Últimas Noticias
Mucha gente creía que
México inició su transición a la democracia en el 2000, cuando el PRI
(Partido Revolucionario Institucional) perdió el poder por primera vez
después de 70 años de gobierno unipartidista. Pero esto ha resultado ser
un mito, como se ha documentado
en otras ocasiones. La transición jamás tuvo lugar, y México se ha
convertido en un narcoestado cada vez más violento y todavía
profundamente corrupto. Las fallidas reformas económicas que el PRI
inició a principios de los años 80 se consolidaron con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus
siglas en inglés: NAFTA), y México se acercó económica y políticamente a
los EEUU. Después el PRI volvió al poder en 2012 con la elección de Enrique Peña Nieto.
Empecemos por la economía: no tuvo que ser así. En el periodo
1960-1980, bajo el viejo PRI, la renta del mexicano medio casi se
duplicó. Si la economía hubiera seguido creciendo a ese ritmo, los
mexicanos tendrían hoy un nivel de vida europeo. Sólo podemos especular
sobre si México se hubiera vuelto más democrático al desarrollarse –así
sucede en la mayoría de los países, aunque con ritmos variables.
Los años 80 fueron una “década perdida”, con un crecimiento negativo de
la renta per cápita, mientras México –bajo la presión de acreedores
extranjeros, incluidos Washington y el FMI— transformaba su economía,
liberalizaba el comercio internacional y los flujos de capital,
privatizaba las empresas estatales, y abandonaba las políticas
industriales y de desarrollo. El TLCAN consolidó los cambios más perjudiciales en forma de tratado internacional, en parte para hacerlos permanentes.
Los 23 años siguientes a la firma del TLCAN han sido un fracaso,
del punto de vista de cualquier comparación histórica. La tasa de
pobreza nacional es hoy superior a la de 1994 y los salarios reales
(ajustados a la inflación) apenas han aumentado. México se sitúa en el
puesto 15 de 20 países latinoamericanos en términos de crecimiento del
PIB por persona. Cinco millones de campesinos han perdido sus medios de
subsistencia, incapaces de competir con el maíz subvencionado por los
EEUU, lo que contribuyó a un aumento de la emigración hacia EEUU entre
1994 y 2000.
¿Qué clase de democracia se ha desarrollado a
partir de este experimento económico fracasado? Cabe esperar que el
gobierno tenga que encontrar otras formas de mantenerse en el poder, ya
que no está cumpliendo. Y así lo ha hecho. El New York Times informaba
esta semana que el gobierno mexicano ha gastado el asombroso monto de
2.000 millones de dólares en los últimos cinco años para comprar a los
medios de comunicación. Esto se ha hecho, principalmente, comprando
publicidad con la condición de que esta fuente de ingresos se acompañara
de una cobertura mediática favorable.
Tener medios de
comunicación independientes resulta prácticamente imposible con la
magnitud de estos sobornos, pero aún parecen insuficientes para asegurar
fidelidad al estado. El gobierno también hace uso
de algunos de los más sofisticados programas informáticos de espionaje
(spyware) del mundo para vigilar a periodistas, así como a abogados y
activistas de derechos humanos que luchan contra la corrupción. Dado el
nivel de violencia e impunidad, se puede imaginar lo intimidante que
puede resultar esta vigilancia.
Según el New York Times, al
menos 104 periodistas han sido asesinados desde 2000 y otros 25 más han
desaparecido. Esto hace de México el país más peligroso del mundo para
ejercer el periodismo, excluyendo zonas de conflicto; sólo superado por
Irak y Siria en todo el mundo. Y, aunque mucha gente tenga la impresión
de que esto “sólo” se debe a los cárteles de droga, el Times informa
de que “según datos gubernamentales, funcionarios públicos como
alcaldes y oficiales de policía han amenazado periodistas más a menudo
que los cárteles de la droga, los pequeños delincuentes o cualquier otro
colectivo”.
No sólo los periodistas pueden ser asesinados por
sus actividades constitucionalmente protegidas, también lo pueden ser
otros ciudadanos y activistas. La desaparición y masacre de 43 estudiantes
en Iguala, en el estado de Guerrero, puso la violenta represión de
México en el centro de atención del mundo en 2015, por la escala de los
crímenes y la profunda implicación, documentada, de las fuerzas de
seguridad y agentes del gobierno.
La ausencia de medios
independientes, el cuasimonopolio de la difusión televisiva por parte de
dos cadenas partidistas, y el uso por parte el gobierno de recursos
estatales en las campañas electorales hace que la democracia electoral
resulte particularmente problemática. Pero también lo es el propio
proceso de votación. En la disputada elección presidencial de 2006, el
candidato de izquierdas Andrés Manuel López Obrador perdió por menos de
un 0,6%. Pero había un problema “de suma”: en cada mesa electoral, el
número de papeletas emitidas válidas, más el número de papeletas en
blanco restante, deberían sumar el número de papeletas total inicial. En
cerca de la mitad de las mesas electorales, los números no “sumaban” .
En 2006, la administración Bush comenzó inmediatamente una campaña
internacional para legitimar la elección de Felipe Calderón, a pesar de
los cientos de miles de personas que reclamaban un recuento en las
calles. (Un recuento parcial, cuyos resultados no fueron revelados
durante la disputa, planteó serias sospechas sobre el conteo.) El equipo de Bush puso en práctica el mismo manual de estrategia que puso en marcha en su propia y disputada elección del 2000, e hizo un buen trabajo.
López Obrador se presenta de nuevo a la presidencia en julio, y según
las encuestas es el claro favorito. Muchos mexicanos están de nuevo
preocupados por el fraude. Pero los representantes de la administración
Trump, incluido el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca John Kelly
–antiguo jefe del Comando Sur de EEUU—, ya han expresado otra
preocupación. Están preocupados por que López Obrador puede ganar.
Curiosamente, a pesar de toda la fanfarronada de Trump sobre la
construcción de un muro y la renegociación del TLCAN, combinada con sus
ofensas y amenazas características –y la hostilidad resultante—, la
cooperación de México con Washington en su fea política exterior en la
región continúa siendo muy fuerte. Apenas nadie se cree los resultados
electorales del 26 de noviembre en Honduras, en las que incluso el líder
del pro-Washington OAS pedía nuevas elecciones. Pero México fue uno de
las primeros en salir al paso con una firme declaración apoyando al
“ganador”, al actual presidente y aliado de EEUU Juan Orlando Hernández,
cuyo partido llegó al poder con la ayuda de EEUU en 2009 tras un golpe militar.
Reuters informó
que la declaración de México “fue acordada en coordinación con los
Estados Unidos”. En un movimiento inteligente el día siguiente, un alto
representante del Departamento de Estado de EEUU citaba
la declaración de México como razón para rechazar las exigencias de
nuevas elecciones. Esas es la clase de coordinación que quiere
Washington.
En medio año, los mexicanos podrían decidir si
prefieren aspirar a algo mejor como una nación independiente. Pero solo
si logran defender el derecho a unas elecciones libres y justas.
Mark Weisbrot es codirector
del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic
and Policy Research, CEPR) en Washington, DC y presidente de la
organización Just Foreign Policy . También es autor del libro " Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la economía global " (Akal, Madrid, 2016).
Traducción por Indaga, cooperativa de investigación social (www.indaga.org).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario