Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, López Obrador no ha sido claro, al menos públicamente, de lo que quiere hacer con los militares más allá de que lo acompañen en su proyecto de gobierno.
Es significativo que en los casos más trascendentes y polémicos de la nueva administración estén presentes los militares: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el combate al robo de combustibles y la creación de la Guardia Nacional.
En la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Ejército se plegó al presidente al ceder sus instalaciones de la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Además, aceptó hacerse cargo de la construcción de la nueva terminal aérea.
Eso se reflejó en el presupuesto de egresos para este año. La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo un incremento de 15 mil millones de pesos en su presupuesto. Pero 13 mil de los cuales serán para la construcción del aeropuerto.
A pesar de que en el sexenio pasado fueron militares del Ejército los que estuvieron a cargo del combate al robo de hidrocarburos, con el fracaso a la vista de todos por su probable connivencia con los llamados huachicoleros, el presidente les ha entregado el control directo de las instalaciones estratégicas. Ya no las vigilan. Ahora las controlan.
Además, ya les encargó la distribución de combustibles. No dijo si será solo en la coyuntura de escasez, pero comprará entre 500 y mil pipas para la Sedena y no para Pemex.
En el caso de la Guardia Nacional, el presidente no está dispuesto a que el Congreso le cambie su proyecto de crear un cuerpo militar, encargado de intervenir en las labores de seguridad que el presidente considere, más allá de confrontar a la delincuencia organizada.
También a pesar de la evidencia, de larga data, de la contaminación de los militares al entrar en contacto con la delincuencia organizada, el presidente buscará que se imponga la mayoría de Morena en el Senado para modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados con los votos de la mayoría oficialista y de la oposición del PRI.
A cambio de dar la mayoría calificada, el PRI pudo haber negociado la no persecución en contra de altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, como en el caso del robo de combustibles, o del propio expresidente, de cara a la consulta que anunció López Obrador sobre la posibilidad de investigar a los expresidentes.
Independientemente de lo que se decida en el Senado, lo que se perfila es un cuerpo cuyas operaciones serán decididas por un Estado Mayor conjunto del Ejército y la Marina, además de autoridades civiles. El control civil está en veremos.
López Obrador está embarcado en un cambio de régimen. No lo ha caracterizado. En el caso de los militares solo se ha referido a un “cambio gradual” para que las Fuerzas Armadas no se limiten a la Defensa Nacional -es decir, a la seguridad nacional-, sino también realicen labores de seguridad interior y seguridad pública.
A eso apunta su proyecto de Guardia Nacional y por eso su molestia de que se haya eliminado el artículo Cuarto Transitorio de la reforma referido a la participación de los militares en tareas de seguridad publica en tanto opera el nuevo cuerpo.
López Obrador quiere modificar la doctrina militar y, en consecuencia, sus actuaciones y participación en la vida del país. Es parte de su idea de cambio de régimen. Hacia dónde. Solo él y los mandos militares lo saben.
@jorgecarrascoa