(apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el acoso a los defensores de derechos humanos, parientes de las víctimas, testigos y abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada, una práctica que a menudo –apuntó– se ha usado como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos.
La sensación de inseguridad que ese ejercicio genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, destacó la ONU en un comunicado.
“La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, puntualizó.
Y planteó como “motivo de especial preocupación” el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

Asimismo, el uso que hacen los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
La ONU pidió prestar “especial atención” a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.
Señaló que desde el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución, expresó su preocupación, en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, detenciones y secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil destacaron la necesidad de crear en México una Fiscalía General de la República auténticamente independiente para que investigue el paradero de más de 28 mil personas desaparecidas, por lo que hicieron un llamado al Senado de la República para que al discutir y aprobar la creación de la Fiscalía, que sustituirá a la actual Procuraduría, garantice la independencia y autonomía de la institución.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, demandaron a las autoridades fortalecer sus capacidades de investigación de conformidad con el derecho internacional.
Además, presentaron la ‘guía de estándares básicos’ para investigar penalmente con debida diligencia ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desapariciones de personas.
En un comunicado, Amnistía Internacional dio a conocer que ese documento contiene información vital para un país en el que se desconoce el paradero de más de 28 mil personas, según datos oficiales, y en el que las autoridades suelen realizar investigaciones omisas y deficientes.
Según el texto, en los últimos años los casos de desaparición ocurridos en el país muestran que las fallas en las investigaciones comparten elementos comunes, y destaca que la búsqueda de personas desaparecidas se inicia tarde y se ejecuta de forma deficiente.
Tampoco se preservan ni recolectan adecuadamente las evidencias, lo que obstaculiza seriamente las investigaciones, afectando incluso la pronta identificación de los restos que llegan a ser encontrados.
La falta de una debida diligencia en la investigación de casos de violaciones graves a derechos humanos ha contribuido a la persistencia de la impunidad, así como a la falta de verdad y reparación para las víctimas, particularmente de los casos perpetrados durante la “Guerra Sucia”, añade el documento.