🗞 LA JORNADA
FGR: Coche bomba en Michoacán no fué acto terrorista
La Fiscalía General de la República (FGR) corrigió ayer que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por el delito delincuencia organizada, no por terrorismo.
Fuentes federales informaron que tras el hecho, el caso fue atraído de inmediato por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Trafico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), lo que generó confusión en la redacción del comunicado oficial publicado el sábado anterior.
En conferencia ayer en Michoacán, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que en los hechos participó una camioneta Dodge Ram tipo Dakota, que provino de Colima y llegó a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, donde explotó y provocó la muerte de cinco personas: tres policías comunitarios y dos desconocidos, entre quienes está el conductor del vehículo, y siete lesionados.
El funcionario indicó que 12 vehículos resultaron dañados, de ellos, dos son camionetas blindadas marca Chevrolet tipo Suburban, de la corporación comunitaria.
Por cámaras de videovigilancia se pudo saber que el vehículo entró a Michoacán por la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas, y llegó a las 8:35 horas al poblado San Vicente, donde permaneció al menos hasta las 9:30 horas, para posteriormente dirigirse a la zona centro de Coahuayana.
Torres Piña precisó que la unidad explotó sobre la calle Allende, frente a la base de la policía comunitaria, con una onda expansiva estimada en un radio de 300 metros.
En la localidad sigue vigente y activa la corporación comunitaria que dirige Héctor Zepeda Navarrete, El Comandante Teto, ex integrante de los grupos de autodefensa, la cual ha enfrentado a los cárteles de Los caballeros templarios y Jalisco Nueva Generación.
Sobre la confusión generada el sábado en Michoacán, cuando se informó que la explosión del vehículo se indagaría como terrorismo, ayer la titular de la FGR, Ernestina Godoy, publicó un mensaje en el que aclaró que se “inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada”, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Guardia Nacional (GN).
El sábado, la fiscal informó de la pesquisa “contra quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.
🗞 CONTRAPORTADA
Retiran estudio sobre glisofato que niega riesgo cancerígeno
Un cuarto de siglo después de su publicación, uno de los artículos de investigación más influyentes sobre la posible carcinogenicidad del glifosato ha sido retractado por “varios problemas críticos que se considera que socavan la integridad académica” de ese texto y ”sus conclusiones.
El estudio, que afirmaba que el glifosato no presenta riesgos graves para la salud, fue retractado recientemente debido a presuntos conflictos de intereses, 25 años después de su publicación y luego de servir de guía para decisiones políticas en todo el mundo.
Si bien algunos investigadores aplaudieron la revocación en los anales científicos, el retraso con el que se produjo plantea dudas sobre la integridad de la investigación realizada sobre el ingrediente principal de Roundup, el herbicida más vendido del mundo.
Este producto del gigante agrícola Monsanto es objeto de numerosas demandas judiciales por cáncer por valor de miles de millones de dólares.
En una nota de retractación fechada el viernes 28 de noviembre, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology anunció que el estudio, publicado en abril de 2000 y que concluía que el herbicida era seguro, había sido retirado de sus archivos. Esta retractación se produce 25 años después de su publicación y ocho años después de que miles de documentos internos de Monsanto se hicieran públicos durante procedimientos judiciales en Estados Unidos (los “Documentos de Monsanto”), revelando que los verdaderos autores del artículo no eran los científicos mencionados –Gary M. Williams (New York Medical College), Robert Kroes (Ritox, Universidad de Utrecht, Países Bajos) y Ian C. Munro (Intertek Cantox, Canadá)–, sino empleados de Monsanto, según publicó Le Monde.
El artículo, ahora retractado, es uno de los más citados sobre el glifosato, especialmente por numerosas autoridades gubernamentales que regulan su uso.
En su aviso de retractación, difundido la semana pasada, la revista señala una serie de deficiencias graves, desde la omisión de estudios de carcinogenicidad disponibles en ese momento hasta la falta de datos sobre la participación de empleados de Monsanto en su redacción, y la no divulgación de los beneficios económicos que los autores recibieron por parte de esa empresa.
Elsevier, la editorial de la revista, con sede en Países Bajos, aseguró a la Afp que el proceso de revisión comenzó “en cuanto el actual editor tuvo conocimiento de las preocupaciones sobre este artículo hace unos meses”.
🗞 CONTRALÍNEA
Plan Telaraña, instrumento criminal del gobierno de Luis Echeverría
Este 2 de diciembre se cumplen 61 años de la caída en combate del profesor Lucio Cabañas Barrientos, figura emblemática de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y dirigente nato del Partido de los Pobres, que operó en la Sierra de Guerrero a partir de 1967. Para recordarlo a él –y a los combatientes del Partido de los Pobres que cayeron en la lucha– en este análisis se aborda uno de los instrumentos criminales que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez utilizó para aniquilarlo a él y a la ACNR del profesor Genaro Vázquez. El Plan Telaraña es una muestra del carácter criminal y fascista de la dictadura del PRI en la década de 1970
Primera de dos partes. El Plan Telaraña se diseñó en marzo de 1971[1], por órdenes del secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, y estuvo a cargo del general Vicente Fonseca, jefe de la Policía Federal Militar. Se aplicó para las regiones Costa Chica y Costa Grande de Guerrero e inició formalmente operaciones el 1 de mayo de 1971.
La Operación Telaraña identificaba a los militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), encabezada por el profesor Genaro Vázquez Rojas, y al Partido de los Pobres (PDLP) como el enemigo a vencer militarmente, y los reconocía oficialmente en su carácter de guerrilla, al advertir en el punto D: “en todos los casos, la actuación de los elementos militares se regirá por la observancia y aplicación de procedimientos de operaciones irregulares en su aspecto relativo a contra guerrillas”.
En un país y estado donde la lucha armada contra el régimen iba en crecimiento, el Plan Telaraña se reconocía a sí mismo como parte militar de un objetivo mayor del gobierno federal, consistente en: “impulsar la economía del estado por medio de un programa intensivo de alfabetización, electrificación, dotación de agua potable, abaratamiento de comestibles, atención médica, etcétera”. Su fin, explícitamente, era “restar banderas al movimiento de los facinerosos”, es decir, a los grupos guerrilleros que operaban en Guerrero.
La Operación no dejaba de reconocer que el objetivo del Ejército y la Fuerza Aérea era recabar “información que proporcione elementos de juicio para llevar a cabo una acción militar en contra de los maleantes”. Y se entendía por “maleantes” a las organizaciones político militares lideradas por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos: la ACNR y el PDLP.
Su misión en términos claros era “erradicar la existencia de gavillas que han estado actuando en el estado de Guerrero”.
La fase preliminar declarada de la Operación Telaraña fue: “realizar la infiltración de elementos [soldados, agentes policiacos] idóneos que encubran sus verdaderos propósitos [espionaje] realizando otras actividades, entre las que podemos citar: la de vendedores ambulantes y la de choferes o ayudantes, de vehículos de organismos gubernamentales que constantemente recorren todo el estado, y así explotar la información disponible, obtener la necesaria y en su caso capturar a los maleantes”.
Mientras que la fase de ejecución estuvo orientada a la búsqueda, localización, cerco y neutralización –eufemismo de aniquilación– o captura de los maleantes.
Operación de cerco aniquilamiento
La Operación Telaraña se llevaría a cabo inicialmente por las tropas de la 27 Zona Militar atacando simultáneamente en la Costa Grande y en la Costa Chica de Guerrero, mientras que las tropas de la 35 Zona Militar con base en Chilpancingo, y las de Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca servirían como fuerzas de contención.
En la Costa Grande, sería el 32 Batallón de Infantería el que llevaría a cabo el esfuerzo principal en contra del PDLP y la ACNR, mediante la ocupación de bases susceptibles de ser utilizadas por guerrilleros, el reconocimiento y rastrilleo del área, desde Petatlán, Atoyac de Álvarez y Acapulco, y el establecimiento en Petatlán, de una sección de fusileros para ser utilizada como reserva parcial.
🗞 EL UNIVERSAL
Opacidad patrimonial, la norma de la FGR de Gertz
Alejandro Gertz Manero permaneció seis años como titular de la Fiscalía General de la República, durante ese tiempo, la información de sus bienes patrimoniales permaneció oculta, al igual que la de otros doce funcionarios con puestos clave en la institución.
Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, consultadas por EL UNIVERSAL en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Declaranet, muestran que la información relativa a sus bienes no está disponible a partir del año en que ingresaron a trabajar en la fiscalía.
En algunos casos, las declaraciones indican que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y en otros, el Comité de Transparencia de la FGR determinó que por razones de seguridad la información debía clasificarse, por lo que al consultar los documentos, el contenido relativo a sus bienes e ingresos distintos a su salario como servidores públicos no es visible.
Entre estos casos se encuentran Germán Adolfo Castillo Banuet, ex titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional; Alfredo Higuera Bernal, ex titular de Delincuencia Organizada; Facundo Santillán Julián, de la Fiscalía de Delitos Electorales; María de la Luz Mijangos Borja, de Combate a la Corrupción; y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, de Derechos Humanos.
También figuran Leticia Catalina Soto Acosta, de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; Adriana Campos López, de Asuntos Internos; Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, de la Agencia de Investigación Criminal; Amelia Zetina Pinedo, del Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, de la Oficialía Mayor.
La opacidad no se limitó a los funcionarios en activo, como en el caso de Juan Ramos López, ex titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). Sus datos patrimoniales sólo están disponibles hasta 2019, cuando aún fungía como Subprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Ramos era considerado cercano a Gertz Manero. En marzo de 2022, se filtraron audios de una llamada telefónica entre ambos, en la que discutían un expediente en posesión de la Suprema Corte. El caso estaba relacionado con la muerte del hermano del entonces titular de la FGR, Federico Gertz. El fiscal acusaba a la ex pareja de éste, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas.
En la conversación, Gertz Manero afirmaba que estaba presionando a los ministros para obtener un fallo favorable. Como consecuencia, Alejandra Cuevas permaneció 528 días en prisión, hasta que fue liberada tras un fallo unánime de la Corte. Ramos López falleció en septiembre de 2023 tras complicaciones de una operación.
La sucesora de Juan Ramos en la FECOC: Cristina Fernanda Reséndiz, también ocultó su información patrimonial al asumir el cargo en 2023. Tras la renuncia de Gertz Manero, la ley indica que Reséndiz debía asumir la titularidad interina de la FGR, sin embargo, fue sustituida por Ernestina Godoy Ramos.
🗞 MILENIO
Conagua detecta en el Río Atoyac 169% más descargas irregulares
De marzo a diciembre de este año, las descargas irregulares en el río Atoyac a lo largo de su recorrido por Puebla y Tlaxcala aumentaron 160 por ciento, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El 22 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una jornada de limpieza en ese afluente que nace en la Sierra Nevada. En el acto, Efraín Morales López, director de Conagua, afirmó: “Se tienen identificadas mil 95 descargas (irregulares). Algunas de ellas son descargas de carácter municipal y otras de carácter domiciliario”.
Estas cifras fueron confirmadas en un comunicado emitido por la Presidencia de la República.
El río Atoyac agoniza con cada descarga vertida de residuos domiciliarios y tóxicos industriales a lo largo de su recorrido por ambos estados.
Como parte del plan para su restauración instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Conagua emprendió el diagnóstico de la cuenca del río y ha comenzado las obras hidráulicas para sanarlo aguas arriba.
"Es un diagnóstico técnico de la Conagua que iniciamos en marzo de este año, donde recorrimos el río metro a metro y descubrimos que el Río Atoyac nace en el en la comunidad de Otlatla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan (Puebla).
"El Río Atoyac tiene 125 kilómetros de longitud y el río Zahuapan, que es el principal tributario, mide 98 kilómetros", dijo Isauro Martínez Orozco, comisionado de saneamiento y restauración del Río Atoyac, en entrevista con MILENIO.
Conagua detecta descargas ilegales y tiraderos de basura
A lo largo del Atoyac y su principal afluente, el río Zahuapan –que nace en la sierra de Tlaxco–, la Conagua encontró 2 mil 850 descargas ilegales y 572 permisos de descarga; también halló mil 332 tiraderos de basura y cascajo, mil 223 invasiones a la zona federal, 37 fosas sépticas y 250 plantas de tratamiento, de las que 87 están fuera de operación.
Además, se descubrió que 38 mil 824 hectáreas han sido deforestadas, y que en la cuenca hay cinco lagos y presas con lirio, además de 158 sitios de azolve.
🗞 EXCÉLSIOR
Indagan crímen organizado tras coche bomba
La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por el estallido del sábado en Coahuayana, Michoacán; envió al sitio a 11 peritos y 15 policías federales
Luego de la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de cinco muertos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada.
La FGR detalló que se envió un grupo de 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y otro de 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En tanto, en conferencia de prensa, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que el vehículo que estalló ingresó desde Colima, y detalló que en los primeros peritajes se contabilizaron 12 vehículos dañados, además de afectaciones a comercios aledaños a la comandancia, ya que la explosión impactó en 300 metros de forma horizontal, así como en 50 de manera vertical.
Torres indicó que los cuerpos de dos de las víctimas mortales no han sido reclamados y destacó que al menos una de las personas sin identificar podría ser quien condujo la camioneta que transportaba los explosivos.
Agregó que alrededor de 30 especialistas dedicados a la recolección de indicios trabajan en la zona.
12 vehículos dañados se contabilizaron debido a la explosión en Coahuayana, Michoacán, que impactó en 300 metros de forma horizontal.
Coche bomba llegó de Colima: Fiscalía; hay siete hospitalizados en Michoacán
El fiscal estatal reportó daño a 12 vehículos, así como a comercios tras la explosión en Coahuayana; acuden a Derechos Humanos y Atención a Víctimas.
🗞 EL HERALDO
México y EU endurecen operativos
De acuerdo con un informe de la Semar en cuatro años de cooperación han sido aseguradas 845 embarcaciones por actividades ilegales
🗞 REPORTE ÍNDIGO
Vapeo, poder y mercado negro
La explosión del mercado ilegal de vapeadores y tabaco, que triplicó sus ganancias en apenas dos años, ha abierto una poderosa fuente de financiamiento para siete cárteles del crimen organizado, que hoy utilizan estos productos para expandirse, fortalecer su arsenal y reclutar a jóvenes
El mercado de los vapeadores y el mercado negro del tabaco se han transformado en una fuente de poder para el crimen organizado. En los últimos dos años, sus ganancias monetarias se dispararon un 300 por ciento. Esta situación no solo ha incrementado la rentabilidad de estas actividades ilegales, sino que también se ha convertido en una vía para reclutar a jóvenes en las filas de grupos delictivos.
La rápida expansión de la venta ilícita de vapeadores y tabaco en México ha alertado a la sociedad civil en materia de seguridad, debido a que ambas actividades, antes marginales, se han convertido en fuentes estratégicas de financiamiento para siete cárteles, algunos de ellos recientemente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
Incluso, en dos años, el valor del mercado negro del tabaco creció de 5 a 20 mil millones de pesos anuales, dinero que financia estructuras criminales, de acuerdo con la organización Defensorxs, que ha realizado el informe “Humo, vapeo y poder: El nuevo negocio del crimen organizado”.
Al respecto, Oscar Balderas, periodista especializado en seguridad pública y uno de los participantes del estudio, destaca en entrevista para Reporte Indigo que aunque el tráfico de vapeadores y tabaco parece un tema menor, se debe poner suma atención por cómo enriquece a los cárteles de la droga, lo que al final de cuentas también influye en la inseguridad que se vive en el territorio nacional.
“Aunque el tema del vapeador y su tráfico parece un tema menor, comparado con otro tipo de violencias, está directamente relacionado con los delitos que más duelen a México, como es la extorsión, el secuestro, el sicariato, el tráfico de armas, la trata de personas".
“Aunque el tema del vapeador y su tráfico parece un tema menor, comparado con otro tipo de violencias, está directamente relacionado con los delitos que más duelen a México, como es la extorsión, el secuestro, el sicariato, el tráfico de armas, la trata de personas".
Señala que el crimen organizado, que antes se dedicaba casi exclusivamente al tráfico de droga, armas y migrantes indocumentados, ahora concentra sus recursos y energía en mercados ilícitos millonarios como el contrabando de tabaco, el tráfico de vapeadores y cobro de derecho de piso por la venta de cigarrillos apócrifos.
“El informe ‘Humo, vapeo y poder: El nuevo negocio del crimen organizado’ que presentamos se encontró que este mercado negro tiene un valor de aproximadamente 20 mil millones de pesos anuales. Esta bolsa es principalmente utilizada por siete grupos criminales que son el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Cartel del Noreste y la Unión Tepito.
Y agrega que se trata de recursos suficientes como para poder financiar la compra de municiones de armas, de vehículos, equipos de telecomunicaciones, sobornos a policías, Guardia Nacional, agentes aduaneros, y todo eso pueden potenciar los delitos que comentaba al principio”.
🗞 LA RAZÓN
Lastran a Sedatu anomalías heredadas por más de 500 mdp de gestión de Meyer
La nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) heredó un complejo expediente de fiscalización, con 11 procesos de auditoría vigentes con observaciones que superan los 500 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP).
Los hallazgos sobre la administración del anterior secretario Román Guillermo Meyer Falcón se concentran principalmente en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), la iniciativa más ambiciosa del sexenio anterior en materia de infraestructura urbana, que operó con un presupuesto multimillonario para transformar espacios públicos en diversas entidades del país.
El Dato: En 2023, la Sedatu otorgó beneficios a amigos de Andy López bajo el programa Mi México Late, que impuso el requisito de adquirir mobiliario de Grava y Arena, según MCC.
Del total de procesos abiertos contra la Sedatu, cuatro corresponden al ejercicio fiscal del 2022 y siete al del 2023. Además, seis de estos últimos están vinculados directamente al PMU, mientras que uno más involucra al área de Concertación Agraria, de acuerdo con los registros oficiales de fiscalización.
Las cifras preliminares de la ASF identifican más de 96 millones de pesos en posibles afectaciones al erario, aunque el monto total de observaciones pendientes de aclarar alcanza cifras considerablemente mayores cuando se incluyen todos los cuestionamientos documentados por los órganos fiscalizadores.
6 investigaciones están ligadas al Programa de Mejoramiento Urbano
El Parque Lineal Río Grijalva, en Villahermosa, Tabasco, es el proyecto más emblemático de las inconsistencias detectadas. Con una inversión aprobada de 760 millones de pesos en el 2021, esta obra presenta un presunto daño al erario estimado en 200 millones de pesos, equivalente a más del 30 por ciento de su costo total.
🗞 REFORMA
Equipan al SAT con letal arsenal
Todo un arsenal de facultades, casi ilimitadas y discrecionales, acumula el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sancionar a un contribuyente en 2026, advirtieron fiscalistas.
Para 2026, el SAT tendrá facultades reforzadas enfocadas en la fiscalización estricta de la facturación (CFDI), con procedimientos "exprés" para suspender la capacidad de facturar a empresas que emitan facturas falsas, mayor acceso a información financiera, y controles más estrictos sobre plataformas digitales y comercio exterior, incluyendo revisiones preventivas y sanciones automáticas por errores y simulación de operaciones
. Se busca cero tolerancia a errores y se crearán procedimientos rápidos para embargos y cancelación de sellos digitales, amplificando el control sobre Pymes y grandes empresas.
🗞 EL ECONOMISTA
Congreso prepara aranceles contra China y países sin TLC
Este lunes, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados arrancará con la discusión de la Ley Arancelaria derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que plantea imponer aranceles a cerca de 1,463 productos.
De acuerdo con el predictamen con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), se impondrán cuotas de entre 7 y 50% a diferentes productos de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, jabones, perfume y cosméticos, provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con México.
Es de resaltar que el proyecto de dictamen que se prevé discutir este lunes no será igual a la iniciativa que fue presentada en septiembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la comisión dictaminadora decidió modificar a la baja la mayoría de las cuotas arancelarias propuestas por el Ejecutivo Federal, así como agregar nuevos productos. Además de cambiar artículos transitorios para eliminar la vigencia de estas cuotas.
Según el proyecto, dichas modificaciones se dan luego de tres meses de trabajo, con una mesa permanente con la Secretaría de Economía, con quienes se compartió información, cifras y datos relevantes de los sectores industriales; los montos de las importaciones relacionados con la fracciones que integran el paquete arancelario; niveles arancelarios de cada una de las fracciones; proveedores alternativos tanto en países con Tratados Comerciales; así como la proveeduría de insumos en terceros países con los que México no tiene acuerdos comerciales.
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