Ciudad de México. Debido a la pandemia de COVID-19,
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX)
mantiene suspendidos los trámites en materia familiar que se iniciaron
antes de las medidas de confinamiento, entre ellos, los relacionados con
guarda y custodia, patria potestad, adopción, pensión alimenticia y
divorcio.
Aunque el Poder Judicial de la capital habilitó su página web para
garantizar trámites sobre convivencias virtuales entre padres o madres
con sus hijas e hijos; medidas provisionales de protección a mujeres
víctimas de violencia de género y entrega, por medio de billetes de
depósito, de pensión alimenticia, dejó de lado la resolución de otros
asuntos.
Así lo expuso en entrevista con Cimacnoticias, la abogada y directora
del Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón”, Rocío Corral Espinoza
Monsiváis, quien explicó que si bien los Juzgados han mantenido algunos
servicios y tienen personal de guardia, no se han resuelto las demandas
judiciales que estaban iniciadas desde antes de la pandemia.
La defensora de los derechos de las mujeres aseguró que a casi 5
meses de que se anunciaron las medidas de confinamiento para evitar la
propagación del virus en Ciudad de México, el Tribunal Superior no ha
implementado medidas para resolver estos asuntos de forma virtual, lo
que significa la suspensión del Derecho Humano a la justicia.
Esto se traduce, expuso la abogada, en que no hay avances en los
casos de las mujeres que solicitaron incremento de pensión alimenticia;
que pidieron la guardia y custodia de sus hijas o hijos; que tramitaron
la pérdida de patria potestad para su pareja, por violencia en el hogar;
o para quienes trataban de acreditar concubinato para acceder a pensión
por la muerte de su pareja, entre otros asuntos.
Servicios esenciales continuaron
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, los 32 Poderes Judiciales
locales tomaron medidas para habilitar Juzgados de guardia para atender
medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, juicios por
alimentos y entrega de pensión, de acuerdo con la Comisión Nacional de
Tribunales Superior de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
En la Ciudad de México, a partir de marzo, el Tribunal Superior
comenzó a emitir acuerdos y circulares para anunciar la suspensión de
labores y la suspensión de términos procesales a fin de proteger a la
población usuaria y al personal, en particular personas adultas mayores,
con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia.
Sin embargo, el pasado 9 de junio el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez se reunió con
integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
del Congreso capitalino, a quienes dijo que a pesar de la suspensión de
labores, hubo personal de guardia para no detener los trabajos en
materia penal y familiar.
De acuerdo con el funcionario, durante la contingencia se
implementaron 350 medidas cautelares de protección para mujeres
violentadas y 400 acciones de protección para mujeres; y además se
facilitaron 125 convivencias de padres de familia con sus hijos a través
de videoconferencias.
Rocío Corral señaló que lo expuesto por el presidente del Tribunal
ante el Congreso capitalino es “parcialmente cierto” porque en los
Juzgados se pueden tramitar y otorgar medidas de protección para mujeres
víctimas de violencia, como lo marca la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ley local en la materia y el
Código Civil capitalino.
Asimismo, en los Juzgados también hay guardias para entregar billetes
de depósito para aquellas personas, en su mayoría mujeres, que reciben
pensión alimenticia para sus hijas e hijos, por medio de este mecanismo;
y también para solicitar medidas provisionales mientras se desarrolla
un juicio, por ejemplo, de divorcio, como lo establece el Código Civil
de la Ciudad de México.
De acuerdo con la ley, una medida provisional puede ser ordenar a uno
de los conyuges no acercarse al domicilio. En el caso de las mujeres
que solicitan medidas provisionales, si bien los Juzgados reciben las
demandas y deciden otorgar o no las medidas, el expediente y la demanda,
por ejemplo de divorcio, se reserva para darle continuidad hasta que se
abran los Juzgados, explicó la abogada.
Asimismo el Centro de Convivencias está promoviendo convivencias
virtuales entre padres o madres con sus hijas e hijos, siempre que ambas
partes están de acuerdo. Sin embargo, si existen casos, donde no hay un
acuerdo, es decir, si el padre se llevó a una hija o hijo, sin el
consentimiento de la madre, no hay forma de garantizar estos encuentros.
Incluso, desde abril el Tribunal Superior informó, por medio de un
acuerdo, que las demandas y solicitudes se recibirían en los Juzgados
abiertos, en horario de 09:00 a 15:00 horas, pero serían atendidos hasta
que concluyera la contingencia, cuando se remitirían a la Oficialía de
Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas
para la asignación del número de expediente, a fin de que el Juzgado
siguiera conociendo del asunto.
Plataforma virtual, cuatro meses después
En junio, el presidente del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez, aseguró
ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, que próximamente se
haría uso de la tecnología para atender las demandas por medios
electrónicos, y realizar juicios a distancia, además de que se
duplicaría la recepción de documentación a través de la Oficialía de
Partes.
La página web del Tribunal ya cuenta con una opción de citas por
internet y de trámites electrónicos. En junio, en ambos casos, al
ingresar sólo aparecía un mensaje con la leyenda “pronto estará
disponible”. La plataforma ya comenzó a funcionar este 1 de julio.
A ante esto y después de que el 25 de junio el Tribunal informó que
las actividades de las Salas y Juzgados Civiles y Familiares se
reanudarían el 3 de agosto, el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita
Magón”, junto con otras organizaciones civiles lanzaron una petición en
la plataforma change.org para solicitar que se implementen mecanismos virtuales para garantizar justicia a las mujeres.
La abogada, Rocío Corral, señaló que un sistema de citas en línea se
diseñó para que las personas puedan ingresar una solicitud, pero debido
al cúmulo de casos y asuntos y a los horarios restringidos para evitar
la congregación de personas en los edificios judiciales, es muy probable
que las citas se tarden semanas e incluso meses en agendarse.
Ante el rezago de 4 meses, las agrupaciones civiles, entre ellas
el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia
Social; Defensa Jurídica y Educación para Mujeres; y Apis, Fundación
para la Equidad, señalan la omisión del Poder Judicial capitalino por no
garantizar el acceso a la justicia en materia familiar.
La organizaciones civiles llamaron a crear una plataforma en la que
se puedan continuar los procesos legales ya iniciados antes del
confinamiento, donde sea posible subir los acuerdos diariamente, con
firmas electrónicas de las y los abogadas o donde las partes puedan ser
consultables; e implementar un sistema de audiencias virtuales,
notificaciones mediante correo electrónico y que garanticen el comienzo
paulatino hacia la digitalización integral de expedientes para su
consulta y resguardo.
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