Los medios contribuyen a construir una sociedad insegura:
Marco Lara Nelly Olivos
“Los medios y los periodistas damos voz y legitimamos a actores criminales, pero por razones diferentes a las que dice Calderón. Legitimamos porque transmitimos abiertamente sus mensajes, magnificamos sus mensajes, les damos a sus mensajes una replicación que ellos no tendrían el poder de darles. Le damos una voz enorme a quien, por ejemplo, arroja cabezas desmembradas en una discoteca: construimos el miedo. Contribuimos a construir una sociedad insegura, donde la gente está, se siente y se percibe insegura. Ponemos nuestra agenda editorial en manos de un grupo criminal”. En el tema de la inseguridad que se vive en nuestro país, los medios de comunicación han sido fuertemente criticados por seguir el juego de los criminales, en palabras de Felipe Calderón Hinojosa se ha dado prioridad a los mensajes de los criminales por encima de los triunfos de sus operativos militares encaminados a combatir la delincuencia y el terrorismo.
¿Cuál es la responsabilidad de los medios al presentar información relacionada con los casos de personas ejecutadas y decapitadas? ¿Contribuyen o no al clima de inseguridad que se vive en nuestro país?El caso del secuestro y homicidio de Fernando Martí activó la alarma en el tan llevado y traído tema de la seguridad de los ciudadanos. Diversas voces se alzaron para exigir castigo a los responsables y como una forma de compromiso se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el pasado 21 de agosto. De acuerdo a diversas instancias todos somos responsables de los altos índices de inseguridad y la criminalidad que se vive en nuestro país y de esta responsabilidad no están exentos los medios de comunicación, por ello el Acuerdo Nacional por la Seguridad es muy claro en señalar los objetivos que deben cumplir en los próximos días, antes de que se haga la primera evaluación de dicho pacto. Una de las primeras críticas de este documento es que no posee ningún apartado que obligue a los firmantes al cumplimiento de lo pactado, dejando a la libre interpretación y a la buena voluntad de cada instancia su seguimiento puntual.
En lo que toca al asunto de los medios de comunicación, en primera instancia tenemos que señalar que ni Televisa ni Tv Azteca, se adhirieron al acuerdo, aunque lo haya avalado con su firma Enrique Pereda Gómez, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).Pero pasemos al contenido del acuerdo en materia de medios. Un primer punto a discutir es que las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometieron a “producir y difundir en los medios de comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana.” Lo que nos lleva a plantear que el asunto de la seguridad se combatirá también con propaganda.
Lo que en palabras del periodista Marco Lara Klahr es preocupante, pues se “reproduce la idea histórica e ideológica de que los medios tienen un papel edificante”, y señala otro de los graves riesgos del acuerdo al no plantear asuntos como el derecho a la información o a la libertad de expresión, “solamente habla del papel de los medios como constructores de una buena conciencia colectiva, es decir, se confina a los medios a tener un papel edificante, constructor de conciencias y no a construir su papel de responsabilidad social, no ha cumplir su función de ser instrumentos de la sociedad para el ejercicio del derecho a la información”, agrega el también maestro de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Al comentarle sobre la promoción de una cultura de la legalidad, que los medios están “obligados” a promover, de acuerdo al punto LXX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, exaltando “las consecuencias positivas del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del delito”, no podemos evitar criticar a los medios de comunicación que a diario, con sus acciones, parecen hacer todo lo contrario.
Marco Lara, explica: “Lo más grave del papel de los medios es que no están contribuyendo al derecho a la información de los ciudadanos y sí están contribuyendo a quebrantar un conjunto de derechos ciudadanos y legitimando actores que violan esos derechos. No basta que tú promuevas la cultura de la legalidad, sino que tienes que ser un actor respetuoso de la legalidad”. Para empezar, el acuerdo está “firmado por figuras abiertamente relacionadas con la ilegalidad, el autoritarismo y el abuso de autoridad.
Personas que han incurrido en actos de autoridad que constituyen penalmente abuso de autoridad y me refiero, por ejemplo, al gobernador de Puebla, al gobernador de Oaxaca. Esto vuelve al acuerdo un documento paradójico”, sostiene el periodista Marco Lara. ¿Qué derechos se estarían violando? —El acuerdo habla de la protección a las víctimas, pero no habla de la protección de los imputados. En México la comunicación institucional, mal llamada comunicación social, tiene severas consecuencias en el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas y de las víctimas. De manera sistemática los cuerpos policiales, las instituciones de administración y procuración de justicia, y aplicación de sentencias exhiben ciudadanos que no han sido sentenciados y condenados por un juez como si fueran culpables, es decir, las dependencias de comunicación institucional, de cada institución del Estado mexicano, son la fuente de donde resulta la información para los juicios mediáticos, eso no se menciona. Básicamente se confiere a los medios a seguir siendo instrumentos del Estado para la satanización de ciudadanos. ¿Son justos los reclamos de Calderón a los medios de comunicación por contribuir al clima de inseguridad? —Los medios y los periodistas damos voz y legitimamos a actores criminales, pero por razones diferentes a las que dice Calderón.
Legitimamos porque transmitimos abiertamente sus mensajes, magnificamos sus mensajes, les damos a sus mensajes una replicación que ellos no tendrían el poder de darles. Le damos una voz enorme a quien, por ejemplo, arroja cabezas desmembradas en una discoteca: construimos el miedo. Contribuimos a construir una sociedad insegura, donde la gente está, se siente y se percibe insegura. Ponemos nuestra agenda editorial en manos de un grupo criminal.
Pero el Estado también, de manera sistemática, quebranta la ley, continúa Marco Lara, y es increíble que en un país como México, un país que se dice democrático, nadie haya demandado a las instituciones, como a las dependencias de comunicación institucional, por abuso de autoridad, por ejemplo, en las conferencias de prensa cuando se presentan personas detenidas, se les obliga a autoincriminarse, es un acto de abuso de autoridad. Los periodistas hacemos un papel instrumental muy jodido para ocultar la ineficiencia institucional y legitimar la violación de los derechos humanos. ¿Los medios de comunicación somos irresponsables? —No lo llamemos irresponsabilidad es algo peor, es un acto de legitimación del abuso de autoridad.
Es lo que se llama “inseguridad informativa”: los ciudadanos no tienen información oportuna, contextual e integral, están en una situación de inseguridad porque no saben lo que está sucediendo. Se sienten inseguros. Están en una situación de inseguridad porque están desinformados. Los medios, los periodistas favorecemos a que los ciudadanos estén en una indefensión por la vía de la inseguridad informativa. A esta “inseguridad informativa”, a la que contribuyen eficazmente los medios de comunicación, tenemos que agregar las formas alternativas de comunicación que los criminales han desarrollado para la transmisión de sus mensajes. En el tema del narcotráfico fueron primero los narcorridos, dando paso después a los narcovideos fáciles de encontrar en internet, y ahora las narcomentas.
Los medios de comunicación retransmitimos los mensajes de los grupos criminales y seguimos el juego de las autoridades, ¿qué hacer ante este panorama? De nueva cuenta el también analista del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Marco Lara, responde: “Tiene que haber mecanismos de diversa naturaleza que obliguen a los medios a cumplir su papel social. Los medios necesitan instrumentos de orden legal, de orden ciudadano y de pares, o sea, de los propios medios que garanticen el cumplimiento de la legalidad y el cumplimiento de las normas éticas, eso es indispensable.
Los medios tienen que cumplir la ley; pero cada vez que en México se habla de ello los medios gritan: ¡Censura! Se necesita que los medios asuman su responsabilidad cuando quebrantan derechos de ciudadanos. Si un medio daña mi derecho a la propia imagen, mi derecho a la protección de datos personales, mi derecho a la vida privada, mi derecho de presunción de inocencia, yo tendría derecho a que haya un resarcimiento del daño por el medio y por la institución que produjo el daño, eso es fundamental”, afirma categórico Marco Lara.
La protección a periodistas La respuesta más obvia para evitar la “inseguridad informativa” puede ser el tema de la profesionalización de los reporteros en el tratamiento de noticias violentas, aunque el Acuerdo Nacional por la Seguridad señala en el punto LXXIII que cada medio debe definir y publicar “estándares de actuación profesional en su cobertura informativa”, en ningún apartado se habla de capacitar a los reporteros. Los estándares de actuación profesional, que bien podrían ser entendidos como códigos de ética, piden evitar hacer apología del delito, punto establecido en la Ley de Imprenta y en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. En este último, en el artículo 37 se considera que se hace apología al crimen cuando, por ejemplo, “se enseñe o muestre la forma de realizar delitos o practicar vicios, sin demostrar durante la transmisión las consecuencias sociales adversas de esos hechos”.
Y acaso esto no ocurre cuando los noticiarios presentan información, por ejemplo de robos, donde los culpables no son aprehendidos. ¿Dónde quedaron las consecuencias sociales de estos ilícitos? Parece que el acuerdo también busca garantizar la integridad física de los periodistas al proponer que se “establezcan criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin atribuirla a reporteros en lo particular”. Al respecto Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en nuestro país, sostiene que “es una practica que se ha venido implementando en varios medios, entre ellos por mencionar algunos Proceso y El Universal, entre otros. Como una medida de ‘protección’ pienso que es un autoengaño porque los reporteros o corresponsales en las provincias todo mundo sabe quienes son y que medio cubren, así que como medida de protección no es tan efectiva.
Es entendible que los medios de comunicación lo apliquen, pero que forme parte de un acuerdo del gobierno puede leerse como una restricción a la libertad de expresión, es delicado”. En suma, es cierto que los medios de comunicación contribuyen al clima de inseguridad, pero quien es directamente responsable de dicha situación son las autoridades y documentos como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad son cartas de buenas intenciones. Mientras que los medios de comunicación no comiencen por ser respetuosos de los derechos humanos y contribuyan a la seguridad mediante información responsable; mientras las autoridades no cumplan a cabalidad con sus obligaciones, y mientras los ciudadanos no actúen para exigir de todos los actores involucrados acciones concretas, la criminalidad seguirá reinando en nuestro país.
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