Lydia Cacho Plan B |
Un sociólogo de la Universidad de Chihuahua, 13 amas de casa que estaban en “el lugar equivocado”, 27 jóvenes que no hicieron nada más que tener el cabello corto y escuchar narcocorridos en su mp3, 43 empleados de clase media asesinados, 18 jóvenes puestos contra el paredón y masacrados con AK-47 en un centro para rehabilitación de adicciones. Un reportero aquí, una reportera allá son lo que el presidente Calderón llama daños colaterales de guerra. Desde hace casi tres años han sido asesinadas en México 15 mil personas; adicionalmente, los conteos de hombres y mujeres desaparecidos van de 3 mil a 5 mil. Durante esta guerra han perdido la vida 725 policías y soldados, lo que nos deja con 14 mil 275 civiles entre los cuales nadie puede identificar con claridad cuántos son criminales y cuántas son personas que incomodaron a las fuerzas del orden. En América Latina tenemos una historia de la eliminación de grupos sociales considerados indeseables, sin valor social o peligrosos por ser o parecer criminales: jóvenes con adicciones, mujeres de delincuentes, familiares de sospechosos. La limpieza social sólo puede darse en un ambiente autoritario que se niega al diálogo y en el cual no opera un sistema de justicia transparente. La autoridad nos ha dicho que los miles de muertes son producto de malos matando malos y buenos matando malos. Una simplificación muy peligrosa. Según la organización Irak Body Count (IBC) en Irak, con minas unipersonales, bombas, misiles, metralletas, tanques y millares de soldados, han muerto 12 mil 96 personas al año en ese país invadido. Gustavo de Greiff Restrepo, el ex fiscal antidrogas de Colombia, responsable de la guerra antinarco, declaró que durante toda la guerra hubo 2 mil muertos civiles; 200 narcotraficantes muertos; tres líderes de cárteles; más de 200 narcos en la cárcel y más de 2 mil personas encarceladas relacionadas con el narco. Ahora dice que fue inútil. Estamos ante una masacre mexicana que se oculta bajo un discurso guerrero que una parte de la sociedad y el Estado han asumido como propio, tal como sucedió en Guatemala y en Colombia. Años después, los paramilitares que admitieron haber asesinado jóvenes adictos y a defensores sociales como parte de la guerra contra el narco quedaron intocados por la justicia. La opinión pública, amedrentada y harta de la violencia e inseguridad, se vuelve hostil e irresponsable y avala el asesinato como método de justicia expedita. Diga lo que diga Calderón, la inoperancia del sistema de justicia penal ha prohijado una limpieza social operada por militares, policías, políticos y empresarios. Deshumanizar al delincuente como “enemigo” predispone a la sociedad para aceptar la aniquilación y el asesinato sin cuestionar, sin exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta es claramente una guerra por el poder, entre poderes, no una batalla por la justicia y la paz social. Calderón declaró el sábado que “el mayor reto es imponer la ley en el país”. Eso resulta éticamente insostenible mientras tengamos 15 mil asesinatos sin investigar bajo la coartada oficial de que eran “malos”. Hoy sabemos que muchas personas inocentes han muerto, por eso resulta inaceptable asumir que imponer la ley es discriminar a las y los mexicanos entre “buenos” y “malos”. ¿Quién y cómo lo deciden? |
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