CASO AYOTZINAPA

Firma compromiso con padres de los normalistas

Llegar a la verdad en el caso Iguala, ofrece Gobernación

Se sancionará a funcionarios implicados en la desaparición de alumnos de Ayotzinapa

El gobierno federal rubricó este martes su compromiso de llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa y sancionar a los funcionarios involucrados en la desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014, sin importar quiénes hayan sido y qué cargos ocupaban, entre ellos Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ex titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), respectivamente.

Al instalar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, confiaron en que Ayotzinapa sea uno de los primeros asuntos en los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrezca resultados, sin dilación, a familiares de las víctimas y a la sociedad.

Pido respetuosamente a los integrantes de la comisión, a los expertos que de ella forman parte, su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible, dijo Sánchez Cordero frente a los padres de los jóvenes desaparecidos.

El propósito, subrayó, es muy claro: coadyuvar a que la verdad se conozca, se haga del conocimiento de los familiares de las víctimas y nos permita hacer justicia… para fincar responsabilidades y aplicar la ley. No se parte de cero, hay avances importantes de las investigaciones previas.

Encinas, presidente del mecanismo extraordinario, dejó en claro que esta etapa de la investigación parte de una sola premisa: La verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa.

No se trata de una comisión de la verdad, explicó, sino de un nuevo modelo de intervención gubernamental para avanzar en las investigaciones no sólo del caso Ayotzinapa, sino de la desaparición de más de 37 mil mexicanos y de otras violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México en décadas recientes.

Tanto en su mensaje como en entrevista posterior, Encinas Rodríguez dejó en claro que se tomarán en cuenta todos los informes disponibles, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las sentencias y mandamientos del Poder Judicial, como la insólita resolución del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas (que ordenó reponer las indagatorias del caso Ayotzinapa).

El propósito, indicó Encinas, es deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, sean quienes sean, y que los hechos no queden en la impunidad.

“Fueron cuatro años sin voluntad política. Aquí vamos a usar el tiempo que sea necesario y no vamos a generar falsas expectativas para inventar resultados. La prudencia tiene que ver con la calidad de la investigación y sus resultados.

“La verdad (‘histórica’, de la PGR) ya se derrumbó por todos lados, la propia investigación de la CNDH reconoce que se alteraron pruebas”, manifestó ante la prensa.

–Durante la ceremonia, los padres de los normalistas dijeron que se burlaron de ellos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ¿Coincide con esa apreciación?

–Por supuesto que sí. Si no, no estaríamos aquí, instalando esta comisión.

Vamos a empezar con lo que no se hizo o con lo que se hizo mal. Vamos a retomar todas las investigaciones. Todos los servidores públicos (serán investigados) independientemente de las funciones que desempeñaron, agregó.

Fabiola Martínez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

En el caso Iguala habrá recompensas y beneficios para quien aporte datos

Incluye a personas que estén en prisión, dice Encinas

La comisión creada por decreto presidencial para el caso Iguala es un ejercicio sin precedente que incluye el pago de recompensas y beneficios a las personas que aporten información, aun aquellas que están en prisión, para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Diseñaremos una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a las que se encuentran privadas de la libertad. Vamos a crear la figura de posibles colaboradores eficaces en el desarrollo de la investigación, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Explicó que no es una comisión de la verdad, sino un mecanismo extraordinario con sustento legal cuyas resoluciones serán vinculantes en las investigaciones judiciales. Se trata, comentó, de un hecho insólito en la historia del país.
Si bien retoma algunos elementos de instrumentos similares, como la Comisión de la Verdad para Guerrero (creada para analizar crímenes de la guerra sucia en esa entidad) o de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (instaurada por Vicente Fox y uno de cuyos mayores aportes fue el proceso contra el ex presidente Luis Echeverría), inaugura un modo distinto de intervención gubernamental para casos de desaparición forzada.

El punto de partida de este trabajo, explicó Encinas, serán los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense; los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, las investigaciones de la PGR; las sentencias del Poder Judicial, como la del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas (que ordenó reponer la investigación), así como de los organismos internacionales y al mismo tiempo se avanzará en las líneas de investigación que la nueva comisión genere.

La integración

Presidida por Gobernación, la comisión estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, ambos con sus respectivos suplentes.

Por parte de los padres participarán Emiliano Navarrete Victoriano, Mario César González Herández, Cristina Bautista Salvador, Hilda Legideño Vargas y María Martínez Zeferino.
Por las organizaciones civiles participarán representantes de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Santiago Aguirre Espinosa) y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Vidulfo Rosales); Servicios y Asesoría para la Paz (Miguel Álvarez Gándara) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Humberto Guerrero Rosales).

Fabiola Martínez y Emir Olivares 

Periódico La Jornada

Romper con pactos de impunidad, piden familiares de los 43

▲ Parientes de los normalistas desaparecidos, durante la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en la Secretaría de Gobernación.

Renovadas sus esperanzas para conocer lo que sucedió a sus hijos, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos dejaron clara su demanda: compromiso y seriedad para romper con los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad y la justicia.

Funcionarios del gobierno federal escucharon a Emiliano Navarrete González, un humilde albañil que hace más de cuatro años y tres meses dejó todo para buscar a su hijo José Ángel Navarrete González, uno de los estudiantes desaparecidos de manera for-zada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Queremos compromisos firmes y serios. Queremos llegar a la verdad, saber dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos (…) Hay una verdad, positiva o negativa, pero la hay. Rompamos esos pactos de silencio, la gran mentira del gobierno de (presidente) Enrique Peña Nieto. Pedimos de todo corazón seriedad y resultados.”
En la instalación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, ayer en el salón Revolución en la Secretaría de Gobernación (SG), don Emiliano, en nombre de los padres de familia, habló de frente a los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Para nosotros la esperanza renace. Les agradezco la gran disposición que el nuevo gobierno muestra para llegar a la verdad.
Durante la pasada administración, afirmó, sólo hubo mentiras e impunidad. “Es lo que recibimos de Peña Nieto, una persona inhumana que sólo obstaculizó la investigación. En la SG, que podía ayudar y dar con el paradero de nuestros hijos, las reuniones con (el secretario) Miguel Ángel Osorio Chong eran estériles; regresábamos (a casa) más acabados de esos encuentros.
Si estuviéramos en otro país, con un simple error en esta investigación (el ex procurador Jesús) Murillo Karam estuviera tras las rejas o siendo investigado. Pero aquí todo quedó en la impunidad.

Los familiares ocuparon el salón y colocaron las mantas con las fotografías de sus hijos que han portado 51 meses para reclamar su paradero. Junto a representantes de organizaciones civiles que los han acompañado y de activistas en favor de los derechos humanos, lanzaron su consigna: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
Ante los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas –quien coordinará la comisión–, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, otro de los normalistas ausentes, subrayó que ha sido un largo proceso de incertidumbre y tristeza.
Hoy se instala esta comisión presidencial y es muy importante. Dimos un paso más, la confianza se va a ir construyendo conforme avancen las investigaciones. Queremos saber qué pasó con nuestros hijos, los queremos de regreso para que cumplan su sueño: ser alguien en la vida. Su único delito fue ser estudiantes de Ayotzinapa. Por eso estamos aquí, no nos vamos rendir.
En nombre de los acompañantes, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la comisión “no pretende suplir ni invadir las funciones del Ministerio Público, sino que removerá los obstáculos que la indagatoria ha enfrentado y evitará que surjan otros en el futuro.
La principal tarea será esclarecer el paradero de los normalistas. Los padres no exigen una verdad a modo ni rechazan determinadas versiones por el dolor que causan. No los mueve el anhelo de venganza. Lo que demandan es conocer la verdad, sea cual sea.

Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez y Emir Olivares Alonso

 Periódico La Jornada

El viraje en la investigación muestra el compromiso del Estado por llegar a la verdad

Celebran organismos internacionales el nuevo mecanismo

A diferencia de la administración anterior, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un importante viraje para cambiar el rumbo de la investigación del caso Ayotzinapa y con ello manifiesta que alcanzar la verdad y la justicia es un compromiso de Estado, señalaron representantes de organismos internacionales.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó el compromiso del nuevo gobierno federal para dar continuidad a una parte de las investigaciones, reformular algunas líneas de investigación y abrir nuevas, así como atender las recomendaciones de diferentes instancias.
El gobierno tiene frente a sí un gran reto, el cual exige seriedad y respuestas. Indiscutiblemente hay un viraje en esa posición, a diferencia de la administración anterior (de Enrique Peña Nieto), porque hay apertura para evaluar, revisar y reformular las líneas de investigación.
La comisionada indicó que la CIDH ya cuenta con una propuesta metodológica que presentará al Estado mexicano con la finalidad de que sus expertos puedan coadyuvar con la recién instalada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El representante en México de la alto comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aplaudió el compromiso para llegar a la verdad y la justicia del presidente López Obrador y sus colaboradores.

Para nosotros este viraje es una esperanza para poder cambiar el rumbo de la investigación y así deslindar las responsabilidades de quienes hayan participado (en los hechos y en las irregularidades). En el nivel simbólico es un mensaje de que en el futuro no se protegerá a personas, particulares o servidores públicos que incurran en graves violaciones a derechos humanos.
Señaló que la oficina a su cargo colaborará con los trabajos de la comisión en la medida en que sea requerida, y destacó la atmós-fera de confianza y empatía que este primer paso ha generado entre los padres de los normalistas y los funcionarios federales.
Tania Reneaum, directora ejecutivas de Amnistía Internacional México, destacó que el acto representa –a diferencia de lo que sucedió en la pasada administración federal– una apertura al diálogo entre el gobierno y las familias de las víctimas, así como un paso de absoluta transparencia que no sólo da legitimidad (a las investigaciones que se realicen), sino que implica un compromiso de Estado para llegar a la verdad.

Fabiola Martínez y Emir Olivares 

Periódico La Jornada