4/01/2010

De una suspensión de 60 días, sólo cumplió 15

Reinstalan a médico que confirmó muerte de Ernestina Ascencio

Por Laura Castro Medina, corresponsal

Orizaba, Ver. 31 mar 10 (CIMAC).- Ante la falta de pruebas en su contra, la Procuraduría General de justicia del Estado, (PGJE) reinstaló al médico forense, Pablo Mendizábal Pérez, quien fue inhabilitado 15 días por un supuesto “mal desempeño” de hace tres años, cuando determinó que la indígena, Ernestina Ascencio fue violada y que murió por traumatismos.

Mendizábal Pérez explicó que la Subprocuraduría de Supervisión y Control de la PGJE había determinado para él una suspensión de 60 días, sin embargo, la separación sólo fue de 15 días porque demostró con documentos y pruebas que su dictamen fue certero.

A decir del médico, en esos 60 días las autoridades buscarían preparar “el camino para suspenderlo definitivamente” y subrayó que desde hace tres años, cuando emitió su dictamen por el caso, ha sido víctima de persecución laboral, acoso y amenazas.

Dijo que además de ser acusado por la misma Subprocuraduría de contaminar las pruebas y muestras extraídas en el caso de Ernestina Ascencio, recientemente recibió otra amonestación por un dictamen ginecológico para la determinación de una sentencia condenatoria de un individuo que violó a una niña de 11 años.

“Como consecuencia de ello fui amenazado por la defensa y todavía la Subprocuraduría de Supervisión y Control pretendía castigarme dos meses”.

Agregó que en esa ocasión el secretario de gobierno dijo que se sabía en los medios judiciales que el juez habilitado había recibido 200 mil pesos y eso no le importó a Supervisión y Control y aún así trataron de variar el delito señalando una tentativa de violación y no violación, abundó el médico.

Sobre el caso de Ernestina Ascencio, aclaró que mantiene su dictamen y agregó “afortunadamente ya recibí la constancia en donde dan marcha atrás al castigo que pretendían imponer contra mí”.

Sin entrar en detalles, dijo que ha recibido amenazas por lo que hace responsable a las personas e instituciones involucradas en el asunto, aclaró “nosotros hemos manifestado nuestra inconformidad con la Subprocuraduría de supervisión y control porque fuimos objeto de una persecución incluso en la revisión que hace ahora en los expedientes la misma procuraduría”.

Reconoció que después de emitir el dictamen sobre la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de Zongolica “me pusieron una lupa del tamaño del sol para vigilar todo lo que nosotros estábamos realizando, afortunadamente siempre nos apegamos con estricto derecho y con transparencia”.

Sostuvo su dictamen inicial sobre el caso que ocupó hace más de tres años las primeras planas de diarios locales, nacionales e internacionales.

“De acuerdo con mis datos y las pruebas que yo realicé y las que realizó la procuraduría por medio de sus peritos químicos y los peritos médicos, no fue una muerte natural, fue una muerte traumática, pero eso lo determina el Ministerio público, nosotros aportamos las pruebas y el Ministerio Público decidirá sí las toma en cuenta o no”.

A raíz del caso de Ernestina Ascencio, recordó que también fue separado de otro cargo que ocupó por más de 23 años como médico en el Centro de Readaptación Social de Orizaba, donde su salario era cubierto por el ayuntamiento de Orizaba.

“Ahorita estoy enfrentando una situación difícil porque mi familia durante más de dos años y medio no ha recibido ese sueldo”, subrayó el médico.

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