"Ese computador fue muy bien armado por el Gobierno Nacional, porque había un objetivo fundamental: descalificar y judicializar a quienes hemos venido trabajando en el tema del acuerdo humanitario" Mónica del Pilar Uribe Marín (Para Kaos en la Red)
Cuando en 1999 fue secuestrada por orden de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , quedó claro que sus radicales posiciones, su carácter deliberante y su temeridad para decir la verdad, estaban produciendo en la ultraderecha colombiana una mixtura de odio y temor y la decisión de exterminarla.
Pero no se amedrentó y fue convirtiéndose en una creciente y fuerte opositora del gobierno de Álvaro Uribe, aunque su pensamiento de izquierda era de siempre, defendiendo los derechos de las minorías étnicas, los de la mujer, los sexuales y los
No sólo ha padecido el secuestro. También ha sido objeto de permanentes amenazas y ha sobrevivido a varios atentados contra su vida. Pero si Carlos Castaño (al que acusó públicamente por el asesinato del humorista Jaime Garzón, cuando nadie se atrevía a decir nada y la derecha armada era más bien aplaudida) no la detuvo, es imposible imaginarla renunciando a su lucha, que es la de millones, así los medios quiera negarlo. De hecho, en agosto de 2007 se involucró en el tema del acuerdo humanitario entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC , y el gobierno colombiano, y desde entonces no ha cejado en este propósito, pese incluso a que el presidente Álvaro Uribe le retiro el aval.
La situación de Piedad Córdoba refleja lo que es en buena medida el país y la política que le gobierna: Piedad no comulga ni cree en el presidente Uribe, le critica y niega la legitimidad de su gobierno, cuestionado por vínculos con el paramilitarismo, la corrupción y el narcotráfico. Piedad tampoco oculta sus simpatías por el presidente Hugo Chávez, ni su pensamiento y accionar de izquierdas y todo aquello que, lamentablemente, en un gobierno derechizado, se convierte en una actitud pro guerrillera y pro terrorista.
La situación de Piedad Córdoba refleja lo que es en buena medida el país y la política que le gobierna: Piedad no comulga ni cree en el presidente Uribe, le critica y niega la legitimidad de su gobierno, cuestionado por vínculos con el paramilitarismo, la corrupción y el narcotráfico. Piedad tampoco oculta sus simpatías por el presidente Hugo Chávez, ni su pensamiento y accionar de izquierdas y todo aquello que, lamentablemente, en un gobierno derechizado, se convierte en una actitud pro guerrillera y pro terrorista.
Piedad ha sido una de las pocas personas que ha dicho la verdad y hacerlo le ha costado: fuerzas de poder, militares y económicas hacen de cada palabra de Piedad un respaldo al terrorismo. Los medios reproducen los calificativos de odio, rencor y acusaciones que se emiten desde el gobierno y han hecho que la opinión publica, generalmente muy desinformada ante las pocas opciones que tiene para hacerlo, la odie.
Hoy se le quiere vincular con las FARC, y en un país donde las acusaciones por paramilitarismo. Con base en información hallada en supuestos computadores de Raúl Reyes, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Piedad, otros congresistas y periodistas. Sin embargo, los dos últimos capturados y miembros de las FARC han asegurado en sus declaraciones que Piedad no tiene nada que ver con esta organización subversiva.
¿De qué se le acusa?
Se me trata de involucrar en el tema de asociación para delinquir, secuestro de Ingrid, de todas estas personas, con una acusación directa de ser parte de las FARC.
¿Piensa que existe o no el computador de Raúl Reyes?
No. Ese computador no existe. Ese computador fue muy bien armado por el Gobierno Nacional (yo diría que con apoyo de sectores del gobierno norteamericano), porque había un objetivo fundamental: descalificar y judicializar a quienes hemos venido trabajando en el tema del acuerdo humanitario y de la paz. Es, sobre todo, una especie de muro de contención para que quienes pensamos que el país requiere una salida distinta, un proyecto social y político alternativo al que hay actualmente. Pero así la Corte Suprema dijera que ese computador no existe, que no lo pueden verificar como fiable para un procedimiento judicial, lo cierto es que ellos (quienes le acusan) han ganado en un estrategia: desmoralizar, ensuciar la hoja de vida de quienes estamos en la política, desacreditarnos y generar una especie de odio en sectores de la población frente a nosotros.
¿Piensa que el malestar de muchos por Piedad sería posible si los medios no reprodujeran el odio y las palabras de quienes no gustan de usted en el Gobierno?
Lo de los medios no es aleatorio. El Gobierno tiene en las dos cadenas, fundamentalmente, y en El Tiempo, dos de sus mejores aliados. Es una estrategia direccionada a generar noticias en las cuales quienes no estamos en esa orilla de la política, en ese sector de lo que es el uribismo, terminamos siendo descalificados porque los medios de comunicación no pasan nuestras intervenciones, o cuando las pasan, las editan para ponernos a decir otra cosa. Existe una estrategia muy coordinada, entre otras cosas porque se está tramitando la licitación del tercer canal. Ningún medio de comunicación se va a ir contra el gobierno, ni ningún medio va a ser imparcial.
Hablemos de la liberación de Ingrid como fenómeno mediático y de la suerte que corre, a partir de entonces, el Acuerdo Humanitario.
Hablemos de la liberación de Ingrid como fenómeno mediático y de la suerte que corre, a partir de entonces, el Acuerdo Humanitario.
Así como se va generando una opinión de que quienes estamos en el Acuerdo Humanitario somos guerrilleros, de que quienes estamos trabajando en el proceso de paz somos terroristas, de que quienes defendemos los derechos humanos somos personas peligrosas, también se está generando una opinión, una matriz de opinión, en el sentido de que para qué se va a hacer un acuerdo, para qué se le van a dar ventajas, si el presidente Uribe es un tipo tan verraco que es capaz de matar a todo el mundo y a acabar con los que generan la informidad en el país.
¿Nos olvidamos, entonces, de esta opción?
Pienso que, en medio de las dificultades para el país, hay que volver a insistir en el acuerdo humanitario por las personas que están en poder de las FARC, por los que están en las cárceles… Pero hay que tener supremamente claro que no va a existir el mismo interés de unos sectores y que para muchos otros en la opinión pública nacional este tema no es importante… Porque el gobierno puede ganarle la guerra a las FARC, porque mucha gente cree que el problema con las FARC es de delincuencia y que no son una consecuencia de un modelo de desarrollo corrupto y excluyente, que privilegia a unos cuantos e impide que todo el país pueda desarrollarse.
En ese orden de ideas, la gente no le va a apostar mucho al acuerdo. Sin embargo, no se puede seguir privilegiando la salida militar, que no deja ningún salto distinto al empoderamiento del uso de la fuerza por parte del Estado y de muchos sectores que lo privilegian. Un acuerdo humanitario deja muchos réditos, que tienen que ver con las organizaciones sociales, con el derecho internacional humanitario, el respeto por los derechos humanos, y - sobre todo - desata procesos encaminados a sentar en la mesa de negociación a quienes estamos inconformes con el sistema actual.
Usted ha mencionado que uno de los aspectos negativos frente a la liberación de Ingrid Betancourt (y no estamos hablando de la liberación en sí, la cual es por todos bienvenida) es que se malograron unas negociaciones que usted estaba adelantando...
Se perdieron cosas importantísimas que pudieron haberse obtenido si hubiera habido un principio de oportunidad también por parte de las FARC, pero - también - si el gobierno hubiera estado interesado en una negociación que llegara a un acuerdo humanitario. Los inamovibles se fueron convirtiendo en una estrategia para ganar tiempo, por parte del Gobierno. Es muy difícil explicarlo en medio de una situación positiva como es la libertad de las personas, pero nosotros habíamos logrado avanzar con el Departamento de Estado - en términos de la libertad de Simón Trinidad y de Sonia - uno de los elementos que los presidentes de América latina, en una gran parte, estaban dispuestos a apoyar después de la liberación de estas personas, y que era el estatus de beligerancia que permitiera llegar a un proceso de paz.
Otro elemento muy importante era retomar la carta que en el 84 el comandante Manuel Marulanda, junto a Jacob Arenas, había dejado prácticamente lista (aunque no se firmó) y que sacaba al secuestro del conflicto. Eso se sabía retomado, inclusive se le habían puesto plazos: de aquí a diciembre lograr una gran declaración de todos los insurgentes en este sentido. Ahora, creo que eso no es posible, no creo que ningún gobierno vaya a reconocerles el estatus de beligerancia en este momento a las FARC, ni que la necesidad de la liberación de estas personas significara, precisamente, una negociación jurídico-política en el Departamento de Estado Americano. Hay que volver a empezar, teniendo en cuenta que son muchas las perdidas para la democracia del país, si se privilegia la salida militar simplemente.
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