Activistas del continente destacan importancia del mecanismo
Decenas de agrupaciones del continente integradas en la Coalición de
organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras
redes regionales y globales de la sociedad civil, llamaron a los
Estados a crear un fondo para atender la grave crisis financiera que
atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una carta abierta, las organizaciones urgieron a financiar a la CIDH,
uno de los principales órganos de protección de los Derechos Humanos
(DH) que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA), y el último recurso de defensa
de las víctimas del continente ante la falta de justicia en sus
respectivas naciones.
Destacaron la importancia de este mecanismo continental que se ha
convertido en un referente internacional por su gran labor de protección
de mujeres y niñas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las
personas con discapacidad, las personas de la comunidad lésbico-gay, y
las personas activistas, entre otros colectivos.
Este lunes 23 de mayo, la CIDH anunció que está en una crisis financiera
y que el próximo 31 de julio se vencen los contratos del 40 por ciento
de su personal y no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de
recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las
visitas a países previstas para este año, así como la de los periodos de
sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de
este año.
Para las víctimas de violaciones a DH en nuestro país la CIDH ha sido el
organismo clave para encontrar justicia, tan es así que en los
recientes cuatro años, de 2012 a 2015, México ha sido la nación con más
peticiones al respecto, al sumar en este periodo 2 mil 440 solicitudes
para que se analicen sus casos.
Apenas en 2015 el organismo recibió 2 mil 164 peticiones, de las cuales
849 eran de personas de nacionalidad mexicana que alegaban que el Estado
mexicano violó sus DH, y al no encontrar una respuesta buscaron la
intervención de la Comisión.
Sin embargo, un caso ante la CIDH puede durar hasta ocho años de
trámite, desde que se presenta hasta que se obtiene una respuesta, ya
que la demanda sobrepasa la capacidad del personal, y es que tan sólo
cuenta con 21 personas para realizar los miles de procedimientos, y las
cuales prevé reducir a siete.
EXPEDIENTE MÉXICO
Hasta ahora seis casos mexicanos han sido llevados hasta el último
proceso. Una petición se presenta ante la CIDH, pero después de su
análisis el caso puede ser remitido ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) que tiene la facultad de emitir sentencias
contra los Estados, y ordenarles indemnización y reparación del daño.
El primer caso en pasar todo el proceso fue del político Jorge
Castañeda, a quien se le negó su derecho a ser candidato independiente a
la Presidencia de la República en 2006, por lo que el 6 de agosto de
2008 la CoIDH le dio la razón y pidió que hubiera mecanismos judiciales
para respetar su derecho a la elegibilidad.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió la sentencia
por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos en
2001. En su fallo, el organismo ordenó garantías de no repetición al
pedir que se creara un banco de datos sobre mujeres y niñas
desaparecidas, un banco de información genética, y un programa de
búsqueda, entre otras medidas.
La segunda sentencia contra el Estado mexicano se dictó el 23 de
noviembre de 2009 por la desaparición del líder social Rosendo Radilla
Pacheco a manos presuntamente del Ejército en 1974. En este caso se
ordenó una reforma al fuero militar para que las violaciones a DH
cometidas por soldados se investigaran ante tribunales civiles.
El 30 y 31 de agosto de 2010, la CoIDH emitió dos sentencias por los
casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas
tlapanecas violadas sexualmente por militares en 2002. En esta ocasión
también se ordenaron reformas en materia de justicia militar y la
creación de un centro comunitario de salud, entre otras acciones.
La más reciente condena fue por la detención arbitraria y tortura a
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos ecologistas de Guerrero
que fueron violentados por el Ejército. La Corte también emitió
recomendaciones para evitar la repetición de estos casos.
En trámite ante la CIDH están casos emblemáticos de violaciones a DH,
como la denuncia de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante
los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado
de México; el presunto asesinato de la defensora Digna Ochoa, el 19 de
octubre de 2001; y la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado
Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, en
Chihuahua en 2009.
También al organismo siguen llegando casos de feminicidio y desaparición
de mujeres, como el asesinato de Paloma Angélica Escobar, en la ciudad
de Chihuahua en 2002, expediente que está en trámite ante la CIDH.
Igualmente, la Comisión otorga medidas de seguridad a víctimas o
activistas en riesgo por denunciar las violaciones a las garantías
humanitarias.
Así, las organizaciones nacionales e internacionales aseguraron que este
mecanismo tiene un rol no sólo en el ámbito de protección de los DH,
sino también en el de acción para promover su cumplimiento, que alcanza a
casi mil millones de habitantes en el continente.
Pese a ello, la CIDH ha contado, históricamente, con un presupuesto
exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva
realización de sus funciones, por lo que las agrupaciones afirmaron que
esta crisis es una oportunidad para consolidar el compromiso con los DH
en América.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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