Muralla mexicana a productos chinos // Contratazo ¡en dólares! en el INE // Trump pierde las elecciones en Miami
Trump: otra derrota electoral
Primero perdió las elecciones en su ciudad, Nueva York, y ahora el presidente Trump ha salido derrotado en su segundo hogar, Florida. La candidata demócrata Eileen Higgins ganó en segunda vuelta la alcaldía de Miami con 59.29 por ciento de los votos frente al republicano Emilio González, quien obtuvo 40.71 por ciento. La señora Higgins enarboló las mismas banderas progresistas de Zohran Mamdani en Nueva York: su oposición al alto costo de la vida y de los alquileres. Tiene 61 años y antes fue comisionada del condado de Miami-Dade. Trump posee el famoso club Mar-a-Lago en Palm Beach, muy cerca de Miami. En las filas del Partido Republicano hay señales de preocupación porque las encuestas no favorecen a su presidente, lo cual puede llevarlo a perder la mayoría en el Congreso.
Santaclós en el INE
Díselo a Claudia
Asunto: extorsión en oficinas públicas
En los últimos dos días se ha publicado en La Jornada que al menos en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez diversos comerciantes se han quejado de las extorsiones por parte de servidores públicos. Quiero hacer notar que actualmente existe un problema muy grande en gran parte de México con el llamado cobro de piso por parte de diversos cárteles, y si bien ya se está combatiendo, resulta inconcebible que dentro de las oficinas públicas se sigan dando estas prácticas, y la pregunta es: ¿hasta cuándo va a seguir la corrupción en las oficinas de gobierno? Creo que se requiere que alcaldes y alcaldesas, así como la jefa de Gobierno y demás servidores públicos se comprometan a acabar en serio con la corrupción.Javier Pérez
Hace unos días la presidenta Claudia Sheimbaum fue destacada por su estilo y ayer fue reconocida como una las cinco mujeres más poderosas del mundo.Foto Marco Pelaéz
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El narcopartido @AccionNacional ya se descaró completamente al intentar proteger a #CabezaDeNarco, pero no importa, caerá como cayó César Duarte.
Drama Queenskaya @MissSunshine4
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Una provocación con la esperanza de generar roces o hechos que den pie a la acción militar largamente preparada y exhibida en aquella región. Trump necesita un pretexto, un “ataque” de falsa bandera, para lanzar sus fuerzas contra el país sudamericano, en específico para derrocar al presidente Nicolás Maduro o impulsar su exilio y, entonces sí, asentar los intereses reales que no son la democracia ni la justicia, sino el petróleo, que en esa nación constituye la reserva mundial más cuantiosa.
Las cañoneras de Trump están emplazadas. Físicamente, con las amenazantes fuerzas armadas en espera de órdenes. Mediáticamente, con el respaldo desbordado de la prensa convencional. E incluso en términos propagandísticos, con la conversión del Premio Nobel de la Paz en un instrumento en busca de validar la guerra o cuando menos el saqueo que ha diseñado la Casa Blanca.
El desprecio por la legalidad, la altanería invasora, la provocación sin atenuantes, forman parte de la doctrina filibustera que la administración Trump ha dado a conocer como Estrategia de Seguridad Nacional: América (el continente, no la apropiación del término por parte de los gringos) para Estados Unidos.
Lo sucedido con la embarcación petrolera que, dijo Maduro, sufrió un “robo descarado”, tiene también consecuencias para México. Versiones difundidas ayer en medios estadunidenses señalaron que el “castigo” al barco provendría de que transportaba petróleo con destino a Irán, en contravención de las restricciones que Estados Unidos ha impuesto. Trump, ante reporteros, eludió cualquier precisión.
Ya antes, el trumpismo ha estado señalando con sentido admonitorio el envío de petróleo mexicano a Cuba, advirtiendo que esa ayuda va contra las instrucciones históricas gringas de mantener aislada a la nación caribeña. Falta ver si Washington decide aplicar a embarcaciones mexicanas acciones de rapiña como las cometidas en Venezuela. Por lo pronto, el emperador Trump ha advertido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será el próximo en recibir castigo.
Hay varias razones por las cuales Claudia Sheinbaum podría ser considerada una mujer poderosa. Desde luego, por ser la primera en llegar a la presidencia de México. Pero, además, por las acciones que sostiene o ha creado para cumplir con una agenda progresista, en condiciones políticas internas y externas muy difíciles, y por el muy notable respaldo popular que diversas encuestas de opinión le reconocen.
Sin embargo, la revista Forbes la ha incluido en el quinto lugar de su lista de las mujeres más poderosas del mundo de una manera equívoca: “la deslocalización coloca a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el centro de la transformación manufacturera de Norteamérica”.
El nearshoring, como variante de la relocalización (offshoring) de industrias no puede ser una razón para asignar empoderamiento a la mandataria mexicana. Tampoco el que se le clasifique en el rubro operador de la “transformación manufacturera”. Ella tiene razones, políticas, sociales e ideológicas por las cuales reconocerle, aunque la revista especializada en negocios, finanzas y grandes capitales, prefiere irse por el rubro manufacturero.
Y, mientras el empresario Pedro Haces pelea desde la retórica para desmarcarse de un personaje regional que ha sido detenido en Durango, acusado de extorsiones y otros actos criminales, en el contexto de la Catem, la organización sindical que el diputado federal administra, ¡hasta mañana!
X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, juliohdz@jornada.com.mx
Estadiopara magnates
La Jornada (Alejandro Alegría) lo resume así: “aunque en gran parte del mundo la población más pobre observa una mayor participación en la riqueza global, la desigualdad sigue siendo extrema, al grado de que un estadio de futbol podría albergar al uno por ciento más acaudalado del planeta, muestra un reporte coordinado por el economista Thomas Piketty”.
Sobre esta lacerante realidad, en una de las tantas revistas del corazón aparecería una nota celebratoria de lo bien que lo pasa “la gente bonita”, obviando que millones de personas sobreviven en la pobreza, y con ánimo futbolero “dada la cercanía del Mundial” festejaría que sólo la “crema y nata” de la sociedad tendría acceso a ese estadio y sólo los “chics” ocuparían las gradas.
El Informe sobre la Desigualdad global 2026, reseñado por La Jornada, subraya que México se mantiene como uno de los países con mayor desigualdad, aunque acepta que en la última década se han observado avances en su reducción debido a las transferencias del gobierno.
Así es: apenas 10 empresarios mexicanos conjuntan una fortuna cercana a 150 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe 2025 de la revista especializada Forbes, un monto casi tres veces superior a lo que el gobierno federal canalizó, en el mismo año, a programas del bienestar. En las alforjas de esa decena se concentra alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto y sus fortunas, en buena medida, se han amasado con recursos de la nación.
Señala el citado informe: el mundo es muy desigual, extremadamente desigual. Vemos que el 10 por ciento más rico de la población representa 53 por ciento del ingreso global, mientras el 50 por ciento más pobre sólo obtiene 8 por ciento, indicó en conferencia Ricardo Gómez-Carrera, quien participó en la elaboración del documento.
El reporte –elaborado con base en investigaciones del Laboratorio de Desigualdad Mundial– indica que la concentración de la riqueza es extrema, pues el 10 por ciento más rico posee 75 por ciento de la riqueza global, mientras el 50 por ciento más pobre sólo posee 2 por ciento. Y si bien no descubre el hilo negro, subraya: hasta ahora, el sistema no está siendo eficaz para gravar a los más ricos, y en el caso mexicano sobran ejemplos de esta situación.
No obstante, el uno por ciento más rico posee 37 por ciento de la riqueza global, “una proporción mucho mayor que la del 90 por ciento más pobre de la población mundial. Esto indica una desigualdad muy extrema”, puntualizó. “La proporción de la población mundial más acaudalada es muy pequeña, casi invisible, pero aun así posee una gran parte de la riqueza global y obtiene una gran parte del ingreso”, señaló.
La desigualdad es alta en todas las regiones, especialmente en cuanto a la riqueza, con el uno por ciento más rico poseyendo más riqueza que el 90 por ciento más pobre. Un grupo de 60 mil personas, que es la que cabe en un estadio de futbol, posee más riqueza que la mitad de la humanidad en su conjunto, precisó Gómez-Carrera. “En la cima de la distribución, la proporción de riqueza que poseen los más ricos ha aumentado de forma extrema y a un ritmo mucho mayor. Por tanto, las desigualdades extremas están aumentando rápidamente”.
Y para el caso mexicano el especialista comentó que “sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo”.
El apartado sobre México indica que el 10 por ciento de los que más ganan capta alrededor de 59 por ciento del ingreso total, mientras el 50 por ciento con menos ingresos recibe sólo 8 por ciento. En este país, dijo, las disparidades en la riqueza son aún mayores, pues el 10 por ciento más rico posee alrededor de 71 por ciento de la riqueza total y el uno por ciento con más ingresos, alrededor de 38 por ciento, proporciones similares a la observadas a nivel global. Sin embargo, aseguró que la brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento con menos ingresos se redujo de 111 a 76 entre 2014 y 2024, “lo que sugiere un progreso limitado en la reducción de la desigualdad”.
Las rebanadas del pastel
Lenta como el progreso, pero al final de cuentas la justicia logró enchiquerar a otra lacra, parte de los impresentables: César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, duerme, y no plácidamente, en el Altiplano. Y los que faltan, que son muchos.
El ataque contra la principal fuente de ingresos del Estado venezolano hace pensar que el despliegue bélico estadunidense en torno a la nación caribeña no tiene y nunca tuvo la intención de combatir el narcotráfico, sino el de consumar el anhelo compartido por los pasados cinco inquilinos de la Casa Blanca: expulsar al chavismo del poder e instalar en Caracas un régimen títere que entregue a las corporaciones occidentales el control sobre las mayores reservas petroleras del planeta.
Esa ansia de hidrocarburos, que debería haberse mitigado conforme el mundo transita hacia fuentes de energía renovables y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, ha vuelto al primer plano con el trumpismo y su determinación de extraer y quemar tanto petróleo como le sea posible. Por ejemplo, en julio la administración republicana eliminó una norma que limitaba emisiones contaminantes de autos y plantas energéticas y hace una semana relajó los topes de consumo de combustible de los vehículos. Se estima que esta última medida provocará un aumento en el uso de gasolinas y diésel de alrededor de 380 mil millones de litros hasta 2050, así como un alza de 5 por ciento en la producción de dióxido de carbono.
De manera complementaria, cabe preguntarse si los embates contra Caracas y Bogotá forman parte de un plan de Washington para apoderarse de las rutas de trasiego de cocaína existentes y abrir nuevas, por ejemplo, a través de Venezuela, por donde en la actualidad no pasa ni la vigésima parte de la que se produce en su vecino occidental. En este sentido, debe recordarse que la Casa Blanca y sus agencias de inteligencia han trabajado una y otra vez con gobiernos que usan un discurso de mano dura contra el crimen a fin de ocultar su carácter delictivo, como ocurrió con el calderonato en México y el narcoparamilitarismo de Álvaro Uribe en Colombia. En el primer caso, los mismos estadunidenses han reconocido que su hombre fuerte en nuestro país, Genaro García Luna, fue el gran dirigente del narcotráfico mientras encabezaba las instancias encargadas de combatirlo. Las perspectivas de que Uribe vuelva a gobernar Colombia por medio de testaferros tras las elecciones del año entrante sin duda incentivan a Washington a cerrar la pinza en torno a Venezuela, la última ficha que les faltaría para tener un dominio total sobre el lucrativo negocio de los estupefacientes en Centro y Sudamérica.
Al mismo tiempo, los niveles de agresión contra la soberanía de América Latina y el Caribe reflejan la confianza del trumpismo en su posibilidad de perpetrar cualquier atrocidad con total impunidad, impresión confirmada por la ausencia de consecuencias en el genocidio que lleva dos años ejecutando de la mano de Israel sobre el pueblo palestino. La presencia de gobiernos de derecha y de ultraderecha alineados con Washington en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador, Trinidad y Tobago, aunada a la probable llegada al poder de un grupo político abiertamente pinochetista en Chile y la amenaza del uribismo en Colombia, es otro factor que envalentona al trumpismo al mostrarle que la región se encuentra dividida y sin posibilidad alguna de resistir el injerencismo, venga en forma de sanciones ilegales, de actos de piratería como el cometido ayer contra el petrolero o de bombardeos y masacres.
Ni de Trump ni de sus aliados cabe esperar actos de respeto a la legalidad internacional, por lo que México y las escasas democracias que se mantienen en pie en el ámbito latinoamericano deben prepararse para tiempos oscuros, de lo cual son una anticipación las constantes agresiones diplomáticas que nuestro país ha sufrido a manos de regímenes de facto y autoritarios en la región andina.
luminarias salvajesen el parque México
Los condóminos del Edificio Rosa, en avenida México 147, solicitamos a usted el retiro de las potentes luminarias de luz blanca recientemente instaladas en el parque México, las cuales se proyectan sobre los edificios colindantes, perturbando nuestro descanso nocturno.
Este potente alumbrado, además de romper por completo el estilo histórico del parque, está ahuyentando a la población de aves que pernoctan en sus árboles. Apelamos a su sensibilidad para que instruya la remoción o modificación de este absurdo e innecesario alumbrado, con el fin de recobrar la iluminación que existía en este emblemático jardín de nuestra ciudad.
César Arias de la Canal
En torno al monólogo de la emperatriz Carlota y el Nobel de la Paz
El anuncio de la nueva ley se hizo prácticamente en términos de denuncia de los problemas observados: acaparamiento, sobrexplotación, concesiones desorbitadas y un trasiego ilícito del agua. Las expectativas se elevaron aún más.
Antes del proyecto de una nueva ley de aguas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pudo dar pasos efectivos para imprimirle a la disponibilidad y distribución hídrica un sentido de justicia humana.
Como preparación del decreto presidencial para iniciar la reforma, Conagua debió presentar un estado del agua en territorio nacional, de acuerdo con los usos que la consumen por región, por cuenca, por estados, por municipios y, sobre todo, por destinos. Señalar qué lugares y zonas se hallan bajo estrés hídrico, abatimiento de los niveles sostenibles y por qué causas; señalar qué concesiones estaban en regla y cuáles no por falta de pago, sobrexplotación y otros factores; cuántas de ellas caducaron y fueron reasignadas y por quién; cuántas se autorizaron antes y después de los gobiernos de la 4T; cómo, dónde y por quiénes se ha producido el robo de agua cuya pérdida significa, como se ha informado, un monto de casi 45 mil millones de pesos a las arcas públicas; qué comunidades se han visto afectadas por usos agrícolas, mineros e industriales, y qué cursos de agua han sufrido contaminación y por qué empresas. Y también: de qué técnicas de medición dispone para determinar el consumo y por quiénes, y cuál ha sido el papel de los consejos y comités de cuenca (se sabe que en su mayoría están integrados por los grandes concesionarios, lo cual no deja de implicar un conflicto de intereses, y donde la representación no es amplia ni plural), así como si realmente han servido como organismos coadyuvantes de la autoridad para vigilar, monitorear y llevar el registro del funcionamiento de las entidades administrativas que en cada estado tienen bajo su responsabilidad la captación, disponibilidad, medición de niveles del agua y distribución de la misma.
Conagua tiene los instrumentos necesarios para tener esa información y disponerla a la sociedad mexicana de la manera más fácil y para todos sus sectores y estratos. La pregunta obligada es por qué no la ha preparado y dispuesto como se supone que debe hacerlo una entidad federativa responsable de manejar uno de los recursos estratégicos del Estado.
La respuesta es que no es ese el modus operandi de un organismo que no se ha modificado desde la época de Salinas: era y es antidemocrático, neoliberal, impositivo y opaco. A modo de los intereses de los grandes concesionarios, traficantes, hidrohuachicoleros y especuladores del agua (el soporte nato de la derecha política).
Desde el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua se dejaron saber las conclusiones que sirvieron de premisa a la nueva Ley General de Aguas. Es válido preguntarse: si Conagua estaba al tanto del acaparamiento, mercado negro, desvíos y robo de aguas que debían servir a las comunidades indígenas y agrarias, así como a la satisfacción del derecho humano al agua de los consumidores que no la emplean con objetivos de lucro, ¿por qué nunca hizo nunca nada? ¿Tenía que esperar a la legalización de estas maniobras en una ley, que no deroga a la anterior y que más bien la complementa?
En el país existen alrededor de 50 mil organizaciones populares que defienden el uso del agua como derecho humano. En el curso de las audiencias públicas se presentaron no menos de 500 ponencias. No se les hizo caso. Conagua prefirió atender las presiones del uno por ciento de los grandes usuarios.
Ahora, las comunidades indígenas y agrarias y otras organizaciones populares, que han venido luchando por racionalizar el uso del agua contra todo aquello que milita en su contra y que en la nueva ley no se recogió, seguirán enfrentando, en lo esencial, los mismos problemas: la concentración del agua en pocas manos y de manera discrecional; su empleo no sustentable en las actividades agrícolas, mineras e industriales, con frecuencia mediante el despojo a ciertos núcleos indígenas y campesinos; la instancia abierta de apelar al peligroso fracking; la continuidad de la contaminación de las aguas en el tratamiento de la actividad minera y en los descuidos que en ellas se producen sin que existan sanciones penales dirigidas a imponer la cobertura de daños o a suspender la concesión correspondiente; permanecer al margen de los consejos de cuenca. O bien, sin disponer de cuidados especiales como los que los habitantes de Yucatán exigen acerca de las aguas kársticas. Todo se deja al mercado y a los mercaderes para que sigan haciendo del agua un recurso lucrativo y sobrepoblado de ilícitos impunes, como hace tres décadas.
Los parlamentarios que aprobaron la nueva ley respondieron, básicamente, a los intereses de los señores del agua, de los señores de tierras y de los señores de minas.
En concreto, a lo que hemos asistido es a un proceso más en el que el neoliberalismo resulta bruñido como en sus mejores tiempos.
Como se ha analizado en varias ocasiones en este espacio, los gobiernos de la 4T han adoptado un discurso en el que aseguran estar comprometidos con la agenda de derechos humanos en su multidimensionalidad; sin embargo, dicho discurso no se ha visto respaldado con decisiones legislativas y políticas públicas afines a los derechos reconocidos y a su progresividad, de modo que la pauta general de la 4T en esta dimensión hasta ahora ha sido de claroscuros.
Sin duda, los grandes avances sustantivos se encuentran en la agenda de los derechos laborales. El incremento al salario mínimo y otras leyes y tratados en la materia que han buscado dignificar las condiciones de trabajo, junto con los programas sociales de gobierno, han tenido un gran impacto en el bienestar poblacional, reflejado de manera contundente en las cifras de reducción de la pobreza. Como es ya ampliamente sabido, el Inegi confirmó que el total de personas en situación de pobreza en México en 2024 fue de 38.5 millones, lo que se traduce en una tasa de pobreza de 29.6 por ciento y en un total de 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, de acuerdo con las cifras oficiales.
Estos claros avances en derechos laborales y económicos contrastan notablemente con los retrocesos y contradicciones que se observan en otros ámbitos. Las violencias, desde luego, son el principal factor de preocupación. Hemos insistido en que la disminución en las cifras totales de homicidios (23 por ciento menor al sexenio anterior) debe confrontarse con el incremento en otros indicadores de violencia para hacer una correcta valoración de los avances o retrocesos en esta agenda, además de considerar el incremento en las expresiones de crueldad de los sucesos de violencia que recientemente se han registrado en nuestro país.
Las cifras de desaparición de personas sostienen una pauta de incremento que en el primer año de gobierno alcanzó 54 por ciento en relación al primer año de gobierno del sexenio de López Obrador. Cada día desaparecen en promedio 39 personas, la cifra más alta registrada. La disminución de los homicidios debe cruzarse con el alza en desapariciones, pues es claro que hoy la violencia letal asociada al crimen organizado culmina ya no sólo en el asesinato, sino en la desaparición de los cuerpos.
Hemos dado cuenta también de otras violencias que azotan al país, como el incremento del desplazamiento forzado interno (129 por ciento entre 2023 y 2024), la persistencia de los feminicidios, los ataques letales y no letales a periodistas, las agresiones contra defensores de diversos derechos y el incremento de delitos como la extorsión. Todo esto en un marco de una impunidad que ronda 93 por ciento para los delitos denunciados, tomando en cuenta de que sólo 6 por ciento de los delitos son objeto de demanda. Las condiciones no son nada distintas si hablamos de las violencias contra personas migrantes, por ejemplo, quienes viven un entorno creciente de amenaza ante las políticas xenófobas de Donald Trump y sus expresiones en una política migratoria mexicana cada vez más hostil, instrumentada a través de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
De igual modo, los entornos de macrocriminalidad y las expresiones de crueldad vistas recientemente dan cuenta de que las violencias descomponen cada vez en mayor medida nuestros tejidos sociales. Casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, o los asesinatos del empresario limonero Bernardo Bravo y del alcalde Carlos Manzo en Michoacán –que se suman a otros dos alcaldes asesinados en los últimos meses en la misma entidad– son expresión de que las instituciones de seguridad han sido incapaces de controlar el poder de los grupos criminales que mantienen pleno dominio sobre territorios enteros en diversas geografías del país que abarcan estados como Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, además de los ya mencionados Jalisco y Michoacán.
La apuesta sobre la militarización como estrategia de seguridad sigue siendo motivo de rechazo desde la perspectiva de derechos humanos, pues el uso indiscriminado de la fuerza y la falta de controles continúa reproduciendo tragedias como el asesinato de seis jornaleros en Tamaulipas o las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa a manos de las fuerzas armadas.
Todo lo anterior ocurre en un entorno institucional incierto, en donde los derechos están en entredicho. La última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo destinado para apoyo y reparación de víctimas, el desvanecimiento del sistema de ombudsperson que en los últimos años ha legitimado la postura gubernamental a nivel federal y estatal, junto con las interrogantes que hoy rodean el reconstituido Poder Judicial, dan cuenta del debilitamiento de las garantías de defensa de la ciudadanía.
En suma, los derechos humanos en México transitan un camino cuesta arriba y siguen siendo uno de los principales pendientes de los gobiernos de la 4T, cuyo balance en esta dimensión, con la única excepción de los plausibles logros en materia de derechos laborales y reducción de pobreza, se caracteriza mayormente por el desmantelamiento de la de por sí débil infraestructura para el cuidado de las garantías ciudadanas y democráticas y para garantizar la progresividad de los derechos reconocidos.
En salud, esa expresión tiene un sentido preciso, exigente y profundamente estructural: corregir de raíz las desigualdades que el propio sistema reprodujo durante décadas. Para el IMSS-Bienestar, profundizar la transformación significa ir más allá de la eficiencia administrativa y convertir la reforma en una política efectiva de equidad.
Durante años, en México y en buena parte del mundo, la reforma sanitaria se entendió sobre todo como un ajuste técnico, orientado a reorganizar el financiamiento, introducir incentivos, optimizar procesos y elevar indicadores, muchas veces sin cuestionar la orientación profunda del sistema. Davidson Gwatkin mostró desde temprano que ese tipo de reformas, aun cuando ampliaron servicios y mejoraron algunos resultados, no beneficiaron proporcionalmente a quienes más lo necesitaban. Incluso los servicios públicos pensados para atender a la población más pobre terminaron siendo utilizados en mayor medida por los sectores con más recursos. La inequidad no fue una falla marginal, sino el resultado previsible de la arquitectura del sistema.
Profundizar la transformación exige reconocer ese límite histórico. No basta con ofrecer paquetes de servicios ni con multiplicar programas paralelos. Es indispensable cambiar la orientación del sistema en su conjunto y construir un modelo que nazca desde el territorio, se organice alrededor de la atención primaria, garantice gratuidad real y homologue derechos. Ese es el sentido estructural del IMSS-Bienestar.
IMSS-Bienestar no es un programa asistencial ni un agregado marginal. Es la apuesta del Estado mexicano por un sistema público unificado para quienes históricamente quedaron fuera: personas sin seguridad social, comunidades rurales, población indígena y periferias urbanas. Profundizar la reforma en salud significa consolidar esta institución como columna vertebral de la equidad.
¿Y qué implica esto en términos concretos? Implica gratuidad efectiva para que nadie deje de atenderse por falta de dinero. Implica homogeneidad en la atención para que recibir un tratamiento oportuno y adecuado no dependa del lugar donde se nace o se vive. Implica organización territorial para articular redes de servicios que partan del primer nivel y se sostengan con abasto regular de medicamentos esenciales y personal suficiente. Implica trato digno, porque sin trato digno no hay equidad posible.
Esa orientación del sistema también se expresa en decisiones técnicas muy concretas. La Presidenta lo recordó en el Zócalo cuando aludió, sin nombrarlo, a un principio central de la salud pública que se ha convertido en piedra angular de la política actual: lo importante no es acumular marcas ni saturar los catálogos con medicamentos que no son esenciales, sino contar con los correctos, disponibles para todas y todos. La selección racional de medicamentos y las Rutas de la Salud no son medidas logísticas aisladas, son instrumentos de equidad. Definir qué debe estar en el primer nivel, garantizar su gratuidad y asegurar su llegada regular hasta el último territorio corrige desigualdades históricas en el acceso a tratamientos.
La evidencia muestra que las desigualdades no se corrigen solas y que requieren decisiones políticas profundas, sostenidas y deliberadas. Gwatkin advirtió que, si las reformas no se diseñan explícitamente para beneficiar a los que menos tienen, terminarán favoreciendo de nuevo a los sectores con mayores recursos. De ahí la necesidad de una nueva generación de reformas orientadas a la equidad, más ambiciosas que las de los años noventa.
Hoy, IMSS-Bienestar encarna esa posibilidad. Profundizar la transformación no significa quedarse a mitad del camino, porque se requiere federalizar, integrar, ordenar y expandir capacidades donde nunca las hubo. Significa asumir la salud como un derecho social y como una función indelegable del Estado.
Y volvemos a Galeano. El Zócalo seguirá siendo el fuego que alumbra, aunque la verdadera medida de la transformación habita en ese otro fuego que arde todos los días, silencioso, en una clínica, en un hospital, en una consulta gratuita y digna. Profundizar la transformación es hacerse cargo de ese fuego. Es ahí donde la equidad deja de ser promesa y se vuelve experiencia.
* Director general del IMSS-Bienestar
Después de hablar de todo lo que según él ha logrado su presidencia en términos de restablecer la soberanía en sus fronteras, desplegando al ejército para evitar la “invasión” a su país, erradicar la ideología lunática woke y la extremista identidad de género en las fuerzas armadas, resolviendo de paso ocho conflictos bélicos que estaban en curso, “trayendo la paz y estabilidad al mundo” (sic) y enumerando sus objetivos, como ser una potencia industrial, tecnológica y militar, lo cual parece una lista de buenos deseos al no quedar claro los cómos, y ahí queda todo en suspenso.
El geopolitólogo John Mearsheimer ha sostendio que la hegemonía de EU desde la posguerra fría es estructuralmente insostenible a largo plazo: ningún Estado puede mantener su hegemonía global indefinidamente, porque los costos de la proyección de su poder global terminan por exceder las capacidades económicas del hegemón. En palabras de Paul Kennedy, quien ha analizado el ascenso y la caída de las grandes potencias, la sobrecarga imperial precede al colapso.
Parece que hemos llegado a ese momento; Michael Kimmage, historiador, se pregunta ¿qué tipo de orden mundial busca la nueva estrategia de seguridad? (Trump’s Power Paradox. Foreign Affaires, 8/12/25).
Dice Kimmage que partiendo de que para Trump el poder y no los principios son lo que hace que el mundo se mueva –y que sólo él lo puede hacer–, a pesar de sus referencias y admiración a la Doctrina Monroe, el documento carece de sustento histórico y no ofrece una historia alternativa, es una estrategia de seguridad para la era de las redes sociales en su eterno presente.
Kimmage habla también del intento de delimitar el poder de Estados Unidos, ya que si luego del colapso de la URSS, en 1991, las élites estadunidenses pensaban en el dominio permanente de su país en todo el mundo, ahora Trump plantea que el mundo no estadunidense precupa a EU “sólo si amenaza nuestros intereses”. Considera que Europa está en un proceso de crisis civilizatoria y la alianza militar está resquebrajada, por lo que más que una política de alianzas, el documento propone promover a la oposición de extrema derecha.
Nada de eso son buenas noticias para nuestra región debido a que Estados Unidos busca concentrarse en el dominio de “su” hemisferio (sic) y aunque no podríamos esperar algo distinto a lo que ha sido la política injerencista de Washington, el despliegue militar y los asesinatos en el Caribe, así como las amenazas de usar fuerza letal contra Venezuela, Colombia y México, añaden mucha presión sobre nuestra región. Sin embargo, y dada la precipitada crisis legal, política moral que enfrenta Trump dentro de su país, y dados los límites al poder que impone su propia crisis hegemónica, esto limitará las posibilidades de una agresión, sobre todo militar.
No sólo se trata de las derrotas sufridas por los republicanos en las últimas elecciones frente a los demócratas, siendo las más simbólicas el triunfo de Eileen Higgins, luego de 30 años de hegemonía de la ultraderecha cubano-estadunidense, como alcaldesa de Florida, que siguió al triunfo de Zoh-ran Mamdani, en Nueva York, nacido en Uganda y quien se proclama como socialista.
Pete Hegseth esta metido en un problema legal muy grave por los asesinatos extrajudiciales en el mar Caribe, realizados con drones por la armada de EU, que comenzaron el mes de septiembre: 22 ataques con saldo de más de 80 muertos sin autorización del Congreso, sin presentar prueba alguna y sin dar cuentas a nadie.
La cuestión se complicó cuando, según una investigación del Washington Post, Hegseth dio la orden de un segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes del primer ataque a una pequeña lancha en llamas y, además, mintió al respecto.
Sin embargo, ese video del 2 de septiembre ha sido visto por algunos miembros del Congreso, quienes sintieron consternación e indignación por la crudeza del hecho, a tal punto que como dice Chris Lehmann, del semanario The Nation, que la petición para su destitución está avanzando y se pregunta “¿Si el asesinato no califica como un delito muy grave, entonces qué esperar?”
Shri Thanedar, congresista demócrata, ha presentado una resolución que culpa a Hegseth por asesinato y conspiración para cometerlo, lo que significa que puede ser culpable de crímenes de guerra.
También la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las figuras más cercanas al presidente Trump, está en el centro de una tormenta legal. Según documentos presentados por el Departamento de Justicia, un tribunal ordenó en marzo detener los vuelos de migrantes hacia la megaprisión en El Salvador, y fue la funcionaria quien de manera ilegal y en violación de la orden del juez, tomó la decisión de continuar con las deportaciones y, lo más impactante, argumentado que “eran ordenes de jueces activistas que utilizan decisiones radicales“ contra las órdenes de Trump, por lo que puede –y debería– enfrentar un juicio por desacato.
Entre los factores que aumentan la inversión extranjera y nacional, no puede dejar de considerarse que uno importante es que el Estado facilite el pago de impuestos y que garantice la devolución de aquellos que cumplan con los requisitos legales.
Para incentivar la inversión y para reforzar el cumplimiento de tal obligación ciudadana, el SAT debe cumplir con la obligación estatal de devolver impuestos. Tal omisión es dolosa. Muchos contribuyentes se asesoran para dar continuidad al trámite que permita recuperar ese dinero y realizan requerimientos al SAT o promueven los recursos respectivos, de modo que los encargados del SAT no pueden desconocer qué contribuyentes siguen sin recibir la devolución de impuestos.
El que no se hagan devoluciones, o se hagan parciales, a pesar de las peticiones de los contribuyentes, es conocido dentro y fuera del país. Esto solo puede explicarse por manipulaciones en los sistemas financieros estatales, hechas con ese fin específico, o por incompetencia de los operadores. En el discurso público, se habla de finanzas sanas, de modo que los recursos ahí están. Técnicamente, ni siquiera son del estado, son los pagos hechos por los contribuyentes. La tenencia de los mismos no transmite el origen. Tales omisiones son pésima publicidad en el extranjero y al interior, especialmente si se analiza junto con la aparente superioridad jurídica empresarial en los litigios tributarios (algunos contribuyentes alargan los juicios durante años para no pagar impuestos: en el imaginario público, le ganan al estado al conseguir la demora) que llevó a cambios en la ley de amparo (para establecer candados) y a la reforma judicial (se modificó la constitución para establecer como referente en las resoluciones judiciales el interés público). Hoy parece que el interés público es no devolver impuestos y resulta poco probable que los nuevos jueces de amparo obliguen a ese SAT incumplido a devolver los pagos deducibles de impuestos, ante el peligro de quedar mal con el órgano de administración judicial.
Si el estado está necesitado de más ingreso, de generar más empleos, de ampliar la planta productiva y de fortalecer la infraestructura, debe mostrar un sector tributario sólido, confiable y cumplido. No uno que falle con los contribuyentes pagadores: es una parte esencial de su función (la devolución de impuestos acreditados). Si por razones políticas se han reducido las vías de defensa legal y limitado la sujeción a la ley para que los juzgadores ya no resuelvan a favor de los ciudadanos que deberían recibir esta devolución, al menos debe haber un SAT amigable con los ciudadanos que pagan impuestos y evitarles la necesidad de buscar vías legales para recuperar el dinero deducible de los impuestos. Muchos ciudadanos cuentan con ese reingreso para pagos esenciales (medicinas, deudas, etc).
El estado incumplido reduce la posibilidad de que el estado con mínimo crecimiento económico para el 2026 tenga ingresos suficientes para cumplir con sus muchas tareas. Es el estado contra el estado.
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