Integrantes de dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cinco relatores especiales del organismo llamaron al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior.
En un hecho sin precedente, los expertos de la ONU emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en el que advierten que la experiencia de la década reciente demuestra que la presencia de militares en labores de seguridad ha dejado una sistemática y generalizada serie de abusos, traducida en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, entre otras violaciones, la mayoría de ellas en la impunidad.
Señalan que la ley daría a las fuerzas armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad,lo que podría debilitar la protección de los derechos humanos; además de que pondría barreras a la rendición de cuentas. Llaman a reforzar el papel de las policías civiles y a abrir a un diálogo público en el que se incluya a todas las voces.
Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos e internacionales.
El documento, fechado en Ginebra, Suiza, es firmado por los expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Detención Arbitraria; así como por los relatores especiales sobre derecho a la privacidad, Joe Cannataci; situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard; promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff; y promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se les asignó un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad.
Indican que la ONU ha recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las tareas propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras formas de malos tratos.
Manifiestan su preocupación porque la legislación, que anoche se discutía en el Senado, otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.
La minutano prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al catalogar de seguridad nacional toda la información resultante de la aplicación de la ley, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.
Además, consideran, es un proyecto ambiguo en ciertos puntos y contiene una definiciónexcesivamente laxade las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 4
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) aseguró que no existen las condiciones necesarias para aprobar el proyecto de ley de seguridad interior, por lo que convocó al Senado de la República a agotar la discusión y abrir un debate público incluyente, con la finalidad de prevenir situaciones en las que se vulneren las garantías fundamentales.
Ayer, la FMOPDH (que agrupa a las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos del país y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) pidió a los senadoresagotar todas las vías para mantener una amplia discusión sobre el proyecto de ley en materia de seguridad. Lo anterior, en cumplimiento con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales referentes a la salvaguarda de los derechos humanos.
Los 32 ombudsperson del país y el ombudsmansuscribieron este posicionamiento en el que advierten que a pesar de los cambios realizados al proyecto de ley en el Senado,es necesario realizar una minuciosa revisión que tome en cuenta una visión objetiva que permita desarrollar soluciones a la problemática de seguridad que atraviesa México en un marco de respeto a los derechos humanos.
Recuerdan que diversos actores nacionales e internacionales han realizado llamados urgentes al Estado mexicano para evitar la aprobación de dicha norma, argumentos que bastan para llevar a cabo una profunda discusión, inclusiva e integral, en la cual se privilegie el respeto a la dignidad humana.
Se busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de las fuerzas armadas, aclara
De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 5
El gobierno federal defendió ayer el proyecto de ley de seguridad interna que se analiza en el Congreso y le otorgó pleno y firme apoyo, pues busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones que llevan a cabo las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Ante el rechazo que organismos nacionales e internacionales han manifestado contra el dictamen que discute el Senado, explicó que se han introducido diversos cambios al proyecto, los cuales dejan en claro la importancia del respeto a los derechos humanos y acotan el papel del Ejército y la Armada a situaciones en las que sea absolutamente indispensable, mediante procedimientos claros previstos en el documento.
También destacó que ha enviado información relacionada con el tema a instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, el gobierno federal señaló que se ha explicado a las organizaciones multilaterales y nacionales que en la aplicación de la ley de seguridad necesariamente deberá regir lo dispuesto en el artículo primero constitucional y otras disposiciones fundamentales que garantizan la promoción y protección de las garantías fundamentales de las personas.
Las autoridades mexicanas ratificaron su compromiso de continuar el diálogo y la cooperación con estos mecanismos y con los actores interesados, así como con la sociedad civil en su conjunto.
Respuesta al ACNUDH
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República dieron a conocer una carta dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la que el gobierno mexicano le reprocha haberse pronunciado sobre el contenido de la ley sin que haya concluido el proceso legislativo.
Luego de que el comisionado pidió no aprobar dicho proyecto, las autoridades federales le señalan que en su solicitud no tomó en cuenta las dimensiones de las amenazas a la seguridad interna que se deriva de la actividad del crimen organizado.
Fechada el 5 de diciembre pasado, la carta del gobierno rechaza que la minuta lleve a la militarización de la seguridad pública. Considera que no es correcto afirmar que afectará negativamente los derechos humanos. Por el contrario, el propósito es que el Estado cuente con un mecanismo adicional que permitirá salvaguardar la seguridad interior, la seguridad pública y el orden público, que constituyen requisitos esenciales para el goce efectivo de las garantías individuales.
Insiste en que la jurispridencia internacional y la emitida por la Corte Interamericna de Derechos Humanos no prohíbe a los Estados recurrir a las fuerzas armadas, mientras éstas se sujeten a los estándares de derechos humanos.
Subraya que el proyecto no tiene por finalidad que el Ejército y la Armada asuman un papel policiaco permanente, sino limita a un año la duración de sus intervenciones.
Respecto de las labores de inteligencia, agrega que propone utilizar métodos lícitos para obtener información. Las fuerzas armadas están imposibilitadas para actuar contra protestas sociales pacíficas, puntualiza en la misiva.
Si es avalada, el Legislativo cumplirá con intereses fuera del país
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 6
En caso de aprobar la ley de seguridad interior, los legisladores cumplirían su compromiso no con los mexicanos, sino con intereses fuera del país, con lo que se violenta nuestra soberanía nacional, aseveró el director de Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo.
Durante la ceremonia en la que se presentó el informe de actividades de este año de la organización civil y a los integrantes del nuevo consejo directivo –la noche del miércoles–, Concha Malo subrayó que la normativa es anticonstitucional y confusa, ya que mezcla los términos de seguridad pública y seguridad nacional, con lo que se regularía la presencia de las fuerzas armadas en las calles, lo que la hacemuy peligrosa.
Esta forma de seguridadno es la que queremos los mexicanos ni la que nos merecemos, sino la que nos imponen desde fuera cuando tenemos autoridades complacientes a obedecer no al pueblo, no a nosotros, sino obedecer a otros, enfatizó, al tiempo que agradeció la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano entre los asistentes.
Resaltó que son muy variadas y calificadas, con peso moral, académico e intelectual, las voces que se han alzado contra la aprobación de la ley, y lamentó que el Senado esté (hasta ayer) por concretar su aprobación en lugar de abrir un debate público sobre el modelo de seguridad que requiere el país.
Presentó el extracto de un comunicado contra la normativa emitido por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, integrada por dos arzobispos y cinco obispos de distintas diócesis el país:
Hoy se requieren acciones legislativas que, en un paquete con visión integral, marquen una ruta crítica para resolver las causas, pero también eviten la permanencia de políticas como la de la presencia de las fuerzas armadas en funciones policiacas, y logren un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales en orden a establecer estructuras nacionales, estatales y municipales de seguridad eficaces y respetuosas de los derechos de todos. Decisiones basadas en acuerdos que lleven a formas de corresponsabilidad y complementariedad, y que darán un mejor resultado que las tomadas desde una perspectiva parcial. Avancemos ya hacia tener instituciones que, con capacitación, coordinación y equipos cualificados, provean nuestra seguridad interna, para así dejar al Ejército en su función de seguridad nacional.
Durante el acto, se presentó a quienes forman el nuevo consejo consultivo del organismo que encabeza Concha: los académicos Alicia Hopkins, Sandra Serrano y Carlos Fazio; el sacerdote dominico Gonzalo Ituarte; los activistas Dolores González Saravia, de Serapaz, y Carlos Brito, quien trabaja por los derechos digitales, así como el actor Daniel Giménez Cacho.
En nombre de los nuevos consejeros, Sandra Serrano destacó la labor de 33 años del Centro Vitoria, gracias al cual no sólo se pueden ver los derechos humanos desde las obligaciones del Estado, sino también en quienes viven las consecuencias de las violaciones: las víctimas.
Remarcó que a los integrantes del consejo consultivo hoy les toca acompañar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, y aprender de quienes a por conducto de esta organización civil lo han hecho por años, a fin de colaborar para que lo sigan haciendo.
En el acto se hizo un recuento de los casos que este año ha acompañado el Centro Vitoria, como el apoyo a muchos de los danmificados por los sismos que azotaron varios estados del país, así como a los familiares de Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa asesinado, y de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fue hallada muerta en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alejandro Alegría y Bertha Teresa Ramírez
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 6
Al tiempo que la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se pronunció por la presencia del Ejército en las calles y por que se apruebe la ley de seguridad interior, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) hizo un llamado al Senado para que se posponga la aprobación de la norma y se abra el diálogo y la participación de la sociedad en una ley que la involucra directamente.
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur, sostuvo que este ha sidoel peor año que hemos tenido en cuanto a seguridady dijo que la legislación que se discute en el Senadoes necesaria.
Aunque vemos que tiene muchos riesgos, es más urgente profesionalizar a la policía. Los comercios quieren al Ejército en las calles. No lo digo yo, lo dice el sector empresarial del país, sobre todo el pequeño y el micro empresario que nadie defiende, agregó.
Enfatizó que el sector que representa ha reconocido la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad, porqueno tenemos confianza en las policías ni tampoco tenemos policías en la calle.
Solana Sentíes respaldó la legislación porque da certeza al Ejército, puesellos están peleando en la calle sin tener un marco jurídico que los defienda.
Dijo no entenderpor qué Derechos Humanos dice que hay uso excesivo de la violencia, pues le jalaron muy fuerte al gatillo, hay jalarle despacito para que no sea violento. Es una barbaridad. Concluyó que si se quita al Ejército de las callestodo el sector comercio se vería en total indefensión.
Por su parte, Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope, rechazo que la ley dejeabierta la posibilidad de que las fuerzas armadas sean utilizadas con fines políticos y de represión, desviando su atención y recursos de la verdadera problemática, que es la violencia y la delincuencia que generan los grupos criminales.
Dijo que la Canacope se une al llamado de la sociedad civil, de organizaciones nacionales e internacionales al Senado para posponer la aprobación del proyecto y abrir el diálogo y la participación de la sociedad en una ley que la involucra directamente.
Indicó que la Canacope solicita al presidente Enrique Peña Nieto queejerza su facultad de veto en caso de que el Senado apruebe la ley de seguridad interna sin acatar el legítimo llamado de la sociedad sobre el desacuerdo ante dicha legislación.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 4
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