Tal como se había
acordado a la hora de cerrar tratos para formalizar la coalición
electoral entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, la candidatura de ese frente a gobernar Ciudad de México
fue asignada a Alejandra Barrales Magdaleno, chilanga que cumplió 50
años de edad en julio pasado, quien inició su carrera política como
miembro de la dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de
Aviación, luego que Mexicana de Aviación había realizado un despido
masivo de ellos en 2000.
La confirmación de la candidatura tan sabida significa un paso
adelante de Miguel Ángel Mancera en su proyecto de habilitarse como
secretario de Estado o alto funcionario en un eventual gobierno de
coalición, en caso de que la Presidencia de la República fuera asumida
por Ricardo Anaya Cortés (la apuesta principal de MAM) o José Antonio
Meade (si éste llegara a Los Pinos en condiciones que le forzaran a
hacer alianzas de organigrama con el frente PAN-PRD).
Barrales Magdaleno tiene posibilidades muy disminuidas de ganar a
Claudia Sheinbaum, la virtual candidata del partido Morena (en realidad,
el PRD no tuvo alguna figura alterna para enfrentar con éxito a la ex
delegada en Tlalpan; si acaso, el frustrado anzuelo a Ricardo Monreal).
En el contraste de las dos figuras, la perredista cuenta con más
referencias negativas, entre otras, las relacionadas con su prosperidad
inmobiliaria, en México y en Miami (la morenista, a su vez, será atacada
por los temas del segundo piso vial y del colegio Rébsamen). La
distancia se ensancha al pasar de los planos personales a los
partidistas: el sol azteca vive un incesante proceso de trasvase de
cuadros hacia la opción reconfigurada que significa Morena, con Andrés
Manuel López Obrador como imán de votos en el nuevo partido, al igual
que lo fue en 2006 y 2012 para el PRD.
La instalación de Barrales como candidata se ha sustentado en los
resultados de tres casas encuestadoras, que colocaron a la ex secretaria
de Educación del gobierno de Mancera como triunfadora, con los
utilitarios Salomón Chertorivski y Armando Ahued en segundo y tercer
lugares, respectivamente.
En el curso de la formalización de esta candidatura, Mancera jugó el papel de político ofendido, molesto por el
mal tratoque le habrían dado a la hora de declarar candidato (otra carta marcada) a Ricardo Anaya, tratando de hacer sentir que él se consideraba un competidor viable frente al panista. Incluso se hizo circular la versión de que Mancera se consideraría
traicionadopor Barrales.
Los hechos muestran lo contrario: Mancera pudo haber vetado la
candidatura de Barrales, por sí mismo o a través de otro de sus
operadores, Manuel Granados, convertido en el sucesor de la ahora
candidata en la presidencia nacional del PRD. La abogada, con maestría
en administración pública, que ha sido asambleísta capitalina, senadora,
funcionaria gubernamental y dirigente nacional perredista, contará
ahora con el respaldo pleno del aparato mancerista y de los exacerbados
grupos del doliente perredismo capitalino que parecen dispuestos a usar
cuanto recurso esté a su alcance (no sólo los económicos, en especial
los violentos) para defender sus plazas en peligro de cambiar de
administradores.
A fin de cuentas, la suerte de Barrales estará sujeta a la
evolución que tenga la candidatura de Ricardo Anaya como candidato
presidencial. Si el panista logra desplazar a José Antonio Meade del
segundo lugar de la contienda, y en aquel se concentra toda la fuerza
que se opone a López Obrador, Barrales podrá tener mejores números. El
aroma de un triunfo presidencial viable podría llevar al panismo
capitalino a dejar a un lado las reticencias actuales y a dar un apoyo
más amplio al perredismo que hasta ahora ven con menosprecio.
La administración peñista busca arrebatar algún retazo de la bandera
que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ondeará a partir
de este sábado, en el curso de una marcha por la dignidad que irá de
Ciudad Juárez a la capital del país. Por lo pronto, ha anunciado que
esta misma semana dará trámite a cuando menos tres solicitudes formales
para que sea extraditado de Estados Unidos el ex gobernador César
Duarte, priísta acusado de saquear el erario de aquella entidad norteña.
Traer de regreso a México a un político priísta acusado de corrupción
no significa, de ninguna manera, que se planeé de manera genuina hacer
justicia. Los casos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, ex
gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, por dar ejemplos, han estado
rodeados de circunstancias que permiten vislumbrar ánimos de simulación,
tratos privilegiados, manejos intencionalmente erróneos de los procesos
y una taimada acotación del universo delictivo a juzgar.
Aún dando por cierto un tardío espíritu justiciero en el caso del
chihuahuense Duarte (¿estaría la PGR gestionando su extradición si no
hubiera la movilización política y social que ha rebasado los linderos
de esa entidad?), sigue pendiente la entrega de los cientos de millones
de pesos que el gobierno federal ha retenido, usando como pretexto los
litigios de la administración de Corral respecto a maniobras de
corrupción. Y, desde luego, falta ver el curso que sigan esas
investigaciones estatales respecto a la triangulación de fondos
federales, con la complicidad de los gobiernos priístas de Chihuahua,
Veracruz y Tamaulipas, para allegar dinero en efectivo a campañas
electorales priístas.
A la hora de cerrar esta columna, 4 mil 100 firmas apoyaban la
solicitud de Juan Ignacio Zavala, presentada en el sitio Change.org,
para pedir que sea expulsado del país el académico y activista John
Ackerman, y le sea retirada la nacionalidad, por ser
agente ruso. En lúdica contrapartida, el monero Patricio convocó en el mismo sitio, Change.org, a firmar electrónicamente para apoyar que Zavala (hermano de la aspirante a candidata presidencial independiente), sea expulsado del país,
por pendejo. La propuesta de Patricio tenía, a la hora arriba citada, 10 mil 115 respaldos. ¡Hasta mañana!
Al próximo presidente
le tocará disfrutar el regreso de los petrodólares. El año ha dado
inicio con números positivos para la mezcla mexicana. Los recortes en la
producción de los países que pertenecen a la OPEP y una mayor demanda a
escala mundial elevaron el precio de la mezcla de exportación a 58.60
dólares el barril. Recuérdese que llegó a caer al piso de 20 dólares y
fracción. En un año ha subido 29 por ciento, niveles no vistos desde
mayo de 2015. Jaime Reusche, analista de Moody’s, considera que la
mejora en el precio es un gran apoyo para Pemex, tanto para tener
mayores márgenes de operación como para atraer a más inversionistas a
las rondas de licitaciones petroleras. Sin embargo, no para los
consumidores. El alza del petróleo se traducirá a la larga en aumento
del precio de la gasolina.
Alejandra, candidata
La candidata del Frente híbrido (PAN, PRD, Movimiento
Ciudadano) al gobierno de la ciudad de México es Alejandra Barrales. El
arreglo de Ricardo Anaya y Alejandra consistió en que el candidato a la
Presidencia saldría del panismo (Anaya) y al gobierno capitalino del
perredismo (Barrales). Salomón Chertorivski y Armando Ahued sólo
sirvieron para hacer el caldo gordo a una elección que se decidió vía
encuestas. El gran perdedor, al final de cuentas, resultó Miguel Ángel
Mancera. Alejandra enfrentará a Mikel Arriola, del PRI, y Claudia
Sheinbaum, de Morena.
Lozanisky
En la década de los 60 los agentes del diazordacismo
acusaban a los intelectuales y líderes de izquierda de financiar sus
actividades con
el maldito oro de Moscú. Algunos de los escritores y periodistas de la revista que crearon, Política, sufrieron constante acoso. Entre ellos sus fundadores: Manuel Marcué Pardiñas y Jorge Carrión, y sus colaboradores: Carlos Fuentes, Víctor Rico Galán (estuvo en la cárcel), Fernando Benítez, Enrique González Pedrero, Carlos Monsiváis y Rius. Una caricatura de Rius en la que aparecía el presidente Díaz Ordaz con atuendo de capellán posiblemente fue la causa de que el gobierno cerrara la publicación. (Al monero Hernández lo hubieran enviado al paredón.) No se había vuelto a hablar de injerencia rusa en México hasta que lo hizo el nuevo vocero de la campaña de José Antonio Meade, el personaje del
copelas o cuello, Javier Lozano. Aunque el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, negó la versión, Lozano volvió a la carga ayer y consiguió levantar polvo. Pero mal polvo para el candidato Meade, porque el polvo que levantó fue de comentarios chuscos.
Ombudsman social
Con la novedad, mexicanos ilusos, que de diciembre de 2012 a igual mes de 2016,
más de 2 millones de mexicanos dejaron de vivir en pobreza extrema, de tal suerte que
los avances de los pasados cinco años (cuatro, en realidad) marcan que se avanza en la ruta correcta para superar este desafío y que hoy todas las carencias en las mediciones que hace el Coneval se encuentran en su mínimo histórico.
El discurso citado no lo pronunció el mago más reconocido del
planeta, sino el desacreditado inquilino de Los Pinos, quien ayer
intentó hacer otro resumen de los
grandes logrosen Peñalandia, tierra fantástica ésta en la que
hay muchos más millones de mexicanos que disponen de educación de calidad, salud, seguridad social, vivienda digna y alimentación adecuada.
Y de cereza Enrique Peña Nieto narró que si bien
hay muchos mexicanos aún viviendo en pobreza, su gobierno no se amilana, porque se mantiene firme para
alcanzar un mayor nivel de desarrollo y bienestar, con el fin de que los mexicanos
puedan crecer con igualdad y oportunidades. Todo ello en Peñalandia, desde luego.
Pues bien, de acuerdo con la más reciente estadística del Coneval
(que reporta las cifras al cierre de 2016), es correcta la cifra citada
por el inquilino de Los Pinos, en el sentido de que en sus primeros
cuatro años de estancia en la residencia oficial
más de 2 millones de mexicanos dejaron de vivir en pobreza extrema.
Sin embargo, lo que Peña Nieto no mencionó es que ese número de
mexicanos no pasaron a formar parte de la clase media nacional, sino que
simplemente engrosaron las filas del creciente ejército nacional de
pobres a secas, que, de acuerdo con las cifras del Coneval, al cierre de
2016 sumaba a 53 millones 400 mil personas en tan precaria situación, y
contando, es decir, un número ligeramente superior al registrado por la
misma institución en diciembre de 2012, o lo que es lo mismo en el
arranque del sexenio peñanietista.
La estadística del Coneval da cuenta de que al final del periodo
referido, 62 millones de mexicanos reportaron ingresos menores a la
línea de bienestar, y 21.4 millones adicionales por debajo de la línea
de bienestar mínimo. Entonces, 83.4 millones de personas en tal
condición no es para celebrar, ni precisamente un buen indicio de que
se avanza por la ruta correcta para superar este desafío(EPN dixit).
En su promoción de Peñalandia, el inquilino de Los Pinos
también dejó fuera de su discurso otra terrorífica realidad documentada
por el Coneval: la información actualizada (correspondiente a 2015)
revela que 75 por ciento de los municipios del país (mil 840 de 2 mil
457) reporta un grado de pobreza que afecta a entre 50 y 100 por ciento
de sus respectivas poblaciones y, dentro de éstos, 924 (38 por ciento
del total) registran índices que van de 75 a 100 por ciento de sus
habitantes.
Entonces, cuidado, que en Peñalandia sólo se registra lo bueno, aunque sea falso.
Por cierto, el próximo 2 de diciembre del presente año se cumplen
tres décadas de la puesta en marcha del Programa Solidaridad (el
balance moral de la modernización, de acuerdo con su creador Carlos Salinas de Gortari), el mismo que a lo largo de los sexenios ha ido cambiando de nombre (Progresa, con Ernesto Zedillo; Oportunidades, con Fox y Calderón; y Prospera, con EPN). Pero la constante más importante ha sido el crecimiento sostenido en el número de mexicanos en pobreza.
Y como bien lo ha documentado el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México,
“el gasto gubernamental en los programas de combate a la pobreza –a
escalas federal, estatal y municipal, y llámense como se llamen– se
incrementó en términos absolutos alrededor de 100 por ciento entre 1970 y
2012. El gasto total desembolsado por el gobierno federal en programas
de combate a la pobreza a escala nacional ha sido continuo, pero no ha
resuelto el problema”.
Entonces, subraya el CAM,
si el total de recursos utilizados en los distintos programas creados durante el periodo citado para combatir la pobreza, realmente se hubiera ejecutado para disminuirla, tomando en consideración, únicamente los datos oficiales, no habría un incremento de pobres. Lejos de ello, en ese lapso millones de mexicanos cayeron en pobreza, y de ellos más de 20 millones se registraron a partir del Programa Nacional de Solidaridad. En 1970, apunta el centro de análisis, alrededor de 31 millones de mexicanos se encontraban en tan precaria situación; en 2012 el inventario sumaba 61.3 millones(y en 2016 83.4 millones, considerando el ingreso por debajo de la línea de bienestar).
Y el CAM puntualiza:
Si realmente, año tras año, se incrementó el presupuesto para combatir la pobreza y el hambre, ¿por qué aumentó la pobreza? ¿Cuántos de los recursos originalmente destinados llegaron a los mexicanos en pobreza?, ¿cuántos recursos se quedaron en el aparato gubernamental y bajo qué argumentos? Lo cierto es que basta mirar a la población para corroborar la vigencia de los mismos problemas. Mientras el modelo económico siga parchándose, mayores y más complejos serán los problemas.
De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada
cuatro adultos mexicanos consideran insegura la ciudad en la que viven,
aunque en algunos casos que van desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la zona
norte de Ciudad de México, esta proporción supera 90 por ciento de los
ciudadanos encuestados. Estos datos muestran la prevalencia de la
sensación de inseguridad, que ya en el tercer trimestre de 2016 fue de
74.1 y ahora repuntó hasta 75.9 por ciento, con el preocupante añadido
de que prácticamente la misma cantidad de quienes respondieron prevé la
persistencia de esta situación.
Represión contra las y los profesores en Michoacán
El crimen financiero, el
desfalco del erario, el uso político y particular de los salarios de
miles de trabajadores de la educación por parte del gobernador del
estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha derivado en la
necesaria movilización pacífica para restituir lo que por derecho
corresponde.
No se recuerda en
la reciente historia del estado de Michoacán una crisis del sistema
educativo tan grave como la que hoy vive el gobernador perredista
Silvano Aureoles Conejo, insuperable por cualquiera de sus antecesores
del mismo partido o del PRI. Apenas han transcurrido dos años desde que
llegó al Poder Ejecutivo, y ya es uno de los gobernadores más repudiados
por la población y por los trabajadores al servicio de su propia
administración.
Desde que le pretentaba
el agua a los camotes, según su expresión, al gobernador con licencia,
Jaime Rodríguez Calderón, se le notaba su priísmo cultivado durante toda
su vida política en Nuevo Léon.
Los analistas
internacionales de los movimientos sociales consideran que el siglo XXI
inició en México con el levantamiento zapatista. En los años siguientes,
fue importante el protagonismo de la sociedad civil en la
transición a la democracia. Casi un cuarto de siglo más tarde, ¿sigue
en movimientoel país?
¿Cómo explicar que
el otrora partido hegemónico y casi único tuviera que recurrir a un
precandidato/candidato no militante en sus filas para competir por la
Presidencia de la República? ¿No existía uno entre sus cuadros después
de 88 años de vida política? Claro que sí y el secretario de Gobernación
en la Presidencia de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, era el
preferido en las encuestas levantadas en 2017. ¿Por qué tanto el
presidente saliente como su grupo más cercano no escogieron a Osorio,
viejo militante del PRI y ex gobernador de Hidalgo?
Hay varios procesos
abiertos en Estados Unidos que de consolidarse amenazan no sólo a
quienes buscan legalizar su situación en ese país, sino a la
sobrevivencia de las especies, la nuestra incluida, ante la amenaza del
unilateralismo belicista del aparato militar-industrial que arriesga una
guerra nuclear y/o la irreversibilidad climática catastrófica vía la
incalificable irresponsabilidad ambiental del negacionismo climático del
big oil, adoptado por Donal Trump. Al tiempo que el gobierno
estadunidense exige la desnuclearización de Corea del Norte, aprueba
todo un programa para el negocio de la guerra nuclear limitada centrado
en contratos para construir armamento nuclear
utilizable. Para colmo da luz verde a un vasto programa de perforación petrolera a diestra y siniestra. Frente al complejo bélico-industrial y el
capitalismo fósil(A. Malm, 2016), nada mejor que reconocer los límites planetarios de la acumulación capitalista. Es necesario, como advierte Bolívar Echeverría, “avanzar hacia la generalización de una forma de bienestar todavía inédita, que está por inventarse y que tendrá que inventarse sobre la marcha misma del proceso de emancipación” (Crítica a la modernidad capitalista, Vicepresidencia, La Paz, Bolivia. Mis cursivas).
La oposición planea el
boicot a las elecciones presidenciales de 2018. De este riesgo advirtió
el presidente Nicolás Maduro al referirse a las pláticas que llevan a
cabo en República Dominicana su gobierno y parte de la denominada Mesa
de Unidad Democrática. Ya se habían acordado los siete puntos de la
agenda pero en eso los opositores recibieron una llamada de Washington y
cambiaron de postura. Lo sé de buena fuente, añadió el mandatario. No
obstante, puntualizó que en 2018 habrá elecciones
con toda la oposición o con una parte de ella.
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