Huachicoleo: negocio sin límite
Ejército de pobres a su servicio
En los primeros días de mayo de 2017, militares y huachicoleros se
enfrentaron en Palmarito Tochoapan, Puebla, con un tétrico saldo:
cuatro soldados y seis civiles muertos, y 12 heridos por arma de fuego.
Catorce pobladores de dicha localidad fueron detenidos. En respuesta,
los habitantes bloquearon la autopista México-Veracruz durante cinco
horas y prendieron fuego a neumáticos para demandar la presentación de
los desaparecidos y la salida de las fuerzas de seguridad (La Jornada).
La reacción del entonces inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, fue
instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de combustible en todo el país y aplicar todo el peso de la ley a los responsables.
Por cierto, en la foto de ocasión aparecieron tres de los
directamente responsables de poner en práctica la citada estrategia: los
secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal
Francisco Soberón, y de Hacienda, José Antonio Meade (personaje que
presumía
buenos resultados en la estrategia contra el robo de combustible).
El balance está documentado: en los primeros días de mayo de aquel
año, el número de tomas clandestinas en Puebla ascendió a 59. Un año
después, en el mismo mes y ya echado a andar el plan integral, se incrementaron a 284, aumento de 481 por ciento.
De acuerdo con cifras oficiales (Pemex), en todo 2017 Puebla reportó
mil 443 tomas clandestinas. En 2018 ese número se incrementó a cerca de 2
mil 200, es decir, 52 por ciento más. Lo anterior da cuenta de lo serio
y efectivo que fue el combate peñanietista (como también el foxista y el calderonista, pues cada uno de ellos puso en marcha su propio plan integral) al robo de combustibles en el país.
Pues bien, algo similar sucedió ayer en el estado de Hidalgo, donde
“tres elementos del Ejército Mexicano fueron retenidos por pobladores de
Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, donde operan bandas dedicadas
al robo de combustible de ductos de Pemex, quienes amenazan con
quemarlos vivos. En el lugar hay un civil muerto, al parecer un presunto
huachicolero. Los militares realizaban un operativo de combate al robo de combustible”.
Tres horas después los pobladores “entregaron vivos, pero severamente
golpeados, a los tres soldados que habían retenido la mañana del
domingo y a los que amenazaron con linchar, luego de un enfrentamiento
de los militares con presuntos huachicoleros, en el cual un civil resultó muerto y otro más herido de gravedad” (La Jornada).
La historia se repite: cuando en mayo de 2017 Peña Nieto echó a andar su plan integral,
el número de tomas clandestinas en Hidalgo fue de 65; un año después
ascendió a 151, es decir, un incremento de 132 por ciento.
Si se considera el año completo, Hidalgo registró un total de mil 64
tomas clandestinas en 2017, pero ya en 2018 sumaron mil 726, de tal
suerte que entre uno y otro el aumento fue de 622 por ciento, con todo y
plan integral. Ello, sin considerar que dicho estado cuenta con la refinería de Tula, donde también se reporta robo de pipas.
Y como viñeta huachicolera queda lo siguiente:
Habitantes del poblado de San Antonio Detiña, municipio de Acambay, estado de México, se aprovecharon de una fuga de gasolina de un ducto de Pemex para saquear y abastecerse del combustible; (al grito de ¡vénganse para acá!) decenas de personas aprovecharon para abastecerse en garrafas, bidones, cubetas y tambos(La Jornada).
Y, de cereza, la carne de cañón: en Quecholac, Puebla, 87 por ciento
de habitantes sobrevive en pobreza (Coneval, 2010), mientras en Tula de
Allende, Hidalgo, apenas 0.9 por ciento de su población no es pobre ni
vulnerable, y en Acambay, estado de México, 4.1 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Eso y mucho más dejaron los tres planes integrales (Fox, Calderón y EPN), mientras los huachicoleros
de cuello blanco mueren de la risa y utilizan al voluminoso ejército de
pobres para llenarse los bolsillos, en una sociedad que exige cambios
para que a la hora de la hora prefiera que nada cambie.
Twitter: @cafevega
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