1/18/2018

El nuevo golpe a los derechos laborales

POR  Rosalía Vergara
homozapping.mx


En pleno proceso electoral resurge, de manera inusitada, un pleito entre viejos líderes sindicales corporativistas del PRI por la presentación de una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana (artículo 123), que entró en vigor apenas el 24 de febrero de 2017. El trasfondo es, en realidad, la defensa de sus privilegios, no la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, coinciden el abogado laboralista, Arturo Alcalde y la académica de la Universidad Autónoma de México (UAM), plantel Xochimilco, Graciela Bensusán. 

Los entrevistados hacen un análisis para Proceso, sobre los propósitos de dicha iniciativa de ley que, en el tema del outsourcing o subcontratación, es muy parecida a la iniciativa preferencial de reforma laboral que el panista Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un par de meses antes de concluir su sexenio, en 2012. El artículo 123 se reformó por presiones internacionales, el 24 de febrero de 2017, en el marco de la participación de México en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Ambos entrevistados, confirman que los problemas entre los líderes de las Confederaciones de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo y de la Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, son, principalmente, internos y tienen relación directa con la defensa de sus intereses en los negocios en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM), entre otros factores. La regresión laboral En febrero de 2016 se supo que durante casi un año el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana (Proceso 2050). 

El 28 de abril de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la LFT y de la Constitución con demandas que sindicatos independientes habían exigido, sin éxito, desde hace más de 30 años y finalmente, gracias a la presión del gobierno de Barack Obama y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, preocupados por el efecto de la situación laboral mexicana sobre sus empleados, se concretó la reforma constitucional que, se suponía, terminaría con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la proliferación de los contratos de protección patronal, que son un escándalo a nivel internacional. (Proceso 2064) 

Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza a la reforma aprobada, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron. Por primera vez en este sexenio hubo manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores, sino para no perder sus privilegios con los llamados “contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores, el tripartismo en las juntas de conciliación y arbitraje, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción (Proceso 2083). Sin embargo, el 23 de enero de 2016, el presidente Trump, recién elegido, firmó una orden ejecutiva para retirarse del TPP, creado para conformar la zona de libre comercio más amplia del mundo. Aquí, el gobierno, los empresarios y los corporativistas vieron la oportunidad para reformar la ley laboral para que nada cambie. 

Esta nueva reforma sería inconstitucional, consideran Alcalde, Bensusán y el abogado laboralista Alfonso Bouzas. (Proceso 2130). La danza de los viejitos El 4 de diciembre, en el V Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, el líder de la CTM y también presidente del Congreso del Trabajo (CT), Carlos Aceves del Olmo, amagó con estallar una huelga ante el incumplimiento con la central en las obras del NACM. 

Dos días después, el 6 de diciembre, 19 federaciones Revolucionarias de Obreros y Campesinos, desconocieron al senador Isaías González Cuevas como secretario general de la CROC porque, en marzo del 2016, se reeligió en un congreso hecho tras bambalinas y sin convocar a los líderes de las federaciones que la confirman. Cuatro días después, el 10 de diciembre, los senadores, Isaías González Cuevas, líder de la CROC y Tereso Medina, líder de la Federación Estatal Coahuilense de la CTM, presentaron en el Senado de la República la iniciativa de reglamentación del artículo 123 constitucional, cuya reforma había sido promulgada el 24 de febrero de 2017, la cual ha provocado reacciones en contra de organismos nacionales, americanos y canadienses que están en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

El 13 de diciembre, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) alzó la voz en rechazo a dicha reforma porque representa una regresión de cien años a la lucha de obreros y campesinos; prácticamente es regresar al Porfiriato, cuando las condiciones de trabajo se decidían unilateralmente. El abogado laboralista Héctor Barba, afirmó entonces que, dichos cambios, son “un golpe mortal para el sindicalismo democrático porque tienden a eliminar todos los derechos de los trabajadores y convertir a México en el adalid del esclavismo en el mundo”. Paradójicamente, Aceves del Olmo, de la CTM, reaccionó siete días después. El 17 de diciembre acusó a González Cuevas de mentiroso por declarar que el outsourcing o subcontratación beneficia a los trabajadores y que rechazaba la iniciativa presentada en el Senado. 

“El dirigente de la CROC miente, él ya no sabe cómo hacerle para sostenerse, por eso hace este tipo de cosas”, afirmó durante un acto en Cancún, Quintana Roo. Al ser cuestionado sobre el aval que le había dado el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a esta reforma, señaló: “Será buena para el secretario del Trabajo, para mí no es buena ninguna cosa que no se nos haya consultado antes y que no se dé a conocer a la opinión pública”, había indicado. Cuando se le recordó que la presentó el senador cetemista, Tereso Medina, dijo: “Será responsabilidad personal del senador Tereso Medina, que puede tener cargos muy pesados por haber dicho algo que la central que yo dirijo, no le aprobó para que lo dijera”. Para Bensusán, la reacción en contra de Aceves del Olmo responde, entre otras razones, a que acaban de suspender y en breve podrían expulsar a la CROC y a la CTM de la Confederación Sindical Internacional, porque se benefician de los contratos de protección y porque no defienden los derechos de los trabajadores. 

“La CTM está tratando de parar la expulsión y se deslindó de la propuesta de Tereso Medina, que es un líder de la industria automotriz de la CTM. ¨Por otro lado, Isaías tiene un problema dentro de la CROC. Entonces, hay todo un escenario confuso que, yo creo, está también determinado por factores internacionales en la negociación del TLC”, considera.


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