Migración
Es gratis, pero empresas la cobran con el aval de autoridades
CIMACFoto | Maricruz Montesinos
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
Cimacnoticias | México, DF.-Organizaciones de México y Estados Unidos demandaron la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales, para frenar el abuso, extorsión y violaciones a los Derechos Humanos (DH) que sufren cientos de personas que quieren ocuparse en los campos agrícolas del país vecino mediante la visa H2A.
En rueda de prensa, Griselda Vega, directora del Programa en México de Global Workers Justice Alliance, denunció que el abuso en contra de las y los jornaleros comienza en este país, donde los reclutadores les piden dinero para conseguirles esa visa que les permite laborar de forma temporal en EU, y cuyo trámite no tiene ningún costo.
La visa H2A de EU es un programa de migración temporal para las y los trabajadores agrícolas que está “controlado, financiado y manejado por empresas agrarias estadounidenses y los enganchadores”, criticó Vega. Cada año, el vecino del norte otorga 66 mil visas de ese tipo, de las cuales 55 mil son para México.
Las mujeres representan alrededor de 5 por ciento de las personas jornaleras que obtienen ese permiso. Ellas, a diferencia de los hombres, se ocupan sobre todo en invernaderos de flores.
Leticia Gutiérrez, integrante de Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, indicó que las trabajadoras agrícolas son extorsionadas para adquirir el documento, y puso como ejemplo que en la Casa del Migrante en Monterrey, Nuevo León, se reportó el caso de seis mujeres que llegaron de Nayarit a la frontera norte para obtener la visa H2A, pero las autoridades migratorias de EU se las negaron.
Lo anterior se debió a que en su estado las jornaleras fueron engañadas por un reclutador al que cada una de ellas pagó 10 mil pesos para obtener el permiso.
Gutiérrez indicó que los reclutadores suelen ser ex trabajadores agrícolas que abusan de la desinformación en estas comunidades, aunque en estados como San Luís Potosí quienes extorsionan a las y los jornales son miembros de la delincuencia organizada.
El trámite de la visa H2A es gratuita y el patrón está obligado a costear el traslado de las y los trabajadores desde su comunidad hasta el lugar donde van a residir en EU, y también su regreso cuando concluya su contrato.
Estas condiciones son ignoradas por las y los trabajadores del campo, debido a que la información que reciben por parte de las autoridades de EU es en inglés, y el gobierno mexicano sólo ha informado a uno por ciento de estas personas acerca de sus derechos.
El desconocimiento de sus derechos deriva en que 95 por ciento de las personas entrevistadas por el Proyecto Jornaleros Safe –patrocinado por las organizaciones civiles– haya sufrido alguna o varias violaciones a sus derechos.
ENGAÑADAS
El Proyecto Jornaleros Safe realizó una investigación en siete estados de México. Se detectó que sólo en Veracruz durante 2010 fueron extorsionadas alrededor de 200 personas que pretendían obtener la visa H2A, las cuales en total perdieron cerca de 56 mil dólares (más de 729 mil pesos mexicanos).
Griselda Vega refirió que 42.6 por ciento de las 382 personas entrevistadas tuvieron que pagar hasta 4 mil 500 pesos en promedio, para recibir una oferta de trabajo en EU.
En Veracruz los reclutadores les cobraban a las y los jornaleros 12 mil pesos para supuestamente tramitarles la visa H2A, y hasta 24 mil por conseguirles una “visa libre” para que pudieran trabajar en cualquier lugar del país vecino por tiempo indefinido.
Con la esperanza de viajar de forma documentada a EU y trabajar con autorización, las y los jornaleros suelen caer en los engaños, sobre todo en comunidades donde otras personas dedicadas al campo han obtenido ese permiso. Algunas de las entidades donde ocurren las extorsiones son Baja California, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.
Las organizaciones que conforman el Proyecto Jornaleros Safe (Global Workers Justice Alliance, Catholic Relief Services, United Farm Workers y el Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas), demandaron la intervención de las autoridades mexicanas para que deje de ser cómplice de los abusos que sufren las y los jornaleros, e intervenga para frenar las violaciones a sus derechos.
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