la periferia de
grandes predios fumigados incluso desde aviones.
La situación se agrava porque en Chile se usan plaguicidas prohibidos
en la Unión Europea (UE) como el dormex que se importa desde Europa
hacia este país debido a una legislación más laxa.
Rap-Al es una red de organizaciones, instituciones, asociaciones y
particulares que confronta el uso masivo e indiscriminado de plaguicidas
y propone fórmulas para reducir su uso.
El 2024 hubo en Chile 651 casos notificados y confirmados de
intoxicación aguda por plaguicidas con un total de 20 personas muertas,
dos de ellas por causas de origen laboral, indicó.
“En la región del Maule, en 2024 hubo 125 casos de origen laboral de
intoxicaciones agudas por plaguicidas”, puntualizó, apuntando a una de
las regiones agrícolas más productivas, situada en el centro del país.
Recordó que la carga tóxica corporal en estos casos es de por vida y
lamentó, además, que “es muy difícil demostrar legalmente estos casos y
por ello los responsables quedan impunes de estas violaciones de los
derechos humanos a la salud”.
Integrantes
del Tribunal Ético dan a conocer sus conclusiones sobre la situación
ambiental y laboral que viven en Chile las mujeres temporeras que
trabajan en los grandes monocultivos agroexportadores que se extienden
por todo el país. Imagen: Orlando Milesi / IPS
Liliana Zúñiga, bióloga de la Universidad Católica del Maule,
dijo a IPS que se ha estudiado mayormente los efectos de estos
plaguicidas en mujeres, pero son las familias completas las que están
expuestas.
“Algunas son trabajadoras agrícolas y otras esposas de trabajadores
que cuando ellos se van a sus casas, son las esposas quienes les ayuda a
lavar la ropa y las máquinas y quedan también expuestas a los riesgos”,
aseveró.
Según Zúñiga, “la potencialidad del daño puede ser muy profunda
porque son familias que quedan para toda la vida con el drama con
malformaciones que muchas veces no son tratables”.
La bióloga explicó que los efectos de los plaguicidas dependen de su toxicidad, la duración de la exposición y la dosis.
Indicó, asimismo, que también se han relacionado sus efectos en la salud mental, por ejemplo los síntomas depresivos.
Zúñiga extendió el riesgo a toda la población pues los alimentos son la principal fuente de exposición a plaguicidas.
Advirtió, asimismo, que hay una subnotificación de casos de intoxicación aguda.
Para ella la gran pregunta es cómo disminuir la cantidad de plaguicidas que se lanzan al ambiente.
Una forma es la convencional y otra la agroecológica, sostuvo.
“Son dos mundos muy diferentes. La agroexportación industrial con
todo lo que conocemos de este modelo de 30 o 40 años donde se usan
plaguicidas a todo efecto, antes que aparezca la plaga. Y la
agroecología con una lógica donde el plaguicida es la última instancia”,
explicó Zúñiga.
Subrayó que la agroecología apunta a no tener monocultivos que sean
océanos de un solo tipo sino a impulsar cultivos mixtos donde las mismas
plantas ayudan a controlar plagas.
“He visto huertas agroecológicas donde junto a tomates plantan
berenjenas porque es una planta trampa para la mosquita del tomate. Las
plantas ayudan a controlar las plagas”, explicó.
Existen plaguicidas orgánicos que tienen mayores costos y que no son un sector usado masivamente.
“Sabemos que la agricultura tradicional utiliza plaguicidas más tóxicos porque los considera más efectivos”, advirtió Zuñiga.
A su juicio, la agricultura familiar campesina, de la cual se
alimenta la mayoría de los chilenos, es también parte del problema
“porque es la que menos control tiene sobre la aplicación de
plaguicidas”.
La red Rap-Al pidió la prohibición inmediata de plaguicidas altamente
peligrosos e indicó que las decisiones al respecto tienen raíces
políticas y no tecnológicas.
Según Rap-Al se requiere “una voluntad política no solo para
reconocer el efecto de estos tóxicos sino para generar políticas
tecnológicas, alimentarias, crediticias y de tierras que posibiliten a
productores y productoras una transición hacia agroecosistemas
sustentables, resilientes y viables”.
En
2024, la provincia de Nueva Escocia registró la tasa más alta de trata
de personas reportada por la policía en el país, según un nuevo informe
del Departamento de Estadísticas de Canadá.
En 2024, esa
provincia en la región del Atlántico canadiense tuvo una tasa de
incidencia de 4,5 por cada 100.000 personas, superando la tasa nacional
de 1,5 incidencias por cada 100.000 personas.
Otras cuatro provincias también registraron tasas superiores al
promedio canadiense: Isla del Príncipe Eduardo (2,8), Ontario (2,3),
Nuevo Brunswick (2,0) y Saskatchewan (1,9).
En la ciudad de Halifax, la capital de Nueva Escocia, la policía
registró 7,5 casos por cada 100.000 personas, lo que la coloca en
segundo lugar entre las ciudades más afectadas por la trata de personas
en el país, detrás de Guelph, Ontario, donde la policía informó de 11
incidentes por cada 100.000 personas.
Estas cifras superan con creces la tasa general registrada en las
áreas metropolitanas canadienses, que fue de 1,6 incidentes por cada
100.000 personas en 2024.
Según
Danielle Sutton-Preddie, incluso en los casos denunciados a la policía
podría haber un registro inexacto debido a las diferentes maneras en que
las fuerzas policiales reportan esos datos.
Foto: iStock
Los informes han ido disminuyendo desde 2020
Sin
embargo, el informe del Departamento de Estadísticas de Canadá señala
que los casos de trata de personas denunciados a la policía han
disminuido en un 44% en Nueva Escocia, después de alcanzar su punto
máximo en 2020.
Danielle Sutton-Preddie , analista del Centro canadiense de
estadísticas jurídicas y seguridad comunitaria, señaló que los datos
fueron compilados por las fuerzas policiales, lo que, según ella, no
refleja el número real de casos en el país.
La trata de personas a menudo está oculta y las víctimas pueden ser reacias a manifestarse.
Ella añadió que incluso en los casos denunciados a la policía, podría
haber un registro inexacto debido a las diferentes maneras en que las
fuerzas policiales reportan estos datos.
Según Danielle Sutton-Preddie, los datos estadísticos de 2024 podrían
cambiar debido a que muchas investigaciones policiales aún están en
curso.
El informe de la agencia federal de datos, que cita un estudio del
Centro canadiense para poner fin a la trata de personas, atribuye la
alta tasa de Nueva Escocia a su ubicación costera y al hecho de que la
provincia sirve como un nodo clave en un corredor de trata de personas que facilita el movimiento de las víctimas.
El sargento Jeffrey MacFarlane,
administrador de la unidad de lucha contra la trata de personas de la
Real Policía Montada de Canadá (RPMC) en Nueva Escocia, señaló que la
alta tasa de denuncias en la provincia también podría ser atribuida a
una mayor sensibilización en el tema.
Hemos logrado una mayor sensibilización en comparación a
otras provincias. Realmente hemos dedicado mucho tiempo a informar al
público sobre la realidad de la trata de personas.
Las mujeres y las niñas tienen mayor probabilidad de ser víctimas de
la trata de personas. Ellas representaron más del 90% de los casos en la
última década.
La organización YWCA de Halifax trabaja directamente con estas
víctimas. Una responsable de esta organización, Danielle Hodges, señaló
que, en muchos casos, las mujeres no se dan cuenta inmediatamente de que
están siendo explotadas, lo que significa que no buscan ayuda hasta que
se les hace más difícil escapar de una situación de trata de personas.
Es la vulnerabilidad de las personas la que a menudo es
explotada. Puede que sean necesarios varios intentos para encontrar el
apoyo que necesitan las víctimas.
Hodges enfatizó la importancia del acceso a la vivienda, al empleo y la concientización en situaciones de trata de personas.
Fuente: RC / CBC / F. P. Dufault / G. Grillo de Lambarri
Las mujeres que comparten públicamente testimonios de
violencias sexuales se enfrentan a represalias que pueden derivar hasta
en un proceso judicial por cometer un delito contra el honor.
Este reportaje pertenece al número 13 de Pikara en papel, publicado en septiembre de 2025 y que puedes comprar en nuestra tienda online.
La
situación ocurre de forma más o menos similar. Un espacio de internet donde
cientos de mujeres escriben para contar las violencias sufridas en un pasado
distante o cercano. Un #MeToo expandido en todas las direcciones y vivencias
posibles. A veces, esos testimonios son canalizados a través de las cuentas de
periodistas o activistas conocidas. En otras ocasiones, se crean perfiles
anónimos que muestran historias de acoso, abusos o violencias sexuales, como
sucedió con las cuentas de víctimas de Instagram de diferentes sectores
(editorial, audiovisual, artes escénicas). Y en medio de ese maremágnum de
violencias puede ocurrir que el hilo se extienda a los comentarios, otras
mujeres se vean reflejadas y salga a flote un nombre con apellidos; también
puede ocurrir que aparezcan algunos datos que llevan a la identificación, como
una ciudad o una determinada profesión. A partir de ahí, existen posibilidades
de que la historia se complejice y las consecuencias para quienes promueven
estos canales puedan llegar hasta cualquier límite: acoso, presiones, amenazas,
denuncias y demandas judiciales.
En
algunos casos, basta con una sola frase: la anterior ministra de Igualdad, Irene
Montero, tuvo que pagar 18.000 euros más
intereses a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, la que fuera presidenta
de Infancia
Libre, por decir que “las madres protectoras” solo hacen “defenderse
a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de
los maltratadores”. Aunque nunca dijo ningún nombre, la justicia consideró que
atentaba “contra la reputación personal” del demandante. Poco después, Ángela
Rodríguez ‘Pam’, exsecretaria de estado de Igualdad, fue condenada por lo mismo a pagar
10.500 euros. Si las palabras las pronuncia la propia mujer violentada, puede
ser incluso peor, como le sucedió a la actriz Amber Laura
Heard, quien fue demandada por describirse a sí misma en una
columna en The Whashington Post como “una figura pública
que representa el abuso doméstico” en referencia, aunque sin nombrarle, a su
relación con el actor Johnny Depp.
Tuvo que indemnizarle con unos 14 millones de euros; ambos acabaron condenados
por difamación, aunque ella en mayor grado.
“Cuando las mujeres difunden la verdad, ellos despliegan muchos medios que
tienen que ver con repercusiones de carácter social»
No se
trata de casos puntuales, sino que la práctica de denunciar a quien denuncia se
ha vuelto habitual. Cristina
Fallarás conoce de primera mano lo que supone exponer públicamente las
violencias vividas por cientos de mujeres. Ya desde el proyecto #Cuéntalo,
iniciado en 2018 en la entonces red social Twitter, y a través del que se
instaba a relatar las violencias sufridas, comenzó para la periodista una
odisea que continúa hasta la actualidad. “Empezaron agrediéndome por redes,
después pasaron a amenazarme de muerte durante varios años, también amenazaron
a mi hijo y a mi hija cuando eran pequeños, les mandaban fotos de su madre
descuartizada, violada. Me empujaban por la calle, me rompieron un menisco, me
escupían, me acosaban… Modifican tu vida y la de tu familia”, relata. Este tipo
de acciones también pueden desembocar en una cita en los tribunales. “Los
agresores tantean la idea de si les sale a cuenta o no iniciar un proceso
judicial, porque calibran si el poder que tienen va a ser mayor que el
contrapoder que puedan ejercer las mujeres difundiendo la verdad”, explica la
abogada Carla Vall. “Cuando las mujeres eligen hacerlo, ellos despliegan
muchos medios que tienen que ver con repercusiones de carácter social, como
mermar su entorno, hacerles tener miedo de la difamación pública e intentar
silenciarlas a través de personas que hablen mal públicamente sobre ellas;
poder empequeñecerlas desde este aislamiento y hacerles sentir que lo que
vendrá será mucho peor”, añade.
Desde
que el muro de Instagram de Fallarás se ha convertido en canalizador de
historias de agresiones y maltratos machistas, la comunicadora ha recibido
algunas denuncias, como la del rapero Ayax Pedrosa Hidalgo, que la acusa de recoger en su
cuenta testimonios falsos sobre él —pese a que ella nunca incluye nombres en
sus publicaciones—. La cifra de hombres aludidos que la han amenazado con
llevarla a los tribunales crece a medida que los testimonios continúan difundiéndose.
La motivación más frecuente es la vulneración del honor. El honor. El artículo
18.1 de la Constitución apunta: “Se garantiza el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Derivado de este derecho
fundamental, en el título XI del Código Penal se recogen dos tipologías de
delitos: el de calumnias y el de injurias.
El
primero se define como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Es decir, se acusa a alguien
de haber cometido un delito sin la absoluta certeza de que los hechos
delictivos se han producido. Como recoge la normativa, “el acusado por delito
de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere
imputado”. Es lo que se llama exceptio veritatis, o poder probar la certeza de lo
que se afirma. Esto sería lo más relevante judicialmente: el conocimiento de la
verdad.
Solo se tienen por delito las injurias consideradas graves, aunque la
normativa no especifica en qué consiste esa gravedad
El
delito de injurias, por su parte, consiste en “la acción o expresión que
lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra
su propia estimación”. Lo importante en esta tipología es que solo se tienen
por delito las injurias consideradas graves, aunque la normativa no especifica
en qué consiste esa gravedad. No obstante, en ningún caso se valoran como
graves las injurias que consistan en la imputación de hechos, a no ser que se
realicen con conocimiento de falsedad. “Si tú puedes demostrarlo, porque hay
mensajes, lo saben varias amigas o hay alguna otra información, esto puede
servir para lo que se llama prueba periférica, que significa que de algún modo
queda acreditado que hubo algo y por la excepción in dubio
pro reo, un
principio penal que sirve para absolver en caso de duda, si hay una duda
razonable tendríamos una absolución”, señala Vall.
Una de las cuestiones más controvertidas en los
delitos contra el honor pasa por sus roces con los derechos a la libertad de
expresión e información, reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional
establece que cuando la información es veraz y de interés público puede
prevalecer sobre el derecho al honor. La información se evalúa a través del
denominado triple test. El primer parámetro sería el de interés social de la
información: debe tener relevancia pública. Además, debe tener veracidad (estar
debidamente contrastada) y atender a unas formas que no sean ofensivas,
vejatorias o insultantes. Solo cuando se sobrepasan los límites
constitucionalmente protegidos, como puede ser mediante insultos personales o
acusaciones infundadas, puede hablarse de infracción penal. Si existe una
sentencia judicial que confirma los delitos de los agresores, resulta más
sencillo salir absuelta de acusaciones de calumnias o injurias. Pero si no la
hay, y las mujeres ni siquiera han denunciado —por miedo, porque pueda haber
prescrito, porque no se ven con fuerzas, por trabas burocráticas diversas, por
estar en situación irregular u otras razones— el anclaje jurídico no resulta
tan consistente y es ahí cuando surgen los riesgos.
Raquel Gutiérrez (nombre ficticio) y otra compañera del sindicato
en el que militan también fueron demandadas. Ocurrió cuando decidieron en
asamblea que se expulsara del colectivo a un hombre que había ejercido
violencias machistas contra su expareja, también del sindicato. “Él denunció
judicialmente al sindicato por haberle expulsado, el juez pidió las actas de
las asambleas donde se decía que él era un agresor y así se enteró de quiénes
éramos y nos demandó por injurias y calumnias”, comparte. Aunque finalmente la
denuncia no tuvo consecuencias, tanto ellas como la víctima han vivido tres
años con incertidumbre. Algo similar ocurrió a una periodista. Según contó en
redes, el agresor expulsado del trabajo por un protocolo interno, denunció
judicialmente a la empresa y entonces tuvo acceso al nombre de las mujeres que
acompañaron a la víctima.
“Más allá del recorrido judicial de estas denuncias, hay un impacto en las
mujeres sobre la libertad de expresión y la posibilidad de que transmitan lo
que les ha sucedido a otras”
“Más
allá del recorrido judicial de estas denuncias, hay un impacto en las mujeres
sobre la libertad de expresión y la posibilidad de que transmitan lo que les ha
sucedido a otras. Con lo cual también hay una estrategia de señalamiento y de
distorsión, de tratar de disuadir que se cuenten las violencias sexuales que
pueden haber sufrido algunas mujeres”, señala Violeta
Assiego, abogada y experta en derechos de las infancias y de
las mujeres. “No lo están utilizando tanto para defender su inocencia, sino
para contrarrestar una dinámica de sacar a la luz y de visibilizar una serie de
violencias que se están dando a conocer”, añade.
Algunas acciones de defensa
Ante las
dificultades que conlleva la exposición pública, e incluso en colectivos, de
violencias machistas, quizá sea necesario buscar algunas otras estrategias. En
México hace algunas décadas optaron por los tendederos de denuncias que han ido
apareciendo en instituciones educativas de todo el país. En su búsqueda de
otras formas de justicia y reparación, la artista Mónica
Mayer promovió en 1978 este
proyecto, donde invitó a 800 mujeres a que completaran la frase: “Como mujer,
lo que más me disgusta de la ciudad es…”. Después, estos artefactos continuaron
y fueron transformándose hasta convertirse en soportes en los que las mujeres
exponían y exponen sus historias de violencia, a veces también junto a las
fotografías y nombre de sus agresores. Están ubicados en lugares como
universidades o escuelas, donde conviven tanto las personas acusadoras como las
acusadas. Casi medio siglo después, los colectivos feministas siguen instalando
estas piezas. También se emplean para exponer, por ejemplo, a los padres que no
pagan la pensión alimenticia de sus hijos e hijas. Como consecuencia de todas
estas acciones, han aumentado las denuncias formales contra los agresores. En
2018, el tendedero instalado por la asociación feminista Colectiva Violetas FES
Aragón fue noticia a escala nacional, aunque a ellas se las consideró
mentirosas y a ellos, víctimas. Sin embargo, al concebirse como una acción
performativa de protesta, los tendederos no se consideran ilegales. Están
protegidos por la libertad de expresión, aunque no son válidos como pruebas
ante un juicio.
Algunas
otras estrategias para evitar trances judiciales pasan por no especificar en
exceso, aunque exista una certeza absoluta del delito. Raquel Gutiérrez y su
compañera tenían claro que no iban a decir el nombre de la víctima. También
valora la opción de acarrear con las consecuencias sin más: “Otra opción es que
nos demanden y buscar formas de conseguir el dinero, igual hay que empezar a
financiar demandas por injurias”. Existen casos en los que se ha circulado la fotografía
o el nombre por WhatsApp de agresores a modo de alerta.
“Al
final se trata de buscar las fórmulas de reparación en los espacios feministas,
creo que la gente identifica al espacio de Fallarás con un espacio donde pueden
encontrar escucha y reparación, y lo que tenemos que pensar los colectivos
feministas es qué espacios de escucha tenemos habilitados para estas mujeres
que no tengan que ser explícitamente en las redes sociales”, concluye Assiego.
Desde el 30 de noviembre seis hombres han matado a sus
parejas o exparejas, el último en Catarroja (Valencia), donde una mujer
ha fallecido tras tres días en la UCI en un inicio de diciembre que
suele ser una de las épocas del año con más casos.
Mari Ángeles, Oriana, Rosmery, Jennifer, Sayuri y Nati. Son
los nombres de las últimas mujeres asesinadas por violencia machista:
seis en solo once días. Es el balance con el que España entra en
diciembre, el último mes del año, uno de los periodos en los que
habitualmente suelen registrarse más casos mortales. Desde el pasado 30
de noviembre, cuando Mari Ángeles fue asesinada por su pareja en Torrejón de Ardoz (Madrid), se ha producido un asesinato cada menos de dos días: el día 2 de diciembre en Alicante, el 3 en Toledo, el 6 en Sevilla, el 9 en L’hospitalet de Llobregat y este miércoles en Catarroja.
En el municipio valenciano fallecía una mujer de 50 años que estaba ingresada
en la UCI del Hospital La Fe tres días después de que su pareja le
diera una brutal paliza en su domicilio. El hombre fue detenido y quedó
en libertad tras imponerle el juez una orden de alejamiento de la
víctima y horas después de la muerte de Nati ha vuelto a ser arrestado.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado
todos los casos salvo este último, que aún se encuentra bajo
investigación. En lo que va de año, 46 mujeres han sido asesinadas por
hombres con los que tenían o habían tenido una relación de pareja, según
la estadística oficial.
Las cadenas de casos acumulados en cortos periodos de tiempo
como el actual ocurren periódicamente y no en pocas ocasiones se dan en
verano o en torno a las fiestas navideñas. Es un hecho que las expertas
asocian a cambios de rutina o sensación de pérdida de control del
agresor que pueden actuar como “factores de riesgo” e influir en que
acabe matando, explica el médico forense y exdelegado del Gobierno
contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, que como “primer
elemento” que “permanece en todos los casos y es nuclear” identifica “el
machismo”.
Sin embargo, a este se le añaden otros que “junto con la
individualidad” de cada caso, puede aportar explicaciones a lo ocurrido:
de hecho, detrás de junio, julio y agosto, diciembre y enero son los
meses con más asesinatos de toda la serie histórica. Los seis últimos
han ocurrido a inicios del mes y con el puente de la Constitución de por
medio: uno el último día de noviembre y cinco ya en diciembre en un
registro que solo en diez días ya iguala e incluso supera a muchos de
los diciembres de otros años.
Que en estas épocas se concentren más casos es, en parte, debido
al “factor estacional”, lo denomina Lorente, que lo relaciona con la
“modificación de dinámicas familiares” que pueden facilitar “el paso a
la acción”: en estas fechas, los tiempos de estar juntos se prolongan y
suele haber más salidas y planes de ocio que puede hacer sentir a los
agresores un menor control.
“No es lo mismo estar dentro de la rutina y en funcionamiento
durante todo el año que en estas fechas en las que eso se rompe de
alguna manera”, reseña la abogada experta en violencia machista Marisa
Fernández, que, en general, alude a la “falta de recursos suficientes”
en prevención y en apoyo a la identificación de las violencias por parte
de las víctimas. El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha anunciado
un “plan de refuerzo” de cara a Navidad de servicios como el 016 o las
pulseras de vigilancia de maltratadores, que en los últimos meses han acumulado fallos tras el cambio de empresa.
El “paso a la acción”
Lorente cree, además, que el cúmulo de asesinatos en este poco
margen de tiempo debería provocar que “cualquier denuncia” por violencia
machista que se interponga estos días en juzgados y comisarías “tenga
un riesgo añadido por el hecho de que haya habido casos previos”. Algo
que, a su juicio, “puede hacer que otros agresores se vean reforzados”.
Es otro de los factores al que apunta el médico forense, el del “efecto
imitación” que puede darse cuando hay varios casos. “Hay hombres que
están pensando que matar es una posibilidad y en ese proceso suele haber
elementos de refuerzo, de crítica y de duda… Los casos previos pueden
facilitar el paso a la acción”, explica.
De los últimos seis crímenes registrados, en dos de los casos
los hombres eran persistentes, es decir, ya habían maltratado a otras
parejas con anterioridad y, al menos en los tres primeros, las mujeres
asesinadas acababan de decidir dejar la relación o estaban en trámites
de separación. “El momento en el que ellas les dicen que no quieren
estar con ellos y que se van de sus vidas, que se quieren separar, es el momento más difícil
y el de mayor riesgo”, apunta Fernández. Esto es debido a que el
objetivo de la violencia machista es el control de la mujer y en estos
casos, los agresores sienten que lo pierden.
“El crimen machista es un crimen moral. Siempre hablamos en
medicina legal de dos grandes categorías, los instrumentales, que se
llevan a cabo para conseguir algo material a cambio, y los morales, que
se llevan a cabo para defender una imagen, ideas o creencias. Los
agresores que matan a sus parejas lo hacen para defender su posición
como hombre, como hombre que no va a verse cuestionado por la conducta o
las decisiones de la mujer”, explica Lorente.
Detrás de la infradenuncia
No son casos aislados: según la reciente
Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, una de cada tres mujeres ha
sufrido algún tipo de violencia machista por parte de su pareja o
expareja, ya sea física, sexual, psicológica o económica. La inmensa
mayoría de ellas se lo han contado a alguien de su entorno o han
recurrido a algún servicio de atención, pero muy pocas han denunciado.
Solo el 16%. Solo en uno de los seis últimos casos de asesinatos había
denuncias previas, el de Torrejón, cuya víctima constaba en VioGén tras
la denuncia de un testigo, aunque ella posteriormente no declaró.
Tras las cifras
hay miedo, vergüenza, normalización y la falta de confianza en el
sistema, resume Elena Ocejo, abogada de un centro de atención a víctimas
en Asturias. “Yo con lo que convivo a diario es con mucha violencia
económica y situaciones de mucha precariedad con hijos que hacen muy
difícil que las mujeres puedan salir de la violencia. Además, tampoco
ayudan muchas de las resoluciones judiciales en las que hay un
cuestionamiento de las víctimas, por lo que muchas acaban evitando pasar
por este proceso que no es sencillo y que sienten que no les va a
solucionar sus problemas”, apunta la abogada.
Todas las mujeres asesinadas desde el pasado 30 de noviembre
tenían hijos. Los de Nati, la mujer que ha muerto tras varios días en
la UCI, son mayores de edad, pero los del resto no han cumplido 18
años. En lo que va de año, 31 niños, niñas y adolescentes se han
quedado huérfanos porque sus madres fueron asesinadas por sus padres o sus parejas.
Ciudad de México.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que el
Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y
muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en 2007 por parte de
un grupo de soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz.
En
su sentencia, notificada hoy, el tribunal internacional resolvió que el
Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna, por lo
que concluyó que la violación sexual y “graves lesiones” causaron la
muerte de la mujer indígena náhuatl que tenía 73 años de edad.
Asimismo,
determinó que México incumplió el deber de investigar con “debida
diligencia reforzada” estos hechos y garantizar el acceso a la justicia
en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio
Rosario. Puntualizó que la indagatoria fue cerrada “prematuramente” sin
haber agotado las línas, no fue conducida con un un enfoque de
interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer
indígena mayor, ni incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria.
La
CoIDH “constató” que la señora Ernestina –una mujer indígena náhuatl
monolingüe de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada
en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz– “fue violada por
miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, durante el
sexenio Felipe Calderón y en el marco de la llamada lucha contra el
narcotráfico, indicó.
“La Corte determinó
que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un
acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos
sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de
intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, determinó.
En
la notificación de la Corte, participaron representantes del Estado
mexicano, entre ellos Víctor Sánchez Colín, embajador en Costa Rica, y
Rosalinda Salinas, directora de casos en litigio internacional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; así como los representantes legales
de las víctimas.
Rodrigo Mudrovich, juez
vicepresidente de la CoIDH, señaló que como medidas de reparación por
este caso se ordenó al Estado conducir una “investigación penal
exhaustiva y seria en un plazo razonable sobre la violación sexual,
tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario para
identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
materiales e intelectuales de estos hechos”.
También
indicó que debe realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional, así como brindar el tratamiento médico,
sicológico, siquiátrico o sicosocial, cultural y lingüísticamente
adecuada y efectiva a través de instituciones de salud especializadas a
Francisco, Marta y Carmen Inés Asensio, hijos de la finada.
Asimismo,
el Estado deberá otorgar una beca en una institución pública americana
de educación básica y/o técnica a favor de los hijos y hijas de Julio,
Francisco, Marta y Carmen Inés Ascencio, consertadas entre estos y el
Estado para realizar estudios básicos, superiores técnicos o
universitarios, ya sean de pregrado o prosgrado o bien para capacitarse
en un oficio.
En su resolución, la CoIDH
resolvió que el Estado mexicano violentó los derechos –establecidos en
tratados internacionales– a la vida, la integridad y la salud; a la no
discriminación, y de acceso a la justicia, a la verdad y protección
judicial, en perjuicio de Ernestina Ascencio.
Además,
la Corte decidió aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado, así como desestimar las
excepciones preliminares relativas a la falta de agotamiento de recursos
internos y la ausencia de litis.
También
indicó que el Estado deberá garantizar que el Hospital Regional de Río
Blanco y la Fiscalía General de Veracruz cuenten con un servicio de
intérpretes y traductores que faciliten la adecuada atención y
acompañamiento a las personas indígenas monolingües.
Además,
México deberá pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales
y por el reintegro de costas y gastos a los familiares de Ernestina
Ascencio, y los reintegrará los recursos al Fondo de Asistencia Legal de
las víctimas de la Corte Interamericana.
De
acuerdo con la sentencia, el Estado tendrá un año contado a partir de
este martes, para rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir con la misma.
“La
Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y el ejercicio
de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso, una vez que el
Estado haya dado tabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”,
concluyó.
Una
democracia que restringe derechos y oportunidades a la mitad de la
sociedad y en la que se agrede, cosifica y explota sexualmente a las
mujeres y las chicas impunemente… ¿Puede seguir llamándose democracia? …
Vemos a menudo que salta la alarma por la indudable amenaza que supone
para la convivencia democrática la violencia ultra, pero apenas hay
conciencia social de la terrible violencia machista que resulta
invisible, se encuentra naturalizada en nuestras comunidades, tanto que
parece imposible cuestionar y difícil de erradicar. Porque, claro, es
una agresividad que viene de lejos, tiene muchas dimensiones y se
retroalimenta; se produce y reproduce en diferentes contextos y dispone
de poderosos agentes sociales, desde la transmisión de estereotipos a
través de la cultura o la socialización a la violencia institucional.
Pero hay que seguir exigiendo que esa realidad cambie.
Por eso el feminismo, como teoría crítica y como movimiento que lucha
por sociedades igualitarias, sigue siendo necesario. Así, por ejemplo,
el feminismo ha conseguido politizar el asesinato de mujeres a mano de
sus parejas, de forma que la sociedad lo comprende como un problema
propio en el que es preciso intervenir. Hay que recordar que hace apenas
unas décadas esos delitos eran considerados “crímenes pasionales”,
cuestiones privadas que no tenían dimensión política, por tanto no se
contabilizaban, eran invisibles como parte de un problema estructural en
sociedades profundamente desiguales y sexistas. No es infrecuente,
para desvelar la apatía del Estado frente a este asunto, cotejar el
terrorismo de ETA y las víctimas que produjo a lo largo de medio siglo
con los asesinatos de mujeres (en apenas dos décadas) que ha ocasionado,
y sigue provocando, el terrorismo patriarcal…Por no citar el monto de
mujeres que necesitan protección policial… Sólo esos datos —aún teniendo
en cuenta que suponen apenas la punta del iceberg— deberían hacer
saltar todas las alarmas en nuestros gobernantes y ponerse a trabajar en
serio para conseguir acuerdos y desterrar ese terrorismo. Y sin embargo
encontramos escasa conciencia de las raíces del problema y por tanto
falta de respuestas políticas de peso, transversales y eficaces. Algo no
va bien.
Lo vemos también en la violencia de la prostitución (incluyendo la
filmada): un poderoso y arcaico sistema de opresión entre hombres y
mujeres —que legitima el abuso y la violación mandando un mensaje de
impunidad a los hombres— queda demasiado a menudo reducido a una
cuestión privada y mercantil, actualmente la famosa “libre elección”.
Podemos asistir a tertulias, debates o charlas en las que se disecciona
la violencia que supone el sistema prostitucional, se explica cómo
condiciona la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, cómo la
pobreza, la falta de recursos, la violencia sufrida en la infancia,
etc., impiden hablar de “consentimiento” por parte de las víctimas; se
describe ampliamente cómo la socialización sexista, la ubicuidad y la
funcionalidad de la cultura patriarcal, la agresividad de la
pornografía, el mandato del agrado, etc., inciden negativamente sobre la
mitad de la sociedad… la cuestión que sale a relucir es el popular
estribillo: “ellas quieren”, “ellas eligen”…
Es obvio que sobre posiciones de ese tipo sobrevuela la influencia
del poderoso lobby proxeneta; una mafia que —para que la sociedad
digiera y asuma la barbarie— presenta y vende desde hace tiempo la
explotación sexual de mujeres y menores como “trabajo”, como “ocio”,
como “libre elección” o, en el colmo del cinismo, como “empoderamiento”
de las víctimas. El discurso proxeneta usa con bastante éxito un
lenguaje insidioso (se definen “pro derechos”) y terminología del
mercado para legitimar la falta de derechos, la inhumanidad que supone
la esclavitud del siglo XXI.
En el mantenimiento de esa vergonzante
impostura tienen responsabilidad, además de proxenetas y puteros,
partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas,
como la universidad, la mercadotecnia publicitaria, etc., que se hacen
eco o justifican tales dislates: a saber, un pacto y un negocio entre
hombres cuya mercancía objeto de abuso son las mujeres. Una barbarie,
hay que recordarlo, que tiene lugar bajo el paraguas de Estados que han
abandonado horizontes de ética y bienestar social, que bien de forma
abierta—“regularizando” la violencia sexual— o bien no haciendo, dejando
en la sombra de la alegalidad el ejercicio del poder de las mafias
proxenetas, propician la desigualdad social y sexual. Como ocurre en
nuestro país. Es evidente que algo no va bien.
Por todo ello, a día de hoy es preciso seguir desmontando esas y
otras falacias —como los “vientres de alquiler”—, tan útiles al capital y
al patriarcado, que atentan contra modelos justos de convivencia entre
los seres humanos. Tal y como ocurre con la violencia en la pareja, la
violencia sexual en la prostitución lejos de ser un asunto individual es
una problema de calado social, político. Porque nos interpela a todas y
todos al situarnos ante una realidad bárbara y cruel que nos afecta. De
facto, hablamos de caras de una misma violencia, de manifestaciones de
la misma dominación masculina. Porque las fronteras son difusas. Puteros
y proxenetas pueden ser, y son de hecho, maridos, novios, amantes,
padres, hermanos…En ellos subyace el desprecio por el sexo femenino al
que no consideran su igual, al que usan como objeto. En realidad, el
sistema masculino de dominación no conoce fronteras y viene de lejos,
como ocurría en la sociedad romana en la que el pater familias podía
prostituir a su mujer o vender a sus hijos e hijas. Por tanto, hay que
llamar la atención sobre un continuum de violencia que se puede producir
tanto en el marco de la familia como fuera de ella.
Conocemos prácticas
de hombres que difunden entre ellos imágenes de su vida íntima, sus
novias, sus parejas, sus hermanas, sus hijas e hijos…Puteros que
comparten con colegas, en grupo, la violencia sexual sea o no en el
marco prostitucional … ¿Qué diferencias sustanciales hay entre un marido
que ofrece a su esposa y pacta con otros hombres su violación y un
proxeneta que trafica con mujeres? Recordemos que el juicio Pelicot sacó
a la luz declaraciones de violadores que, a modo de atenuante,
apuntaban que el marido “les dio permiso” para violar a su
esposa… El imaginario de poder patriarcal y la realidad social y
política que está detrás y alimenta la violencia y la agresión de los
hombres en la pareja son los mismos que posibilitan y legitiman el
privilegio que el sistema prostitucional ofrece a los puteros (Estados
proxenetas)…Algo va muy mal…
Parece evidente que la mitad masculina es responsable de las
diferentes caras de la violencia que reciben las mujeres (bien porque la
ejerce de forma directa bien porque la acepta, se calla, no la
denuncia) y, sin embargo, apenas recibe reproche social, no afecta a su
estatus ciudadano, perjudica escasamente su profesión de profesor,
carpintero, juez, artista, político… Y eso debería acabar, porque es
difícil pensar que un sujeto que cree que el sexo femenino está a su
servicio o que asume como natural la violencia contra las mujeres pueda
ser una pareja o un padre respetuoso, desarrollar de forma no machista
una profesión, llegar a asumir de forma no sexista la ciudadanía y los
derechos de sus iguales, las mujeres… Es obvio que el terrorismo
patriarcal afecta a la salud de la democracia.
Por consiguiente, de la misma forma que la sociedad en general
—aunque sabemos que hay excepciones— comienza a ser consciente de la
violencia sexual y machista que subyace a los feminicidios, es preciso
que tome conciencia de que la prostitución forma parte de esa violencia y
de la misma lógica de terrorismo patriarcal. No tiene sentido ni es
justo que el acoso y la violencia sexual contra las mujeres sea
considerada delito en unos espacios y en otros no. La mejora de la salud
democrática implica acabar con los espacios —reales o virtuales— donde
se viola impunemente, donde los derechos más básicos no llegan, donde
pervive la ley del más fuerte. Y hemos de seguir exigiendo desde la
sociedad a quienes nos representan que asuman ese reto.
En este sentido,
hay que explicar cuantas veces sea preciso que sólo el abolicionismo
del sistema prostitucional puede hablar de forma legítima de derechos,
porque es coherente con el respeto a los Derechos Humanos y permite
ampliar los estrechos límites de nuestras democracias. Esa posición
histórica que ha defendido y defiende el feminismo implica,
necesariamente y en primer lugar, que una ley que así se llame pueda
disponer de medios para restituir todos sus derechos a las mujeres que
deseen salir del sistema prostitucional, penalizar el proxenetismo en
cualquiera de sus formas, desactivar la demanda de los puteros, educar a
chicos y chicas en el respeto y la igualdad, de forma que se destierre
el androcentrismo en el currículo, la idea de que las mujeres están para
servir a los demás, el sexismo en los procesos de socialización … Y
todo ello porque ambicionamos sociedades justas y pacíficas en las que
hombres y mujeres sean sujetos de derechos, puedan desarrollarse como
seres humanos y construir convivencias en igualdad. Por consiguiente,
nuestro referente ético y político deberían ser países que ya han
iniciado el camino abolicionista, como Suecia, Noruega, Francia…y tener
en cuenta propuestas como la que se ha articulada en el seno de
organizaciones feministas, la Ley Orgánica Abolicionista del sistema prostitucional, LOASP.
El
Gobierno de España (PSOE y Sumar) aprobó en el Consejo de Ministros del 25 de
noviembre un contrato por valor de 4.516.363.636 euros, hasta noviembre de
2034, para el suministro del Sistema de Artillería Autopropulsada de Cadenas; el
mismo día dio el visto bueno a la Orden de Ejecución para modernizar las
fragatas F-100 (3.200.000.000 euros); además, entre otras autorizaciones en el
sector de Defensa, a un contrato para el suministro de un Sistema de Artillería
de Ruedas (2.219.834.710 euros).
En
un contexto de rearme global y en el estado español, Ediciones Akal ha
publicado en noviembre el libro de 184 páginas Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al
genocidio, de Isabel Serra e Irene Zugasti; el texto cuenta con un prólogo
de la periodista Olga Rodríguez y el epílogo de la comunicadora Laura Arroyo.
“En
Europa vale más la guerra que la vida”, introducen las autoras, lo que niega
uno de los grandes principios del feminismo: “Poner la vida en el centro”; una
muestra de la escalada belicista de la UE se produjo en marzo, cuando la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, del Partido Popular
Europeo (PPE), anunció la movilización de cerca de 800.000 millones de euros
para el rearme; el discurso oficial subrayaba una “amenaza real” para la
seguridad de la UE.
Pero
la historia da ejemplos de resistencia frente a la guerra; el 23 de febrero de
1917 en Rusia, entre las colas, el desabastecimiento y en el contexto de la
Primera Guerra Mundial, se desencadenaron movilizaciones populares con el protagonismo
de las mujeres; las obreras de las fábricas, presentes en las protestas,
percibían salarios muy escasos en medio de la hambruna.
El
texto de Akal recuerda las palabras que expresó la comunista feminista rusa Aleksandra
Kolontái (1872-1952), ante amenazas como las planteadas, en 2025, por Von der
Leyen: “Instrumentalizan el fantasma de la guerra para ponerlo entre ellos y el
fantasma rojo. Llaman a la guerra para liberarse del fantasma de la revolución social”.
Isabel
Serra ha ejercido como diputada en la Asamblea de Madrid, como eurodiputada y
ha desempeñado diversas responsabilidades en la dirección de Podemos; asimismo
ha participado en diferentes movimientos sociales; en cuanto a Irene Zugasti,
trabaja como redactora y analista en Canal Red; es autora del libro #Se acabó. La doble victoria de las
campeonas del mundo de fútbol (2023) y editora de Enemigos íntimos. Cómo entender la derechización de España a través de
sus personajes clave (2025).
En
abril de 2024, el Estado de Ucrania aprobó un Proyecto de Ley que reducía de 27
años a 25 la edad mínima de reclutamiento (el conflicto entre Rusia y Ucrania
se había iniciado en febrero de 2022); a ello se agregaron los incentivos para
que personas entre 18 y 24 años realizaran el servicio militar (27.000 dólares
anuales o educación gratuita); en este contexto, decenas de miles de personas
han desertado del ejército ucraniano desde el inicio de la guerra.
“¿Cómo
atraer la carne de cañón masculina a la batalla? Pues activando todas las
narrativas de género: ‘Ser un hombre’, ser un patriota, que era no ser un
traidor, ni un cobarde”, escriben Irene Zugasti e Isabel Serra.
La
imagen de la mujer se utiliza para el fomento de la guerra; por ejemplo, la
propaganda del Estado de Israel hace uso de las mujeres militares para blanquear el
genocidio de Gaza (366 gazatíes asesinados desde la entrada en vigor del alto
el fuego, el pasado 10 de octubre).
Así,
sobre una determinada unidad de combate israelí, el periódico colombiano El
País tituló en octubre de 2023: “Unas verdaderas ‘Leonas’: las 13 de mujeres
que integran el ejército de Israel en la lucha contra Hamás”; y por las mismas
fechas, en el diario español La Vanguardia: “El ejército israelí más feminista”.
Los
medios informativos se hicieron eco del caso de la modelo e influencer
israelí -en la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans-, Natalia Fadeev,
que decidió enrolarse en el ejército sionista al comienzo de la masacre contra
la Franja.
El
libro de Akal dedica un apartado al Feminismo
de misil de crucero; fue el modo en que -en 2024, en una entrevista en El
Salto- la entonces eurodiputada irlandesa de izquierdas, Clare Daly, definió a la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la política
conservadora alemana ha calificado al Estado de Israel como una “democracia
vibrante”, que ha hecho “florecer el desierto”; es también partidaria de la
escalada armamentista y el reforzamiento de la OTAN.
Irene
Zugasti e Isabel Serra mencionan además a Hillary Clinton, secretaria de Estado
de los Estados Unidos entre 2009 y 2013, durante la presidencia de Obama; es “la
eterna esperanza demócrata, comenzó militando como republicana, y fue pionera
en la instrumentalización de un feminismo hegemónico, pop, para hacer política
internacional”.
Abanderada
de la guerra de Afganistán, se ha denunciado el respaldo de Hillary Clinton al
golpe de Estado en Honduras de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya;
entre 2009 y 2013, Estados Unidos fue el principal exportador de grandes armas
del mundo (29% del total mundial).
Otro
ejemplo de manipulación se produjo en mayo de 2011, cuando Estados Unidos
liquidó al dirigente de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en Pakistán; la abogada y
periodista pakistaní, Rafia Zakaria, explica en su libro Contra el feminismo blanco (2021) cómo se otorgó al asesinato de
Bin Laden un matiz feminista; entre otras razones, por la participación de una
agente de la CIA, llamada Maya, en la
captura del jeque saudí; los hechos dieron lugar, incluso, a un filme
norteamericano de 2012: La noche más
oscura.
¿Existen
alternativas? Isabel Serra e Irene Zugasti apuntan antecedentes en el estado
español como la Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA), constituida en 1933
por el PCE, que tuvo -durante la guerra española- un papel destacado como red
de solidaridad y apoyo mutuo entre
mujeres.
En
la guerra de independencia de Argelia frente al imperialismo francés, iniciada
en 1954, las mujeres no sólo tomaron parte en la lucha armada, sino que
fortalecieron la vida comunitaria en la resistencia contra los ocupantes.
Las
autoras señalan la oposición a la guerra de las mujeres negras en Estados
Unidos, de las que da cuenta la académica y activista, Angela Davis, en Mujeres, raza y clase (1981); encarnó
este combate la feminista negra Assata Shakur, exmiembro del Partido Pantera
Negra y del Ejército Negro de Liberación, perseguida y encarcelada en Estados
Unidos; la activista falleció el pasado 26 de septiembre, exiliada en La
Habana.
Otro
ejemplo significativo es el de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, en
Argentina; y el de las mujeres del campamento pacifista de Greenham Common, en
Reino Unido, iniciado en 1981 y cerrado en 2000, para protestar contra el
armamento nuclear en la base militar emplazada en Berkshire (Inglaterra).
“El
belicismo es hoy la punta de lanza de la reacción antifeminista”; además, “nos
sentimos interpeladas por el feminismo para llamar a las mayorías a la
insumisión frente a la ‘sociedad de la guerra’. Nos encontramos ante una
encrucijada histórica, ante una época en disputa, ante una crisis profunda que
sólo se da en algunos momentos de la historia”, concluyen Irene Zugasti e
Isabel Serra.
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