Francisco López Bárcenas
Las cabañuelas anuncian malos
tiempos para los pueblos indígenas. Concebidas como formas populares de
leer los tiempos que se avecinan, con base en la observación de
diversos fenómenos meteorológicos, las cabañuelas representan maneras
particulares de personas especialistas de los pueblos indígenas de
diversas partes del mundo de leer el futuro inmediato a través de la
información que los tiempos van marcando. En México y Centroamérica se
acostumbra observar los primeros doce días del año, uno por cada mes, y
según lo que suceda en ellos predecir cómo se comportará el tiempo en
cada uno de los meses del año. Desafortunadamente las lecturas que
muchos de ellos han hecho de los primeros días del año que comienza no
auguran tiempos buenos.
Si uno se atiene sólo a los nubarrones, ventiscas y faltas de lluvia,
podría decir que habrá pocas cosechas y la sequías impedirán mantener
la ganadería doméstica, dos actividades importantes para la alimentación
de los habitantes de los pueblos indígenas y de los campesinos en
general; los políticos dirán que esta situación es producto del cambio
climático, haciendo referencia a los efectos y no a la causa generadora
de estas contingencias; los pueblos, en cambio, aseguran que esa
situación se presenta por el maltrato a la madre tierra, por el abuso
que se hace de los recursos naturales que ella proporciona para mantener
la vida y que se están usando para alimentar el mercado. Por poner un
ejemplo: la falta de agua es producto de la deforestación y la que
existe se destina a proyectos extractivistas más que para el
mantenimiento de la vida.
Pero existen otros elementos que auguran tiempos difíciles. Estos
primeros doce días del año que inicia los pueblos indígenas han sufrido
una represión gubernamental que ha cobrado la vida de varios habitantes y
la libertad varias decenas de ellos, sin contar las amenazas a la vida y
la libertad que penden sobre otros, sucesos que han enlutado a muchas
familias y teñido con sangre los territorios indígenas. En este mismo
espacio he afirmado que tras las políticas indigenistas, desde su
formación hasta la fecha, el Estado mexicano ha sostenido una guerra de
exterminio contra los pueblos indígenas, incluyendo bombardeos sobre
ellos: los yaquis, en 1927; los triquis, en 1957 y los mayas de Chiapas,
en 1994, de los que ahora recuerdo.
Con esos antecedentes no debería sorprender que desde el
Estado se siga reprimiendo a los pueblos que defienden sus derechos.
Pero no se puede pasar por alto que la represión con que inició el año
se presenta en lugares donde la resistencia a las políticas
gubernamentales que los afecta está resultando emblemática y en ellas se
han combinado una serie de acciones políticas y policiacas con la
participación de políticos con el fin de dividir a las comunidades y
presentarla como enfrentamientos intercomunitarios, así como elementos
del Ejército para que a los pueblos les quede claro que la represión va
en serio. Una muestra de lo que les espera cuando se resuelvan las
controversias que se han anunciado contra la repudiada Ley de Seguridad
Interior.
Lo anterior no es palabrería. Ahí está el caso de la provocación y
posterior criminalización de la Policía Comunitaria en Cacahuatepec,
Guerrero, cuyos habitantes, organizados en el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la construcción de la presa La Parota (Cecop)
llevan años de resistencia, en cuya acción perdieron la vida once
personas y treinta y ocho fueron detenidas, en una de las acciones de
represión más agresivas contra el Sistema de Justicia Comunitaria que se
recuerden en sus veintidós años de existencia. Ahí está también el
conflicto territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán, al que desde el
gobierno se administra más que buscarle solución; ahí están los yaquis
de Loma de Bácum, tratados como criminales por defender su territorio y
los mayos de Cohuirimpo, por las mismas razones.
Sin embargo, eso no es todo. Desde la Secretaría de Gobernación, la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas ha documentado 335
conflictos que involucran a pueblos indígenas en veintinueve entidades
de la República Mexicana, la mayoría por defensa del territorio y de los
recursos naturales. Si el gobierno ya tiene el diagnóstico lo que
procedería es el diseño de políticas públicas que atiendan las causas de
ellos para encontrarles solución y no convertirse en parte del
problema, únicamente por el interés de mantenerse en el poder. Sería una
manera de atender los avisos de las cabañuelas indígenas. Y una forma
efectiva de informar que los pueblos indígenas y la sociedad en general
todavía pueden confiar en el gobierno para solucionar los problemas
sociales.
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