Ciudad de México. María Candelaria Ochoa dejó este 30 de junio la titularidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), pero la institución se quedó con cinco Alertas de Violencia de Género (AVG) pendientes de resolver por presuntas omisiones en la coordinación de las entidades, en el aporte de información y porque se excluyó a las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con personas involucradas en estos procesos.
Desde 2015 en México se han declarado 21 Alertas de Violencia de Género en 18 entidades, 10 se han rechazado y cinco permanecen en proceso. Ninguna de estas solicitudes de AVG serían para una entidad completa, todas delimitan un número determinado de municipios, los cuales son prioritarios para ser atendidos por este mecanismo de emergencia por el alto número de delitos cometidos contra las mujeres.
Si bien los gobiernos locales deben operar las AVG y cumplir las recomendaciones que hagan los Grupos de Trabajo, es la Conavim a quien le toca dar seguimiento al proceso para declarar la Alerta, también para coordinar a los actores involucrados, dar seguimiento y evaluar.
Sin embargo, la coordinadora de la Red de Alertistas en México, Leticia Burgos, relató en entrevista que en el caso de Sonora (donde la alerta se pidió inicialmente en 2015, fue rechazada en 2017 y se volvió a solicitar –sin información de los avances hasta ahora– desde julio de 2019), desde hace un año parece que se paralizaron las actividades.
“Nosotras exigimos a la Segob la rendición de cuentas de las Alertas. La Alerta solicitada en 2015 en Sonora fue negada dos años después, pero se hicieron 12 recomendaciones y 9 medidas específicas. Hace un año se admitió la solicitud de una segunda Alerta por delito de feminicidio. Tenemos un año en este nuevo proceso, pero no observamos que funcione. En el caso concreto, por ejemplo, de la emergencia sanitaria, cuando consideramos que hay que redoblar esfuerzos, no hay Alerta y la violencia feminicida sigue aumentando”.
De acuerdo con Burgos, para la segunda AVG que está pendiente en Sonora no hay información pública sobre los avances. Si bien se mantenía un diálogo con Segob, éste se detuvo a inicios de 2020 cuando la Red Nacional de Alertistas solicitó mantener las reuniones virtuales. “Ya se los hicimos saber, pero no hemos tenido respuesta. Esto después de que se declaró la emergencia, mediados de marzo. No nos parece lo más adecuado que en un proceso de emergencia Conavim suspenda reuniones que pueden llevarse de manera virtual”, explicó la defensora de los derechos de las mujeres.
En Sonora, se suman quejas por parte de una integrante del Grupo de Trabajo, quien renunció al proceso de AVG. Ella denunció en una minuta: “manifiesto que he sido objeto de maltrato institucional por parte de Conavim, así como de exclusión deliberada por parte del GT, toda vez que no se consideraron mis aportaciones en el borrador enviado el día 30 de octubre para ser discutido en las sesiones del 31 de octubre y el 1 de noviembre en Sonora” Esto, derivado de una serie de comunicaciones entre la investigadora y el resto de las personas involucradas.
El pasado 19 de febrero de 2020, la Red Nacional de Alertistas (integrada principalmente por organizaciones del norte del país) envió un oficio a la Segob en el que advirtió: “observamos en nuestras propias comunidades la ausencia de la debida coordinación a cargo de su propia Secretaría (…) en tanto observamos el empeño limitado de la Conavim para hacer de la política pública de la AVG una efectiva intervención institucional”.
Sin respuesta, la Red de Alertistas emitió el pasado 25 de mayo un nuevo comunicado en el que señaló que la pandemia significó más rezagos, ya que se hicieron invisibles las acciones de prevención, atención y sanción a la violencia contra las niñas y mujeres en los territorios bajo procesos de AVG. Por esto pidieron un Programa de Emergencia conducido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública que rindiera cuentas del ejercicio presupuestal y de las acciones dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia, lo cual no sucedió.
En un año (de marzo de 2019 al 30 de junio de 2020, el día de la salida de Candelaria Ochoa), la Conavim reportó nueve reuniones con el Grupo de Trabajo de Sonora. Se desconoce el nivel de avance en este proceso.
En Chihuahua, la Comisión Nacional y la Comisión estatal de los DH solicitaron la AVG en junio de 2019. Una de las integrantes del Grupo de Trabajo para investigar la situación de violencia en la entidad, Andrea Medina Rosas (litigante en el caso Campo Algodonero), explicó en entrevista que al ser una entidad con una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pidió una metodología de investigación que empatara con los indicadores de seguimiento de la Convención Belém Do Pará, un instrumento internacional de cumplimiento obligatorio para México que establece ampliamente las responsabilidades de los Estados para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, ni la Conavim ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tenían el personal capacitado para llevar a cabo una metodología como la que propusieron las expertas. Asimismo, tampoco hubo los recursos económicos suficientes ni el apoyo institucional de las dependencias federales para llevarla a cabo.
Mientras las investigadoras han contado con el respaldo total de las dependencias estatales y municipales, la Conavim inicialmente limitó la participación en el proceso de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, que fue una de las solicitantes de la AVG; sólo se logró una reunión con la Comisionada, Candelaria Ochoa, a pesar de que las integrantes del Grupo de Trabajo se la solicitaron desde varios meses atrás; y en el mes de julio, la Conavim buscó brincarse el procedimiento legal y hacer una propuesta directamente al gobierno de Chihuahua con respecto a este procedimiento.
El Grupo de Trabajo que se conformó para Chihuahua –integrado, como en todos los casos, por expertas que laboran sin sueldo– se reúnen hasta dos veces por semana para concluir un informe que sea de utilidad para las dependencias del estado. Si bien las investigadoras ya concluyeron gran parte del informe, aún no pueden presentarlo porque están a la espera de información del ámbito federal que Conavim no les ha hecho llegar. Chihuahua es la entidad con solicitud de AVG en la que la Conavim aseguró tener más reuniones con el Grupo de Trabajo: 23 de mayo de 2019 a junio de 2020.
Esta imagen retomada de una de las minutas del Grupo de Trabajo, demuestra la insistencia de las expertas para que Conavim participe adecuadamente en el proceso.
En la Ciudad de México, un grupo de organizaciones civiles solicitaron una primera AVG desde 2017; ésta fue rechazada por la Conavim en 2019 y luego defendida legalmente por las solicitantes. El gobierno capitalino decidió impulsar una Alerta propia en 2019, con respaldo de la Conavim, muy distinta a la de las organizaciones, pues no integraba acciones por feminicidio.
La AVG “ha sido un mecanismo obstaculizado incluso por algunas instituciones encargadas de su activación”, señaló la abogada Ana Yelí Pérez Garrido el pasado 29 de julio, ya que hubo un retardo injustificado por parte de la Conavim, quien presentó hasta marzo de 2018 un informe que debió entregarse en 2017 y porque determinó hasta el 7 de junio de 2019, tres años después de pedirse, la no declaratoria de la AVG.
Por ello, las organizaciones solicitantes presentaron ante la SCJN para su atracción, un amparo contra la decisión de la dependencia por “indebida fundamentación y motivación”. En el caso de la AVG que presentó la CDMX, las organizaciones están avanzando en reuniones con las dependencias locales, sin Conavim, para generar un plan estratégico para incluir con mayor amplitud lo que se pidió en 2017 y garantizar la inmediatez de las acciones.
La Segob también tiene pendiente resolver las solicitudes de AVG para Tlaxcala y Baja California, las cuales se presentaron desde noviembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente. En el caso de Tlaxcala, la Conavim reportó cinco reuniones con el Grupo de Trabajo pero no tiene información pública sobre el avances en el proceso y en el caso de Baja California, la Conavim informó que recién está en proceso de convocatoria para el Grupo de Trabajo.
La AVG de Guerrero, la última que alcanzó a declarar Candelaria Ochoa, pasó antes por un proceso de opacidad. En este caso, la integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, reveló días antes de la declaratoria que las autoridades estatales y la Conavim celebraron sesiones para el seguimiento de la AVG sin la presencia del Sistema, rebasó los plazos para la entrega de información y avances, y no fueron transparente con ella ni con las organizaciones civiles peticionarias. Esto a pesar de que la propia Reyna, como parte del Sistema Estatal, envió oficios y comunicaciones constantes para exigir información.
El rezago también sería para el caso de las AVG ya declaradas. Por ejemplo, en Veracruz, donde hay una Alerta desde 2016, también por agravio comparado, hace más de un año que las organizaciones no tienen conocimiento de en qué va el proceso; y en el caso de Jalisco, cuya declaratoria se tuvo hace año y medio, no existen avances en la implementación de las medidas dictadas, no hay transparencia sobre las acciones que se llevaron a cabo, tampoco indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir los avances, ni acciones eficaces para garantizar el cese de la violencia feminicida en la entidad.
“Arrogancia” en la dependencia
Desde finales de la gestión de Angélica Quiroga, extitular de la Conavim, y durante la gestión de la comisionada más reciente, Candelaria Ochoa, se observó una ausencia de coordinación por parte de esta dependencia en las entidades del país, pues no participaba en reuniones estatales, no brindaba información oportuna sobre el proceso y permitía el incumplimiento de plazos, de acuerdo con lo que dijo a Cimacnoticias el abogado de Justicia Pro Persona, Rodolfo Domínguez Márquez, quien además integra el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio que acompaña más de un proceso de Alerta en el país.
“La Conavim se desdibuja como una instancia coordinadora y se vuelve una observadora pasiva pero, por el contrario, sí ha pedido más recurso. Vemos un actor omiso porque quiere incidir mediante mayor presupuesto pero sin acciones estratégicas. Vemos un actuar pasivo, poco claro, poco ágil, poco certero y poco estratégico para el seguimiento y evaluación de las AVG que se han solicitado”, observó el abogado.
Domínguez Márquez relató que al inicio de su gestión, Candelaria Ochoa sí recibió a las organizaciones civiles para hablar sobre las AVG pero al paso del tiempo las excluyó de las reuniones y de la toma de decisiones de los Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que se integran para dar seguimiento a las alertas. Esto, bajo el argumento de supuesto conflicto de interés o por falta de regulación en la normativa. Por ejemplo, en Veracruz, donde ya existe una AVG por agravio comparado, la Conavim sometió a votación de quienes están las sesiones ordinaria la participación de las organizaciones peticionarias en el proceso porque no están reconocidas explícitamente en la normatividad de la AVG.
Como parte de su gestión, Candelaria Ochoa propuso el 3 de abril de 2019 al Senado de la República una serie de modificaciones para la AVG, entre ellas la creación de contralorías de género para las 601 municipios con Alertas; la creación de una comisión interinstitucional con la participación del Poder Judicial, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República y un organismo institucional; la creación de indicadores para cada Alerta de Violencia de Género y que se tengan “elementos objetivos” para la declaratoria. La iniciativa permanece detenida en el Congreso.
Al respecto de esta propuesta, el abogado señaló que la “contraloría ciudadana” es una simulación y sólo significa más retrasos, toda vez que la participación de la sociedad civil o de personas expertas es algo que ya está considerado en recomendaciones internacionales pero actualmente la propia Conavim se opone a que participen; asimismo, el desarrollo de indicadores para evaluación del mecanismo es algo que han exigido las organizaciones civiles desde hace años, pero la Conavim se los ha negado.
Por ejemplo, en Jalisco se desarrollaron indicadores con personas expertas contratadas por las propias ONG, pero hace más de 6 meses la Conavim frenó el proceso de implementación bajo el argumento de que trabajaría en indicadores generales para todas las AVG, los cuales aún no se han presentado.
“La propuesta legislativa está centrada en la creación de una comisión de expertas que dé seguimiento a todo, pero ésta es precisamente la función de la Conavim. Buscan más recursos pero en el fondo no está sirviendo para la implementación del mecanismo. La propuesta de las ONG es que si se crea este comité debería ser como asesor, complementario, que dé seguimiento de evaluación y no de coordinación”, explicó Domínguez Márquez.
El abogado de Justicia Pro Persona agregó que estas acciones, lejos de mejorar el mecanismo, lo burocratiza. “Son instancias que quieren llegar a redescubrir un mecanismo que llevamos implementando desde hace 10 años, pero quieren hacerlo sin tomar en consideración todo lo que se ha avanzado, como judicializar, recomendaciones internacionales específicas. Hay una vanidad o testarudez de no querer escuchar otras opiniones, lo que genera que el mecanismo no sirva y que se agrave el contexto de violencia contra las mujeres en el país”.
“La Conavim está generando un retroceso muy grande en lo que se había avanzado, está en un papel muy arrogante que no toma en consideración la expertiz de quien ha trabajado tanto tiempo”, señaló el experto.
De acuerdo con el informe de resultados de la gestión de Candelaria Ochoa presentado este 30 de junio, durante este año de trabajos se declararon dos AVG (la segunda de Edomex, por desaparición de niñas y mujeres, y la segunda en Guerrero, por agravio comparado). En 2018 se consiguió que para 2019 las AVG contaran con el máximo de recurso otorgado para ello (101 millones 591 mil 382.4 pesos), pero la institución no logró defender este presupuesto para 2020, cuando se otorgó 79 millones 930 mil 550 pesos.
20/AJSE/LGL
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