Entre 2006 y 2011, la violencia contra las
mujeres, en todas sus modalidades, creció exponencialmente, sin que
leyes, jueces, normas, sociedad o instituciones fueran capaces de
detenerla
Sara Lovera
México
D.F., 25 jul. 12. AmecoPress/SEMlac.- Entre 2006 y 2011, los años de la
administración federal que terminará en diciembre próximo, la violencia
contra las mujeres, en todas sus modalidades, creció exponencialmente,
sin que leyes, jueces, normas, sociedad o instituciones fueran capaces
de detenerla, al punto que solo en violencia familiar o conyugal hay 18
millones de mexicanas sin justicia.
Lo
más grave es la situación de las mujeres privadas de su libertad; la
ausencia de armonización entre leyes muy amplias y poco aplicables;
disposiciones para prevención que no funcionan, como la Alerta de
Violencia de Género, y fondos de hasta más de un millón de dólares sin
utilizar. Mientras, la injusticia crece para ellas.
La Encuesta de
prevalencia de la violencia contra las mujeres (Endireh 2011) reporta
millones de víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares. El 42
por ciento de ellas tienen entre 15 y 49 años o más. Aproximadamente
4.000 están desaparecidas y apenas entre 2,5 y tres por ciento de los
casos llega a procesos judiciales.
El mencionado
sondeo, publicado la última semana y elaborado por la organización civil
Equis Justicia para las Mujeres, establece que ni los nuevos modelos de
justicia acusatoria, las leyes nacional y locales de acceso a una vida
sin violencia, los programas locales y nacionales, ni una abultada
inversión económica para estos han conseguido disminuir la situación.
Irma Saucedo,
investigadora de El Colegio de México y experimentada capacitadora de
funcionarios, policías y población en general, define esta situación
como ’perversa’ y que afecta la democracia, la estabilidad emocional de
millones de mujeres y conspira contra la vida de la mitad de la
población.
Agrega que se
trata de un problema de salud pública que según el Banco Mundial cobra
150 días saludables cada año a la población que la padece y tiene
efectos en la productividad, la estabilidad familiar, el goce de sus
derechos y certifica la violación sistemática de los derechos humanos de
las mujeres.
A juicio de la
diputada Enoé Uranga, ello muestra una situación de mentira y falta de
rendición de cuentas por parte de las autoridades que alegremente hablan
de progreso de la condición femenina.
La Encuesta,
realizada en 2003, 2006 y 2011, refiere una peligrosa y absurda espiral
continua y lacerante. El estudio de Equis sostiene que se ha podido
establecer la carencia de interés o justicia para las mujeres que sufren
violencia no sólo en sus hogares.
Indígenas privadas de su libertad
La
investigación informa que el problema de las mujeres privadas de su
libertad no está incorporado a la agenda de derechos, ni es mencionado
en los informes que el estado mexicano prepara para los organismos
internacionales, ni aparece en las estadísticas de la violencia de
género.
Según la
Secretaría de Seguridad Pública, aproximadamente cinco por ciento de la
población penitenciaria está constituida por mujeres. Sin embargo, de
las 455 cárceles en México, 13, es decir el 2,8 por ciento, son
exclusivamente femeniles y el resto, mixtas.
De 91
reclusorios examinados, 22 por ciento asignan dormitorios para las
mujeres en los mismos sitios que ocupan los hombres. En esos reclusorios
hay un alto hacinamiento que afecta de manera directa a las mujeres.
Pero lo más
preocupante es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
ha detectado que el uso excesivo de la prisión preventiva. Eso significa
que los expedientes no se mueven, no hay investigación ni juicios a
tiempo.
Según la
encuesta 2011, hay 10.623 mujeres privadas de su libertad en 266
instituciones penitenciarias analizadas. Otros estudios realizados en 21
de las 32 entidades del país, refieren que el 67 por ciento de las
7.301 mujeres recluidas, son jóvenes de 18 a 37 años, madres y muchas
jefas de hogar.
De ellas, 27
por ciento presenta algún tipo de adicción antidepresiva pero no cuenta
con atención psicológica especializada, y 16 por ciento pertenece a lo
que las autoridades denominan vulnerables, refiriéndose a indígenas o
campesinas, captadas para transportar drogas.
El
International Center for Prision Studies sostiene que 22 por ciento de
los centros penitenciarios no tienen servicios de ginecología y
obstetricia y llama la atención sobre la falta absoluta de información
de la situación procesal de estas mujeres privadas de libertad.
La opacidad es
también una forma de injusticia, porque el sistema no dispone o no
publica datos relativos al número de mujeres procesadas, ni muestra
información sobre la duración de la prisión preventiva. Es imposible
saber cuántos años viven en esta situación absolutamente contraria a los
derechos humanos.
Desde 2006, el
Comité por los Derechos de los Niños recomendó a México buscar y poner
en práctica alternativas a la detención preventiva y otras formas de
detención, a fin de garantizar que la privación de la libertad se
aplique efectivamente como medida de último recurso por el período más
corto posible.
La doctora
Elena Azaola ha mostrado, en diversos estudios e investigaciones, que
muchas mujeres indígenas y campesinas fueron engañadas y enroladas en el
crimen organizado, a veces sin poder siquiera hablar la lengua
española, lo que dificulta los procesos y el ejercicio de la justicia.
Ley sin dientes
Entre 2007 y
2010 se promulgó la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin
Violencia, y similares en prácticamente todo el país. También se
fortalecieron los códigos penales, pero no es posible una mejor justicia
debido a contradicciones entre los códigos penales y estas leyes.
Además, esas
legislaciones consideradas en su momento como un "gran avance" son tan
amplias en cuanto a las definiciones de violencia que carecen de
mecanismos de exigibilidad; por el contrario, las normas penales
contienen definiciones muy limitadas y son inoperantes, sostiene Equis
en su pormenorizado informe entregado al comité de la CEDAW, que sesiona
en las Naciones Unidas.
De 240
sentencias analizadas en 15 tribunales superiores de justicia, solo
cuatro mencionan a las Leyes de Acceso (1,66 por ciento), lo que habla
de un evidente divorcio y una distancia fenomenal, que impide actuar.
Esta falta de
vinculación contribuye muy poco al acceso de las mujeres a la justicia,
tienen demasiadas palabras y pocas salidas judiciales, dice el estudio, y
su impacto está reducido al establecimiento o mandato de establecer
refugios, unidades de atención especializada y sistemas de prevención.
La Ley fue hecha a imagen y semejanza de la legislación española, con
realidades muy distintas.
Lo más grave es
que esa ley prevé la Alerta de Violencia de Género, un novedoso
procedimiento contra la violencia feminicida, como un conjunto de
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la
violencia en un territorio determinado pero al solicitarla, en la
mayoría de los casos, ha sido denegada, incluso por los Institutos de
las Mujeres, debido a que no es entendida cabalmente.
De 2006 a 2011
se han hecho solo tres solicitudes, todas denegadas, entre otros motivos
por la inconsistencia de la ley y su reglamento. No existen hasta hoy
reglas de operación para emitir la declaratoria de la Alerta, pese a que
de 2008 a 2011 se otorgaron 19 millones de pesos (más de un millón de
dólares) para un Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta, de los
cuales se ha ejecutado un millón 300.000 pesos (aproximadamente 100.000
dólares).
A esto el
informe y las mujeres consultadas llaman "un escándalo", mientras no
existen recursos en las agencias especializadas para médicos legistas,
investigación o persecución de los delitos.
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