Cambio de Michoacán
No ha habido que
esperar, como es usual en estos casos, a que el gobierno de López
Obrador cumpla los ritualizados cien días de gestión para revisar sus
avances. Un poco más de un mes ha sido suficiente para tener una muy
aproximada idea de las orientaciones y posibles alcances de varias de
las iniciativas y proyectos estratégicos de esta administración.
En
realidad, el gobierno obradorista comenzó el 1 de septiembre, con la
asunción de las mayorías de Morena-PT-PES en el Congreso de la Unión.
Desde entonces se comenzaron a operar las principales iniciativas y
líneas de acción de lo etiquetado como Cuarta Transformación, aunque
muchas decisiones, incluida la composición del gabinete, estaban tomadas
desde mucho antes, incluso desde la campaña electoral.
Decisiones, varias de ellas muy polémicas, por trascendentes, como la
cancelación del proyecto aeroportuario para la Ciudad de México, el
inicio de los megaproyectos del Tren Maya para cinco Estados del
Sureste, el Corredor Transístmico —sin que, en ambos casos, existan los
correspondientes estudios de impacto ambiental ni la consulta obligada
por el Convenio 169 de la OIT a las comunidades y pueblos indígenas
afectados en sus territorios— o la muy cuestionable Guardia Nacional
militarizada, aún no legalizada pero ya reclutando jóvenes para
integrarla. Con la primera de esas iniciativas se han puesto al
descubierto los intereses de los grupos económicos favorecidos por el
anterior gobierno, como los que controlaban el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, que lucraron con las obras de relleno del Lago de
Texcoco, y en general los beneficios para los personajes y grupos
económicos involucrados en el proyecto del NAICM, casi todos ellos
cercanos a Enrique Peña Nieto.
Y con el inicio del nuevo año se
ha instalado en la opinión pública la magnitud del problema del robo de
combustibles o huachicol, operado en gran escala y durante al menos
tres sexenios desde el interior mismo de Petróleos Mexicanos y también
con la ordeña tolerada de los ductos de distribución. De más de 66 mil
millones de pesos anuales habló el Presidente en una de sus recientes
conferencias matutinas de prensa. De 600 a mil pipas de combustibles
operadas diariamente por este comercio semiclandestino, que no se quedó,
entonces en una venta hormiga o al menudeo, sino que ha abastecido en
gran escala a empresas y revendedores, llegando hasta los centros
directos de distribución de la gasolina.
El efecto inmediato
del golpe dado a la delincuencia organizada gasolinera ha sido el
desabasto del combustible en varios Estados, sobre todo los del Centro y
Centro-Occidente. Un ramalazo, sin duda, para la economía nacional en
general, que, al menos en las redes sociales, ha repercutido en la
venezolanización de la protesta de una parte de las clases medias contra
el gobierno del país. El cierre de los ductos que abastecen a las
terminales de distribución desde las refinerías desde luego que afecta a
los consumidores de todo tipo; pero no puede haber sido una decisión
tomada por López Obrador en la soledad de su oficina, sino sobre
consideraciones técnicas y de seguridad nacional. En entrevista con
Carmen Aristegui el martes 8 de enero, por ejemplo, el dirigente de los
gasolineros del país, Juan Pablo González Córdova, relató cómo, a
solicitud del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Pemex accedió a
abrir el ducto de la refinería de Salamanca a León, pero éste sólo operó
durante unas horas porque de inmediato comenzó a ser “pinchado” por los
saqueadores (https://aristeguinoticias.com/0801/multimedia/el-costo-de-la-gasolina-ha-disminuido-alrededor-de-un-peso-en-un-mes-presidente-de-amegas-video/=).
Lo que parece un problema técnico de abasto, o un mal cálculo en las
acciones de combate al huachicol, es en realidad un problema de
seguridad nacional, y por eso se ha movilizado a cuatro mil elementos de
las fuerzas armadas para vigilar las instalaciones petroleras.
Las compras de pánico, la escasez y el desabasto los hemos visto antes.
Primero durante la crisis de 1982, cuando era casi imposible conseguir
en el mercado algunos productos básicos como la leche, el azúcar,
harina, pasta dental, y hasta papel higiénico. ¿Y cómo olvidar aquel
enero de 1989, cuando el recién instalado presidente Carlos Salinas de
Gortari ordenó la aprehensión y encarcelamiento del líder “moral” del
sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina, y se
generó una psicosis social, con compras de pánico en las gasolineras y
desabasto de combustibles, similar o mayor que el que ahora vemos (pues
fue en todo el país), aunque de corta duración?
El huachicolazo de López Obrador puede compararse con el quinazo de
Salinas, o el gordillazo de Peña Nieto en enero de 2013. En los tres
casos, han sido acciones impactantes que permiten al nuevo gobernante
ganar fortaleza y asentarse en el poder del aparato estatal. Pero hay
también diferencias. Mientras que el golpe salinista al dirigente
petrolero y el arresto de Elba Esther Gordillo por órdenes de Peña no
modificaron el aparato corporativo del STPRM o del SNTE, ni su control
por el gobierno en turno, en este caso sí se trata de erradicar una
estructura delincuencial que actúa en detrimento de la riqueza nacional y
de la ley, y no sólo de sacar del camino a un poderoso líder adverso o
incómodo para el Presidente.
La información de la que se dispone (véanse los trabajos periodísticos de Ana Lilia Pérez y sus libros El cártel negro y Camisas azules, manos negras, así como sus reportajes en Proceso
y otros medios) es que desde los sexenios de Vicente Fox y Felipe
Calderón, pero especialmente durante el de Enrique Peña Nieto, se
configuró dentro de Pemex una trama delincuencial de saqueo de
combustibles en gran escala, como ahora lo ha denunciado López Obrador.
Esa estructura, que no es sino una de las variantes de la delincuencia
organizada operando, como otras, desde dentro del aparato gubernamental,
se estructuró como parte del mismo, pero ahora puede ser visto como un
desafío radical al poder del Estado y a la estabilidad de la nación, así
como una privatización delincuencial de Pemex.
Hasta ahora se
ha anunciado la detención de tres funcionarios de la empresa petrolera,
aunque no se han divulgado sus nombres; y lo más interesante, el
señalamiento del propio Presidente de que se investiga por omisión en la
vigilancia de los ductos al general Eduardo León Trauwitz, quien fue
jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando éste gobernó el Estado de
México y designado subdirector de Salvaguardia Estratégica en 2014,
cuando este último estaba a la Presidencia. También se ha anunciado la
cancelación de concesiones a estaciones de servicio que se han venido
abasteciendo de combustible robado. Es difícil, también por ahora,
prever hasta dónde se tirará del cordel y a dónde llegarán las
investigaciones. Pero desde ya son candidatos a proceso el líder
petrolero (y ex senador priista) Carlos Romero Deschamps y los ex
directores de Pemex, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya
(luego secretario de Hacienda y Crédito Público) y Carlos Alberto
Treviño Medina.
Y no hay que perder de vista el señalamiento
realizado por López Obrador en su conferencia matutina de que de esos
robos “sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, todos. [...]
Es evidente que se sabía, tan se sabía que el sistema de información lo
encontramos establecido, no así el sistema de información sobre
homicidios o robos”. "Era una especie de tolerancia, algo pactado o que
se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres
sexenios", agregó.
De modo que será muy difícil que el
expediente de este saqueo se cierre sin que haya investigaciones que
lleguen a los mismos ex presidentes de la República y sin que haya
consignaciones importantes dentro y más allá de Pemex. Echada a andar la
operación de limpieza y de combate al huachicoleo y ante robos mayores,
no puede detenerse en la aprehensión de sólo piezas menores, sobre todo
de los altos delincuentes de cuello blanco.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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