Sobre la Guardia Nacional

Carlos Fazio

Desde que era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha venido utilizando un lenguaje críptico para referirse a las fuerzas armadas. Críptico, no en el sentido de algo oscuro, secreto o camuflado, sino referido a algo a plena vista, pero que es de difícil comprensión porque no ha sido expresado en forma clara y nítida y argumentado con base en datos duros. Hay algo en el discurso presidencial sobre las fuerzas armadas −y su participación ahora en una Guardia Nacional bajo mando civil pero que conservará su perfil castrense−, que impele a creerle pero sin dar razones para ello; algo así como un dogma de fe.

Lo anterior podría originarse en las malas relaciones del candidato López Obrador con los antiguos mandos de las fuerzas armadas, y con el incontrastable poder metaconstitucional y las prerrogativas que éstos habían venido adquiriendo durante las gestiones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña (incluido su activismo político deliberante y la no rendición de cuentas), en el marco de una militarización necropolítica (A. Mbembe) de la seguridad pública, que derivó en una catástrofe humanitaria salpicada de crímenes de lesa humanidad (casos Aguas Blancas, Acteal, El Charco, niños Almanza, Tec de Monterrey, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, etcétera).

AMLO ha dicho que pretende reconvertir una institución represora en un Ejército de paz, pero el progresivo desmantelamiento de las estructuras facciosas de ese poder fáctico, vinculado además de manera estrecha y subordinada a la doctrina de contrainsurgencia y las directrices de las fuerzas armadas de Estados Unidos, requerirá, en la transición, de tacto, tiempo y estrategia.

El pregonado cambio de paradigma contenido en el Plan Nacional de Paz y Seguridad sigue teniendo como pilar de la estrategia a las fuerzas militares; de allí que sea difícil de entender. Dos medidas que apuntan hacia un cambio posible en el Ejército, fueron la disolución del anacrónico Estado Mayor Presidencial y la designación del nuevo secretario de Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, rompiendo con la estructura sucesoria diseñada por el mando saliente, general Salvador Cienfuegos.

No obstante, el nombramiento de Sandoval podría haber significado un mensaje de acercamiento a la administración Trump, ligado incluso con la presencia en México, la víspera de la toma de esa decisión, del general Joseph Dundford, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Pentágono. Sandoval −quien según versiones periodísticas no desmentidas carga con la responsabilidad, al menos por omisión, en sendas matanzas de Los Zetas en Piedras Negras y Allende, Coahuila, en 2011 y 2012, cuando el militar era el encargado de la seguridad del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras, usado por el grupo criminal como centro de exterminio− cuenta con varios cursos de formación en escuelas del Pentágono, incluidos los de defensa continental; inteligencia y comando, y medios de comunicación en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington.

Entre las argumentaciones iniciales para poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de Defensa −y tras señalar que las fuerzas armadas, en particular la Marina, llevaban a cabo operativos que ni siquiera se decidían en nuestro país porque [Felipe] Calderón lo permitió y el otro [Peña Nieto] lo mismo [ver El país saldrá adelante con la obra de la Revolución Mexicana, La Jornada, 30/11/18]−, el actual Presidente dijo haber ponderado el profesionalismo, la disciplina, la doctrina nacionalista y el carácter popular (no hay altos mandos vinculados a la oligarquía) del Ejército. Afirmación cuestionable, por lo menos en cuanto al nacionalismo, porque desde 1995, cuando el entonces secretario de Defensa estadunidense, William Perry, abogó en el Campo Militar número 1 por el tercer vínculo (el militar) entre ambos países, la Sedena adoptó la nueva “doctrina democrática liberal […] de estabilidad nacional”, recetada a los ejércitos del área por el Pentágono, que de la mano de una acelerada militarización de la seguridad pública, perseguía concretar otro viejo anhelo de Washington: la creación (en México y otros países) de una gendarmería o guardia nacional, como vía para desgastar y/o apartar a las instituciones armadas de sus responsabilidades constitucionales: la defensa del territorio y la soberanía nacional.

Dada la asimetría de la relación militar bilateral con EU, de Zedillo a Calderón, con la imposición de la Iniciativa Mérida en 2007, se acentuaría la dependencia de las fuerzas armadas mexicanas al Pentágono, asomando más nítidamente el carácter represor del Ejército y la Marina, con los resultados conocidos. Al respecto, en su entrevista con La Jornada, por todo comentario López Obrador dijo: Queremos cooperación para el desarrollo, no cooperación militar.

Cabe consignar que no es totalmente cierta la afirmación del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de que el Ejército no tiene responsabilidad en la estrategia de Calderón, porque el plan general de acciones contundentes contra el enemigo (la delincuencia organizada) fue concebido por la plana mayor de la Sedena, con el general Guillermo Galván a la cabeza, y quedó plasmado en la Directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-12. El plan incluyó el aniquilamiento de presuntos criminales.